Special meeting

CONSEJO PERMANENTE DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL

29 DE NOVIEMBRE DE 2021

Nómina de los miembros que asistieron a la sesión

En la ciudad de Washington, D. C., a las dos y treinta y tres minutos de la tarde del lunes 29 de noviembre de 2021, celebró sesión extraordinaria el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos con el objeto de realizar una evaluación colectiva inmediata de la situación en Nicaragua, de conformidad con la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana, en cumplimiento del mandato de la resolución AG/RES. 2978 (LI-O/21) “La Situación en Nicaragua”. Presidió la sesión el Embajador Josué Antinoe Fiallo, Representante Permanente de la República Dominicana y Presidente el Consejo Permanente. Asistieron los siguientes miembros:

Embajador Anthony Phillips-Spencer, Representante Permanente de Trinidad y Tobago y Vicepresidente del Consejo Permanente

Embajador Ronald Sanders, Representante Permanente de Antigua y Barbuda

Embajador Everson Hull, Representante Permanente de Saint Kitts y Nevis

Embajadora Lou-Anne Gilchrist, Representante Permanente de San Vicente y las Granadinas

Embajador Anton E. Edmunds, Representante Permanente de Santa Lucía

Embajadora Rita Claverie Díaz de Sciolli, Representante Permanente de Guatemala

Embajador Alejandro Ordóñez Maldonado, Representante Permanente de Colombia

Embajador Carlos Alberto Játiva Naranjo, Representante Permanente del Ecuador

Embajador Noel Anderson Lynch, Representante Permanente de Barbados

Embajadora Yolande Yvonne Smith, Representante Permanente de Grenada

Embajador Gustavo Tarre, Representante Permanente de Venezuela

Embajadora Luz Elena Baños Rivas, Representante Permanente de México

Embajador Hugh Adsett, Representante Permanente del Canadá

Embajadora María del Carmen Roquebert León, Representante Permanente de Panamá

Embajador Carlos Alberto Raimundi, Representante Permanente de la Argentina

Embajador Washington Abdala, Representante Permanente del Uruguay

Embajadora Alejandra Solano, Representante Permanente de Costa Rica

Embajador Issa Kort Garriga, Representante Permanente de Chile

Embajador Héctor Arce Zaconeta, Representante Permanente de Bolivia

Embajador Samuel Hinds, Representante Permanente de Guyana

Embajador Lynn Raymond Young, Representante Permanente de Belize

Embajador Harold Forsyth, Representante Permanente del Perú

Embajador Arturo McFields, Representante Permanente de Nicaragua

Embajador Léon Charles, Representante Permanente de Haití

Señor Raúl Mariano Martínez, Representante Interino del Paraguay

Señor Bradley A. Representante Interino de los Estados Unidos

Señor Aurimar Jacobino de Barros Nunes, Representante Interino del Brasil

Señora Judith-Anne Rolle, Representante Alterna de Dominica

Embajadora Wendy Acevedo, Representante Alterna de El Salvador

Ministra Consejera Saira Esmeralda Ponce Rosales, Representante Alterna de Honduras

Tercer Secretario Jade Williams, Representante Alterno del Commonwealth de las Bahamas

Ministro Deon L. Williams, Representante Alterno de Jamaica

Representante Alterna de la República Dominicana

Señora Margarita Doloris Belliot, Agregada de la Misión Permanente de Suriname

Estuvieron también presentes el Secretario General, señor Luis Almagro Lemes, y el Secretario General Adjunto, Embajador Nestor Mendez, Secretario del Consejo Permanente.

Aprobación del orden del día

El PRESIDENTE: Buenas tardes a todos. Verificado el quórum por la Secretaría, declaro abierta la presente sesión extraordinaria del Consejo Permanente que ha sido convocada a solicitud de las Misiones Permanentes de Chile y el Canadá, mediante nota CP/INF. 9177/21, con el fin de realizar una evaluación colectiva inmediata de la situación en Nicaragua, de conformidad con la Carta de la Organización de los Estados Americanos y la Carta Democrática Interamericana, en cumplimiento del mandato de la resolución AG/RES. 2978 (LI-O/21), titulada “La Situación en Nicaragua” y adoptada durante el quincuagésimo primer período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Estimados colegas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento del Consejo Permanente, someto a consideración del Consejo Permanente el proyecto de orden del día contenido en el documento CP/OD-2351/21.

Tenemos una solicitud de palabra de la Delegación de Nicaragua.

Tiene la palabra la Delegación de Nicaragua.

El MINISTRO ASESOR PRESIDENCIAL PARA RELACIONES INTERNACIONALES DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA: Señor Presidente del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), delegadas y delegados de los estados y gobiernos de nuestra América.

La Delegación de Nicaragua reafirma a los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos que el día 19 de noviembre del año 2021, en ejercicio pleno de nuestro derecho a la soberanía nacional, hemos denunciado la Carta de la Organización de los Estados Americanos conforme al mecanismo estipulado en el artículo 143 de dicho instrumento.

El Comandante Daniel Ortega Saavedra, Presidente de la República de Nicaragua, ha tomado la decisión irrevocable de desvincularse de la OEA debido a que las acciones que se promueven desde el Seno de este foro atentan directamente contra los derechos del pueblo nicaragüense, contravienen y transgreden los principios fundamentales del derecho internacional y en tiempos de grandes retos y desafíos nacionales, regionales e internacionales procuran sembrar la discordia y la división en lugar de la solidaridad y la genuina cooperación entre los pueblos de este Hemisferio.

Nicaragua rechaza de manera categórica la convocatoria de esta sesión extraordinaria ilegítima señalando que únicamente procura perpetuar la campaña de mentiras y agresiones en contra del pueblo digno, libre, soberano y humilde de Nicaragua.

Como lo ha dicho el Comandante Daniel Ortega, Presidente del pueblo nicaragüense, “aquí no nos vendemos ni nos rendimos. Somos un pueblo amante de la paz, un pueblo que no se rinde en la lucha por un mundo mejor, libre de agresiones y medidas unilaterales absurdas y totalmente contrarias al derecho internacional”. Por ello, señor Presidente, me permito leer íntegramente nuestra denuncia a la Carta de la Organización de los Estados Americanos presentada el 19 de noviembre del año 2021.

“Señor Luis Almagro Lemes,

Secretario General

Organización de los Estados Americanos

1. Teniendo en cuenta la “Declaración de la Asamblea Nacional ante las reiteradas acciones injerencistas de la Organización de los Estados Americanos en los Asuntos Internos del Estado de Nicaragua”, No. 05-2021; la Declaración de la Bancada de Diputadas y Diputados ante el Parlamento Centroamericano (PARLACEN) por el Estado de Nicaragua, ambos del 16 de noviembre del año 2021; el Acuerdo No. 126 de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, del 17 de noviembre del año 2021; y, el Acuerdo, pronunciamiento y adhesión del Consejo Supremo Electoral (CSE) del 18 de noviembre del año 2021, instando al Presidente de la República, en su condición de Jefe de Estado y Jefe de Gobierno, a que denuncie la Carta de la Organización de los Estados Americanos, siguiendo el mecanismo estipulado en el Art. 143 de dicho Instrumento.

