International Residual Mechanism for Criminal Tribunals

Nos complace dar la bienvenida a los expositores de hoy, el Presidente Agius y el Fiscal Brammertz, a quienes damos las gracias por sus detalladas exposiciones informativas que nos han presentado. Le auguramos éxito al Presidente Agius en su nueva y compleja labor.

La existencia de órganos como el Mecanismo Residual Internacional de los Tribunales Penales es trascendental para lograr sociedades libres de impunidad. La labor que desempeña este Mecanismo reafirma el compromiso de las Naciones Unidas con la protección de los derechos humanos y la paz mundial.

Aplaudimos los avances que el Mecanismo ha logrado en las causas Fiscalía c Maximilien Turinabo et al., Fiscalía c. Jovica Stanišić y Franko Simatović, Fiscalía c. Radovan Karadžić y Fiscalía c. Ratko Mladić. Esperamos ver concluidas algunas de ellas para finales de 2020, como ha expuesto el Presidente Agius en su informe de mayo de 2019 (S/2019/417, anexo I). Igualmente, valoramos de manera positiva la labor que realiza el Mecanismo para proteger y apoyar a los aproximadamente 3.150 testigos.

La República Dominicana considera oportunas y válidas las prioridades del nuevo Presidente del Mecanismo, a quien externamos nuestro apoyo a dichas prioridades, poniendo especial énfasis en la unificación y armonización de los criterios, métodos de trabajo y procesos de las cámaras que conforman el Mecanismo a los fines de incrementar la productividad y concordancia, En otro orden de ideas, felicitamos a la Oficina del Fiscal por los avances realizados en la persecución de fugitivos, conforme a su informe de mayo de 2019 (S/2019/417, anexo II). Instamos a la comunidad internacional a demostrar solidaridad y a apoyar la identificación, investigación y captura de los individuos buscados por el Mecanismo.

Finalmente, queremos referirnos a la orden de liberación temprana de condenados. Expresamos nuestra preocupación por que dichas órdenes aún no tengan un régimen específico de condiciones, a pesar de lo establecido en el párrafo 10 de la resolución 2422 (2018) de este Consejo. Entendemos fundamental la creación de un régimen para la puesta en libertad anticipada, donde se incluya la necesidad de participación de las víctimas y los Estados o las comunidades afectadas.