Special meeting

CONSEJO PERMANENTE DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL

22 DE NOVIEMBRE DE 2021

Nómina de los miembros que asistieron a la sesión

En la ciudad de Washington, D. C., a las diez y tres minutos de la mañana del lunes 22 de noviembre de 2021, celebró sesión extraordinaria el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos con el objeto de conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Presidió la sesión el Embajador Josué Fiallo, Representante Permanente de la República Dominicana y Presidente el Consejo Permanente. Asistieron los siguientes miembros:

Embajador Anthony Phillips-Spencer, Representante Permanente de Trinidad y Tobago y Vicepresidente del Consejo Permanente

Embajador Ronald Sanders, Representante Permanente de Antigua y Barbuda

Embajador Everson Hull, Representante Permanente de Saint Kitts y Nevis

Embajadora Audrey Marks, Representante Permanente de Jamaica

Embajadora Lou-Anne Gilchrist, Representante Permanente de San Vicente y las Granadinas

Embajador Anton E. Edmunds, Representante Permanente de Santa Lucía

Embajador Alejandro Ordóñez Maldonado, Representante Permanente de Colombia

Embajador Carlos Alberto Játiva Naranjo, Representante Permanente del Ecuador

Embajador Noel Anderson Lynch, Representante Permanente de Barbados

Embajadora Yolande Yvonne Smith, Representante Permanente de Grenada

Embajador Gustavo Tarre, Representante Permanente de Venezuela

Embajadora Luz Elena Baños Rivas, Representante Permanente de México

Embajador Hugh Adsett, Representante Permanente del Canadá

Embajadora María del Carmen Roquebert León, Representante Permanente de Panamá

Embajador Fernando Cordero Montoya, Representante Permanente de Honduras

Embajador Carlos Alberto Raimundi, Representante Permanente de la Argentina

Embajador Washington Abdala, Representante Permanente del Uruguay

Embajadora Alejandra Solano, Representante Permanente de Costa Rica

Embajador Lynn Raymond Young, Representante Permanente de Belize

Embajador Samuel Hinds, Representante Permanente de Guyana

Embajador Arturo McFields, Representante Permanente de Nicaragua

Embajador Léon Charles, Representante Permanente de Haití

Embajadora Wendy Acevedo, Representante Interina de El Salvador

Segunda Secretaria Tracee Dorestant, Representante Interina del Commonwealth de las Bahamas

Señor Felipe Andrés Sáez Marcuse, Representante Interino de Chile

Señor Raúl Mariano Martínez, Representante Interino del Paraguay

Señora Judith-Anne Rolle, Representante Alterna del Commonwealth de Dominica

Representante Alterna de la República Dominicana

Consejera Camile Nemitz Filippozzi, Representante Alterna del Brasil

Consejera Jaqueline Adriana Melgar Figueroa, Representante Alterna de Guatemala

Consejero Político Thomas Lersten, Representante Alterno de los Estados Unidos

Consejera Cecilia Urquieta Pardo, Representante Alterna de Bolivia

Señor José Emilio Bustinza Soto, Representante Alterno del Perú

Señora Margrita Doloris Belliot, Agregada de Suriname

Estuvieron también presentes el Secretario General, señor Luis Almagro Lemes, y el Secretario General Adjunto, Embajador Nestor Mendez, Secretario del Consejo Permanente.

Aprobación del orden del día

El PRESIDENTE: Buenos días, distinguidos representantes y observadores permanentes; delegados; señor Secretario General; señor Secretario General Adjunto; funcionarios de la Secretaría General; invitados e invitados especiales. Verificado el quórum por la Secretaría, tengo el honor de declarar abierta la presente sesión extraordinaria del Consejo Permanente, la cual ha sido convocada por solicitud de las Misiones Permanentes de la Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Trinidad y Tobago para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, de acuerdo con los documentos (CP/INF. 9157/21) (add. 1) (add. 2) (add. 3).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento del Consejo Permanente, someto a consideración del Consejo Permanente el proyecto de orden del día contenido en el documento CP/OD-2349/21.

[El proyecto de orden del día contiene los siguientes puntos:

1. Aprobación del orden del día (CP/OD-2349/21)

2. Conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

- Presentaciones introductorias a cargo de:

- S.E. Epsy Campbell Barr, Vicepresidenta de la República de Costa Rica

- S.E. Elizabeth Gómez Alcorta, Ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la República de la Argentina

- S.E. Bernarda Ordóñez Moscoso, Ministra de la Secretaría de Derechos Humanos de la República del Ecuador

- S.E. Jessica Padilla, Ministra de la Mujer de la República de Nicaragua

- S.E. María Inés Castillo, Ministra de Desarrollo Social de la República de Panamá

- S.E. Mayra Jiménez, Ministra de la Mujer de la República Dominicana y Presidenta de la Comisión Interamericana de Mujeres

- Comisionada Antonia Urrejola Noguera, Presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

- Intervenciones de las delegaciones de los Estados Miembros]

De no haber observaciones, lo daremos por aprobado.

Queda aprobado.

Conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

El PRESIDENTE: Estimados colegas, este miércoles 25 de noviembre se conmemora por vigésima primera ocasión el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, cuyo fin último es concientizar y sensibilizar a la humanidad respecto de una de las violaciones más extendidas, persistente y devastadora de los derechos humanos en el mundo, como es la violencia contra las mujeres y las niñas.

Hace apenas unos días, la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), a través de la resolución AG/RES. 2961 (L-O/20) “Promoción y Protección de Derechos Humanos”, destacó la preocupación de los estados americanos por el exacerbado aumento de la violencia física, psicológica y sexual basada en género contra las mujeres y las niñas en el marco de la pandemia del COVID-19. Lo anterior es coincidente con el llamado que hacen la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a los Estados Miembros para que la prevención y reparación de la violencia contra las mujeres y niñas constituya una parte central de los planes nacionales de respuesta a la pandemia.

Los informes de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) reportan que, además de la crisis sanitaria y económica creada por el COVID-19, la pandemia ha traído consigo un impacto diferenciado en la violencia contra las mujeres y las niñas en América Latina y el Caribe. Por esta razón, es crucial contar con planteamientos innovadores que rompan con la situación habitual y poner fin a la violencia contra las mujeres ya, como lo invoca el lema 2021 de la Organización de las Naciones Unidas para esta conmemoración: ÚNETE: “Pinta el mundo de naranja: invierte en poner fin a la violencia contra las mujeres hoy”.

Para alcanzar tal objetivo, hay que empezar por creerles a las víctimas, adoptar enfoques integrales e inclusivos que aborden las causas profundas, transformen las normas sociales nocivas y empoderen a las mujeres y las niñas, como lo solicita ONU Mujeres. Es por ello por lo que esta mañana, en torno a estas ideas, contaremos con voces expertas para que juntos reflexionemos sobre el verdadero significado de esta conmemoración.

Mi sincero agradecimiento a las Misiones Permanentes de la Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Trinidad y Tobago, por los esfuerzos y el apoyo a la organización de esta sesión extraordinaria del Consejo Permanente.

Presentaciones introductorias a cargo de:

S.E. Epsy Campbell Barr, Vicepresidenta de la República de Costa Rica

El PRESIDENTE: Estimados colegas, para dar inicio con esta conmemoración, me complace saludar y dar la más cordial bienvenida nuevamente a este Consejo Permanente a Su Excelencia, Epsy Campbell Barr, Vicepresidenta de la República de Costa Rica.

Señora Vicepresidenta, es un honor tenerla con nosotros. Tiene usted el uso de la palabra.

La VICEPRESIDENTA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA: Muy buenos días, señor Embajador Josué Antinoe Fiallo, Presidente del Consejo Permanente y Representante Permanente de la República Dominicana; señor Luis Almagro, Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA); señor Nestor Mendez, Secretario General Adjunto; señores y señoras oradores; queridos embajadores.

Es para mí un placer y quiero agradecer esta invitación que me extendieron para compartir con ustedes en esta sesión extraordinaria del Consejo Permanente dedicada al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que se conmemora el 25 de noviembre. Es una fecha trascendental porque, por muchísimos años, las mujeres han caminado y han exigido el cumplimiento y el reconocimiento de sus derechos humanos, el de ellas y el de las niñas, pensando en que hay que acabar con la violencia y con la discriminación. No obstante, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la violencia contra las mujeres y las niñas es una de las violaciones de derechos humanos más extendidas, persistentes y devastadoras.

Desde el inicio de la pandemia del COVID-19, en realidad, lo que hemos notado es que la igualdad de género, el empoderamiento de las mujeres, la participación política de las mujeres, la toma de decisiones, el acceso a los servicios —incluida la salud sexual y reproductiva—, la salud y la educación en todos los aspectos, no sólo se ha visto estancada, sino que en muchos casos ha evidenciado un importante retroceso.

El 25 de noviembre debería ser entonces una fecha para mostrar avances positivos encaminados a erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas. Sin embargo, el recrudecimiento de la violencia física, sexual, política y psicológica contra las mujeres ha sido una de las peores consecuencias provocadas por la crisis de la pandemia del COVID-19.

En 2020, mientras se tomaban disposiciones apremiantes para proteger a la población contra el COVID-19, se omitía inadvertidamente acompañarlas con medidas diferenciadas que protegieran a las mujeres en toda su diversidad. No se dieron y no se tomaron las medidas necesarias; tampoco [se tomaron medidas para] luchar contra la pandemia de la salud que enfrentan las mujeres, que es la pandemia de la violencia física y psicológica.

Debemos luchar, entonces, no solo contra una pandemia que por motivos de salud existe, sino contra la pandemia que por motivos de género todavía es una realidad para millones de mujeres en el Hemisferio abordándola, por supuesto, desde un enfoque interseccional porque las identidades de las mujeres marcan las diferentes formas de violencia, la identidad étnico-racial, la identidad geográfica, la identidad etaria, la identidad por orientación sexual.

Por eso es necesario abordarlo transversalmente porque, a pesar de que la violencia contra las mujeres en las relaciones de pareja y en el ámbito de las relaciones intrafamiliares es la más nombrada, no debemos olvidar que la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará) enfatiza que las mujeres viven violencia en muchos otros espacios y diferentes contextos sociales. Las propias mujeres jóvenes son las que han impulsado una lucha sistemática en los últimos años contra la violencia callejera.

La violencia contra las mujeres, además, en la vida pública que hoy aprobamos, enfrenta una realidad que a veces omitimos mencionar y que irónicamente es tal vez la más evidente: la violencia y el acoso político contra las mujeres. ¿Por qué? Porque son mujeres, porque somos mujeres en la política. Los obstáculos que se enfrentan para ejercer plenamente los derechos políticos como lideresas y como votantes, o para llegar a formar parte de la cúpula del poder político que toma las decisiones, son difíciles de sopesar. No sólo porque son parte de un proceso complejo debido a las lógicas discriminatorias que históricamente han limitado el acceso a las mujeres a la política, sino también porque, una vez que las mujeres logran ocupar un puesto de representación, ellas son víctimas de actitudes y prácticas arbitrarias, cuyo único proceso es entorpecer y debilitar su posición política y el logro de sus objetivos y, con ello, el logro de los objetivos de los países, el logro de los países en desarrollo de nuestra región. Esto representa una grave amenaza para las democracias de la región.

¿Cómo pregonar un sistema democrático sin la participación paritaria del 50% de la población? Eso es una deuda pendiente e impostergable. No vamos a lograr el desarrollo económico, social y sostenible; no vamos a lograr abordar los temas relacionados con el cambio climático, con las brechas de desigualdad, con un crecimiento económico con igualdad, si no logramos incorporar paritariamente a las mujeres en la toma de decisiones.

En fechas como ésta que hoy conmemoramos, solemos denunciar la violencia estructural y sistémica —silenciosa en algunos casos— en el ámbito familiar, en la organización social, en la institucionalidad política y en las oportunidades económicas, o la falta de ellas, que impide que las mujeres y las niñas logren gozar plenamente de su autonomía, logren alcanzar plenamente los derechos de igualdad y no discriminación consagrados en nuestras constituciones.

De igual modo, solemos comprometernos nuevamente a realizar acciones que busquen promover y ampliar sus derechos reconociendo, entre otras cosas, que se les debe dar acceso a los recursos financieros como elementos medulares para salir del círculo inocuo de la violencia, de la pobreza y de la falta de desarrollo con equidad en nuestros países. Sin embargo, en pocas ocasiones hacemos referencias a las secuelas de la violencia que, sin cesar, continuamente martillan la psique de las mujeres y las niñas.

Hoy en día es fundamental encuadrar la violencia exacerbada en el marco de la pandemia del COVID-19, que ha dejado una huella difícil de borrar; un vacío de sumisión, temor y depresión que menoscaba su confianza y sus expectativas; una crisis real de la salud mental de las mujeres que pone en riesgo no sólo el liderazgo, su desarrollo personal, pero de nuevo el desarrollo de nuestros países.

La desigualdad y la violencia de género influyen en la construcción de la salud en general, pero el impacto de la pandemia ha tenido en la salud mental de las mujeres y las niñas un impacto que debe reconocerse y visibilizarse para poder abordarlo mediante estrategias integrales de promoción, de prevención y de recuperación, medidas y políticas que involucren a los gobiernos, al sector privado y a las comunidades.

Queridos y queridas, todos y todas, si el continente americano fuese pionero en el mundo al haber aprobado hace veinte años la primera Convención Internacional contra la Violencia, específicamente orientada a la violencia contra las mujeres, en la crisis actual, nos corresponde ser pioneros también reconociendo el grave daño que la violencia contra las mujeres y las niñas causa en ellas y está actuando en consecuencia; actuando dentro de las familias, las comunidades, las empresas y nuestros países. Es por eso por lo que buscamos una alianza regional por la salud mental de las mujeres; un compromiso que promueva el diálogo, el intercambio de experiencias, así como las iniciativas en lo nacional con un impacto regional.

Se deben diseñar y promover desde un enfoque interseccional de género, de derechos humanos, de diversidad e inclusión con políticas públicas normativas y programas dirigidos a la promoción y la atención de la salud mental y el apoyo psicosocial. Esto fortalece el liderazgo. Esto nos permite tener mujeres y niñas que pueden enfrentar los desafíos cotidianos. Esto nos permite mirar a las personas y a las mujeres y niñas desde una perspectiva mucho más integral, que es lo que necesitamos para enfrentar los desafíos del desarrollo.

La pandemia del COVID-19 ha puesto de manifiesto que no basta con prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, sino que debemos unirnos para enfrentar las secuelas de esta violencia. Hombres y mujeres debemos unirnos. Esta es una lucha de la sociedad. Esto es un flagelo que tenemos que dejar atrás. Necesitamos a más hombres de este lado levantando las banderas contra la violencia hacia las mujeres.

Es de vital importancia, además, priorizar la salud mental y en el bienestar de las mujeres y las niñas como un imperativo de la salud pública y de los derechos humanos; reconocerlo como un elemento crucial para la recuperación socioeconómica de nuestros países. Sólo una sociedad que trabaja unida, saludable física y mentalmente, que piensa en la casa interna y que piensa en el ambiente, que piensa en el desarrollo económico con inclusión, sin diferencias ni desigualdades, sin discriminación, con inclusión, sólo esa sociedad podrá lograr el bienestar para todas y todos en nuestra región.

Muchísimas gracias.

El PRESIDENTE: Muchas gracias por su presentación, señora Vicepresidenta Epsy Campbell Barr.

S.E. Elizabeth Gómez Alcorta, Ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la República Argentina

El PRESIDENTE: A continuación, solicito a la Secretaría que proyecte la intervención de la doctora Elizabeth Gómez Alcorta, Ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la República Argentina.

Adelante, por favor.

La MINISTRA DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA ARGENTINA: Autoridades nacionales, representantes de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM), integrantes de organizaciones sociales, compañeras y compañeros: para mí es un honor saludarles en mi carácter de Ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la República Argentina.

Desde mi país hemos co-patrocinado esta sesión extraordinaria del Consejo Permanente para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, ya que entendemos que es fundamental sostener este tema con énfasis en la agenda regional. En efecto, esta instancia nos habilita a compartir experiencias y a repasar los principales desarrollos que se han producido en materia de prevención y erradicación de la violencia por motivos de género en nuestro país y también en el ámbito interamericano.

Es también una plataforma propicia para proyectar acciones conjuntas que nos permitan abordar este fenómeno que es estructural y compartido. Nuestros países ya se han pronunciado sobre esta temática en distintos ámbitos internacionales y regionales. Hemos construido un robusto marco jurídico internacional en materia de igualdad de género y derechos de las mujeres y LGBTIQ+ y contamos con estándares reforzados para prevenir e intervenir en casos de violencia por motivos de género. Sin embargo, es claro que aún hay importantes desafíos que nos obligan a diseñar políticas públicas superadoras.

