Protection of civilians in armed conflict

Agradecemos la convocatoria de esta importante reunión y el compromiso de Kuwait, expresado, Sr. Presidente, con su presencia aquí en el día de hoy, de impulsar un tema de tanta relevancia como es el de las personas desaparecidas como resultado de un conflicto armado. Quiero agradecer también a la Sra. Ghelani y al Sr. Maurer por sus exposiciones. Aplaudimos de manera particular la aprobación de la resolución 2474 (2019), introducida por su país, Sr. Presidente, con la que, ciertamente, damos un paso de avance para abordar de manera integral las consecuencias humanitarias de los conflictos armados, en este caso la de las personas que desaparecen y el impacto que esto tiene en sus familias y sus comunidades.

Saludamos la naturaleza operativa de la resolución como un paso concreto hacia la prevención y la acción temprana en el tratamiento de las personas desaparecidas, como vía hacia la estabilidad, la reconciliación, la seguridad y la paz sostenibles. Creemos, sin embargo, que aún queda espacio en el Consejo para continuar afinando su propia visión en torno a este tema, y lamentamos que en la resolución no haya quedado expresado de manera concreta que es un derecho de las familias saber cuál es el paradero de sus seres queridos, civiles o combatientes, desaparecidos en acontecimientos resultantes de un conflicto armado. El no saber si están vivos o muertos crea heridas difíciles de sanar en las familias de los desaparecidos, desata inconformidad y acaba poniendo en riesgo la reconciliación que necesariamente debe suceder a la conquista de la paz. De ahí que, para la República Dominicana, el derecho que asiste a las familias de saber cuál ha sido el paradero de sus parientes dados por desaparecidos debe ser cabalmente respetado por todas las partes en conflicto. Para que esto se cumpla es preciso realizar labores de prevención y acción temprana, como el registro de detenidos, permitir el intercambio de noticias entre las familias separadas, así como asegurar un tratamiento adecuado y digno de los restos mortales. Este derecho es particularmente importante para las mujeres, los niños y las personas mayores, quienes representan el segmento de mayor vulnerabilidad ante esta situación de incertidumbre, y donde la falta de atención a sus necesidades, muy específicas, termina perpetuando sentimientos de resentimiento y exclusión por décadas, pudiendo desencadenar nuevas situaciones de violencia.

Aplaudimos los esfuerzos del Comité Internacional de la Cruz Roja, así como de su Agencia Central de Búsquedas, por dar respuesta a los cientos de miles de casos de desaparecidos, y alentamos a los Estados a colaborar intensamente con estos para poder cumplir con los compromisos adquiridos en el marco del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos, a los fines de ofrecer a las familias la tan anhelada información sobre sus seres queridos desaparecidos.

Existen brechas importantes en la implementación de las obligaciones de los Estados con respecto a las personas desaparecidas, desde la perspectiva de la protección de los civiles y en el marco del derecho internacional humanitario y los derechos humanos. En primer lugar, todas las partes deben tomar cuantas medidas sean necesarias para evitar ataques a zonas densamente pobladas por civiles, así como a infraestructura civil, evitando con ello la muerte y la desaparición de personas; eso tiene que repetirse las veces que sea necesario. Lamentablemente, son los civiles quienes encabezan las estadísticas de muertes en los conflictos hoy. Lo continuamos viendo en Siria, en Libia o en el Afganistán, solo por mencionar algunos lugares. Ante esta lamentable situación, las partes en conflicto deben tomar todas las medidas posibles para dilucidar el destino de las personas desaparecidas y proporcionar a sus familias toda la información disponible sobre el destino de sus familiares, respetar los restos de los fallecidos y, en la medida de lo posible, devolverlos a sus familiares. Se deben armonizar procedimientos relacionados con la exhumación, identificación y repatriación de los restos, así como para la localización de fosas clandestinas.

En ese sentido, creemos que los arreglos nacionales y regionales que promueven la cooperación, la capacitación y el intercambio de buenas prácticas y de información relevante sobre las personas desaparecidas continúa siendo un ámbito donde mucho queda por hacer y donde se requiere avanzar más para dar respuesta a los cientos de miles de desaparecidos alrededor del mundo. En ese proceso, consideramos que las familias de las personas desaparecidas, así como las organizaciones de la sociedad civil y el mundo académico, pueden y deben jugar un rol constructivo y significativo en el establecimiento de mecanismos y marcos jurídicos nacionales para dar respuesta a sus necesidades. La construcción de la confianza es esencial. Por ello, es preciso apoyar a las familias creando espacios en los que se les pueda proveer de información creíble y concreta sobre el destino de sus parientes, incluyendo las circunstancias y las causas de su desaparición o su fallecimiento y los posibles arreglos para su retorno. El apoyo psicológico, legal, económico y de protección para los familiares que permanecen en la oscuridad sobre el paradero de sus seres queridos es particularmente esencial en el proceso de sanación y reconciliación. Para la República Dominicana, el acceso a la justicia, a la rendición de cuentas y a la lucha contra la impunidad son factores tanto o más importantes en este ámbito.

Para finalizar, resaltamos la necesidad de que, a este paso de avance que hemos dado en el día de hoy le acompañe una decidida voluntad política a nivel local, nacional y regional para poder responder de manera efectiva al problema de las personas desaparecidas y poner en práctica las disposiciones que nos presenta el derecho internacional humanitario y la resolución 2474 (2019), que acabamos de aprobar. De manera colectiva, y a todos los niveles de las sociedades afectadas, podremos ofrecer un poco de esperanza y sentido de clausura a las familias que los desaparecidos dejan atrás.