2. Asimismo, conforme el Art. 129 de la Constitución Política de Nicaragua, que dispone que los Poderes Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral son independientes entre sí y se coordinan armónicamente, subordinados únicamente a los intereses supremos de la nación y a lo establecido en la propia Constitución:

3. En mi condición de Ministro de Relaciones Exteriores, instruido por el Presidente Constitucional de la República de Nicaragua, Comandante Daniel Ortega Saavedra, y conforme el artículo 67 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, me dirijo a usted para notificarle oficialmente nuestra indeclinable decisión de denunciar la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA), conforme a su artículo 143 que da inicio al Retiro Definitivo y Renuncia de Nicaragua a esta Organización.

4. Nicaragua promueve y defiende el respeto de los principios que rigen el Derecho Internacional, el cumplimiento de la Carta de las Naciones Unidas sus principios y propósitos dirigidos al respeto a la igualdad soberana entre los Estados, la no injerencia en los asuntos internos, la abstención del uso de la fuerza y de la amenaza del uso de la fuerza y la no imposición de medidas unilaterales, ilegales y coercitivas. Principios que la OEA está obligada a cumplir, pero irresponsablemente los desconoce, transgrediendo también su propia Carta.

5. La Organización de los Estados Americanos ha sido diseñada como un foro político diplomático que nació por influencia de Estados Unidos como instrumento de injerencia e intervención, y su actuar contra Nicaragua ha demostrado que esta Organización que funciona permanentemente en Washington tiene como misión facilitar la hegemonía de los Estados Unidos con su intervencionismo sobre los países de América Latina y el Caribe. Lo que para Nicaragua es inaceptable, lo rechazamos y lo condenamos.

6. Nicaragua ha expresado reiteradamente su condena y rechazo a la actuación injerencista de la OEA, defendiendo la soberanía, independencia, autodeterminación y el Derecho del Pueblo Nicaragüense a elegir libremente su Gobierno y definir sus políticas soberanas, que compete exclusivamente a los nicaragüenses, respetando su ordenamiento jurídico interno, la institucionalidad nicaragüense y el Derecho Internacional.

7. No nos reconocemos como Colonia de ninguna Potencia, y reivindicamos la Dignidad y el Decoro Nacional, en legítima defensa de nuestra Independencia, Soberanía y Autodeterminación, frente a las acciones agresivas violatorias de la Carta de las Naciones Unidas y del Derecho Internacional por parte de la Organización de los Estados Americanos, de los Estados Unidos de Norteamérica y de otras Entidades Colonialistas y Neocolonialistas que a estas alturas de la Vida creen tener el poder de avasallar y humillar a nuestros digno pueblo y Gobierno.

8. El pueblo y Gobierno Digno de Nicaragua Renuncia a formar parte de esta [O]rganización cautiva en Washington, instrumentalizada en favor de intereses norteamericanos, convirtiéndose en constructora de injerencia y desacuerdos en perjuicio de los pueblos de América Latina y el Caribe.

9. La presente nota constituye nuestro indeclinable manifiesto y decisión de denuncia a la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA), para que cesen sus efectos internacionales nocivos contra Nicaragua, por lo que en su condición de Depositario deberá comunicar de manera inmediata a los Estados Miembros la presente decisión Nicaragüense de Denuncia y Renuncia Irrevocable, Digna y Patriótica ante las acciones injerencistas, inamistosas y agresivas de esa Organización, los Gobiernos subordinados de los Estados Unidos y el Secretario General, contra la Patria Libre y Soberana de Sandino y de Darío.

10. Me suscribo, reafirmando que Nicaragua fundamenta su Denuncia a la Carta de la OEA, su Renuncia y Retiro de esta Organización en el Artículo 1 de nuestra Constitución Política que establece: ‘La independencia, la soberanía y la autodeterminación nacional, son derechos irrenunciables del pueblo y fundamentos de la nación nicaragüense. Toda injerencia extranjera en los asuntos internos de Nicaragua o cualquier intento de menoscabar esos derechos, atenta contra la vida del pueblo. Es deber de todos los nicaragüenses preservar y defender estos derechos’. Así mismo, se fundamenta en la Declaración Soberana de la Asamblea Nacional, en el Acuerdo No. 126 de la Corte Suprema de Justicia, en el Acuerdo, Pronunciamiento y adhesión del Consejo Supremo Electoral, y en la Declaración de la Bancada de Diputadas y Diputados ante el Parlamento Centroamericano por el Estado de Nicaragua antes citados y en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.

Instruido por el Presidente de la República de Nicaragua Comandante Daniel Ortega Saavedra, en defensa de la Soberanía, Autodeterminación y Dignidad Nacional.

Denis Ronaldo Moncada Colindres

Ministro de Relaciones Exteriores

República de Nicaragua”.

Gracias, señor Presidente.

El PRESIDENTE: Muchas gracias a la Delegación de Nicaragua.

Entonces, de no haber observaciones adicionales, pues daríamos por aprobado el orden día.

[El proyecto de orden del día contiene los siguientes puntos:

1. Aprobación del orden del día (CP/OD-2351/21)

2. La Situación en Nicaragua

- Presentaciones a cargo de:

- Señor Alberto Brunori, Representante Regional para América Central y el Caribe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

- Señor Luis Almagro, Secretario General de la Organización de los Estados Americanos

- Comisionada Antonia Urrejola Noguera, Presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

- Doctor Daniel Zovatto, Director Regional para América Latina y el Caribe del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional)

- Intervención del Embajador Michael René Campbell Hooker, Ministro Asesor Presidencial para Relaciones Internacionales de la República de Nicaragua

- Intervenciones de las delegaciones de los Estados Miembros]

Queda aprobado.

La Situación en Nicaragua

El PRESIDENTE: Como es del conocimiento de todas las delegaciones, la Asamblea General, mediante el párrafo operativo 5 de la resolución AG/RES. 2978 (LI-O/21), adoptada en el último período ordinario de sesiones, instruyó a este Consejo Permanente a que realice una evaluación colectiva inmediata de la situación en Nicaragua, de conformidad con la Carta de la Organización de los Estados Americanos y la Carta Democrática Interamericana, a ser completada a más tardar el 30 de noviembre del presente año y que tome las acciones apropiadas.

Es con este propósito que la Presidencia convocó la presente sesión extraordinaria para que, con espíritu constructivo y plena sujeción y respeto a los principios consagrados en la Carta de la Organización de los Estados Americanos y en la Carta Democrática Interamericana, demos cumplimiento al mandato que se nos ha encomendado.

Presentaciones a cargo de

El PRESIDENTE: Para el desarrollo de la sesión extraordinaria, escucharemos, en primer término, las presentaciones de los panelistas invitados, posteriormente al representante de la delegación de Nicaragua y, en seguida, ofreceré la palabra a las delegaciones de los Estados Miembros.

Antes de proceder, con la venia de las delegaciones, haremos un cambio en el orden de los panelistas invitados. En primer lugar, intervendrá la Presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); en segundo lugar, el Representante Regional para América Central y el Caribe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH); posteriormente, el Representante del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional); y, para concluir, intervendrá el Secretario General Luis Almagro.