La violencia patriarcal se presenta de un modo extremo en nuestra región, en donde subsisten todavía prácticas generalizadas de exclusión y de violencias por motivos de género, acompañadas y, en gran medida, habilitadas por falta de respuestas estatales sistémicas. Este escenario da cuenta de problemas estructurales que exigen respuestas contundentes que permitan desmantelar esas bases materiales y simbólicas que producen, reproducen y legitiman las violencias. La realización efectiva de estas transformaciones es, sin lugar a duda, uno de nuestros objetivos fundamentales de gestión.

Como ustedes ya saben, en diciembre de 2019, asumió en la Argentina un nuevo gobierno que, con el liderazgo del Presidente Alberto Fernández y la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, decidió jerarquizar las políticas de igualdad de género y de derechos humanos de las mujeres y LGBTIQ+ y también priorizarlas en la agenda pública.

Una de las primeras decisiones estratégicas fue justamente elevar la jerarquía al Mecanismo Nacional de Políticas de Género creando el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad en lo más alto de la estructura del Estado. Desde el Ministerio trabajamos diariamente en el diseño de herramientas para implementar en todo el territorio nacional; medidas para prevenir, erradicar y también reparar la violencia por motivos de género y para asistir integralmente a las víctimas en todos los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones interpersonales.

Nos propusimos un profundo cambio de paradigma que implica abandonar un abordaje concentrado solo en la atención de la emergencia y reemplazarlo por otro horizonte, la modificación de las condiciones estructurales que afectan a las personas en situación de violencia por motivos de género. Estamos dando pasos contundentes en este sentido, pero sabemos que es preciso avanzar en respuestas colectivas y transnacionales que permitan avanzar hacia una región más justa e igualitaria, libre de violencia por motivos de género. Por eso es que celebro este espacio que implica un llamado urgente a los estados, a las organizaciones internacionales, a las organizaciones no gubernamentales y otros muchos actores relevantes de la comunidad regional para que adopten y también fortalezcan políticas y programas públicos que contribuyan a erradicar la violencia.

Les dejo un saludo afectuoso y el enorme compromiso de la Argentina para trabajar de manera urgente y colectiva para mejorar la vida diaria de las mujeres, lesbianas, gays, travestis, transexuales, bisexuales e intersex de nuestros países.

Muchísimas gracias.

El PRESIDENTE: Muchas gracias a la Delegación de la Argentina por posibilitar la participación de la doctora Elizabeth Gómez Alcorta en esta conmemoración.

S.E. Bernarda Ordóñez Moscoso, Ministra de la Secretaría de Derechos Humanos de la República del Ecuador

El PRESIDENTE: A continuación, tengo el honor de saludar y darle la más cordial bienvenida a la Ministra Bernarda Ordóñez Moscoso, Ministra de la Secretaría de Derechos Humanos de la República del Ecuador.

Señora Ministra, bienvenida nuevamente al Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos. Tiene usted la palabra.

La ASESORA DE COOPERACIÓN Y GÉNERO DE LA SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR: Buenos días, estimadas autoridades y Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Desde la Delegación del Ecuador, agradecemos la convocatoria a esta sesión extraordinaria al señor Presidente del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, Embajador Josué Antinoe Fiallo, Representante Permanente de la República Dominicana; sesión extraordinaria del Consejo Permanente para conmemorar el Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra la Mujer. Estimado Secretario General Luis Almagro; estimado señor Vicepresidente del Consejo Permanente y Representante Permanente de Trinidad y Tobago, Embajador Anthony Phillips-Spencer; señora Comisionada Antonia Urrejola Noguera, Presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); y, queridas Vicepresidenta de Costa Rica, Ministra de la Argentina y República Dominicana, ponentes en esta sesión extraordinaria del Consejo Permanente ante la OEA.

Quisiera hacerles llegar un cordial saludo en nombre del Presidente Constitucional de la República, el señor Guillermo Lasso Mendoza, quien ha mirado a las niñas y a las mujeres con la más alta prioridad para prevenir y erradicar la violencia, fortalecer el empoderamiento económico y la libertad financiera a las mujeres entendiendo que para romper los círculos de violencia es necesaria la independencia económica.

Quisiera hacerles llegar una disculpa muy sentida por parte de la Secretaria de Derechos Humanos, la doctora Bernarda Ordoñez Moscoso, quien, por razones de fuerza mayor y seguridad del Estado, no podrá intervenir. Mi nombre es Emilia Cisneros Jerves, Asesora de Cooperación y Género de la Secretaría de Derechos Humanos, entidad del Ecuador rectora de políticas públicas de derechos humanos que impulsan la promoción y la protección integral, la participación y el ejercicio y el cuidado de la demanda de la interacción directa de la persona cuidada, precondiciones materiales, cumplimiento de las obligaciones nacionales e internacionales en materia de derechos y la institución que lidera el cumplimiento de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

Creamos la Subsecretaría de Diversidades, donde el Ecuador se unió a más de sesenta y tres países en el mundo en construir la primera política pública de diversidades, enfocada en el trabajo para erradicar todo tipo de discriminación por su identidad de género. Esta inicia con un presupuesto de USD$1,9 millones.

Enmarcado en el camino de Matilde Hidalgo, una mujer ecuatoriana que luchó por sus derechos y la participación política de las mujeres, hoy nos encontramos en este espacio tan importante para el Estado, que es la garantía de los derechos de las niñas y de las mujeres. El Estado ecuatoriano ha aumentado un presupuesto de USD$1,5 millones a USD$24 millones para el período 2022-2025, que se invertirá en la prevención y en la erradicación de todo tipo de violencia.

La atención a sobrevivientes y víctimas de violencia basada en género hacia las mujeres demanda partir de una visión desde el marco de los cuidados, que más que una actividad o grupo de actividades particulares constituyen una forma de abordar las actividades que surgen de la conciencia, de vulnerabilidad individual y colectiva.

La interdependencia para la gestión del cuidado a las sobrevivientes de la violencia basada en género demanda el “cuidar” y el “curar”, concebidos bajo la claridad de que todos somos cuidadores y sujetos de cuidados y que todos somos curadores y sujetos de cura. En el marco de la economía feminista, se mira el cuidado como una actividad que genera bienestar físico y emocional, que implica hacerse cargo de los cuerpos, de las personas y de sus emociones. El cuidado demanda interacción directa con la persona cuidada, precondiciones materiales para lograrlo y gestión mental para la coordinación, planificación y supervisión de tareas que socialmente son actividades feminizadas.

El cuidado de sí contiene elementos individuales y comunitarios. En el ámbito individual, el autoconocimiento es básico para lograrlo, estableciendo una relación verídica y ética con nosotros mismos para poder entendernos y ocuparnos de nuestro bienestar y el de los otros. En el ámbito comunitario, el cuidado de sí implica relaciones complejas con otras y otros en una reciprocidad ética para ocuparse del bienestar comunitario posible en la medida que estemos capacitados para auto cuidarnos.

La capacidad y la habilidad de ocuparse del autocuidado la conceptualizamos como una agencia de autocuidado, una habilidad posible en adolescentes y adultos que permite definir y priorizar los pros y los factores a ser controlados o tratados para asegurar su cuidado personal a largo plazo. Las capacidades incluyen habilidades básicas, percepción, memoria, orientación, componente de poder, motivación, adquisición de conocimiento, habilidad para ordenar acciones, capacidad de integración del autocuidado en su vida familiar y comunitaria, capacidad operacional, buscar conocimiento de sí mismo y del ambiente con el fin de generar acciones para manejar las problemáticas.

La experiencia corporal de las sobrevivientes de la violencia basada en género está cruzada no sólo para los efectos de la violencia en su cuerpo, sino también con representaciones sociales y fenómenos de poder ligados a las identidades. El cuidar el ejercicio del derecho a una vida de violencia basada en género es la estrategia del bienestar bajo tres dimensiones: aprendiendo a vivir los derechos, aprendiendo a protegerlos y aprendiendo a recibirlos.

El curar el ejercicio de los derechos implica aprender a reconocer el derecho a una vida libre de violencia a todas aquellas [mujeres] que han vivido en condiciones de vulnerabilidad tanto macro como micro. La Constitución del Ecuador establece el derecho de las mujeres y niñas a una vida libre de violencia en el ámbito público y también en el ámbito privado. Pese a ello, las acciones para prevenir y erradicar la violencia y, de manera particular, para atender la violencia hacia las niñas y mujeres, siguen enfrentándose a múltiples desafíos.

La segunda Encuesta Nacional sobre relaciones familiares y violencia de género contra las mujeres evidencia que la prevalecencia de violencia contra las mujeres a lo largo de su vida es del 64,9%. De ellas, el 56,9% han experimentado violencia psicológica; 35,4% violencia física; el 32,7% violencia sexual, realidad que se agrava contra las mujeres que pertenecen a grupos de situación de vulnerabilidad como las afrodescendientes o las indígenas. Las mujeres afrodescendientes registran 71,8 % de prevalecencia de violencia a lo largo de sus vidas.

El Estado ha desarrollado instrumentos legales para enfrentar la problemática. En el ámbito normativo se destacan el Código Orgánico Integral Penal (COIP) que ha tipificado como delitos de violencia contra la mujer o miembros de su núcleo familiar, incluyendo la violencia física, psicológica y sexual; así como la Ley Orgánica para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, aprobada en el año 2018, que amplió el ámbito de protección reconociendo que existen diversos tipos de violencia. Además de la física, la psicológica y sexual, reconoce la existencia de violencia económica y patrimonial, simbólica, política y gineco-obstétrica, lo que permitió ampliar la toma de datos estadísticos sobre estos temas en la segunda encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INE) en el año 2019.

Por otra parte, el Código Orgánico de la Función Judicial dio competencia y jurisdicción a los jueces y juezas de violencia contra la mujer y la familia para conocer este tipo de casos y se incorporó a esta temática como eje central de varios planes nacionales; pero no, esto sigue siendo insuficiente para proteger a las mujeres de manera integral. Al comparar los datos de la segunda Encuesta Nacional en el año 2019, las cifras presentadas por el INE en el año 2011 evidencian que la violencia contra las mujeres ha incrementado un 4,3% en el país. Además, las mujeres afrodescendientes continúan en el grupo de las más afectadas.

Si bien existen mecanismos para acelerar la denuncia a través del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, la Policía Especializada, la Fiscalía, las juntas cantonales de Protección de Derechos, tenencias políticas y comisarías, la investigación y el procedimiento de los casos tanto administrativos como jurisdiccionales en la práctica siguen quedando rezagados al no recibir el apoyo y los recursos que necesitan para funcionar eficazmente. Al mismo tiempo, los mecanismos generales de atención no cuentan con el personal y el equipo especializado necesario para ocuparse de los casos de violencia contra la mujer de manera profesional y eficaz, mucho más ahora, bajo el contexto de la pandemia del COVID-19 que ha agravado la situación de violencia.

La pandemia ha profundizado las brechas de género y el confinamiento o cuarentena obligatoria ha expuesto [a las mujeres] a violencia en sus espacios familiares. La Comisión Especial de Estadística de Seguridad, Justicia, Crimen y Transparencia reporta que el 63% de los casos de femicidio ocurren a mujeres entre los quince y los treinta y cuatro años de edad, así como los casos de femicidio en mujeres de cuarenta y cinco años representan el 13%; el 1,8% de las mujeres menores de quince años; 86% de los casos de femicidio son a mujeres mestizas y el 10% de los casos de femicidio ocurrieron a mujeres de pueblos y nacionalidades indígenas.

El femicidio no es la primera manifestación de violencia: es la última luego de muchos hechos de violencia física como golpes, empujones, heridas con armas blancas, entre otros; de violencia psicológica, encierros, amenazas, intimidaciones e insultos y violencia sexual, entre otros. Aunque los registros de femicidio no contienen todavía información sobre números de hijos e hijas, se conoce que la mayor cantidad de hijos son niños, niñas y adolescentes. Algunos de estos niños o niñas han sido testigos presenciales del asesinato de sus madres, muchas veces por sus propios padres generando traumas difíciles de superar.

En el año 2020, la Secretaría de Derechos Humanos atendió un total de cuarenta y cinco mil cuatrocientas nueve mujeres y niñas en situación de violencia, lo cual es un número bastante limitado si se considera que, durante el mismo tiempo, el ECU 911 recibió ciento nueve mil ochenta llamadas de denuncia. Los cuarenta y cinco servicios de protección integral de la Secretaría de Derechos Humanos, pese a estar distribuidos en el país, siguen siendo insuficientes para atender a las víctimas y a las sobrevivientes de violencia, pues tan solo el 7% cuenta con el equipo técnico requerido para el efecto que son abogadas, psicólogos o trabajadores sociales.

Por otra parte, en el contexto del COVID-19, se ha incrementado la exposición de violencia, particularmente en el ámbito intrafamiliar y doméstico, estos como nuevos medios y especialmente a través del Internet y las redes sociales, dificultando la denuncia de estos hechos. La imposición de un castigo por los actos de violencia contra la mujer, en particular las penas de prisión también pueden operar como un desincentivo para que las víctimas sobrevivientes formulen denuncias si por diversas razones no quieren que su pareja responsable de los abusos sea objeto del procesamiento o privación de libertad. En este sentido, la Secretaría de Derechos Humanos no ha logrado generar alternativas para el trabajo con agresores. De cada cien procesos de violencia hacia la mujer, el 75% de las mujeres se retractan en la audiencia cambiando las versiones de los hechos e inclusive contrariando los exámenes médicos legales.

Si bien la Ley Orgánica para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres plantea una gestión multisectorial, no se ha logrado establecer una acción coordinada y sostenida para la atención. Se han elaborado instrumentos varios para el efecto, pero su aplicación no siempre ha sido exitosa debido a la falta de componentes vitales, en particular los recursos que requieren una corriente de financiación sostenida.

En el año 2014, con la aprobación del Código Orgánico Integral Penal, se cerraron las puertas y se crearon las unidades judiciales especializadas en violencia contra la mujer y los miembros del núcleo familiar, las mismas que no cuentan con medidas de protección inmediatas, como lo hacían las comisarías de la mujer y la familia. Esto implica que no se proteja a las víctimas y se priorice la sanción. Tras la promulgación de la nueva Ley Orgánica para Prevenir y Erradicar la Violencia de Género, se han vuelto a disponer las medidas de protección inmediatas, pero aún no resulta evidente cómo se está operacionalizando.

Para el efecto, a través de al menos veinticuatro centros Violeta se buscan alcanzar la meta “Cero femicidios” generando un modelo especializado de atención a mujeres, niñas, niños y adolescentes como una acción colectiva para proteger y reparar con la participación de instituciones públicas que, de manera coordinada y complementaria, y en el conjunto del sector privado y la academia, contribuyen al ejercicio del derecho a una vida libre de violencia.

El Plan de Atención en el Centro Violeta establece las acciones que deben ejecutar las instituciones integrantes de los centros para atender a mujeres, niñas, niños y adolescentes en el país, provincias, municipios y metrópolis, así como en las comisiones parroquiales ante las emergencias y urgencias en cumplimiento de sus competencias y atribuciones.

Desde el Ecuador…

El PRESIDENTE: Nos apremia el tiempo, si pudiera ir concluyendo por favor.

La ASESORA DE COOPERACIÓN Y GÉNERO DE LA SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR: Listo, muchas gracias.

Desde el Ecuador, ratificamos nuestro compromiso por la garantía del [bienestar de] las niñas y las mujeres del país. Unimos esfuerzos desde todos los organismos internacionales a conmemorar esta fecha del 25 de noviembre en nombre de las hermanas Mirabal, quienes lucharon contra la dictadura y [por] la libertad reivindicando los derechos de las mujeres; y hoy, en la Secretaría de Derechos Humanos hemos tomado como símbolo las tres mariposas para recordar que aún nos falta mucho por lograr.

Muchísimas gracias.

El PRESIDENTE: Muchas gracias por su presentación, señora Emilia Cisneros Jerves, Asesora de Cooperación y Género de la Secretaría de Derechos Humanos del Ecuador.

S.E. Jessica Padilla, Ministra de la Mujer de la República de Nicaragua

El PRESIDENTE: A continuación, tengo el honor de saludar y darle la más cordial bienvenida a la señora Jessica Padilla, Ministra de la Mujer de la República de Nicaragua.

Señora Ministra, bienvenida. Tiene usted la palabra.

La MINISTRA DE LA MUJER DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA: Buenos días, señor Presidente del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA); delegadas y delegados de los estados y gobiernos de nuestra América.

La Delegación de Nicaragua se enorgullece de compartir con ustedes los importantes avances alcanzados en la restitución de los derechos humanos de las mujeres que garantizan condiciones fundamentales para la vida digna y libre de violencia.

