La situación en Nicaragua

Muchas gracias presidenta por agendar esta reunión, a la Presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a los y las expertas que han intervenido al inicio para informar sobre la situación que nos ocupa.

Con nuestro voto hoy deseamos manifestar nuestra preocupación por la grave reducción del espacio democrático en Nicaragua. Es por ello que, junto a este nutrido grupo de estados miembros, hemos acompañado la convocatoria a esta reunión, y copatrocinado el texto que acabamos de adoptar.

Durante las últimas semanas se han intensificado las denuncias de acciones graves en contra de medios de comunicación, organizaciones sin fines de lucro, líderes religiosos y agrupaciones de fe.

Estimados colegas, ya hace un año advertimos y condenamos la detención y criminalización de precandidatos presidenciales y la persecución penal contra reconocidos líderes y lideresas de grupos políticos opositores y empresariales, defensoras y defensores derechos humanos, y a miembros de la prensa independiente.

Desde entonces se ha reportado que a muchas de estas personas “procesadas” y algunas ya condenadas, no se le ha garantizado el derecho a una defensa legal adecuada, se les ha restringido el acceso a abogados y la mayoría se han mantenido incomunicadas.

La falta de garantías mínimas es un reflejo de arbitrariedad, de un sistema sin contrapesos y la falta de independencia de los poderes. Nada de esto es cónsono con las obligaciones que todos en la comunidad internacional hemos asumido.

El cierre de los espacios democráticos ha sido cada vez más asfixiante.

Manifestamos nuestra preocupación por la suspensión de libertades y afectaciones a la libertad de expresión. Se han ha registrado ataques a la libertad de prensa a través del asedio policial y persecución institucional a medios de comunicación y personas trabajadoras de la prensa independiente, lo que ha provocado el cierre de varios medios, y el exilio de más de cien periodistas.

La reciente expulsión de religiosas y el cerco a autoridades eclesiásticas de la iglesia católica son hechos que deben ser reconsiderados. La reciente prohibición a una celebración de la Virgen de Fátima y el cierre de emisoras católicas desafía toda lógica.

Las imágenes de Monseñor Álvarez y sus acompañantes, imposibilitados de desplazarse por un cerco policial de escudos antimotines en su puerta, son más elocuentes que cualquier discurso. En condiciones tan dramáticas, Monseñor Álvarez invitó a vencer el mal con la fuerza y el poder del bien, y al ser cuestionado cómo sobrelleva el encierro dijo “con fuerza interior, con paz y serenidad en el corazón” que “solo puede proceder de Dios”. Ese es testimonio de su vocación pacifista, inspiradora, y valiente.

Señora Presidenta, Señor Secretario General, estimados colegas,

La gravedad de la situación es desconcertante.

La impunidad generalizada frente a graves violaciones de derechos humanos documentadas no admite explicación. Ameritan su fin, verdad, justicia, reparación, y no repetición.

Estimados colegas, el rumbo que toma esta situación es lúgubre.

Todo indica que las acciones, luego de dirigirse a la oposición política, a los medios de comunicación, organizaciones no gubernamentales, universidades y a la iglesia, avanzarán contra otros actores de la sociedad con vocación de conciencia social y política.

Al parecer, no basta con que nadie hable, o se manifieste… tampoco habrá quien piense.

Demandamos, exigimos el fin inmediato a la persecución y las detenciones de voces disidentes, por el mero hecho de expresarse, y liberar de inmediato a todas las personas que se encuentran detenidas de manera arbitraria, garantizar su integridad y seguridad personal, restablecer los derechos y garantías propias de un Estado democrático de derecho y avanzar en un proceso de diálogo interno que aseguren un ambiente de amplia participación.

Muchas gracias.