Comisionada Antonia Urrejola Noguera, Presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

El PRESIDENTE: De no haber objeciones, tengo el gusto de saludar y darle la bienvenida nuevamente al Consejo Permanente a la Comisionada Antonia Urrejola Noguera, Presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Comisionada Urrejola, tiene usted el uso de la palabra.

La PRESIDENTA DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS: Muchas gracias, Presidente.

Quiero en primer lugar, saludar al Presidente del Consejo Permanente; al Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), señor Luis Almagro; al Secretario General Adjunto, Nestor Mendez; al señor Alberto Brunori, Representante Regional para América Central y el Caribe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH); también, al señor Daniel Zovatto, Director Regional para América Latina y el Caribe del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional); y, también, un saludo muy especial a todos los embajadores y embajadoras aquí presentes.

En mi calidad de Presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y como Relatora para Nicaragua, agradezco la invitación del Consejo Permanente para dirigirme a ustedes y compartir, una vez más, nuestra visión sobre el deterioro progresivo de la situación de derechos humanos y del Estado de derecho en Nicaragua.

Como ha sido ampliamente documentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la respuesta estatal violenta a las protestas sociales iniciadas el 18 de abril del año 2018, desencadenó en una grave crisis política, social y de derechos humanos en Nicaragua, misma que a más de tres años continúa profundizándose debido, entre otros factores, a la instalación de facto de un estado de excepción en el país, así como el prolongado debilitamiento de las instituciones democráticas por la concentración del Poder en el Ejecutivo.

La población nicaragüense continúa afectada por la instalación de un Estado policial que posibilita la permanente coordinación entre la Policía Nacional y grupos simpatizantes del gobierno para agredir, vigilar, amenazar y hostigar a cualquier persona identificada como opositora al gobierno actual.

Durante estos últimos tres años, la CIDH ha alertado continuamente a la comunidad internacional sobre las graves violaciones a los derechos humanos que vienen ocurriendo en Nicaragua, entre hostigamientos y represión contra cualquier persona considerada como opositora al gobierno; violaciones a los derechos, a la vida e integridad personal; ejecuciones extrajudiciales; detenciones arbitrarias; allanamientos; amenazas y retaliaciones; malos tratos; criminalización bajo cargos infundados y desproporcionados como terrorismo o crimen organizado, e irregularidades en las garantías judiciales y en el acceso a la justicia.

Así también, la CIDH ha condenado los asesinatos que hasta ahora permanecen impunes de campesinas y campesinos en las zonas rurales del país y la actuación de los llamados “colonos” provenientes de las zonas cercanas al Pacífico en territorios indígenas de la costa caribe y del patrón de ataques ocurridos en dicho contexto, sin que hasta ahora haya información que indique procesos de verdad y justicia en estos casos ni medidas para prevenir su ocurrencia. En el mismo contexto, la CIDH ha registrado ataques a la libertad de prensa a través del asedio policial y persecución institucional a medios de comunicación y personas trabajadoras de la prensa independiente, lo que ha provocado el cierre de varios medios y el exilio de más de noventa periodistas.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado su preocupación por el cierre de los espacios democráticos, la suspensión de libertades y afectaciones a la libertad de expresión en un país donde la mayoría de los medios de comunicación pertenecen a personas allegadas al gobierno. Como consecuencia de estos factores, en Nicaragua persiste un contexto de impunidad generalizada respecto de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el marco de la represión estatal, las cuales resultaron en la muerte de al menos trescientos cincuenta y cinco personas, más de dos mil personas heridas, más de mil seiscientas catorce personas detenidas arbitrariamente, cientos de despidos arbitrarios de profesionales de la salud y más de ciento cincuenta exclusiones injustificadas de estudiantes universitarios. Asimismo, según datos registrados por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), más de ciento diez mil personas se habrían visto forzadas a huir de Nicaragua y a buscar asilo a causa de la persecución y las violaciones de derechos humanos.

Ante la continuación de la grave crisis de derechos humanos y el profundo deterioro de la institucionalidad democrática en el país, las elecciones generales realizadas el 7 de noviembre pasado representaban para la sociedad nicaragüense la posibilidad de iniciar un período transicional para lograr el restablecimiento del Estado de derecho y la democracia, así como la garantía del derecho a la memoria, la verdad y el acceso a la justicia de las víctimas de la violencia estatal. Sin embargo, desde el inicio de este año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos constató la intensificación de una nueva etapa de represión caracterizada por un conjunto de acciones estatales, entre ellas, la aprobación de un conjunto de leyes a la medida que tuvieron por efecto poner fin a la participación de la oposición aun antes de realizarse las elecciones generales, en particular, a través del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI).

La CIDH recibió información sobre la cancelación de la personalidad jurídica de los partidos de oposición, la detención y criminalización de más de treinta personas líderes y lideresas, incluyendo siete personas precandidatas presidenciales, las cuales aún permanecen privadas de libertad y algunas de ellas cuentan con medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

Durante el año 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha emitido treinta y dos medidas cautelares para personas beneficiarias, en su mayoría defensoras, líderes de opinión y opositoras al gobierno, líderes y lideresas de movimientos sociales, periodistas, mujeres defensoras y personas precandidatas presidenciales. No puedo dejar de mencionar las graves condiciones de detención en las que se encuentran todas las personas detenidas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha recibido denuncias de tratos crueles e inhumanos, la aplicación de regímenes de aislamiento sin criterios objetivos. Preocupa especialmente la situación de aislamiento en celdas de castigo, de confinamiento solitario, en las que han permanecido por más de ciento sesenta días las líderes opositoras Dora María Téllez, Tamara Dávila, Ana Margarita Vigil y Suyen Barahona.

El 22 de noviembre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una resolución en la cual declaró que la posición asumida por el Gobierno de Nicaragua rechazando cumplir con las medidas de protección y la inobservancia de lo ordenado en resoluciones anteriores constituye un acto de desacato a la obligatoriedad de las decisiones dictadas por este Tribunal y en un incumplimiento al deber de informar. En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos constató que veintiuna de las veintidós personas beneficiarias permanecen arbitrariamente detenidas, pese a que se le ordenó al Estado nicaragüense su liberación inmediata.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó que es deber de la Asamblea General de la OEA asegurar el oportuno cumplimiento de las decisiones mediante la adopción de medidas institucionales de carácter colectivo que sean eficaces, oportunas y expeditas para asegurar el efecto útil de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La CIDH hace suyo este llamado de la Corte IDH a los Estados Miembros de la OEA.

En nuestro reciente Informe “Concentración del poder y debilitamiento de Estado de derecho” señalamos que en Nicaragua operó un proceso paulatino de concentración del poder y un progresivo debilitamiento de las instituciones democráticas que se intensificó en el año 2007, al asumir Daniel Ortega su segundo mandato como Presidente de la República de Nicaragua y que se consolidó a partir de la grave crisis de derechos humanos iniciada en abril del año 2018.

Dicho proceso de concentración del poder fue posible mediante una serie de medidas adoptadas para permitir la reelección presidencial y la concentración del máximo poder político en el alto Gobierno del Poder Ejecutivo con el concurso de diferentes instituciones estatales desde la Asamblea Nacional, las instituciones del Poder Judicial como la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Supremo Electoral (CSE), la Fiscalía General de la República y las fuerzas de seguridad por personas nombradas por ser afines al partido de gobierno, de sus aliados en el pacto y por la falta de órganos de control independientes e imparciales. Es así como el principio de separación de poderes que rigen un Estado democrático de derecho se quebrantó.