La violencia contra las mujeres constituye un desafío que, en Nicaragua, ha sido asumido con responsabilidad y compromiso a través del acceso a todos los derechos para todas las mujeres como el derecho a la salud; a la educación primaria, secundaria, técnica y universitaria de forma gratuita y de calidad; el derecho a la vivienda; al trabajo; a la justicia; y, a la seguridad, así como el ejercicio pleno de todos los derechos civiles y políticos: condiciones necesarias para el desarrollo humano y el buen vivir.

El Gobierno de Nicaragua ha priorizado el ejercicio efectivo de estos derechos para las mujeres y sus familias desde un modelo de equidad y complementariedad fortaleciendo la participación protagónica de las mujeres en la consolidación de la paz tanto en la familia como en la comunidad a través de políticas públicas, programas y proyectos dirigidos al empoderamiento político, económico y cultural de las mujeres en el campo y en la ciudad.

Con el fin de erradicar la violencia contra las mujeres y consolidar ese modelo de protagonismo, se impulsan campañas permanentes de prevención y atención de la violencia como la campaña “Mujeres por la vida, ¡Mujeres, Paz y Bien!” y la campaña “Mujeres Respeto, Dignidad, Derechos”, que incluyen acciones de promoción, formación y difusión de derechos en todo espacio. A la fecha, en el marco de estas dos campañas, hemos relanzado un total de noventa y cinco comisarías de la mujer, niñez y adolescencia, las que tienen como objetivo prevenir, atender, investigar y brindar atención especializada a las mujeres y niñas con el fin de proteger la vida y dignidad humana.

Con el objetivo de fortalecer una cultura de respeto a la vida de las mujeres, desde nuestro sistema educativo hemos incorporado la asignatura “Derechos y Dignidad de las Mujeres” que se imparten a toda la comunidad educativa teniendo incidencia en la escuela, en el hogar, la familia y la comunidad.

En cuanto al marco normativo y legislativo, contamos con la Ley del Digesto Jurídico Nicaragüense de la materia de Familia, Mujer, Niñez, Juventud, Adulto Mayor y Equidad de Género, facilitando así una herramienta jurídica, ordenada, coherente, confiable y segura que armoniza el marco jurídico nicaragüense para la consolidación de los derechos humanos de las mujeres. Asimismo, se ha actualizado la legislación nacional en materia penal para proteger la vida digna de las mujeres y sus familias para incorporar la pena de prisión perpetua revisable para los que cometen delitos y crímenes de odio incluyendo aquellos relacionados con la violencia hacia la mujer.

Se ha creado también la Ley No. 1042, Ley Especial de Ciberdelitos, dirigida a la prevención, investigación, persecución y sanción de delitos asociados al uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) incluyendo para propósitos que atentan contra la dignidad, la seguridad y la vida de las mujeres.

Para continuar profundizando en la lucha contra la eliminación de todas las formas de violencia hacia la mujer, el Gobierno de Nicaragua ha promovido el empoderamiento y autonomía económica de las mujeres a través de programas socio productivos que facilitan su empoderamiento económico garantizando así que se les brinde acceso a créditos justos, bonos de producción, capacitación técnica y plataformas creativas, todas las cuales contribuyen directamente a promover la equidad de género, la erradicación de la pobreza y la construcción de una vida digna para las mujeres.

En el marco de nuestro modelo de Equidad y Complementariedad, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional ha promovido la participación protagónica de las mujeres en los diferentes espacios de dirección y toma de decisiones, en todos los poderes del Estado implementando estrategias para el fortalecimiento del liderazgo y empoderamiento de las mujeres líderes comunitarias, concejalas municipales y regionales, alcaldesas y vicealcaldesas, diputadas, ministras, magistradas y procuradoras, lo que nos ha permitido alcanzar el primer lugar en las Américas en cuanto a equidad e igualdad de género, según el Informe Global de Brecha de Género más reciente, del Foro Económico Mundial (FEM).

Nuestro Gobierno reitera su compromiso indeclinable de seguir trabajando por la paz, el bien común de todos y todas y la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que aportan a la reducción de las desigualdades sociales y eliminación de toda forma de violencia. En palabras de nuestra Vicepresidenta de la República, Compañera Rosario Murillo:

“No hay victoria ni económica, social, ni política que no incluya a las mujeres como protagonistas esenciales. No hay triunfos que no nos pertenezcan. No hay historias que no se apliquen a nosotras”.

Muchas gracias, Presidente.

El PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ministra, por su presentación.

S.E. María Inés Castillo, Ministra de Desarrollo Social de la República de Panamá

El PRESIDENTE: A continuación, solicito a la Secretaría que proyecte la intervención de la Ministra María Inés Castillo, Ministra de Desarrollo Social de la República de Panamá.

Por favor, Secretaría, adelante.

La MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ: Un saludo cordial al Presidente del Consejo Permanente, Embajador Josué Antinoe Fiallo; al Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA); a las autoridades nacionales que nos acompañan, y a los representantes permanentes y alternos. Es un honor para mí dirigirme a ustedes en representación de Panamá en una fecha tan importante como la que conmemoramos hoy.

Los derechos de las mujeres en todo su conjunto son derechos humanos. La violencia a la mujer no solo constituye una gravísima problemática social, sino que es por sí misma una violación directa a los derechos humanos de la mitad de la población: las mujeres. La violencia contra las mujeres y niñas está muy extendida en nuestros territorios desconociendo fronteras; no discrimina nacionalidad, etnia, clase social, cultura o religión. Dicho esto, es importante resaltar que afecta de manera particular a las mujeres que experimentan otros tipos de condiciones de vulnerabilidad, por lo cual debe ser abordada desde un enfoque interseccional. La violencia contra las mujeres y las niñas es una pandemia mundial, un agravio y un motivo de vergüenza en nuestras sociedades, así como un obstáculo importante para lograr un verdadero desarrollo, el cual sea inclusivo, equitativo y, sobre todo, sostenible.

En nuestro país, desde 2016 hasta la fecha, se han realizado casi cien mil denuncias ante el Ministerio Público por violencia doméstica, han ocurrido ciento veintiocho femicidios y se han reportado más de treinta mil violaciones; y qué hablar de la pandemia, donde las cifras no logran evidenciar la realidad vivida por miles de víctimas, mujeres y niñas que han tenido que convivir con sus agresores y cuya situación de vulnerabilidad se vio agravada a raíz de las medidas de confinamiento que fueron necesarias para combatir la propagación del COVID-19.

Es precisamente por esto que todos los países, instituciones y la sociedad en general deben triplicar los esfuerzos no solo en atender la violencia, sino en trabajar enérgicamente hacia la prevención para romper esos ciclos de violencia que inician desde muy temprano y promover valores de igualdad, respeto y, sobre todo, de cero tolerancia a la violencia.

Nuestro Gobierno se encuentra impulsando importantes iniciativas de las cuales deseo compartir con ustedes algunas: la aprobación de la ley que reconoce la violencia política como parte de las violencias hacia la mujer y su respectiva reglamentación; la evaluación de los resultados del Servicio Policial Especializado en Violencia Doméstica y de Género (SPEVDG) 2022-2025 y la aprobación de un Plan de Acción para su fortalecimiento; la extensión de la Red de Centros del Instituto Nacional de la Mujer (CINAMU) para incluir a cada una de las comarcas indígenas de nuestro país; el desarrollo del Plan Piloto de la aplicación de celular “Punto de Apoyo”, que busca brindar ayuda a mujeres víctimas de violencia; la implementación del Plan de Acción de Igualdad de Oportunidades a través de la Red de Mecanismos Gubernamentales de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres; la reactivación y puesta en marcha del Comité Nacional contra la Violencia a la Mujer (CONVIMU), a través de este Comité se trabaja en la implementación de estrategias para mejorar la ruta de atención a víctimas de violencia de género, así como también para la implementación de los brazaletes electrónicos.

Por otro lado, en el marco del Consejo Nacional para la Paridad de Género, el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) ha impulsado iniciativas importantes como la aprobación de una política pública para fomentar la empleabilidad e inserción laboral de mujeres jóvenes y mujeres en condición de vulnerabilidad socioeconómica, una Estrategia Nacional para la Integración de Niñas y Jóvenes en las Disciplinas y Empleos STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) y una Estrategia Nacional de Emprendimiento Femenino; todas estas iniciativas enfocadas a cerrar brechas económicas de género en nuestro país, brechas que también constituyen una forma de violencia contra las mujeres.

Por último, y en materia de cuidados, el MIDES y otras autoridades trabajan en la construcción de un sistema nacional de cuidados en Panamá que favorezca la autonomía y participación de las mujeres, así como también la corresponsabilidad entre hombres y mujeres.

Si bien la violencia contra las mujeres y niñas está institucionalizada y normalizada, estoy convencida de que debe ser prevenida y erradicada. Erradicar la violencia comienza por creer en las sobrevivientes adoptando enfoques integrales e inclusivos que aborden las causas fundamentales, transformen las normas sociales dañinas y empoderen a las mujeres y las niñas. Hoy nos sumamos a la comunidad internacional para decir: ¡basta ya! No podemos seguir permitiendo la violencia contra las mujeres.

Deseo culminar afirmando que el camino hacia un futuro de dignidad e igualdad para todas y todos mediante la aplicación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible sólo será posible si incluimos plenamente a las mujeres en toda su diversidad. Esto sólo va a pasar cuando todas las mujeres y niñas vivan sin miedo, sin violencia y sin inseguridad diaria. Sólo así podremos decir finalmente que vivimos en un mundo justo y equitativo.

Muchas gracias.

El PRESIDENTE: Muchas gracias a la Delegación de Panamá por posibilitar la participación de la Ministra María Inés Castillo en esta conmemoración.

S.E. Mayra Jiménez, Ministra de la Mujer de la República Dominicana y Presidenta de la Comisión Interamericana de Mujeres

El PRESIDENTE: A continuación, tengo el honor de saludar y darle la más cordial bienvenida a la ministra Mayra Jiménez, Ministra de la Mujer de la República Dominicana y Presidenta de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM).

Señora Ministra, bienvenida y tiene usted la palabra.

Adelante, le escuchamos.

La MINISTRA DE LA MUJER DE LA REPÚBLICA DOMINICANA Y PRESIDENTA DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE MUJERES: Gracias, excelentísimo Embajador Josué Antinoe Fiallo, Presidente del Consejo Permanente y Representante Permanente de la República Dominicana ante la Organización de los Estados Americanos (OEA); excelentísimos señores embajadores; excelentísimas señoras embajadoras; señor Luis Almagro, Secretario General; honorables ministras; delegaciones que apoyan la realización de este importante evento.

En nombre de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM), agradecemos la realización de esta sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos en conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Señoras y señores, hace sesenta y un años, justamente un 25 de noviembre, la democracia sufrió una herida profunda por el asesinato de las hermanas Mirabal por orden del dictador Rafael Leónidas Trujillo en la República Dominicana. Estas tres mujeres, Patria, Minerva y María Teresa Mirabal luchaban por un Estado de derecho, libertad y democracia, lo que resultaba intolerable al régimen. Estas heroínas sirvieron de inspiración para que, hace cuarenta años, en 1981, en el marco del Primer Encuentro Feminista de América Latina y el Caribe, se escogiera el 25 de noviembre como día de lucha contra la violencia hacia las mujeres y, posteriormente, en el año 1999, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas lo convirtió en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Esta conmemoración del 25 de noviembre se ha expandido hasta el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, mediante lo que hemos denominado dieciséis días de activismo como una forma de recordar que la violencia contra las mujeres constituye una violencia a los derechos humanos.

La violencia contra las mujeres es un grave problema social de dimensiones macroestructural que impacta toda la esfera y ámbitos de la vida. Es un fenómeno que retrasa el desarrollo, vulnera la democracia, profundiza las desigualdades y afecta la dignidad e integridad de las personas.

En nuestra región, los datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) dan cuenta de que en 2019 perdieron la vida cuatro mil seiscientas cuarenta mujeres a causa de la violencia feminicida. Igualmente, una de cada tres mujeres ha sido víctima de violencia.

En la CIM, disponemos de evidencias sobre los esfuerzos que se realizan en cada uno de nuestros países para detener este flagelo en materia de legislación, reconocimiento de derechos y planes nacionales, pero los resultados muestran claramente un enorme abismo entre este reconocimiento y las vidas cotidianas de las mujeres, lo que nos desafía a redoblar el trabajo.

La mayoría de los países de la región tienen leyes y políticas públicas destinadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, obligaciones adquiridas en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará). Sin embargo, existen tipos y ámbitos de la violencia que ameritan ser fortalecidos como la violencia psicológica, la violencia patrimonial, la violencia económica, la violencia obstétrica, además de la violencia que ocurre en el ámbito del trabajo, la educación, la política y el ciberespacio.

De igual modo, hay que prestar mayor atención a otros fenómenos de la violencia como la trata de mujeres y niñas, el crimen organizado, las amplias oleadas de migraciones y los conflictos internos, los cuales están multiplicándose y profundizando la violencia contra las mujeres; todo ello agravado por la pandemia del COVID-19, que tanto ha perjudicado a las mujeres en nuestra región.

A pesar de los avances que hemos tenido en la región, la discriminación sigue estando enraizada y persisten las relaciones desiguales de poder. La aceptación de la violencia y su naturalización aún se encuentran en el seno de nuestras culturas. Para transformar las normas culturales desde las estructuras institucionales y las esferas sociales que reproducen la violencia, se requiere de esfuerzos sostenidos y sistemáticos que involucren a todos los poderes de nuestros estados, las comunidades y la ciudadanía. Igualmente, las estrategias y políticas para prevenir la violencia tienen que estar articuladas a los planes generales de desarrollo, igualdad y de cultura de paz.

El Mecanismo Especial de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI), a través de sus diferentes rondas de evaluación, ha venido haciendo importantes recomendaciones a los estados para contribuir a la efectividad de la respuesta nacional a la violencia. Entre las recomendaciones cabe destacar la necesidad de incrementar los presupuestos nacionales para mejorar el acceso a la justicia, fortalecer los marcos normativos legales, mejorar los sistemas estadísticos e implementar políticas públicas con enfoques integrales, diferenciados, interseccionales y de derecho.

Finalmente, en ocasión de la conmemoración de este 25 de noviembre, les invitamos a reafirmar el compromiso para asegurar a cada niña, a cada mujer, a cada adolescente el derecho a una vida libre de violencia y a seguir invirtiendo en las medidas, políticas y programas para hacer posible esa realidad. Por ahora, les invitamos a acompañarnos y compartir con nosotras estos dieciséis días de activismo para avanzar hacia ese anhelado sueño que es la erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres, las adolescentes y las niñas.

Muchas gracias.

El PRESIDENTE: Muchas gracias, Ministra Mayra Jiménez por su presentación.

Comisionada Antonia Urrejola Noguera, Presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

El PRESIDENTE: A continuación, siguiendo el orden del día, tengo el gusto de saludar y darle la bienvenida a la Comisionada Antonia Urrejola Noguera, Presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Comisionada Antonia Urrejola Noguera, tiene usted la palabra.

La COMISIONADA Y PRESIDENTA DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS: Hola, buenos días a todas y todos. Es un gusto participar en el día de hoy en esta sesión extraordinaria del Consejo Permanente para abordar un tema prioritario para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como lo es la eliminación de la violencia contra la mujer.

Quisiera comenzar extendiendo un cordial saludo a la Presidencia del Consejo Permanente; al Secretario General y al Secretario General Adjunto; a las delegaciones presentes; así como las distinguidas panelistas con quienes tengo el honor de compartir esta sesión extraordinaria del Consejo Permanente.

El derecho de las mujeres, niñas y adolescentes a vivir una vida libre de violencia y discriminación es un principio fundamental del sistema universal y regional de derechos humanos basado en los derechos fundamentales de la libertad, la igualdad, la no discriminación, la vida y la integridad personal. En nuestro Informe Temático de 2019, “Violencia y discriminación contra mujeres, niñas y adolescentes: buenas prácticas y desafíos en América Latina y el Caribe”, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recopiló y analizó los principales estándares interamericanos en materia de violencia y discriminación contra las mujeres y las niñas y formuló recomendaciones para alcanzarlos.

A la luz de los estándares y recomendaciones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) identificó avances significativos, pero también desafíos pendientes en la región. El informe incluye buenas prácticas para abordar las causas y consecuencias de la violencia y la discriminación contra las mujeres y las niñas, como también buenas prácticas para la prevención, protección y acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia de género. Invito a los estados a tomar nota de estas buenas prácticas.

Sobre los desafíos que persisten, el informe encontró la prevalencia de leyes discriminatorias contra las mujeres y las niñas, la falta de coordinación entre las autoridades nacionales y locales en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales, la difusión de discursos y mensajes que perpetúan estereotipos de género y patrones socio culturales discriminatorios, el avance de tendencias contrarias a los derechos de las mujeres y la violencia contra las mujeres que desafían los estereotipos asociados a su género como las periodistas y las demás defensoras de derechos humanos.

