Haiti

Mi delegación agradece la convocatoria de esta reunión y las importantes intervenciones de los ponentes invitados: el Secretario General Adjunto Lacroix, la Alta Comisionada Bachelet y la Directora Ejecutiva Viaud, cuyas palabras conmueven a todos los presentes. Quiero saludar la presencia del Ministro de Relaciones Exteriores de Haití, Excmo. Sr. Bocchit Edmond.

La República Dominicana y Haití somos dos naciones irrevocablemente vinculadas por la geografía y la historia. Nuestro pasado está tan unido al del vecino como sin duda lo está nuestro futuro. Y esto obliga a un compromiso común por el bienestar de nuestros pueblos. Por eso, en el plano bilateral, nuestra solidaridad con Haití es permanente, al igual que nuestro deseo de que las relaciones entre los dos países progresen en todos los planos.

En el plano multilateral, nos complace constatar que todos los presentes reconocen también la importancia de asegurar que Haití reciba todo el apoyo posible para desarrollar plenamente sus capacidades y mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos. Apoyamos, por tanto, todas las iniciativas que han sido implementadas hasta ahora por las Naciones Unidas para la estabilización y la reconstrucción de Haití.

En octubre de 2017, la transición de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití a la Misión de las Naciones Unidas de Apoyo a la Justicia en Haití (MINUSJUSTH) marcó un hito, al pasar de una operación de estabilización a una misión de apoyo a la justicia. Se reconocían así los avances alcanzados, que desembocaron en un proceso electoral que la comunidad internacional reconoció como válido, tanto por la transparencia como por su buena ejecución. El énfasis estaría ahora en acompañar y reforzar áreas tales como la formación de la Policía Nacional de Haití y de las instituciones judiciales. Desde entonces y según el informe del Secretario General (S/2019/198), vemos claros avances en el fortalecimiento de estos campos, con una mayor capacidad de acción independiente de la Policía Nacional de Haití, el aumento de sus agentes y su mayor acceso a programas de capacitación.

También vemos con optimismo los éxitos del programa de reducción de la violencia comunitaria de la MINUJUSTH, así como la elaboración de una nueva ley para combatir la violencia de género, entre otras acciones. Este programa será beneficioso sobre todo para los jóvenes, ya que cuentan con apoyo en casos de riesgo, asistencia psicológica, acceso a entrenamiento vocacional y oportunidades de liderazgo. Es necesario que los jóvenes haitianos cuenten con oportunidades para desarrollar sus habilidades y recibir y adquirir conocimientos, porque ellos son el motor principal del desarrollo sostenible de su pueblo. Recientemente, pusimos a disposición de la Oficina de Fomento del Estado de Derecho y de las Instituciones de Seguridad nuestra experiencia en materia de inclusión social, para motivar la puesta en marcha de proyectos similares en Haití.

Compartimos decididamente el deseo del Secretario General de avanzar hacia una nueva etapa en la relación entre las Naciones Unidas y Haití. Sin embargo, creemos también que es importante no apresurarse para no poner en peligro lo ya conquistado. Creemos que solo una vez que los logros alcanzados en Haití se hayan demostrado firmes y sostenibles, cabrá explorar nuevas formas de relación.

A pesar de los esperanzadores avances ya mencionados, en el informe se señala que apenas un 49 % de los parámetros de referencia se han cumplido o se mantienen en una tendencia positiva. Los demás muestran una tendencia estática o negativa. El reporte apunta así a varias áreas donde persisten debilidades estructurales importantes.

A pesar de la creciente profesionalización de la policía, esta carece aún de las herramientas para garantizar una actuación consistente, con apego a los derechos humanos y con un uso proporcional de la fuerza. Su capacidad de investigación es baja, así como la tasa de expedientes remitidos a la justicia. Según el reporte, una porción significativa de las recientes protestas excedió la capacidad de respuesta de la Policía Nacional Haitiana, y tampoco parecen darse las condiciones para asegurar la asignación presupuestaria que es necesaria para mantener siquiera el ritmo de avance mostrado hasta la fecha.