Hoy en Nicaragua las distintas funciones del Estado no corresponden a órganos separados, independientes y equilibrados entre sí; todos los poderes están alineados y dirigidos por el Ejecutivo, por lo que no representan límites para el ejercicio del poder ni impiden las arbitrariedades; por el contrario, las facilitan o consolidan y la situación de derechos humanos de la población continua seriamente deteriorada.

Las elecciones generales realizadas el 7 de noviembre se desarrollaron en un clima de represión, impunidad, ausencia del Estado de derecho y cierre de espacios democráticos sin respeto a los estándares interamericanos sobre la materia consagrados entre otros instrumentos, en la propia Carta Democrática Interamericana, así como en las recomendaciones realizadas por la comunidad internacional. Las elecciones generales tuvieron lugar en un contexto de violaciones a derechos humanos derivadas del incremento de hechos de hostigamientos, allanamientos, amenazas y detenciones arbitrarias en contra de líderes y lideresas de oposición, activistas de derechos humanos, integrantes de organizaciones de la sociedad civil y periodistas. Según me fuera informado, entre el 5 y 7 de noviembre, más de veintitrés personas habrían sido detenidas arbitrariamente.

Frente a la situación descrita, aunada a la falta de voluntad manifiesta del Estado nicaragüense para superar la crisis social, política y de derechos humanos que afecta al país, y la persistencia de una narrativa tendiente a negar las violaciones a derechos humanos y a estigmatizar a las voces disidentes y opositoras desde las más altas autoridades del Estado, para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos resulta preocupante la reciente decisión del Estado de Nicaragua de denunciar la Carta de la Organización de los Estados Americanos.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos lamenta las consecuencias de dicha decisión para el restablecimiento del orden democrático, el Estado de derecho y la plena vigencia de los derechos humanos y hace un llamado al Estado de Nicaragua a reconsiderar su decisión y a los Estados Miembros de la OEA y a los órganos políticos de esta Organización a entablar un diálogo genuino y de buena fe conforme con sus obligaciones en materia de derechos humanos.

La CIDH destaca que el Estado de Nicaragua se encuentra obligado por todos los instrumentos internacionales de los cuales es Parte; en tal virtud, reafirma su competencia sobre el Estado de Nicaragua y continuaremos ejerciendo nuestro mandato y monitoreo a través del MESENI.

Reiteramos nuestro compromiso de continuar dando seguimiento a la situación de derechos humanos en el país y, muy especialmente, reiteramos nuestro compromiso con las víctimas y personas defensoras de derechos humanos en su lucha para alcanzar la verdad, la justicia y la reparación.

Muchas gracias.

El PRESIDENTE: Muchas gracias, Comisionada Urrejola, por su presentación.

Señor Alberto Brunori, Representante Regional para América Central y el Caribe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

El PRESIDENTE: A continuación, tengo el honor de saludar y dar la más cordial bienvenida al Consejo Permanente al señor Alberto Brunori, Representante Regional para América Central y el Caribe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), quien nos acompaña en representación de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Comisionada Michelle Bachelet.

Señor Brunori, bienvenido a este Consejo Permanente, tiene usted el uso de la palabra.

El REPRESENTANTE REGIONAL PARA AMÉRICA CENTRAL Y EL CARIBE DE LA OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS: Muchísimas gracias, señor Presidente.

En nombre de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Michelle Bachelet, lo saludo y agradezco la invitación. Agradezco también la invitación a los integrantes, y los saludos de la Organización de los Estados Americanos (OEA), del Consejo Permanente, al Secretario General, Luis Almagro; a la Presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Antonia Urrejola; al doctor Daniel Zovatto, Director Regional para América Latina y el Caribe del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional); a todas y todos.

La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) ha dado un seguimiento especial a la situación de los derechos humanos en Nicaragua en el año 2021 y en virtud del mandato previsto en la resolución 40 C/2 del Consejo de Derechos Humanos (CDH) de las Naciones Unidas (ONU), resolución que le solicitaba prestar una atención particular a los derechos humanos en el contexto del proceso electoral. Esta tarea se realizó mediante más de ciento treinta entrevistas con víctimas y sus familiares y/o testigos realizadas de manera remota o en terceros países con nicaragüenses en el exilio.

La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos también ha participado en reuniones regulares con organizaciones de la sociedad civil, defensoras y defensores de derechos humanos; han ido alzando los documentos de fuentes gubernamentales y no gubernamentales. La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos cotejó la información que recopiló con diferentes fuentes y evaluó su credibilidad aplicando la debida diligencia.

En mayo, la Asamblea Nacional aprobó una reforma electoral. La reforma, si bien contempló un paso importante en la promoción del derecho a la participación política de las mujeres al establecer una presencia femenina del 50% en todos los cargos de elección popular, falló en asegurar la independencia del Consejo Supremo Electoral (CSE) e incluyó restricciones indebidas a la libertad de expresión de reunión pacífica y de asociación.

El 18 de mayo y el 6 de agosto, en violación a los principios de necesidad y proporcionalidad, tal como lo dictan los estándares internacionales de derechos humanos, el Consejo Supremo Electoral anuló la personalidad jurídica de tres partidos políticos sin escuchar además a sus representantes.

Entre el 2 de junio y el 24 de julio, el gobierno detuvo a una mujer y seis hombres que, o bien se habían inscrito como precandidatas a unas elecciones primarias internas, o bien habían manifestado públicamente su intención de presentarse a la Presidencia. Es más, el 4 de agosto se anuló una candidatura a la Vicepresidencia por unas declaraciones de la candidata que debían haber estado protegidas de acuerdo con los estándares internacionales de libertad de expresión.

La mayoría de las personas fueron detenidas con base en la Ley 977 contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva; la Ley 1055 de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz y la Ley 1060 de Reforma del Código Procesal Penal. La primera aprobada en julio del año 2018, y las otras dos a menos de un año de la jornada electoral.

La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos señaló las tres reformas como incompatibles con los estándares internacionales de derechos humanos por socavar la protección de los derechos a las libertades de expresión y asociación y vulnerar la presunción de inocencia y el derecho a un juicio justo. Asimismo, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos había advertido, en el momento de su aprobación, que existía el riesgo de que fueran utilizadas para reprimir selectivamente a las voces disidentes.

A las siete personas precandidatas y otras treinta y dos que fueron detenidas arbitrariamente entre mayo y octubre les fueron violados su derecho a la defensa, el derecho a comunicarse con sus familiares y el derecho a un trato digno. Por todo ello, la Alta Comisionada ha solicitado sin éxito, en reiteradas oportunidades, que fueran liberadas. Se detuvo arbitrariamente al menos cinco periodistas y se allanaron la sede de varios medios; se impidió la acreditación y el acceso al país de gran parte de la prensa internacional, varios periodistas tuvieron que salir en el exilio resultando así afectadas la libertad de prensa y de expresión. Durante la campaña se oyó a los medios de comunicación de propiedad estatal solicitar el voto para el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y denigrar a otros partidos, candidaturas y agrupaciones. En violación a la libertad de asociación, las organizaciones que contaban con el apoyo de la cooperación internacional fueron sometidas a controles excesivos y arbitrarios bajo la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros y se canceló la personalidad jurídica de cuarenta y cinco de ellas.