El informe también señala la prevalencia de muchos obstáculos para que las mujeres y las niñas tengan acceso a una justicia equitativa e imparcial en un tiempo razonable. También analiza las principales formas de violencia contra las mujeres que persisten en la región, como las muertes violentas relacionadas con el género, las desapariciones de mujeres y niñas y la violencia sexual y obstétrica. Destaca los desafíos específicos relacionados con el derecho a las niñas, tales como el matrimonio infantil y las uniones de hecho, la violencia sexual contra las niñas, los embarazos precoces y los embarazos derivados de la violencia sexual, entre otros.

El informe destaca la ausencia de medidas eficientes basadas en el género para abordar el impacto diferenciado de la violencia sobre los derechos de las mujeres en contextos de crimen organizado, así como los impactos de la criminalización total del aborto sobre el derecho de las mujeres y las niñas. Más allá de este importante informe, en este foro resulta imperativo realizar una reflexión sobre la violencia contra mujeres, adolescentes y niñas en el contexto de la pandemia.

Como resultado de las medidas de mitigación, muchas mujeres, adolescentes y niñas, se han visto obligadas a recluirse con sus parejas y familiares, personas que también suelen ser sus propios agresores. Además, la pandemia ha agravado la inestabilidad económica de los hogares, la incertidumbre financiera y la sobrecarga de trabajo doméstico y de cuidados, los cuales crean un contexto en el que los casos de violencia de género han aumentado.

Las cifras de denuncia de violencia sexual y el aumento de llamadas telefónicas de mujeres en riesgo de violencia doméstica en los distintos países de la región durante la crisis sanitaria dan cuenta de aquello. Asimismo, según información pública, al menos mil cuatrocientas mujeres habrían sido asesinadas en la región sólo durante las medidas de bloqueo para contener la pandemia. Esta es una cifra que debe no solo alarmarnos, sino hacernos reaccionar con la urgencia que el tema requiere.

Algunas mujeres están en mayor riesgo de sufrir violencia que otras como resultado de la intersección de varios factores además de su género, como lo son las mujeres indígenas, las afrodescendientes y las mujeres mayores, entre otras. A modo de ejemplo, hemos observado que las mujeres migrantes, refugiadas, solicitantes de asilo y retornadas han enfrentado mayores riesgos de ser agredidas física, psicológica y sexualmente durante la pandemia debido, entre otras causas, al aumento de la xenofobia, el estigma y la discriminación. Además, la crisis provocada por la pandemia creó barreras para el acceso a servicios esenciales y potencialmente vitales para las víctimas y supervivientes de la violencia de género, así como para quienes corren el riesgo de sufrirla.

Los servicios de prevención y respuesta a la violencia de género en muchos países de la región ya eran insuficientes y a menudo están sobrecargados. Con la llegada del COVID-19, más mujeres empezaron a necesitar el acceso a estos servicios en un momento en el que era más difícil para las autoridades darles acceso. Ante las crecientes demandas generadas por la crisis, las instituciones que atienden a las mujeres sobrevivientes de la violencia, como los mecanismos sanitarios, policiales y judiciales, se han visto desbordadas.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha tomado nota especialmente del aumento de la violencia en línea contra mujeres, niñas y adolescentes. Aunque la tecnología es una herramienta esencial en el contexto de la cuarentena y el aislamiento social, también expone a las mujeres a la violencia cibernética, mensajes intimidatorios en diferentes redes sociales que contienen fuertes mensajes misóginos y de género. Además, para las niñas y adolescentes, en particular, el tiempo adicional que pasan en línea significa una mayor exposición a los depredadores sexuales.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha enfatizado que las medidas excepcionales adoptadas por los estados para enfrentar la pandemia, así como las medidas de recuperación, deben ser compatibles con sus obligaciones internacionales incluyendo las relacionadas con la protección de derechos de mujeres, niñas y adolescentes. Esto incluye la incorporación de una perspectiva de género y un enfoque interseccional en todas las medidas adoptadas para combatir la violencia de género contra las mujeres.

Los estados deben cumplir con su deber de debida diligencia previniendo los actos de violencia siempre que sea posible, protegiendo a las mujeres en riesgo de violencia, investigando los actos de violencia de forma rápida y exhaustiva, juzgando y sancionando a los responsables de los actos de violencia y reparando los supervivientes y a sus familiares.

Los estados deben organizar su estructura mediante un enfoque integral que implica a todos los sectores de la esfera pública, incluidas las áreas de salud, educación y justicia, de manera que se aborde eficazmente la violencia contra las mujeres. Hemos recomendado a los estados que tomen medidas para prevenir el abuso y la violencia en el seno de la familia, entre otras cosas, poniendo a disposición mecanismos de denuncia cuando se presenten las denuncias. La Comisión ha instado a los estados a mejorar los servicios que dan respuesta a la violencia de género, en particular, a la violencia intrafamiliar y la violencia sexual fortaleciendo las redes comunitarias para ampliar los mecanismos de denuncia, entre otras medidas.

No cabe duda de que queda aún mucho camino por recorrer. En estos días, por ejemplo, quiero destacar al menos dos casos emblemáticos que dan cuenta de la violencia contra la mujer en nuestra región. El primero de ellos se refiere a la aplicación de una política gubernamental de carácter masivo, compulsivo y sistemático que enfatizó la esterilización como método para modificar rápidamente el comportamiento reproductivo de la población, especialmente de mujeres pobres, indígenas y de zonas rurales en el Perú durante el Gobierno de Alberto Fujimori. Las víctimas y sus familiares aún se encuentran en la búsqueda de memoria, verdad, justicia y reparación por esas violaciones.

El segundo ejemplo es la situación de las mujeres privadas de libertad en Nicaragua. En nuestro informe sobre personas privadas de libertad en ese país, la Comisión advirtió la existencia de patrones comunes en los hechos de violencia sexual registrada contra las mujeres detenidas, los cuales indicarían que fueron perpetrados, como ha sucedido lamentablemente en otros contextos y países de nuestra región, como una herramienta adicional de castigo, represión y humillación en el marco de la respuesta violenta del Estado, especialmente cuando se trata de lideresas. Muestra de esto hoy día es la actual situación de Tamara Dávila, Dora María Téllez, Ana Margarita Vigil y Suyén Barahona que llevan más de ciento sesenta días en celdas de aislamiento.

Cuando nos referimos a la eliminación de la violencia contra la mujer, hablamos de rostros de mujeres, de niñas y de adolescentes de carne y hueso, muchas viviendo hoy la violencia; otras tantas llevan años luchando por justicia y reparación.

Muchas gracias.

El PRESIDENTE: Muchas gracias, Comisionada Antonia Urrejola Noguera, por su presentación.

Intervenciones de las delegaciones de los Estados Miembros

El PRESIDENTE: A continuación, ofrezco la palabra a las delegaciones que deseen intervenir. Les invito de manera muy respetuosa a ser breves en sus intervenciones.

Tiene la palabra la Ministra Ana Aminta Madrid, del Instituto Nacional de la Mujer (INAN) de Honduras.

Bueno, mientras conseguimos que se conecte la Ministra Ana Aminta Madrid, tiene la palabra el Embajador de Antigua y Barbuda, Ronald Sanders.

Adelante, por favor.

El REPRESENTANTE PERMANENTE DE ANTIGUA Y BARBUDA: Thank you very much, Mr. Chairman.

Mr. Chairman, I am about to make a unanimous statement from the fourteen member states of the Caribbean Community (CARICOM) Group.

Mr. Chairman, the CARICOM Group is pleased that the Organization of American States (OAS), as an organization, continues to prioritize the Elimination of Violence against Women. But much more needs to be done by individual member states to safeguard the women in our Hemisphere from violence and the silent complicity against them that continues to exist. This includes laws that are adopted but are either ignored or are discriminatory in their application. It also includes the attitudes of religious groups which insist on a woman’s obedience in an abusive marital relationship.

In reality, Mr. Chairman, despite all the platitudinous statements that are made annually in this Organization and in others, violence and harmful practices against women and girls remain pervasive in every part of the world. The statistics speak for themselves: Almost 60 percent of all female victims of homicide around the world is at the hands of intimate partners or family members.

At least one of every three women around the world has been beaten, coerced into sex, or otherwise abused in her lifetime with the abuser usually someone known to her. That means that 30 percent of all women are known to have suffered in this way. And that is in the reported and recorded 30 percent; it does not take account of those women among us who suffer in silence, in fear, or in embarrassment.

Seventy-one percent of victims of human trafficking worldwide are women and girls. Even in conditions of human suffering, women continue to be victims of violence with little regard for their continuing exposure to ill treatment by partners or family members. For instance, the situation of refugees is especially worrying because women and girls are compelled to remain in conditions where neither laws nor regulations provide them with protection, and, indeed, they are exposed to further abuse by their guards. Additionally, lockdowns during the COVID-19 pandemic and its social and economic impacts have also increased the exposure of women to abusive partners and family members, while limiting their access to getting help.

The evidence of such abuse is largely anecdotal, but it is prevalent and persistent enough to warrant a study, leading to recommendations concerning how to avoid such conditions in the future. This is a study that the Inter-American Commission of Women (CIM) might consider undertaking.

Mr. Chairman, in epidemiological terms, gender-based violence qualifies as a pandemic. We are neglecting it, without developing an appropriate response to stop its spread and infection.

Mr. Chairman, we, in the CARICOM countries, are not exempt from these continuing events of violence against women, nor are we absolved from the practices within power structures that fail to defend women. A recent study shows that, in the Caribbean, 46 percent of women across five countries, have experienced at least one form of violence—physical, sexual, economic, or emotional—.

The study also shows that Caribbean women do better than their counterparts around the world in terms of access to education and formal employment, but these conditions, while welcome, are not a reason for our governments and institutions to relax our efforts to end violence against women.

We recognize the urgency of continuing efforts to protect women, who are our mothers and grandmothers, sisters and nieces, and our wives and partners. Of particular concern is our persistent culture of silence that surrounds abuse in homes and workplaces.

We are thankful to our international partners such as United Nations (UN) Women, the United States Agency for International Development (USAID), the Government of Canada, the United Nations Development Programme (UNDP), the Inter-American Development Bank (IDB) for their help in bolstering the framework for protection that we have, so far, put in place.

There is much work to be done in all the member states and by this Organization and its organs, such as the Inter-American Commission of Women, but we will not do enough—and we will not act quickly enough—unless all our member states do more than this annual observation, as important as it is.

The day for the Elimination of Violence Against Women should be every day in all that we do until our women and girls enjoy lives without violence.

Thank you, Mr. Chairman.

El PRESIDENTE: Muchas gracias, Embajador Ronald Sanders.

Vamos a ver si logramos conectar con la con la Ministra del Instituto Nacional de la Mujer (INAN) de Honduras, Ana Aminta Madrid.

Muchas gracias y adelante.

La MINISTRA DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER DE HONDURAS: Señora Epsy Campbell Barr, Vicepresidenta de la República Costa Rica; para todos y todas un fraterno saludo.

Es un verdadero honor compartir este espacio en representación del Estado hondureño y poder dirigirme al Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), una de las instancias más importantes y de mayor antigüedad en nuestro Hemisferio, pensada para articular las relaciones y coordinar a favor de la democracia, la seguridad y protección de los derechos humanos.

Considerando el alcance, es significativo para mí como Ministra de la Mujer en Honduras estar, aunque de forma virtual, en la Casa de las Américas en ocasión de conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, tal como fuese establecido por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el 17 de diciembre del año 1999, en honor a las tres hermanas Mirabal, activistas políticas dominicanas, denominadas desde aquel entonces como “mariposas”.

Me es importante señalar en esta conmemoración que las luchas de las mariposas en los años sesenta no dista de las luchas que las mujeres sobrellevamos en la actualidad desde diferentes trincheras, ya que las formas de violencia contra las mujeres y las niñas persisten en el tiempo y son unas de las violaciones de los derechos humanos más generalizadas.

La OEA a través de los años ha sido no solo testigo, sino agente de importantes recorridos y progresos en nuestra región en materia de derechos humanos de las mujeres, concretamente aquellos vinculantes al derecho a una vida libre de violencia. Desde espacios como este, se han estado impulsando relevantes procesos orientados a las transformaciones de nuestras sociedades y a la vida de las mujeres. Entre los llamados de la OEA, ha sido prioridad la erradicación de la violencia contra la mujer en todas sus formas y manifestaciones posicionándole como objetivo común y prioritario en el que los esfuerzos de todos los actores y todos los países son válidos.

Como Estado hondureño, desde el mecanismo que tengo el honor de dirigir, hemos realizado importantes acciones para garantizar el goce de los derechos de las mujeres hondureñas y, aunque reconocemos que aún existen retos, nos complace saber y compartir parte de estos avances.

El fortalecimiento financiero y técnico del mecanismo para el avance de la mujer ha representado el aumento del 100% del presupuesto y la ampliación de la cobertura en todo el territorio nacional. La puesta en marcha desde hace cinco años del programa “Ciudad Mujer” es por excelencia el programa para el empoderamiento de las mujeres hondureñas con calidad y con calidez, servicios que brindamos quince instituciones públicas a través de los módulos de atención especializada en seis centros que existen a lo largo y ancho del territorio nacional.

Hemos creado también una escuela de género que es una plataforma virtual cuyo objetivo es contribuir a través de la formación con la reducción de la desigualdad de discriminación de género mediante la promoción de cambios actitudinales en la sociedad en general. También tenemos el primer Observatorio Nacional de Género, herramienta interactiva y actualizada permite visualizar de manera oportuna las desigualdades entre mujeres y hombres a través de estadísticas e información con enfoque de género y dar seguimiento al cumplimiento de compromisos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres y equidad de género.

Como es de su conocimiento, la crisis sanitaria que aún vivimos tuvo consecuencias en la vida de las mujeres incrementándose la violencia. Es así como se crea la plataforma “Conecta”. Esta es una plataforma digital gratuita y confidencial a través de la cual se ofrecen servicios de operación general, psicológica, trabajos sociales, asesoría legal a mujeres sobrevivientes o en riesgo de cualquier tipo de violencia.

Hemos implementado también una estrategia de trabajo en el territorio local en el marco de la cual se han logrado el fortalecimiento de mecanismos para el adelanto de la mujer en el territorio local y se ha trabajado en el fortalecimiento, la participación plena de las mujeres y la coordinación interinstitucional para el impulso de procesos a favor de los derechos humanos de las mujeres. El Instituto Nacional de la Mujer (INAN) también ha trabajado en el fortalecimiento técnico y financiero de las casas refugio y de acogida existentes en Honduras brindando apalancamiento financiero para su funcionamiento. Adicionalmente, se trabaja en la aprobación de la Ley de Casas Refugio.

Aún con estos avances, como se citó antes, sabemos que la existencia de los retos mismos que pueden abusar en el contexto social y político que sitúa el actual proceso electoral en Honduras por la que trabajamos para mitigar dichos riesgos y no lo hacemos de forma unilateral; tenemos coordinación con las organizaciones de mujeres y mujeres feministas para asegurar continuidad de procesos en torno a la política nacional de la mujer a través del Tercer Plan de Igualdad y Equidad de Género, que después de 2022 deberá institucionalizarse. Así también la Ley Integral contra la Violencia hacia la Mujer, el Plan Nacional y muchos otros instrumentos que nos permitan afianzar en la normativa interna los temas relevantes para el logro de una igualdad sustantiva.

Finalmente, quiero aprovechar el espacio para recordarles que el 25 de noviembre también marca el comienzo de la campaña que plantea los dieciséis días de activismo que concluyen con el Día Internacional de los Derechos Humanos y que este año tiene el lema “Pinta el mundo de naranja: ¡pongamos fin a la violencia contra las mujeres ya!”. Les invito a que nos unamos al movimiento naranja que representa un futuro más brillante y libre de violencia contra mujeres y niñas.

Muchas gracias.

El PRESIDENTE: Muchas gracias, Ministra Ana Aminta Madrid.

Tiene ahora la palabra la Embajadora de México, Luz Elena Baños Rivas.

La REPRESENTANTE PERMANENTE DE MÉXICO: Muchas gracias, señor Presidente. Gracias por la valiosa intervención de todas las panelistas. Saludo la participación de la Ministra Mayra Jiménez, Presidenta de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM), y saludo con especial respeto la participación de la Presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Comisionada Antonia Urrejola Noguera, quien nos ha iluminado con sus reflexiones en esta sesión extraordinaria del Consejo Permanente.

México reitera su apoyo a la declaración sobre la Violencia Política contra las Mujeres, leída en este Consejo Permanente, y agradece a las delegaciones que la apoyaron. Mi Delegación se une nuevamente a la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer con una profunda preocupación por la situación que viven las mujeres, que no es la mejor, como lo ha hecho también en años anteriores. La pandemia del COVID-19 ha puesto de relieve que todas las mujeres y niñas —en particular las rurales, indígenas, afrodescendientes, migrantes, refugiadas, con discapacidad, adultas mayores, trabajadoras sexuales, mujeres trans, entre otras— son aquellas con mayor riesgo de sufrir violencia. Somos testigos de un incremento de diversos tipos de violencia contra las mujeres y las niñas en toda su diversidad, particularmente en el espacio público, la escuela, en el trabajo, en el ciberespacio, en la comunidad, en la política y las instituciones, entre otros lugares.