Al mismo tiempo, vemos que el reporte concluye que los avances en materia judicial han sido muy limitados. Si bien ha aumentado el número de funcionarios penitenciarios y sus capacidades, tanto la tasa de detenciones preventivas, que exceden los dos años, como la tasa de decesos bajo custodia han aumentado. Tampoco se han visto los avances legislativos necesarios para eliminar los obstáculos del acceso a la justicia que aquejan a los ciudadanos y para prestar la debida atención a los casos que involucren a menores de edad.

La Enviada Especial concluye que aún no están dadas las condiciones para asegurar la estabilidad política. De hecho, considera que ha aumentado el riesgo presentado por grupos violentos armados, y que hay un altísimo nivel de desconfianza entre la población sobre la eficacia del poder judicial.

Haití también carece aún de un sistema de respuesta frente a amenazas como los desastres naturales, la degradación medioambiental, la transmisión del cólera o las amenazas a la seguridad alimentaria. Mientras tanto, en el informe se señala que a su publicación solo se había movilizado el 13 % de los fondos comprometidos para el plan de respuesta humanitaria que beneficiaría a 2,2 millones de personas; solo el 13 %.

Desde el punto de vista económico, la situación se ha visto seriamente afectada por la insuficiencia fiscal, la inflación y la devaluación del gourde haitiano, con los consabidos efectos para la gobernanza. Además, las barreras tanto arancelarias como no arancelarias están causando precios artificialmente altos y estimulando el comercio ilegal de mercancías.

Por todo esto, a nuestro entender, hay razones que motivan un replanteamiento de los tiempos para implementar la hoja de ruta propuesta en el reporte del secretario General.

La situación que enfrenta el Gobierno interino, conformado luego de la reciente dimisión del Primer Ministro, Sr. Jean Henry Céant, ha puesto de relieve la fragilidad de los avances alcanzados hasta la fecha en el camino hacia la institucionalidad democrática. Lo cierto es que Haití corre el peligro de quedarse atrapado en un círculo vicioso. Y para romperlo, la clave no es otra que corregir la inestabilidad política. Entender esto nos facilitará tener una idea más clara sobre los próximos pasos que se deben dar. Es absolutamente crucial que las elecciones legislativas previstas para octubre de este año se desarrollen en un clima de paz, tranquilidad y transparencia, de conformidad con las leyes haitianas. La capacidad del Gobierno haitiano de conducir este proceso es clave para la legitimidad del sistema democrático y, por tanto, para la estabilidad actual y futura del país.

En conexión con esto, debemos garantizar la participación plena de las mujeres durante este proceso como candidatas, como votantes y como parte de los mecanismos electorales formales para asegurar una representación equitativa. Lo prudente en este momento, entonces, es dejar abiertas todas las puertas en cuanto a las posibles vías de apoyo que puedan ofrecer las Naciones Unidas. El Consejo podría evaluar si existen las condiciones para postergar el inicio de la disolución de la MINUJUSTH. Al mismo tiempo, abogamos por continuar la preparación de una misión política que efectúe un aporte imprescindible a la creación de las instituciones sólidas y modernas. Consideramos que esa misión debe ser ambiciosa en su alcance y apoyar la exploración de todos los mecanismos disponibles, incluido un estudio exhaustivo de cómo integrar a Haití en las agendas de la Comisión de Consolidación de la Paz y asegurar su acceso al Fondo de La Consolidación de la Paz.

El pueblo y el Gobierno haitiano han mostrado que están dispuestos a hacer el trabajo para reconducir su situación y para esto merecen contar con el apoyo incondicional del Consejo de Seguridad. Si logramos afianzar la estabilidad política en Haití, esta será la piedra angular sobre la cual se fortalecerán los progresos económicos, sociales y de derechos humanos que el pueblo haitiano merece y reclama.