La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos evaluó con atención los avances incluidos en el primer informe nacional voluntario de Nicaragua presentado en junio ante el Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible (FPAN) de las Naciones Unidas, así como el esfuerzo por sostener el gasto social en el año 2021, y el compromiso de mantenerlo en el año 2022. Sin embargo, cualquier esfuerzo en el ámbito social debe necesariamente ir acompañado de reformas políticas e institucionales acorde con los estándares internacionales de derechos humanos que permitan a Nicaragua restablecer el equilibrio democrático y avanzar hacia el pleno disfrute de los derechos civiles y políticos incluyendo los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición.

En resumen, el principio de pluralismo político, que de acuerdo con el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CCPR) es fundamental para el ejercicio del derecho a la participación política, quedó claramente limitado de cara al proceso electoral y pidiendo que muchas y muchos nicaragüenses tuvieran voz y voto en el mismo.

Reitero, por tanto, el llamado de la Alta Comisionada de restablecimiento del Estado de derecho, in primis la liberación de todas las personas detenidas arbitrariamente, la reinstauración de los partidos políticos que fueron disueltos y el cese de todo acoso contra activistas políticos, periodistas y defensoras y defensores de derechos humanos y la alineación de toda la legislación que actualmente restringe indebidamente el espacio cívico con las normas internacionales de derechos humanos pertinentes. Con ese fin, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos hace un llamado a que Nicaragua restablezca la cooperación multilateral y a que inicie un diálogo amplio, participativo y transparente con una clara e integral perspectiva de derechos humanos.

La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, una vez más, ofrece su asistencia y apoyo a las y los nicaragüenses y seguirá monitoreando la situación de derechos humanos en Nicaragua, de acuerdo con el mandato que le ha sido encomendado con la resolución A/RES/48/141 de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Muchísimas gracias, señor Presidente.

El PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señor Alberto Brunori, por su presentación.

Doctor Daniel Zovatto, Director Regional para América Latina y el Caribe del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional)

El PRESIDENTE: A continuación, tengo el gusto de saludar y darle la más cordial bienvenida al Consejo Permanente al doctor Daniel Zovatto, Director Regional para América Latina y el Caribe del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional).

Doctor Zovatto, bienvenido a este Consejo Permanente, tiene usted el uso de la palabra.

El DIRECTOR REGIONAL PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE DEL INSTITUTO INTERNACIONAL PARA LA DEMOCRACIA Y LA ASISTENCIA ELECTORAL: Buenas tardes, señor Presidente del Consejo Permanente, Embajador Josué Antinoe Fiallo; excelentísimos embajadores, representantes permanentes y representantes alternos; señor Luis Almagro, Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA); señor Nestor Mendez, Secretario General Adjunto de la OEA; señora Antonia Urrejola, Presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); señor Alberto Brunori, Representante Regional para América Central y el Caribe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH); señoras y señores embajadores.

En nombre del Secretario General del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional), Kevin Casas-Zamora, y en el mío propio, deseo agradecer de manera especial esta honrosa invitación para compartir en el seno de este Consejo Permanente nuestra posición, nuestra mirada sobre la grave situación que vive Nicaragua.

Desde el programa para América Latina y el Caribe de IDEA Internacional, hemos dado un atento seguimiento a la deriva autoritaria del régimen de Daniel Ortega desde hace diez años; es decir, desde la primera elección de aquel año 2011. La grave situación que vive Nicaragua no es nueva para la OEA. Es una de las que más atención ha recibido de parte de esta Organización, siempre animada con el doble objetivo de evitar que Nicaragua profundizara su deriva autoritaria y ayudarla a regresar a la senda democrática.

Lamentablemente el Gobierno autoritario de Nicaragua, como ha quedado claramente expresado en las intervenciones que me preceden, no solo ha ignorado todas estas recomendaciones, sino que ha manipulado los procesos de diálogo que intentaron buscar una salida pacífica a la grave crisis reformando la ley electoral a su favor, adoptando nuevas leyes para cerrar todos los espacios de competencia política e instaurando un estado policíaco caracterizado por una fuerte represión, una grave violación de los derechos humanos y una impunidad estructural tal como lo han denunciado y documentado numerosas organizaciones de derechos humanos, entre ellas la CIDH, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y la Alta Comisionada para los Derechos Humanos.

Durante el presente año, desde IDEA Internacional hemos dado seguimiento muy de cerca al proceso electoral. Junto con el observatorio nicaragüense “Urnas Abiertas” y la Universidad Andrés Bello de Venezuela elaboramos un informe minucioso pre electoral en el que denunciamos la existencia de un plan doloso de parte de la dictadura para acabar con la democracia, la existencia de numerosas irregularidades en materia de integridad electoral y, a la luz de todo estos hallazgos, propusimos que el régimen suspendiese estas elecciones y convocase unas nuevas garantizando plenas garantías y advirtiendo en nuestro informe, que si estas se llevaban a cabo en las condiciones de marcada irregularidad e ilegitimidad, las mismas carecerían de toda credibilidad y sus resultados deberían ser desconocidos.

Denunciamos asimismo la detención, entre mayo y noviembre de este año, de cuarenta líderes de diversos sectores, incluidos siete aspirantes presidenciales de oposición —quienes aún permanecen privados de libertad—; también denunciamos la cancelación de la personería jurídica de los tres principales partidos de oposición, los severos ataques a la libertad de expresión, las múltiples medidas arbitrarias adoptadas por el Consejo Supremo Electoral (CSE) —órgano que está bajo control absoluto del oficialismo— y la ausencia de misiones de observación internacional independientes.

La misma noche de las elecciones del 7 de noviembre emitimos una declaración firmada por los expresidentes Fernando Henrique Cardoso, Laura Chinchilla, Ricardo Lagos y Juan Manuel Santos y el Secretario General de IDEA Internacional, Kevin Casas Zamora, denunciando que las elecciones se celebraron sin contar con las mínimas condiciones que establecen los estándares internacionales en materia de elecciones libres y justas y proponiendo siete medidas concretas dirigidas a impedir a Daniel Ortega consolidar su dictadura.

Días después, y previo al inicio del quincuagésimo primer período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA, desde IDEA Internacional lideramos una carta firmada por cuarenta y nueve excancilleres de la región —de todos los colores políticos— dirigida a la Asamblea General, proponiéndole una agenda con seis medidas concretas, entre ellas, denunciar la ilegitimidad de las elecciones del 7 de noviembre y desconocer sus resultados.

Resumiendo: la crisis que vive Nicaragua es una de las más graves desde el retorno de la democracia en nuestra región a partir del año 1978. En mis treinta y cinco años de vida profesional en el tema electoral, nunca había visto una situación en la que el régimen autoritario encarcelara, de previo a la elección con total osadía e impunidad, a los siete principales aspirantes de la oposición, cancelara la personería jurídica de los tres principales partidos de oposición y que el proceso electoral tuviese lugar en el marco de grave represión política que fue descrito muy bien aquí por las dos personas que me antecedieron.