Mi Delegación rechaza contundentemente toda forma de violencia contra las mujeres y aprovecha esta oportunidad para honrar la memoria de las víctimas de la violencia de género y reafirmar el compromiso de México para erradicar la violencia contra las mujeres en toda su diversidad. Más que un grupo de la sociedad, las mujeres representan más de la mitad de la población del planeta, y su inclusión plena en todas las esferas de la vida pública es una condición necesaria para el fortalecimiento de la democracia.

México promueve marcos legales, programáticos e institucionales para erradicar la violencia contra las mujeres y niñas considerando sus causas y consecuencias teniendo en cuenta su naturaleza multifactorial y en sintonía con sus compromisos internacionales y encaminando acciones para lograr la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Por ello, junto con un grupo de delegaciones, promovimos las sesiones “Fortalecimiento de la Comisión Interamericana de Mujeres para la Promoción de la Igualdad de Género: los Derechos de las Mujeres” y “Fortalecimiento del Mecanismo de Seguimiento a la Implementación de la Convención de Belém do Pará (MESECVI)” en la resolución AG/RES. 2961 (L-O/20) sobre la Promoción y Protección de Derechos Humanos del pasado período ordinario de sesiones de la Asamblea General.

Trabajamos arduamente para incluir un lenguaje adecuado que supere la penosa realidad que viven las mujeres con la idea de que las resoluciones de la Organización de los Estados Americanos (OEA) sirvan para mejorar la situación de las niñas y mujeres que hoy lamentamos en este Consejo Permanente. Con sorpresa y con gran preocupación nos encontramos con un inusitado activismo para impedir el uso de este lenguaje; a tal grado ha llegado este activismo, que se trató de impedir el uso del lenguaje acordado en años anteriores de manera más enérgica que el año anterior. En las negociaciones sobre esta y otras secciones de la resolución de Promoción y Protección de Derechos Humanos, nuevamente encontramos resistencias, reserva ad-referéndum y otras argumentaciones —en muchos casos insólitos— que llevan la intencionalidad de retroceder en los derechos humanos de las mujeres.

Mi Delegación observa con preocupación que la OEA sea el triste escenario de un estancamiento dirigido a una franca involución y retroceso en materia de derechos humanos, concretamente de los derechos de las mujeres y niñas, y los temas de género. Es preocupante que siendo conscientes de la grave situación de violencia en que se encuentran las mujeres y niñas —sobre todo violencia doméstica y familiar, discriminación, falta de acceso a servicios de salud, conectividad, educación, empleo, etcétera—, nos encontremos en un ambiente adverso para avanzar en la promoción y protección de estos derechos. Ello no es consistente con el discurso de una organización que pretende promover sociedades democráticas en nuestra región; por lo que solicitamos que las convenciones interamericanas en la materia se cumplan para que esta preocupante situación no siga creciendo.

Lamentamos que en pleno siglo XXI, temas y conceptos como mujeres —en toda su diversidad—, interseccionalidad, derechos sexuales y reproductivos, autonomía de las mujeres generen tanto debate y no tengan cabida plena en la OEA, a pesar de que instrumentos interamericanos vinculantes los han incluido en sus textos. Algo está mal en nuestra Organización cuando estos conceptos que han sido formulados para apuntalar los derechos de las mujeres y niñas son debatidos con tanta energía y rechazados en largas y vergonzosas sesiones. En consecuencia, México hace un enérgico llamado de atención para saldar una deuda con más de la mitad de la población mundial y trabajar por que la democracia sea una forma de vida que trascienda los procesos electorales y beneficie la vida de las personas.

Señor Presidente, la violencia contra las mujeres y las niñas es multicausal y multidimensional; deriva de una discriminación vinculada a estereotipos machistas y patriarcales, a masculinidades tóxicas; su erradicación implica retos complejos derivados de sus múltiples manifestaciones. No alcanzaremos los objetivos de la Convención de Belém do Pará, ni los de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, mientras no pongamos fin a estas violencias que empieza con el uso del lenguaje.

Los grandes desafíos de la agenda multilateral implican una visión y rumbo transformador con responsabilidad compartida de todos los actores. Promovamos juntos una política multilateral en favor de los derechos de las mujeres y niñas en toda su diversidad para eliminar las brechas estructurales y desigualdades de género como condición indispensable para desarrollarnos como sociedades democráticas donde la OEA sea un espacio para la progresividad de los derechos humanos, no para su involución. Empecemos erradicando la violencia con una transformación desde el origen y no escatimemos conceptos que benefician la vida de las mujeres.

México seguirá defendiendo estas causas convencido de que hacerlo es contribuir al cumplimiento de todos los derechos para todas las personas.

Gracias, señor Presidente.

El PRESIDENTE: Muchas gracias, Embajadora Luz Elena Baños Rivas.

Tiene la palabra la Delegación del Paraguay.

El REPRESENTANTE INTERINO DEL PARAGUAY: Señor Presidente, el Paraguay se une a la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer haciendo un especial llamado a todos los países del Hemisferio a seguir enfrentando este flagelo global buscando respuestas enérgicas y rápidas con miras a alcanzar la meta establecida por nuestros estados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

La violencia contra la mujer es aún un obstáculo para los tan anhelados valores de igualdad, desarrollo, paz y respeto de los derechos humanos de las mujeres y niñas en nuestros países. Mi país, consciente de que el feminicidio sigue cobrando la vida de miles de mujeres, dejando huérfanos a niños y niñas y el aumento de casos debido a la pandemia del COVID-19, ha implementado políticas estratégicas que apuntan a paliar la situación como la atención temprana para casos de agresión física y psicológica y la consolidación de un observatorio de la mujer que hace posible datos sistematizados y visibilizados.

Esta misma mañana, asimismo, nos honra que, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Presidente de la República del Paraguay, señor Mario Abdo Benítez, haya firmado en un evento un acta de compromiso para el cumplimiento de la Ley N° 5.777/16, titulada “Protección integral a las mujeres contra toda forma de violencia”. Igualmente, a través del Ministerio de la Mujer del Paraguay, se lleva a cabo una estrategia para el involucramiento de los hombres en la promoción de la igualdad de género y en la prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas. La estrategia está contenida en el programa titulado “Programa Socioeducativo con Hombres para las Relaciones Sanas y Justas en la Familia” que incluye una cartera de proyectos para ser implementados gradualmente y ajustándolos a las prioridades de ese ministerio y a la realidad del país.

Finalmente, instamos a poner nuestros mejores esfuerzos en esta problemática. Las mujeres han cambiado y seguirán cambiando el mundo; son el motor de la existencia humana. Por ello, es imperativo seguir trabajando con todos los actores involucrados incluyendo la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) y las autoridades nacionales, como nuestros ministerios de La Mujer, y así lograr el tan esperado desarrollo sostenible que tiene como resultado sociedades más justas, igualitarias y pacíficas y sin ninguna menos.

Muchas gracias, señor Presidente.

El PRESIDENTE: Muchas gracias, Raúl Martínez.

Tiene ahora la palabra la Delegación de Colombia.

La REPRESENTANTE ALTERNA DE COLOMBIA: Buenos días, señor Presidente. La Delegación de Colombia quiere agradecer todas las presentaciones introductorias; un saludo especial la señora Vicepresidenta de Costa Rica y a las señoras ministras.

Colombia se une hoy como copatrocinador de esta conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Creemos que debemos ser un país garante de la equidad de género, en donde todos los actores de la sociedad luchen sin tregua contra la violencia por razón de género.

El acabar la violencia contra la mujer debe aplicarse en todos los sectores, en todos los ámbitos, en todos los momentos y no puede ser ocasión de un solo día. Además de eliminar todo tipo de violencia contra las mujeres, estamos buscando también garantizar la promoción, el desarrollo, el impulso y la participación de las mujeres en todos los escenarios de liderazgo de la sociedad.

Para Colombia es evidente el papel central que juegan las mujeres en la erradicación de la pobreza, el desarrollo sostenible, el crecimiento inclusivo del país, el aumento de la productividad y la consolidación de los valores democráticos. Los temas de mujer y género son prioritarios también en la promoción, defensa y posicionamiento de los intereses nacionales de la política exterior.

En relación con la equidad de género, ha sido prioritario en este último año el empoderamiento económico de las mujeres y la lucha contra la violencia de género [la cuál ha sido] exacerbada dramáticamente por la pandemia ocasionada por el COVID-19. Tenemos que reconocer también que los efectos económicos y en diferentes ámbitos de la pandemia no han sido homogéneos en todos los grupos poblacionales. Por lo tanto, defendemos la importancia de identificar y diferenciar las condiciones asociadas a las mujeres migrantes, indígenas, afrodescendientes y aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Cada contexto es distinto y debe verse desde un enfoque que comprenda la interconexión de formas múltiples de discriminación, exclusión y desigualdad para así asegurar una agenda de reactivación económica incluyente.

Colombia defiende la reducción de las brechas educativas, la necesidad de fortalecer la infraestructura del cuidado, la participación de las mujeres en sectores típicamente masculinizados y en las áreas de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemática (STEM, por sus siglas en ingles), así como el fortalecimiento de los emprendimientos liderados por las mujeres. Creemos que no habrá políticas exitosas si no transformamos de fondo los factores sociales y culturales que determinan tanto las violencias como las desigualdades entre hombres y mujeres.

Muchas gracias, señor Presidente.

El PRESIDENTE: Muchas gracias a la Delegación de Colombia.

Tiene ahora la palabra la Delegación del Brasil.

La REPRESENTANTE ALTERNA DEL BRASIL: Obrigada, Senhor Presidente. Agradeço às missões propositoras desta sessão extraordinária e, de forma especial, a todas as ilustres palestrantes a quem cumprimento e agradeço pelas importantes intervenções.

O combate à violência contra mulheres e meninas é uma das prioridades do Governo brasileiro, como se pode observar, pelo fortalecimento da Agenda Doméstica do tema, implementada pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.

Comemora-se neste ano os 15 anos de vigência da Lei Maria da Penha, referência internacional no tema. Até o momento, o Governo do Presidente Jair Bolsonaro já sancionou oito leis que aperfeiçoam a mencionada lei. Em 2021, foi publicada lei que inclui artigo no Código Penal para tipificar os crimes de perseguição – Stalking –, bem como, lei que institui o Formulário Nacional de Avaliação de Risco, com o intuito de prevenir feminicídios.

No âmbito do Plano de Enfrentamento ao Feminicídio, o Governo brasileiro tem buscado a ampliação da Rede de Casas da Mulher Brasileira, como espaço que reúne diversos serviços de proteção, como, delegacia, psicólogos e acolhimento para quem foi vítima de violência. Estas medidas representam conquistas para as mulheres do Brasil e buscam se adequar às novas modalidades de crimes, especialmente aqueles realizados na esfera digital.

O Brasil buscou ampliar e aprimorar as plataformas de atendimento do Disque 100 e do Ligue 180 durante a pandemia, a fim de conferir maior rapidez e eficácia ao processamento e apuração de denúncias, cuja incidência aumentou no período. A Lei No 14.022, de 2020, prevê medidas de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher, crianças, adolescentes, pessoas idosas e pessoas com deficiência durante o estado de emergência de saúde pública decorrente da COVID-19.

O Canal de Atendimento Ligue 180 também passou a contar com atendimento específico de denúncias por mulheres vítimas de violência política, que tem como objetivo simplificar e agilizar o atendimento e a comunicação da denúncia ao Ministério Público Eleitoral, por meio da Ouvidoria das Mulheres do Conselho Nacional do Ministério Público.

O Brasil tem, ademais, investido em políticas que fomentam a autonomia econômica e social das mulheres para o rompimento do ciclo de abuso e violência. Exemplo disso é o Projeto Qualifica Mulher, que promove ações de qualificação e capacitação feminina, com o objetivo de promover a autonomia das mulheres.

O Projeto Mais Mulheres no Poder, instituído por meio da Portaria No 2027, de 26 de agosto de 2020, visa fomentar e fortalecer a participação política, democrática e igualitária das mulheres nos espaços de poder e decisão, além de promover e fortalecer o conceito de cidadania participativa, por meio do debate sobre o papel da mulher nos espaços políticos e de liderança; do estímulo da participação das mulheres em casos de poder de decisão nos poderes das três esferas federativas; amplia sua representatividade em um ambiente democrático, em condições de igualdade. Muito obrigada, Senhor Presidente.

El PRESIDENTE: Agradezco a la Delegación del Brasil.

Concedo ahora la palabra al Embajador Anthony Phillips-Spencer de Trinidad y Tobago.

El REPRESENTANTE PERMANENTE DE TRINIDAD Y TOBAGO: Good morning, Chair. I acknowledge the presence and the very excellent statements delivered by the Vice President of Costa Rica, Her Excellency Epsy Campbell Bar; and the ministers from the respective member states that spoke.

Chair, it is an honor to deliver this statement on behalf of the Government and people of the Republic of Trinidad and Tobago to advance and promote the observance of the International Day for the Elimination of Violence Against Women under the theme “Orange the World: End Violence Against Women Now!”

As one of the sponsoring delegations to call for this special meeting of the Permanent Council, Trinidad and Tobago continues to add its voice with the international community in calling for an end to violence against women, particularly in light of the alarming increase in both reported and unreported incidences of gender-based violence since the onset of the COVID-19 pandemic.

It is imperative for us to continue to take deliberate actions to ensure that the pandemic does not reverse the strides that have been made in eliminating violence against women and in advancing gender equality.

As a signatory to the Inter-American Convention on the Prevention, Punishment, and Eradication of Violence against Women (Belém do Pará Convention) and the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), the Government of the Republic of Trinidad and Tobago remains firmly committed to its international obligations and will continue to place the elimination of violence against women at the top of its national policy and program agenda.

Through the Office of the Prime Minister - Gender and Child Affairs Division, our Government continues to mainstream gender equality and implement the policy measures contained in our national policy on gender and development. It is noteworthy that the government continues to honor its commitment to the elimination of violence against women and girls not only in Trinidad and Tobago, but also in this Hemisphere through annual financial contributions to support the work of the Inter-American Commission of Women (CIM) in its capacity as the Technical Secretariat of the Follow-up Mechanism to the Belém do Pará Convention (MESECVI).

Further, the Division, in partnership with United Nations (UN) Women, this year conducted a gender impact assessment of COVID-19 in Trinidad and Tobago. The aim of the assessment was to detect and assess the different gender impacts or effects of COVID-19 mitigation and recovery measures, which may have contributed to any law, policy, or program, generated [to address] gender inequalities and to assist in refining our response initiatives to address those inequalities.

Chair, in addition to the activities that we will undertake for the 16 days of activism, our Gender and Child Affairs Division, with the assistance of the United Nations Population Fund (UNPF), has upgraded its Central Registry on Domestic violence. The update of this database is expected to facilitate a more robust tracking and management system for gender-based violence as a means of improving the overall national response to this terrible social malady.

To this end, the Division, in collaboration with UNPF hosted a two-day workshop entitled “End User Training for the Trinidad & Tobago Central Registry on Gender Based Violence” for representatives of civil society organizations, government agencies, government shelters, counseling agencies, and staff of the Office of the Prime Minister.

The Gender Affairs Division also continues to support the work of national domestic violence shelters and over the past year, 94 women and children received a suite of services including psychotherapy, access to online court services, protection orders, and government grants, medical, psychological, and housing needs of these women and children who also attended to during this period.

In closing Chair, this delegation reiterates that the Government of the Republic of Trinidad and Tobago remains firmly committed to the elimination of every single form of violence against women and girls.

This delegation will continue to work closely with stakeholders including our fellow member states, permanent observers, and the General Secretary of the Organization of American States to protect and improve the lives of all women and girls in our Hemisphere.

Thank you, Chair, excellencies, and distinguished colleagues.

El PRESIDENTE: Muchas gracias, Embajador Anthony Phillips-Spencer.

Tiene ahora la palabra la Delegación de Guatemala.

La REPRESENTANTE ALTERNA DE GUATEMALA: Muchas gracias, señor Presidente.

Mi Delegación agradece la presencia del Secretario General, señor Luis Almagro; del Secretario General Adjunto, Embajador Nestor Mendez; así como a las distinguidas panelistas en esta sesión extraordinaria del Consejo Permanente para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Señor Presidente, en mi país las contribuciones de las mujeres guatemaltecas son innumerables, tanto en la economía familiar y emprendimiento, así como en su liderazgo y participación política. Las mujeres tienen actualmente un panorama más alentador que hace veinte años. No obstante, estas oportunidades no han llegado a todos los ámbitos de la vida de las mujeres, ni a todas por igual. En este contexto, la violencia contra las mujeres, la desaparición y la trata de personas continúa afectando la situación y condición de las mujeres y limitando su autonomía económica y política.