¿Qué hacer pues frente a esta inédita situación? Desde IDEA Internacional proponemos una agenda de cinco puntos:

1. Hay que actuar con toda la firmeza y determinación que el caso amerita. Hay que mantener siempre abierta la puerta del diálogo, en eso estamos de acuerdo, pero acompañar la oferta del diálogo —un diálogo genuino, como se dijo acá—, con un aumento de la presión internacional que sea sostenida y contundente sobre el régimen de Daniel Ortega.

Hay que aumentarle el costo de permanecer en el poder de manera ilegítima. En este sentido, es muy importante comenzar a vincular las sanciones políticas con las sanciones individuales y las económicas para limitar el margen económico de la dictadura aumentando las consecuencias económicas que tiene la represión política y, en este sentido, recomendamos especialmente solicitar a los organismos internacionales financieros como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y, de manera especial, al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) suspender todos los desembolsos de los créditos que ya están en marcha y la no aprobación de nuevos créditos hasta que el régimen ceda en su deriva autoritaria.

2. Profundizar el aislamiento internacional de la dictadura desconociendo los resultados de las ilegítimas elecciones del pasado 7 de noviembre y exigir la realización de nuevas elecciones con plenas garantías.

3. Exigir la liberación inmediata de los más de ciento cincuenta presos políticos, incluidos los siete aspirantes a la Presidencia, a los cuales además les enviamos a ellos, a ellas y a sus familiares toda nuestra solidaridad.

4. Demandar el pleno restablecimiento del orden constitucional, la plena vigencia de los derechos humanos y el restablecimiento del Estado de derecho.

5. Hay que agotar todos los procedimientos que establece el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana con el objetivo de alcanzar una salida negociada, pacífica, democrática y por la vía electoral en un plazo razonablemente corto y respecto del cual exista una hoja de ruta acordada entre las partes de buena fe. De no prosperar esta iniciativa, proponemos que se convoque a un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA para aprobar la suspensión del Estado de Nicaragua de su derecho de participación en la OEA, conforme al artículo 24 de la Carta Democrática Interamericana.

Frente a la gravedad de esta crisis no es posible aducir, como se viene aduciendo de manera sistemática, el argumento de la no injerencia en los asuntos internos, ya que como bien ha dicho la Corte IDH, y cito: “el ejercicio efectivo de la democracia en los Estados americanos constituye una obligación jurídica internacional y estos soberanamente han consentido en que dicho ejercicio ha dejado de ser únicamente un asunto de su jurisdicción doméstica, interna o exclusiva”. Tampoco es posible permitir que el régimen de Daniel Ortega consolide con total impunidad su régimen dictatorial. Esta crisis no es entre izquierda o derecha, como algunos pretenden hacernos creer; esta crisis es optar entre la dictadura o la democracia. Hay pues mucho en juego en Nicaragua. No detener la deriva autoritaria del régimen de Daniel Ortega, además de las graves consecuencias que ello podría traer para el pueblo nicaragüense —que ya está sufriendo—, y la región, particularmente Centroamérica, que está atravesando por una situación muy delicada, establecería un peligroso antecedente de impunidad para todo nuestro Continente en un momento en que nuestras democracias atraviesan un momento muy crítico.

Muchas gracias, señor Presidente.

El PRESIDENTE: Muchas gracias, doctor Daniel Zovatto, por su presentación.

Señor Luis Almagro, Secretario General de la Organización de los Estados Americanos

El PRESIDENTE: A continuación, tengo el honor de saludar y darle la más cordial bienvenida al señor Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), señor Luis Almagro.

Señor Secretario General, tiene usted el uso de la palabra.

El SECRETARIO GENERAL: Gracias, señor Presidente.

Queridas y queridos colegas.

El 7 de noviembre de 2021 Nicaragua celebró elecciones en el marco de un proceso que no cumplió ninguno de los elementos esenciales de la democracia descritos en la Carta Democrática Interamericana, ni el respeto a los derechos humanos, ni a las libertades fundamentales, ni el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de derecho. Estas elecciones no fueron ni libres, ni justas, ni basadas en el sufragio universal, ni en el régimen plural de partidos ni en las organizaciones políticas, ni en la separación e independencia de los poderes del Estado. Estos principios son de carácter obligatorio; constituyen el marco jurídico en el cual los estados políticos, los regímenes políticos del Continente deben afirmarse, basarse.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), bien lo decía el doctor Daniel Zovatto, ha señalado que las regulaciones que implementen los estados deben ser compatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos y, por ende, con los principios de la democracia representativa que subyacen en el sistema interamericano incluyendo los que se desprenden de la Carta Democrática Interamericana. A pesar de las diversas oportunidades para fortalecer el proceso electoral y brindar garantías para comicios justos, libres y transparentes, el Gobierno de Nicaragua optó por el camino del autoritarismo mintiéndole con ello a su gente, a la comunidad internacional y a esta Organización respecto de su voluntad para trabajar y edificar un sistema electoral sólido.

En los últimos años, los países que integran el sistema interamericano y esta Secretaría General, por diferentes mecanismos institucionales existentes, trabajamos en este sentido. El Gobierno nicaragüense, sin embargo, ignoró por completo estas iniciativas; no tomaron en cuenta las recomendaciones formuladas; no tomaron en cuenta los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ni del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI); y, no tomaron en cuenta las resoluciones aprobadas por la Asamblea General o por este Consejo Permanente.

Se advierte que en esta nueva reelección del Comandante Daniel Ortega, el Gobierno de Nicaragua desconoció de facto los criterios establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este Tribunal estableció que la habilitación de la reelección presidencial es contraria a los principios de una democracia representativa cuando es indefinida y, por ende, a las obligaciones establecidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.

Habíamos instalado una hoja de ruta; habíamos trabajado en la Misión de Acompañamiento Electoral (MAE/OEA) en el año 2017, que consignó obviamente recomendaciones fundamentales para llevar adelante un proceso electoral que fuera justo y transparente en el país. El informe final presentado al Consejo Permanente, del cual el Gobierno de Nicaragua agradeció la presentación, trazaba una hoja de ruta para el fortalecimiento institucional y electoral de Nicaragua. Ahí había un proyecto para emprender reformas electorales y contribuir al fortalecimiento del Consejo Supremo Electoral (CSE). Nada de esto se trabajó, nada de esto avanzó; los múltiples esfuerzos que llevamos adelante desde la Secretaría General, que llevó adelante el Grupo de Trabajo y que llevó adelante la Comisión Especial, definitivamente no hubo la menor insinuación al final del tiempo en trabajar en los temas de organización y transparencia.

Debido a la grave situación del país, hemos enfatizado que una elección sin exclusiones, sin inhabilitaciones, con proceso electoral justo, claro, transparente y con un registro nuevo era fundamental. Ese proceso quedó trunco. Ello llevó a la debacle de la democracia nicaragüense. Es claro y notorio que el proceso electoral del año 2021 no contó con las garantías mínimas para la celebración de comicios creíbles. El Estado no solo fue incapaz de emprender las reformas electorales que permitieran el proceso con condiciones básicas, sino que se ocupó de violar sistemáticamente los derechos humanos de la población, de la ciudadanía, cada derecho civil y político y cada derecho económico y social de cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de Nicaragua, pero también de los candidatos y de los presos políticos.