Por esa razón, el Estado de Guatemala ha priorizado en su abordaje a través de la generación de marcos normativos institucionales de las entidades que conforman el sector Justicia, la adopción de medidas de políticas públicas y administrativas, la creación de mecanismos de coordinación interinstitucional y la formación especializada de recursos humanos que estén enfocados a la prevención, atención y sanción.

En materia de creación de marcos normativos, se ha fortalecido la normativa interna en violencia contra la mujer a través de iniciativas de ley que amplían la concepción y abordaje de la problemática. La presentación de la Ley N° 5511, iniciativa que dispone abordar la Ley Marco para la protección integral a la niña víctima de violencia sexual, tiene por objeto establecer normas y mecanismos que orienten la protección integral a la niña víctima de violencia sexual. Además, se ha presentado la iniciativa de Ley N° 5890, que dispone aprobar una ley para la prevención, atención y sanción de la violencia sexual y psicológica de la mujer dentro de instituciones públicas. En el marco de políticas públicas y planes nacionales, se actualizó el Plan Nacional de la Prevención de la Violencia contra la Mujer (PLANOVI) para el período 2020-2029, el cual se encuentra a cargo de la Coordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y contra las Mujeres (CONAPREVI) y liderado por la Secretaría Presidencial de la Mujer.

El PLANOVI es el instrumento de política del Estado de Guatemala más importante en materia de violencia contra la mujer y este año se aprobó la estrategia de implementación del año 2020 al año 2029, la cual consiste en un conjunto de lineamientos técnicos que, en armonía con las directrices generales establecidas en el Plan, permitirán definir la ruta para su implementación identificando etapas, entidades competentes en la ejecución y el plazo para llevarla a cabo.

Por otro lado, uno de los avances significativos sobre la atención especializada es la elaboración del Modelo de Atención Integral para las Mujeres Víctimas de Violencia (IxKem) coordinado con el Ministerio Público, el cual tiene como objetivo ofrecer su atención especializada minimizando la victimización secundaria en los pasos a la denuncia, abordaje, entrevista, medidas de seguridad y referencia mediante servicios diferenciados, articulados, multidisciplinarios, especializados y centralizados en un solo lugar en materia penal, familia, salud, educación y empoderamiento económico que responda de manera efectiva e integral a las necesidades e intereses de justicia a las víctimas desde la presentación de su denuncia hasta la finalización del proceso penal. Asimismo, me permito compartir que el sistema judicial guatemalteco también está comprometido en la eliminación de la violencia contra las mujeres, por lo que el organismo judicial inauguró en el año 2020 los Juzgados y Tribunales Penales de Delitos de Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer y Violencia Sexual en los departamentos de Santa Rosa, Baja Verapaz y Zacapa contando con organismos especializados en diecisiete departamentos del país.

Señor Presidente, es importante que como Estados Miembros de esta Organización promovamos y defendamos los derechos de las mujeres y niñas, especialmente el derecho a vivir sin violencia, así como la implementación de los instrumentos interamericanos e internacionales en la materia.

Para concluir, mi Delegación desea agradecer a la Organización de Mujeres de las Américas (OMA) por la iniciativa de la caminata por una causa, realizada el 20 de noviembre del presente [año] en conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, así como el agradecimiento a todos los participantes por sus valiosas contribuciones.

Muchas gracias, Presidente.

El PRESIDENTE: Muchas gracias a la Delegación de Guatemala.

Tiene ahora la palabra la Delegación de los Estados Unidos de América.

La REPRESENTANTE ALTERNA DE LOS ESTADOS UNIDOS: Thank you, Chair.

It is a pleasure to be here today and provide the United States intervention on this very important topic. I am Leora Falk and I serve as a Gender Adviser focused on the Americas in the US Department of State Secretary’s Office of Global Women’s Issues.

I am honored to be speaking with you today just before the International Day for the Elimination of Violence Against Women and the 16 days of Activism against Gender-Based Violence. Preventing and responding to all forms of gender-based violence is a cornerstone of the United States Government’s commitment to promoting democracy, advancing human rights, and furthering gender equality and the empowerment of all women and girls. We are thankful to be here with you today to share our commitment.

Like my esteemed colleagues have described this morning, no country has managed to eliminate gender-based violence. Though there have been good faith efforts, deep seated cultural norms, and lack of sufficient resources hinder our efforts. Unfortunately, our region has some of the highest rates of Femicide and other forms of gender-based violence (GBV) in the world.

As we all know, gender-based violence deprives women of their safety, prevents them from fully participating in the economy, and hinders their civic and political leadership. And as we heard earlier, women’s full participation is essential for addressing the multilayered gender-based violence crisis.

In some circumstances, women are afraid to expand their businesses because they fear that increased affluence will make them target for street harassment, violence, or extortion. And there are countries where women choose not to run for office because of the gender-based harassment they will face both online and offline; this term harms all of us, both in the immediate term and in the long run.

As we heard globally, one in three women will face gender-based violence in her lifetime, and women who are part of historically marginalized groups are at increased risk of violence. As Vice President Epsy Campbell Barr and many others noted, gender-based violence increased during the COVID-19 pandemic, particularly domestic violence.

Gender-based violence prevention and response must be prioritized in the COVID-19 response and beyond that, we must address the rights of women and girls at all stages of life. There are signs of progress across the region. Women leaders have taken incredible action to offer increased resources to survivors to push for a reduction in impunity, and to change attitudes and social norms.

In addition to the many efforts highlighted by the governments today, in Argentina, all applicants for the first driver’s license are now required to take a course on gender and gender-based violence. In Panama, resource Centers for gender-based violence survivors also provide information and resources about economic opportunities, so survivors can gain back their independence and sense of agency. In several countries during the pandemic, pharmacies became safe spaces for reporting gender-based violence.

Countries across the region are working to decrease impunity from, increase prosecution of, and provide services for survivors of gender-based violence. And in the United States, we have also taken important steps forward to strengthen our collective response to gender-based violence. In October, the Biden-Harris Administration issued our first ever United States National Gender Strategy to advance the rights and empowerment of women and girls in all their diversity in the United States and around the world.

With the launch of the Gender Strategy, the United States also reaffirms its commitment to enabling the full potential of all individuals. In addition to the Gender Strategy, the White House Gender Policy Council and National Security Council are coordinating a comprehensive interagency response to gender-based violence domestically and abroad. This includes creating a National Action Plan to End Gender Based Violence that establishes a US domestic approach to comprehensively addressing gender based violence and revitalizing our global efforts by updating the 2016 United States Strategy to prevent and respond to gender-based violence globally.

We also recognize that gender-based violence is a root cause of migration, and we have listed it as one of the five pillars in the United States strategy to address root causes of migration from Central America to the United States, but we have a long way to go. I am hardened by the decision of the Organization of American States (OAS) told this session specifically focused on this issue; it is a reflection of the fact that gender-based violence has insidious impacts in all parts of our society. We cannot have prosperous, safe societies when people are worried that their gender or sexuality will put them at risk of violence.

These discussions are an essential step in moving forwards towards the Americas, where everyone can fully and safely participate in stable and prosperous societies.

Thank you very much.

El PRESIDENTE: Muchas gracias a la Delegación de los Estados Unidos.

Tiene ahora la palabra la Delegación del Canadá.

El REPRESENTANTE PERMANENTE DEL CANADÁ: Thank you very much, Mr. Chair.

I would like to start by thanking you and thanking, of course, the panelists for the presentations this morning. We welcome the opportunity to mark the International Day for the Elimination of Violence Against Women. We are proud to support today’s Declaration on Political Violence Against Women, which highlights the ongoing violence women in our region continue to face, and calls on member states to step up their efforts in combating the unacceptable status quo.

I want to touch on two issues what Canada is doing at home and what we are doing abroad.

At home, the Government of Canada has engaged civil society stakeholders extensively, working closely with provincial territorial governments, as well as Indigenous partners to develop its National Action Plan to End Gender-Based Violence. This means, among other things, understanding how violence is amplified in the lives of Indigenous women, girls, two-spirit, and Indigenous LGBTI people across Canada.

A few months ago, the 2021 Missing and Murdered Indigenous Women, Girls, and Two Spirit, Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer, Questioning, Intersex, and Asexual Plus (MMIWG2SLGBTQQIA+) National Action Plan was released. The Government of Canada will work with Indigenous partners to develop an implementation plan.

Internationally, Mr. Chair, since the launch of Canada’s Feminist International Assistance Policy, Canada has tripled its annual investment in tackling sexual and gender-based violence from CAD$29 million in 2017 to CAD$88 million in 2020-2021. We know that sexual and gender-based violence does not occur in a vacuum. Certain groups of women, girls, and gender diverse persons experienced heightened rates of abuse as well as unique barriers to justice and support services.

As we work to prevent and to end sexual and gender-based violence, decision makers must take into account women and girls in all their diversity and account for race, indigeneity, disability, sexual orientation, gender identity, income, age, and more. Women’s full, equal, and meaningful participation will not be attainable until sexual and gender-based violence is eliminated.

In this context, we would like to thank both the Inter-American Commission of Women (CIM) and the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) for their efforts in combating discrimination and violence against women and girls in the region. We are pleased to have supported critical efforts in this area by both the Inter-American Commission of Women and the Inter-American Commission on Human Rights in the last several years.

Mr. Chair, I will continue in French.

Notre financement du projet de lutte contre la discrimination et la violence à l’égard des femmes en Amérique latine et dans les Caraïbes a permis à la Commission interaméricaine des femmes de protéger environ 73 000 femmes et filles, personnes LGBTQI, groupes et Communautés Indigènes dans la région ainsi que de former plus de 1600 parties prenantes sur l’utilisation du système interaméricain des droits de la personne pour mieux défendre les droits des femmes, des filles et des adolescentes dans la région. Ces projets ont mis en évidence la capacité de la Commission interaméricaine des femmes à travailler avec les États membres pour accroître la protection des femmes et des filles. En effet, 15 pays ont rapporté des mesures de précaution et des politiques publiques pour protéger les femmes et les filles pendant la pandémie en s’appuyant sur la résolution de la Commission interaméricaine des femmes.

Le Canada continuera de s’engager auprès de la Commission interaméricaine des femmes pour voir comment nous pouvons nous associer au mieux pour plus de justice dans toute la région. Nous continuerons d’encourager la collaboration avec les organisations, les mouvements de défense des droits de la personne, des droits des femmes, pardon, compte tenu des rôles importantes qui jouent dans les changements sociaux en faveur de l’égalité des sexes. Nous continuerons aussi à donner la priorité aux investissements, aux partenaires et aux efforts de plaidoyers qui ont le plus grand potentiel pour combler les écarts entre les sexes pour éliminer les obstacles à l’égalité des sexes et à l’autonomisation de toutes les femmes et les filles et pour aider à atteindre les objectifs de développement durable.

Merci, Monsieur le Président.

El PRESIDENTE: Muchas gracias a la Delegación del Canadá.

Tiene ahora la palabra la Delegación del Uruguay.

El REPRESENTANTE PERMANENTE DEL URUGUAY: Thank you, Mr. Chair.

Gender equality as a state policy in Uruguay is based on the progress already achieved in terms of regulation and public policy for the exercise of rights through the coordinated work of all state organizations.

When referring to gender equality, special attention should be placed on the international commitment assumed by Uruguay within the framework of the Beijing Declaration and Platform for Action; the Regional Gender Agenda; the 2030 Agenda for Sustainable Development; the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Woman (CEDAW), and the recommendations issued to the Uruguayan state by its Follow-up Committee; the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (CERD), and the recommendations issued to the Uruguayan state by its Follow-up Committee; the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), and the recommendations issued to Uruguay by its Committee; the Montevideo Strategy for the Implementation of the Regional Gender Agenda within the Sustainable Development Framework by 2030 to agree with conclusions adopted by the Commission on the Status of Women (CSW), among others.

All of these commitments are essential to us, and we are serious when we assume this task. In this scenario, the advances in terms of formal equality are the most convincing. Legislative work to update the regulatory framework for gender equality has been very stimulating since the recovery of democracy with new norms aimed of overcoming situation of inequality, discrimination in the areas of political participation; labor law; sexual reproductive rights; gender-based violence; care; Social Security protection; racial discrimination; family, civil and criminal law.

Uruguay is still in debt with gender equality. Inequalities persist between women and men and there are also inequalities or different opportunities more on women. The socioeconomic factor, age, ethnic, racial, sexual or gender identity, and place of residence are some of the factors that structure inequality. It is because of these reasons that our country has different mechanisms to continue seeking gender equality understood as privileged spaces for the development of an intersectional public policy. Our Vice President Beatriz Argimón and the Director of the National Institute of Women Mónica Botero are not women with a soft voice. They make their claim felt, which we know we must support.

As part of the commitment to the Gender Agenda in Uruguay, the current administration outlined four priorities to work during this period of government: Gender-based violence against women and children; economic autonomy; totalitarianizing of equality policy within our country; political participation in areas of decision-making.

I would like to emphasize that my country signed a high priority to gender policies and although it is internationally recognized for its leadership at the regional and global level in the promotion and protection of human rights, it has had to declare gender-based violence against women as a national emergency; a real calamity that has been aggravated by the pandemic. Therefore, one of the priorities of the Uruguayan Government in the Human Rights Agenda is to combat violence in general and violence against women, in particular.

I have worked as a lawyer for years and gender violence it is an issue that impacts us, and we cannot deny it. It is why in Uruguay few years ago, the concept of femicide was created as a criminal offense. That debate was not in vain because violence faced by women in various areas of their lives by their partner or ex-partner as the main aggressor remains particularly high in our country, being the main challenge for public policy on gender.

The National Advisory Council for a Life Free of Gender Violence Against Women replaced the former National Advisory Council Against Domestic Violence. In addition, as part of compliance with the Law 19580, the Observatory on Gender-based Violence against Women is set up to monitor, collect, produce, record, and permanently systematize data and information of violence against women.

We will continue in this line. The fight to reduce gender violence is a daily battle, it concerns us all. That reflects when a democracy is assumed as such.

Thank you, Mr. Chair.

El PRESIDENTE: I thank the delegation of Uruguay.

Tiene ahora la palabra la Delegación de la República Dominicana.

La REPRESENTANTE ALTERNA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA: Gracias, señor Presidente.

Agradecemos a la Presidencia de este Consejo Permanente por permitirnos abordar ese tema tan importante y central para la República Dominicana, y nuestro agradecimiento especial a todas las excelentes ponentes que nos han precedido, en particular, a la Vicepresidenta de Costa Rica, a la Presidenta de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) y a la Ministra de la Mujer en Nicaragua y Panamá, así como la representación del Ecuador y la Comisionada Antonia Urrejola Noguera. Señor Secretario General, Secretario General Adjunto, embajadores representantes permanentes y alternos.

Iniciamos nuestras palabras mencionando a Salomé Ureña, poetisa dominicana del siglo XIX, quien en su poema “Mi Ofrenda a la Patria” dejó plasmada la importancia de la educación en las mujeres. La vinculación de Salomé Ureña a la evolución del pensamiento social y político de su época es evidente, logrando fomentar la participación de las mujeres no sólo en la educación, sino también en la salud y en la política; lo que es más importante aun transmitiéndoles una versión temprana de empoderamiento.

En el interés de garantizar los derechos humanos de las mujeres y con el objetivo de eliminar la violencia en contra de la mujer, el Gobierno de la República Dominicana ha fortalecido al Ministerio de la Mujer priorizando sus acciones y aumentando la asignación de recursos financieros, así como la capacidad y competencia para poder hacer investigación y análisis e influir en las políticas públicas, revisar la legislación vigente con el objetivo de adaptarla a los tiempos actuales en materia de género y lucha contra el flagelo de la violencia contra las mujeres. De igual forma, el Ministerio lleva a cabo funciones de comunicación, coordinación y vigilancia de la aplicación de las políticas con perspectivas de género.

El rol de Ministerio de la Mujer de la República Dominicana se encuentra reflejado en nuestra Constitución en su artículo 39, el cual promueve las medidas necesarias para garantizar la erradicación de las desigualdades y la discriminación de género con la misión de definir y liderar la ejecución de políticas públicas, planes y programas que contribuyan a la igualdad y la equidad de género y al pleno ejercicio de la ciudadanía de las mujeres.

Nuestro país está también comprometido a implementar políticas sensibles a las desigualdades de género para mitigar los efectos de crisis y recesión económicas en la vida de las mujeres promoviendo los marcos normativos y políticos que dinamicen la economía en sectores claves incluyendo los cuidados, integrando la perspectiva de género en las políticas nacionales de adaptación al cambio climático y migratorio y la mitigación de sus efectos, y reconociendo sus impactos diferenciados en las mujeres, las adolescentes y las niñas.

Como órgano rector de las normas y como coordinador de la ejecución de políticas, planes y programas en el ámbito sectorial, interministerial y con la sociedad civil, nuestro Ministerio de la Mujer está dirigido a lograr la equidad de género y el pleno ejercicio de la ciudadanía por parte de las mujeres. Así lo confiere nuestra Ley 8699 del Estado dominicano.

En el mes de noviembre, en el cual nos reunimos para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia en Contra de la Mujer, en nuestro país hemos presentado varios programas para la prevención de este flagelo recordando que no solo ya en la memoria colectiva de todos y todas las dominicanas y en la región, en esta fecha recordamos cómo perecieron Patricia, Minerva y María Teresa Mirabal, víctimas de un acto vil que segó sus vidas.

Las hermanas Mirabal serán por siempre símbolo de la lucha que tenemos todos los pueblos contra la violencia ejercida contra las mujeres; como tal, lo abordamos de manera multidisciplinaria y, en efecto, la meta de igualdad de género jamás podrá ser alcanzada sin antes eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres.

En este sentido, señor Presidente, y en ocasión de la conmemoración de este día, me permito dar lectura a la declaración sobre la Violencia Política contra las Mujeres, la cual ha sido suscrita por las siguientes delegaciones:

“LAS MISIONES PERMANENTES DE ARGENTINA, CANADÁ, COSTA RICA, CHILE, ECUADOR, EL SALVADOR, HONDURAS, MÉXICO, PANAMÁ, PERÚ, REPÚBLICA DOMINICANA, URUGUAY Y VENEZUELA,

CONSIDERANDO la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención Interamericana sobre la Concesión de los Derechos Políticos a la Mujer, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, “Protocolo de San Salvador” y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención de Belém do Pará, como instrumentos cuyo fin es proteger los derechos humanos de las mujeres y niñas en toda su diversidad y recordar a los Estados su deber de diseñar e implementar medidas y políticas para prevenir, sancionar y erradicar las discriminaciones y las violencias por motivos de género tanto en los ámbitos público como privado;

TOMANDO EN CUENTA la declaración sobre la violencia y el acoso político contra las mujeres que las autoridades nacionales competentes del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención de Belém do Pará (MESECVI) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), suscribieron en el 2015, en ocasión de la VI Conferencia de Estados Parte de la Convención de Belém do Pará;

REITERANDO los compromisos asumidos por los Estados en la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, en particular el Consenso de Quito (2007), el Consenso de Brasilia (2010), el Consenso de Santo Domingo (2013), la Estrategia de Montevideo para la Implementación de la Agenda Regional de Género en el Marco del Desarrollo Sostenible hacia 2030 (2016) y el Compromiso de Santiago (2020), como así también el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo (2013) adoptado en la Primera Reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe y los compromisos asumidos por los Estados en la Declaración y Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995), el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (El Cairo, 1994), y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (2015), especialmente a través de su Objetivo 5 “Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas”;

TOMANDO EN CUENTA la Declaración de Santo Domingo sobre la igualdad y la autonomía en el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres para el fortalecimiento de la democracia que, adoptada en la XXXVIII Asamblea de Delegadas de la CIM en 2019, contempla el compromiso de redoblar los esfuerzos para lograr la igualdad y la autonomía en el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres y el acceso a los cargos de liderazgo y toma de decisiones en todos los espacios de la vida pública y política en condiciones de igualdad y libres de violencia; y

REITERANDO la profunda preocupación manifestada en diferentes instrumentos ante el acoso y la violencia política y administrativa que experimentan las mujeres en toda su diversidad en el acceso a los puestos de decisión por vía electoral o por designación, tanto en el nivel nacional como local, así como en los partidos y movimientos políticos, problemática que impera en el Hemisferio limitando su acceso al sistema de representación y, por tanto, a la toma de decisiones impidiendo de esta forma una democracia representativa y participativa en la región,

DECLARAN QUE:

1. Los estados parte tienen la obligación de cumplir con los instrumentos internacionales antes mencionados y para que mujeres y hombres participen en condiciones de igualdad sustantiva en la vida política garantizando el acceso de las mujeres en toda su diversidad a cargos políticos, jerárquicos y de toma de decisión sin discriminación ni violencia.

2. La participación política igualitaria de mujeres y hombres es un componente esencial de la democracia; y que es indispensable implementar las medidas conducentes para alcanzar la participación plena igualitaria y significativa de las mujeres en toda su diversidad en el sistema democrático.

3. Se deben impulsar políticas públicas que promuevan, en el marco estatal administrativo, en las instituciones electorales, en las organizaciones de partidos políticos y en otras entidades pertinentes, la adopción e implementación de medidas para erradicar la violencia política contras las mujeres en toda su diversidad, proteger sus derechos electorales y asegurar un abordaje integral para combatir la impunidad, prestando particular atención cuando los perpetradores ocupan cargos públicos o son candidatos a ocuparlos.

4. Las leyes de paridad adquieren especial relevancia para garantizar el acceso en condiciones igualitarias de las mujeres en toda su diversidad a espacios de representación política.

5. Es necesario adoptar todas las medidas de acción positiva y todos los mecanismos pertinentes incluidas las reformas legislativas y las asignaciones presupuestarias desde un enfoque interseccional para garantizar la plena participación de las mujeres en toda su diversidad en cargos públicos y de representación política en todos los poderes y niveles de los Estados, especialmente políticas focalizadas para asegurar igualdad en los gobiernos locales y en los poderes judiciales.

6. Es fundamental reconocer la violencia política como una forma de violencia contra las mujeres en toda su diversidad y promover activamente incorporación en los ordenamientos jurídicos internos.

7. La importancia de apoyar la labor de la Comisión Interamericana de Mujeres y del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer , Convención de Belém do Pará (MESECVI) para que se continúe trabajando hacia una región libre de toda violencia y acoso político asegurando la participación sustantiva de las mujeres en toda su diversidad en la política en los procesos electorales y en la toma de decisiones para resguardar la democracia representativa y participativa en el Hemisferio”.

No quisiéramos terminar, señor Presidente, sin agradecer a las de las delegaciones por su apoyo a esta declaración.

Muchas gracias, señor Presidente.

El PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Gustavo Tarre de Venezuela.

El REPRESENTANTE PERMANENTE DE VENEZUELA: Muchas gracias, señor Presidente.

Quisiera empezar estas palabras solicitando que sea registrado el apoyo de Venezuela a la declaración que acaba de ser leída por la delegación dominicana. Nos sumamos plenamente a todo lo que esa declaración expresa.

La Delegación de Venezuela le agradece, señor Presidente, esta convocatoria, así como a todas las distinguidas personalidades que nos acompañan hoy, a quienes congratulamos por sus excelentes exposiciones.

La protección de los derechos de las mujeres, las adolescentes y las niñas para que disfruten de una vida libre de violencia es particularmente difícil en un país como Venezuela sin Estado de derecho y sin instituciones sólidas e independientes a las cuales recurrir en busca de protección. Esto ocurre, además, en el contexto de una crisis humanitaria compleja que se vincula a la necesidad de recuperar la institucionalidad para garantizar estos derechos y entenderlo. Desde la última vez que se examinó este tema en el Consejo Permanente, la situación de violencia contra la mujer en Venezuela, lejos de mejorar, ha empeorado y persiste la ausencia de estadísticas oficiales que permitan evaluar sobre una base real el problema.

La respuesta por parte de las autoridades competentes es lenta e inoperante y el resultado es que la mayoría de los casos de violencia contra la mujer quedan impunes. La situación de las mujeres migrantes es aún más alarmante. La condición de indocumentadas les hace particularmente vulnerables a la violencia de género. Hemos denunciado la situación de las mujeres venezolanas en todas las instancias multilaterales y hemos buscado maneras de dar una plataforma a la víctima y a las organizaciones de la sociedad civil que las acompañan para que eleven la denuncia sobre la violación a sus derechos.

En espera de un cambio político en Venezuela, seguiremos trabajando estrechamente con la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM), el Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (MESECVI), la sociedad civil venezolana y nuestros aliados internacionales para continuar visibilizando y brindando atención y apoyo a las mujeres, niñas y adolescentes víctimas de violencia de género.

Gracias, señor Presidente.

El PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gustavo Tarre.

Tiene ahora la palabra en la Delegación de Chile.

El REPRESENTANTE PERMANENTE DE CHILE: Gracias, Presidente. Primero que nada, mi Delegación quiere felicitarlo a usted por la convocatoria a esta sesión extraordinaria del Consejo Permanente y a las personas, altas autoridades que expusieron este tema que nos parece absolutamente relevante y oportuno.

Quisiéramos decir que para Chile el tema de hoy es de extrema y absoluta importancia. Tanto es así que el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género de Chile ha trabajado y trabaja aún con el firme compromiso de desarrollar políticas, planes y programas destinados a promover la equidad de género, la igualdad de derechos y atender, prevenir y rechazar la violencia de género en sus múltiples manifestaciones.

En lo que respecta a la pandemia que, como todos sabemos ha agravado este fenómeno, el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género en Chile ha puesto a disposición de todas las personas que sí lo acceden su red nacional que hasta ahora ha atendido a miles de casos desde el punto de vista preventivo y también reparatorio. El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género asimismo ha coordinado su trabajo con organismos estatales tales como Carabineros de Chile, la Fiscalía, los tribunales de familia, así como con organizaciones internacionales como ONU Mujeres y la sociedad civil.

Señor Presidente, sería largo enumerar las acciones emprendidas por el Gobierno de Chile o por el Estado de Chile en esta materia, pero solamente como referencia quisiéramos indicar que, entre 2019 y 2021, se han promulgado cuatro leyes en temas tales como acoso sexual, femicidio, discriminación a la educación superior y monitoreo telemático.

Quisiéramos aprovechar esta oportunidad también para saludar y apoyar el trabajo desarrollado por la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) en general y, muy especialmente, durante este período de pandemia.

Muchas gracias.

El PRESIDENTE: Muchas gracias a la Delegación de Chile.

Tiene la palabra la Delegación de Bolivia.

La REPRESENTANTE ALTERNA DE BOLIVIA: Muchísimas gracias, señor Presidente.

Agradecemos las intervenciones especialmente de la Vicepresidenta de Costa Rica y de las ministras de La Mujer que hoy nos precedieron y todas las intervenciones llevadas adelante el día de hoy. Celebramos esta sesión extraordinaria del Consejo Permanente en Conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de Violencia contra la Mujer a celebrarse este próximo 25 de noviembre.

Hace un año, Bolivia recuperó la democracia en el país garantizando al ejercicio pleno de los derechos fundamentales y la participación política igualitaria. Gracias a importantes avances constitucionales y legislativos, una vez más, Bolivia cumplió con el principio de paridad y equidad entre hombres y mujeres. Es así que contamos con que el 55% del Senado esté representado por mujeres y en la Cámara de Diputados casi el 47% de las curules es ocupado por mujeres.

El Gobierno del Presidente Luis Arce Catacora ha tomado importantes medidas referidas a la recuperación económica y para garantizar el cumplimiento de los derechos humanos estableciendo como prioridad nacional la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Sin embargo, no podemos perder de vista que la pandemia del COVID-19 genera un impacto diferenciado en las mujeres por la sobrecarga de los trabajos del cuidado, las restricciones del mercado de trabajo, el esfuerzo redoblado que se debe poner en marcha para poder asegurar la alimentación y el sustento de las familias. La necesidad de quedarse en casa exacerbó el peligro de muchas mujeres y niñas al interior de sus hogares.

El Estado Plurinacional de Bolivia tiene una de las legislaciones más avanzadas en la región en cuanto al reconocimiento y protección de los derechos de las mujeres. Entre las normas más trascendentales está la Ley contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres, la ley que garantiza a las mujeres una vida libre de violencia, la cual reconoce 14 tipos de violencia; la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres; y la Ley de Identidad de Género. Sin embargo, la violencia contra las mujeres persiste.

La Encuesta de Prevalencia y Características de la Violencia contra las Mujeres (EPCVM), llevada adelante en el año 2016 por el Instituto Nacional de Estadística, muestra que el 75% de las mujeres mayores de quince años sufren violencia. Por otro lado, Bolivia también muestra una tasa de feminicidios muy preocupante del 2,3 por cada cien mil mujeres, datos que lamentablemente se repiten en toda nuestra América.

La violencia doméstica es una de las violaciones de los derechos humanos más flagrantes en el mundo. En los últimos doce meses, 243 millones de mujeres y niñas, de edades entre quince y cuarenta y nueve años de todo el mundo, han sufrido violencia sexual o física por parte de un compañero sentimental o una pareja. Estos datos dan cuenta de que la violencia no está circunscrita a un grupo social, tampoco a una región ni a un sector de la población, sino que es un problema estructural de nuestras sociedades, por lo que las medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres debe también ser estructural; debe ser transversal redoblando los esfuerzos para cambiar patrones culturales e institucionales que normalizan la discriminación, el menosprecio y la violencia contra la mitad de la población.

Desde la constatación de que la violencia contra las mujeres es un problema que afecta a nuestra sociedad y a nuestros pueblos, con todo respeto impulsamos a los países miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) a intercambiar experiencias y solicitar buenas prácticas dirigidas a prevenir, sancionar y eliminar toda forma de violencia en razón de género. Los Estados Miembros debemos desarrollar legislaciones, herramientas, protocolos de atención, programas y políticas que garanticen a las mujeres un acceso continuado a los servicios médicos y de justicia con atención de calidad.

¿Cómo garantizar a las mujeres el pleno ejercicio de los derechos políticos? ¿Cómo superar el embarazo de adolescentes y los matrimonios a temprana edad? Las vías para asegurar la autonomía económica de las mujeres y el acceso pleno de las niñas y adolescentes a una educación de calidad acorde a los tiempos de emergencia sanitaria son problemas que también compartimos, por lo cual los espacios de encuentro, información y conocimiento deben ser impulsados.

El Estado Plurinacional de Bolivia reafirma su compromiso para luchar contra la violencia en razón de género y reconoce el valor intrínseco de la participación de las mujeres en todos los espacios políticos y de toma de decisiones obedeciendo un principio democrático básico. Al mismo tiempo, subraya la necesidad de construir la igualdad y la equidad al interior de nuestras sociedades como único camino a la justicia social y a la dignidad de las mujeres, los hombres y los pueblos de nuestra América.

Muchas gracias.

El PRESIDENTE: Muchas gracias a la Delegación de Bolivia.

Tiene ahora la palabra el Embajador Everson Hull de Saint Kitts y Nevis.

El REPRESENTANTE PERMANENTE DE SAINT KITTS Y NEVIS: Thank you. Mr. Chairman.

On behalf of the Government of Saint Kitts and Nevis, I join others who have spoken in recognizing the United Nations International Day for the Elimination of [Violence against] Women in all forms and in all countries throughout the world. Even in developed nations, I note that experts report incidents of domestic abuse against women, which have arisen because of the pandemic, and subsequent protracted shutdown of activity which no doubt left some victims of domestic violence in close quarters with abuses.

I would also like to commend to the Organization of American States (OAS) affiliated Organization of Women of the Americas (OWA), which held a 5K Walk & Run and fundraiser this past Saturday in a recognition of United Nations International Day for the Elimination of Violence Against Women.

The OWA is ably represented by its President Deborah Stoute Lynch, spouse of the Distinguished Ambassador Noel Lynch of Barbados, and its membership is comprised mostly of female ambassadors, spouses of male ambassadors and OAS ambassadors permanent observers, as well as the female spouses of the OAS Secretary General and Assistant Secretary General.

This organization raises funds to support organizations in OAS member states that specifically focus on the education, health, safety, and overall wellbeing of women and children. My spouse and I strongly encourage all member states to support this most important organization and its very important work. Access to education, employment, access to health care can lead to self-sufficiency and a safe environment which can help bring an end to violence against women. Violence against women must end now.

I thank you very much.

El PRESIDENTE: Muchas gracias, Embajador de Saint Kitts y Nevis.

Tiene ahora la palabra la Delegación del Perú.

La REPRESENTANTE ALTERNA DEL PERÚ: Muchas gracias, señor Presidente.

El Perú hace alto aprecio, en primer lugar, de la convocatoria de esta sesión extraordinaria, la cual apoyamos y, en especial, a las presentaciones realizadas por la excelentísima Vicepresidenta de la República de Costa Rica, así como de las distinguidas ministras de varios países de la región en esta importante sesión extraordinaria del Consejo Permanente.