La descomposición se llevó a los extremos con la promulgación de la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz. Esto es completamente inconsistente con la normativa internacional de los derechos humanos en el sistema interamericano y la normativa internacional de la democracia. Definitivamente, no se puede hablar de injerencismo, no se puede hablar de intervencionismo, recién citaba el fallo de la Corte IDH. Lo hemos señalado en reiteradas oportunidades; el artículo 1º de la Carta de la Organización de los Estados Americanos es muy claro en cuanto jurisdicción doméstica de los estados; estos son la defensa de la democracia y la defensa de los derechos humanos, no hay alma en este mundo que pueda decir que es un tema de jurisdicción doméstica de los estados.

La prisión de candidatos presidenciales y líderes opositores, definitivamente, se ha llevado a un extremo; las detenidas y los detenidos, algunos con ética revolucionaria, ética revolucionaria de verdad, la que nosotros querríamos que se asumiera para tener una Nicaragua democrática verdadera para que definitivamente se reinstaure el Estado de derecho en Nicaragua.

La cancelación de partidos políticos, esa fue otra dinámica que es verdaderamente inaceptable. Los ataques permanentes a la libertad de expresión como fueron denunciados por la Relatoría de Libertad de Expresión de la CIDH, como fueron denunciados por la CIDH, como fueron denunciados por Reporteros Sin fronteras (RSF) y como fueron denunciados por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

Un órgano electoral completamente cooptado al servicio del Poder Ejecutivo. Definitivamente, no es este el camino a darle más derechos a los y las nicaragüenses; cooptar la soberanía que, definitivamente, debe radicar en el pueblo y quedarse con las instituciones del Estado. Definitivamente, ese no es el camino. La reforma electoral es simplemente un acto de maquillaje, inaceptable absolutamente.

Hemos dado todas las oportunidades para que Nicaragua evitara aislarse. Hemos procurado de todas formas instalar espacios de diálogo. Hemos trabajado con el gobierno en la liberación de presos políticos junto con la Nunciatura y la Cruz Roja, como fue el caso de los presos liberados a comienzos del año 2019. Definitivamente, hemos trabajado para fortalecer las dinámicas de protección de derechos humanos, el trabajo que ha hecho la CIDH, el trabajo que ha hecho el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) han sido fundamentales al respecto.

El camino hacia adelante tiene que ser con elecciones libres, libertad de los presos políticos, restauración del Estado de derecho y restauración de cada uno de los principios establecidos en los artículos 3° y 4° de la Carta Democrática Interamericana. La comunidad internacional, la comunidad interamericana ha trabajado con ahínco; ha ofrecido a Nicaragua mil veces volver al camino de la democracia, renovar el camino de la democracia, renovar un compromiso democrático. Verdaderamente, el mayor peligro para la democracia de la región ha sido esta erosión paulatina de las salvaguardas democráticas que pueden conducir a un régimen autoritario, como señaló la Corte IDH.

La erosión y el quiebre de la democracia en Nicaragua es algo que duele a todos; duele profundamente ver la Revolución Sandinista terminar en un esquema dictatorial como el que ha llegado ahora.

Respecto al camino hacia adelante, debemos renovar los esfuerzos, tenemos que renovar los esfuerzos. Debemos seguir desempeñando un papel en la defensa de la democracia y los principios democráticos en Nicaragua. Debemos seguir desempeñando un papel fuerte y contundente a la hora de exigir elecciones libres y transparentes. Debemos seguir trabajando para que los derechos políticos y civiles de la gente en Nicaragua sean apoyados por la acción de esta Organización. Debemos promover y facilitar el diálogo político. Debemos promover y facilitar la negociación y el consenso. Debemos hacer un seguimiento de esto. Debemos, obviamente, llegar a un punto en que haya la liberación total de los presos políticos, la implementación de reformas electorales claras, contundentes y concretas. Hay que dejar sin efecto toda la legislación que se ha implementado que, definitivamente, afecta a los derechos humanos de la gente.

Estos acuerdos en el tiempo deben ser puestos sobre la mesa y deben ser endosados por todas las partes nicaragüenses. Esto es algo que, definitivamente, recibí el otro día y que más acuerdo no puedo tener. La comunidad internacional debe fortalecer sus mecanismos de presión, los que sean bilaterales, los que sean multilaterales, los que tengan que ver con organizaciones financieras y los que tengan que ver con el multilateralismo político.

Debemos seguir trabajando para que Nicaragua retome el camino de la democracia.

Gracias, señor Presidente.

El PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Secretario General, por su presentación.

Intervención del Embajador Michael René Campbell Hooker, Ministro Asesor Presidencial para Relaciones Internacionales de la República de Nicaragua

El PRESIDENTE: A continuación, saludo y ofrezco la palabra a la Delegación de Nicaragua en la persona del Embajador Michael René Campbell Hooker, Ministro Asesor Presidencial para Relaciones Internacionales de la República de Nicaragua.

Embajador Campbell Hooker, tiene usted el uso de la palabra.

EL MINISTRO ASESOR PRESIDENCIAL PARA RELACIONES INTERNACIONALES DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA: Señor Presidente, nuevamente hemos escuchado presentaciones de supuestos informes sobre Nicaragua basados en falsedades y cuyo único propósito ha sido, es y continuará siendo promover la campaña cruel de agresiones en contra del pueblo nicaragüense. Estos informes, que sirven únicamente de caja de resonancia para las mentiras promovidas por los golpistas del año 2018, y sus operadores internacionales, contradicen las reglas básicas de equilibrio, objetividad, universalidad y, sobre todo, de veracidad.

Así como rechazamos la convocatoria de esta ilegítima sesión extraordinaria, también rechazamos de la manera más categórica estos mentirosos panfletos. Basta leer las fuentes para determinar su carencia de integridad y obvia parcialidad; tratan de mostrar un caso que solo está en la estrategia e intereses de los gobiernos que la financian; no reflejan los atroces y gravísimos ataques a edificios públicos, hospitales, centros de salud, escuelas e instalaciones de gobierno y, sobre todo, encubren los perversos ataques en contra de la población víctima de los terroristas; nicaragüenses humildes asesinados, violados y heridos; sus viviendas arrasadas e incendiadas; el dolor de las familias que sufrieron en viva imagen la quema de sus familiares por hordas alentadas y financiadas en el año 2018 por ciertos gobiernos y agentes extranjeros.

Condenamos la política intervencionista que tergiversa el funcionamiento adecuado de las organizaciones regionales e internacionales de derechos humanos que en lugar de promover el ejercicio efectivo de los derechos del pueblo nicaragüense y de los pueblos hermanos de nuestra América Latina y caribeña se suma a la maquinaria mediática y a las agresiones que atentan contra la soberanía nacional apuntando a desmantelar la estructura funcional del Estado democrático de Nicaragua y a destruir su institucionalidad. El dolor de las familias nicaragüenses no admite ninguna manipulación grotesca. Por ello, rechazamos absolutamente todo lo contenido en estos documentos viciados.