Al tiempo de reiterar el permanente compromiso del Perú con el cierre de brechas en diferentes indicadores vinculados con los derechos de las mujeres en toda su diversidad como una política de Estado, nos gustaría compartir brevemente con la distinguida audiencia que el presente Gobierno peruano viene actuando con particular énfasis en la mitigación de los fuertes estragos que la pandemia ocasionó en la ampliación de los índices de violencia, en el acceso a trabajo decente y a una justicia oportuna. En ese ámbito, nos gustaría dar a conocer el Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar, conocido como Programa AURORA, que ejecuta en el país acciones y políticas de atención, prevención y apoyo a las personas involucradas en hechos de violencia familiar y sexual. Asimismo, en la búsqueda de llevar una justicia rápida para las víctimas y teniendo en cuenta que la justicia que tarda no es justicia, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ha fortalecido el Sistema Nacional Especializado de Justicia, el cual está integrado por juzgados y fiscalías especializadas, la Policía Nacional, los Centros de Emergencia Mujer (CEM) y los Centros de Defensa Pública y Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia.

Hago hincapié que el trabajo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables se ha multiplicado en el esfuerzo de llevar los servicios de los mencionados programas a las zonas rurales, andinas y amazónicas de nuestro país, lo cual es un enorme desafío dada la geografía del Perú. La Ministra Anahí Durand Guevara se encuentra realizando un intenso trabajo en el terreno visitando diferentes zonas rurales y dialogando con mujeres de nuestros numerosos pueblos originarios.

En este punto vale la pena citar algunas cifras de los primeros cien días del Gobierno peruano en materia específica de atención a situaciones de violencia. En los Centros de Emergencia Mujer se atendieron treinta y siete mil setecientos ochenta y siete personas ocupándose de su protección, recuperación y acceso oportuno a la justicia. La Línea 100 especializada en casos de violencia atendió a cincuenta y cinco mil treinta y tres personas brindando información, consejería y soporte emocional a personas afectadas o involucradas en hechos de violencia sexual. Por último, setecientas veintidós mujeres, junto a sus hijas e hijos en situación de exposición a violencia, fueron albergados en los hogares de refugio temporal.

Dado que la violencia se genera en un complejo contexto en el que convive con la ausencia de otros derechos, el Ministerio de la Mujer viene trabajando en un segundo eje económico en el que podemos citar el Programa Mujer Emprendedora, con el que se busca mejorar la inclusión de las mujeres en el aparato productivo para disminuir su vulnerabilidad ante las violencias.

Finalmente, mediante un tercer eje de fortalecimiento democrático, se busca dar mayor protagonismo a las mujeres para la toma de decisiones. Es así como nuestro Ministerio está promoviendo la participación de las mujeres en el diseño de políticas públicas a través de las actividades del Programa Nacional “Dialogando Juntas”. En los primeros cien días de gobierno, el programa ha sumado la participación de mil doscientas noventa y una mujeres de doscientas treinta y cinco organizaciones de todo el país en foros de discusión que abordan el tema de las mujeres rurales con pertinencia territorial.

Esta actividad ha sido de particular interés de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM), por lo que se ha proyectado un trabajo en conjunto con nuestro Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para trasladar esta novedosa experiencia hacia mujeres rurales de toda la región en el próximo año.

Señor Presidente, en este momento en que se hace necesario poner de manifiesto el compromiso político de nuestros países en la lucha frontal contra la violencia de género, el Perú felicita la iniciativa de la República Dominicana y en su calidad de Presidencia del Consejo Permanente y también como Presidencia de la Comisión Interamericana de Mujeres de proponer el proyecto de declaración sobre la Violencia y el Acoso Político contra las Mujeres que cuenta con el respaldo de varios países de la región, entre los que se incluye el Perú, y que esperamos sea aprobado en esta importante sesión extraordinaria del Consejo Permanente.

Muchas gracias, señor Presidente.

El PRESIDENTE: Muchas gracias a la Delegación del Perú.

Tiene ahora la palabra Monseñor Juan Antonio Cruz Serrano de la Santa Sede.

El OBSERVADOR PERMANENTE DE LA SANTA SEDE: Señor Presidente, la Santa Sede agradece la celebración de esta sesión extraordinaria del Consejo Permanente para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer; un día para reflexionar acerca de las heridas que este problema causa a la humanidad.

Esta Delegación condena toda forma de violencia incluidas aquellas prácticas que justifican o promueven la violencia contra la mujer. La llamada del Papa Francisco ha sido muy clara sobre este tema: no podemos mirar para otro lado, no podemos quedarnos de brazos cruzados ante tantos casos de violencia contra las mujeres. La violencia contra las mujeres y niñas no sólo daña y lastima sus vidas, sino que también hiere a nuestra sociedad. Lamentablemente, una de las formas más comunes de violencia que sufren mujeres y niñas es la violencia sexual, como consecuencia, entre otras, de una cultura en la que se las cosifica convirtiéndolas y presentándolas como un objeto de placer que puede ser usado y descartado.

La trata de personas, por ejemplo, es una forma de violencia que, en esta región, afecta en su mayoría a mujeres y niños. El 87% de las víctimas de trata son destinadas al tráfico sexual. En ciertas regiones del Continente, el 60% de las víctimas del tráfico sexual son niñas. El flagelo de la violencia impacta negativamente la vida de las mujeres y niñas, pero, peor aún, impacta su futuro. Es por ello que debemos seguir trabajando, pues como comunidad internacional no podemos tolerar que las vidas de miles de niñas y mujeres se vean marcadas y, en muchos casos, destruidas al ser víctimas de violencia; pues la violencia que sufren las mujeres ofrece desgraciadamente una constatación del grado de humanidad y de civilización de la sociedad, de un pueblo y de una persona.

La Santa Sede, a través de sus instituciones y obras, enfatiza, valora y promueve la aportación única e irremplazable de la mujer, así como su dignidad más profunda no sólo por ser fuente de vida —vocación sin la cual la humanidad no podría realizarse—, sino también por la contribución única que desde su feminidad aporta enriqueciendo y engrandeciendo nuestra sociedad y todas las instituciones donde la mujer participa.

Esta Delegación reafirma su compromiso para aunar esfuerzos a fin de que toda mujer sea respetada, protegida y valorada; que su sufrimiento sea escuchado y considerado por todos.

Señor presidente, la Santa Sede hace un llamado para seguir trabajando juntamente con vistas a que cada Estado, en particular en este Hemisferio, pueda realizar campañas de concientización sobre la dignidad de la mujer, así como para combatir su cosificación y eliminar la impunidad ante los actos de violencia que se cometen en contra de ellas. Pues como dijo el Papa Francisco: “Toda violencia infligida a la mujer es una profanación de Dios nacido de una mujer”.

Muchas gracias, señor Presidente.

El PRESIDENTE: Muchas gracias.

Tiene la palabra la Delegación de la Misión Observadora Permanente de Francia

La OBSERVADORA PERMANENTE DE LA FRANCIA: Merci, Monsieur le Président. Madame la Présidente du Costa Rica, mesdames les ministres,

À l’occasion de cette nouvelle journée internationale pour l’élimination de la violence contre les femmes, la France réaffirme son engagement et sa détermination à combattre et à éliminer toutes les formes de violence à l’égard des femmes et des fillettes. Cette année encore a été marquée par une hausse dramatique de ces violences dans tous les pays, montrant que nous devons plus que jamais rester mobilisés.

La diplomatie française se veut résolument ambitieuse à cet égard. Nous renforçons notre plaidoyer international en faveur des droits des femmes et portons dans toutes les enceintes nos priorités. Notamment, la lutte contre les violences faites aux femmes et aux fillettes. Nous poursuivrons notre action en faveur de l’universalisation de la convention du Conseil de l’Europe dite d’Istamboul, qui représente l’instrument international le plus abouti dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Notre aide publique au développement dédiée à l’égalité femmes-hommes augmente par ailleurs de manière continue et devra atteindre près de 800 millions de dollars en 2022. Cette année, en juin 2021, la France, comme vous le savez, a accueilli le Forum général sur l’égalité, coorganisé avec le Mexique et ONU Femmes. Six grandes coalitions d’action ont été mises en place, dont l’une concerne précisément la lutte contre les violences.

Enfin, mon pays met à profit sa présence au sein du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, de 2021 à 2023, pour promouvoir activement ce thème de la violence contre les femmes et des droits des femmes et des fillettes. Je terminerai en félicitant et en remerciant la CIDH (la Commission interaméricaine des droits de l’homme) et la Commission interaméricaine des femmes pour leur travail inlassable en faveur de la protection non pas d’un groupe, mais de la moitié de l’humanité. La moitié de l’humanité, qui a droit au respect de tous.

Merci, Monsieur le Président.

El PRESIDENTE: Muchas gracias, Embajadora de Francia.

Tiene ahora la palabra la Delegación de la Misión Observadora Permanente de Italia.

El OBSERVADOR PERMANENTE DE ITALIA: Señor Presidente; Secretario General; Secretario General Adjunto; distinguidos ministros, embajadoras y embajadores. Como ustedes saben, Italia está comprometida a promover la igualdad de género y el valor de las mujeres en la sociedad y a luchar contra la violencia contra las mujeres.

Italia persigue estos objetivos con determinación en varios ámbitos: bilateralmente a través de nuestra cooperación para el desarrollo que apoya iniciativas para prevenir la violencia de género y proteger a las víctimas de abuso, así como a garantizar la educación y otras herramientas que permitan a las mujeres convertirse en agentes de cambio y construir comunidades resilientes.

En el ámbito multilateral, quiero subrayar también el compromiso de Italia en el sector como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Además, aquí en la OEA, quiero agradecer a las Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) por la creciente cooperación con nuestra Misión para individuar áreas de común interés y de común trabajo también en específicas iniciativas. Como fue mencionado, también quiero agradecer a la Organización de Mujeres de las Américas (OMA) por el trabajo importante que hacen aquí en la Organización de los Estados Americanos (OEA) a favor de los objetivos de la Organización.

En conclusión, nuestra política exterior sigue haciendo esfuerzos para poner a las mujeres en el centro del escenario como actores del cambio. Italia está convencida que tenemos que enfatizar en todos los ámbitos la importancia de las mujeres como agentes fundamentales de paz y de seguridad.

Muchas gracias.

El PRESIDENTE: Muchas gracias.

Tiene ahora la palabra la Delegación de la Misión Observadora Permanente de España.

La OBSERVADORA PERMANENTE DE ESPAÑA: Buenas tardes.

[Quiero] felicitar al Presidente del Consejo Permanente por la inclusión de esta sesión extraordinaria conmemorando el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y a todos los Estados Miembros patrocinadores; también a las ministras y autoridades que hoy nos han dirigido la palabra para sumar su voz a la lucha por una región y un planeta más justo. Felicito además a la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM), al Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (MESECVI) y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por lo valioso de sus trabajos y lo necesario de sus denuncias, labores de las que siempre estamos muy atentos.

La vida de las mujeres importa. La lucha por los derechos y libertades de mujeres y niñas debe estar presente en la agenda política a primer nivel, también de esta Organización multilateral. La violencia que sufren la mitad de la población por razón de su sexo en las mujeres y niñas es un grave atentado contra los derechos humanos y la democracia. Como se ha relatado en esta sesión, esta violencia tiene múltiples manifestaciones: física, psicológica, económica, política, cibernética, en el lenguaje sexual, violaciones reproductivas, la prostitución, los feminicidios y un lamentable “etcétera” que se asienta en lo material y en lo simbólico.

Todas sus manifestaciones merecen nuestro más enérgico rechazo y condena. Digamos “No” a los discursos de odio y discriminación que legitiman y normalizan la violencia contra las mujeres y niñas y que, muchas veces, se esconden tras la utilización del término acuñado de ideología de género para referirse a la reivindicación de los derechos de las mujeres. Saludemos la conquista de la igualdad de oportunidades y de dignidad, la convivencia en paz y la democracia, la justicia social y el feminismo.

La violencia de género es la manifestación más brutal de desigualdad y también una vulneración de derechos humanos. Exhortamos a los presentes a que hagan los esfuerzos necesarios y se comprometan con políticas feministas intersectoriales que destierren la violencia de género y la desigualdad en nuestras sociedades. En ese sentido, celebramos la adopción de la declaración sobre la Violencia y el Acoso Político contra las Mujeres en el día de hoy.

Reitero, en nombre de mi Gobierno, nuestro sólido y firme compromiso con la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, con la prevención y la respuesta frente a todas las violencias machistas en el marco de la convivencia democrática, la protección de los derechos humanos, la no discriminación y la justicia social.

Como saben, España fue pionera con la aprobación de la Ley de Protección Integral contra la Violencia de Género (Ley Orgánica, 1/2004). Después se aprobó la Ley de Igualdad de Género (Ley Orgánica, 3/2007) que obliga a la paridad en la vida política en nuestro propósito de contribuir a una sociedad más justa e igualitaria, donde las mujeres vivan una vida segura y libre de violencia de género y la sociedad sea más democrática y próspera.

España tiene entre sus prioridades la igualdad entre las mujeres y el combate contra la violencia de género dentro y fuera de nuestras fronteras. Para ello, está impulsando una importante acción feminista en el exterior. El Gobierno de España trabaja internacionalmente para seguir profundizando en los avances logrados y para frenar los intentos de retrocesos, algunos en este contexto de pandemia, en el horizonte de la igualdad y los derechos humanos de las mujeres y niñas.

Por último, me complace compartir con ustedes que mañana, junto con la Misión Representante Permanente de la República Dominicana, hemos organizado una jornada de reflexión en la que se abordará el empoderamiento económico como antídoto contra la pandemia de la desigualdad y la violencia contra las mujeres. Esperamos contar con las aportaciones de todos ustedes.

Por último también, y como despedida, un saludo y hago un reconocimiento a la sociedad civil, a las organizaciones en favor de los derechos de las mujeres y feministas, así como a todas las personas mujeres, y cada vez más hombres, que toman partido y apuestan por un presente y futuro en igualdad y libertad para todos y para todas.

Gracias.

El PRESIDENTE: Muchas gracias.

Tiene ahora la palabra el señor Gonzalo Koncke.

El JEFE DE GABINETE DEL SECRETARIO GENERAL: Le agradezco, Presidente por darme el uso de la palabra. En nombre del Secretario General Luis Almagro, le quería agradecer y felicitar por la convocatoria a esta sesión extraordinaria del Consejo Permanente que conmemora el Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

[Quiero] decir, en nombre del Secretario General, que la Secretaría General se encuentra y se siente absolutamente representada por todas y cada una de las intervenciones escuchadas y recibidas a lo largo de esta importante sesión. El saludo, por supuesto, a la señora Vicepresidenta de Costa Rica; a la señora Presidenta de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM); a las señoras ministras; a las representantes permanentes, representantes permanentes y delegados; y, reiterar el compromiso del Secretario General y de la Secretaría General en la eliminación de la violencia contra la mujer y para continuar trabajando, por supuesto, desde la CIM, pero transversalmente a través de la Secretaría General en su conjunto, en todos los temas que tienen que ver con la eliminación de la violencia contra la mujer, la lucha contra la desigualdad, el empoderamiento en todas sus vertientes políticas, económicas y por supuesto, la paridad.

Es cuanto quería decir, señor Presidente, le agradezco.

El PRESIDENTE: Muchas gracias.

Muy bien. Pues agradezco a todas las delegaciones y a nuestras invitadas especiales.

Para concluir, quiero hacer una reflexión final: La violencia contra la mujer es una forma de discriminación y una violación de los derechos humanos que causa sufrimientos indecibles, cercena vidas y deja a incontables mujeres viviendo con dolor y temor en todas partes de nuestro Hemisferio; causa perjuicio a la familia durante generaciones, empobrece a las comunidades y refuerza otras formas de violencia en nuestras sociedades.

La violencia contra la mujer les impide alcanzar su plena realización personal, restringe el crecimiento económico y obstaculiza el desarrollo. La generalización y alcance de la violencia contra la mujer ponen de manifiesto el grado y la persistencia de la discriminación con que siguen tropezando las mujeres. Por consiguiente, sólo se puede eliminar tratando de eliminar la discriminación, promoviendo la igualdad y el empoderamiento de la mujer y velando por el pleno ejercicio de los derechos humanos de ellas.

La violencia contra la mujer no es invariable ni inevitable y puede reducirse radicalmente y llegar a eliminarse con la voluntad política y los recursos necesarios. Esta conversación de hoy nos ha permitido ver el grado de conciencia, los compromisos asumidos, así como ejemplos concretos de avances en cada uno de nuestros países en esta coyuntura tan especial que nos ha impuesto la pandemia.

Muchas gracias a todas y a todos por sus intervenciones.

Estimados colegas, hemos concluido con el orden del día de esta sesión extraordinaria del Consejo Permanente. Las presentaciones y comentarios realizados el día de hoy quedarán registrados en el acta de la sesión.

Finalmente les recuerdo la sesión ordinaria prevista para las 2:30 p.m., así que nos veremos aquí en un momento. Agradezco a todos de nuevo su participación y se levanta la sesión.

Muy buenas tardes.

[Se levanta la sesión a las 12:53 p.m.]

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