En diversas sesiones de este Consejo Permanente y hasta en la Asamblea General se ha vuelto notorio la práctica de la mentira en cuanto a Nicaragua se refiere. En Nicaragua el Estado de derecho es sólido y la soberanía nacional se ejerce plenamente en defensa institucional mediante leyes debidamente aprobadas por los órganos legislativos competentes y a través de procedimientos judiciales muy claros que atienden las bases de la observancia de todos los derechos procesales de todo indiciado. A cada uno de los procesados se le aplica el principio constitucional del debido proceso, fijado en la norma constitucional artículo 34 numeral 8, que establece que se dicte sentencia motivada, razonada y fundada en derecho dentro de los términos legales en cada una de las instancias del recurso o procedimiento y que se ejecuten, sin excepción, conforme al derecho.

En nuestro país nunca hubo candidato detenido; esa mentira se cae por su propio peso, por la sola evidencia de que, en las publicaciones oficiales de las listas de candidatos y candidatas en los medios de comunicación, así como en las redes sociales, ningún nombre de las personas detenidas y siendo investigadas por la Comisión de Delitos, fueron mencionadas.

Por otra parte, no hay ni un solo inocente siendo procesado, ni uno. Como lo hemos repetido anteriormente, los que están siendo objeto de procesos legales son agentes extranjeros identificados plenamente en nóminas de gobiernos extranjeros, documentos que son públicos y de fácil acceso para quien quiera ver esas planillas. Basta escudriñar las ejecuciones presupuestarias de los Gobiernos de los Estados Unidos, Canadá, o de algunos gobiernos europeos para entender cómo ciertas organizaciones no gubernamentales (ONG) recibieron millonarias sumas de dinero que fueron usadas para destruir y matar, para quebrar la economía y subvertir el orden constitucional. Ello, sin mencionar los millones de dólares que fueron a parar en cuentas privadas y personales. Esos actos en Nicaragua, y en todos los países de América y el mundo, son tipificados como delitos y se castigan con distintos niveles de pena, pues es la vida del ciudadano, el bien jurídico protegido, el más afectado y perjudicado por la acción directa de aquellos que hoy están siendo procesados. La intención de desvirtuar la buena andanza del proceso judicial constituye una amenaza a la soberanía nacional de Nicaragua que no aceptamos ni toleramos.

Muchas gracias, señor Presidente.

El PRESIDENTE: Muchas gracias, Embajador Michael René Campbell Hooker, por su intervención.

Intervenciones de las delegaciones de los Estados Miembros

El PRESIDENTE: Siguiendo con el orden del día, a continuación, me permito ofrecer la palabra a las delegaciones que deseen referirse al asunto que nos convoca el día de hoy.

Tiene la palabra el Embajador Washington Abdala del Uruguay.

El REPRESENTANTE PERMANENTE DEL URUGUAY: Gracias, señor Presidente.

El Uruguay lamenta la decisión adoptada por el Gobierno de Nicaragua de denunciar la Carta de la Organización de los Estados Americanos. Todos sabemos que este Organismo ha sido fruto de una construcción histórica de la cual Nicaragua fue partícipe junto a los demás estados americanos para establecer objetivos, propósitos compartidos y medios de acción adecuados que sirvieran para defender la democracia en el Continente y aportarles a nuestros pueblos mayores niveles de bienestar.

Lamentamos que en esta especial circunstancia que atraviesa Nicaragua, caracterizada por la falta de respeto a los derechos humanos, al pluralismo político y a las libertades políticas ciudadanas, su gobierno resuelva distanciarse del Organismo que nos vincula a todos. Estas medidas de distanciamiento conducen al aislamiento y en forma alguna aportan beneficios para la situación de su población, especialmente para aquellos que están en condiciones de mayor vulnerabilidad.

Hacemos votos para que el Gobierno de Nicaragua retorne a la vía del diálogo y a la negociación con la oposición política del país para buscar una pronta solución a la crisis política e institucional que el país atraviesa.

Es cuanto queríamos decir, señor Presidente.

El PRESIDENTE: Muchas gracias, Embajador Washington Abdala.

Tiene la palabra la Delegación del Ecuador.

El REPRESENTANTE ALTERNO DEL ECUADOR: Muchas gracias, señor Presidente.

Señor Presidente, por mandato de la Asamblea General en su resolución AG/RES. 2978 (LI-O/21), nos corresponde en esta sesión extraordinaria emprender en una evaluación colectiva de la situación en Nicaragua que se ha beneficiado de las presentaciones formuladas por el Representante de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, señora Michelle Bachelet; el Secretario General, Luis Almagro; la Presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Antonia Urrejola, y el señor Daniel Zovatto, Director Regional para América Latina y el Caribe del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional). Esas declaraciones y tantas otras dan cuenta y confirman la postura autocrática de los dirigentes de esa nación que han debilitado el Estado de derecho, conculcado los derechos políticos de sus ciudadanos minando el orden constitucional y atropellando las instituciones democráticas.

La pantomima electoral del 7 de noviembre no sirvió sino para confirmar esta actitud violatoria de la Carta Democrática Interamericana. Mi país reprobó esos comicios e igualmente condenó la persecución, represión y detención de los líderes de la oposición política, miembros de la sociedad civil y medios de comunicación. Entretanto, Managua ha optado por denunciar la Carta de la Organización de los Estados Americanos como si de esa manera pudiera liberarse de sus obligaciones jurídicamente vinculantes consagradas en la normativa interamericana que le son plenamente aplicables. La decisión contribuye —eso sí— a su mayor aislamiento en perjuicio del sufrido pueblo nicaragüense.

El Ecuador sostiene que este ejercicio de apreciación en conjunto debe llevar al Consejo Permanente a reconocer y declarar que Nicaragua se halla en rebeldía de la Carta Democrática Interamericana, lo que no puede ser tolerado y debe ser revertido. También, considera que se debe demandar la liberación inmediata de los presos políticos, tanto más que su detención —que nunca fue legítima—; ahora resulta indefendible aun en la visión de las autoridades gubernamentales que se valieron de los denominados comicios en el vano intento de silenciar sus voces.

Otras medidas, por cierto, deben ser exigidas empezando por el retorno de los organismos regionales y mundiales de los derechos humanos a Nicaragua sin perjuicio de la realización de gestiones diplomáticas contempladas en la Carta Democrática Interamericana, incluidos los buenos oficios promotores de la normalización del resquebrajado orden democrático.

A juicio del Ecuador, la única solución sostenible y democrática para Nicaragua que permita superar la grave crisis política, económica y social por la que atraviesa, consiste en entablar un diálogo genuino e inclusivo entre todas las partes involucradas. Con la forzosa derogación de leyes restrictivas y la promulgación de una legislación amplia y participativa, el diálogo debe conducir en el más breve plazo a la celebración de nuevas elecciones presidenciales y legislativas justas, libres y transparentes bajo supervisión internacional. De ahí la necesidad de plasmar en un documento estos y otros elementos que emanen de la presente sesión extraordinaria para el conocimiento del régimen de Daniel Ortega en la esperanza de que se avenga al pedido de la comunidad democrática de las Américas.

En el indeseable supuesto de que no sepa escuchar ni apreciar este gesto solidario, nos corresponderá para bien de la democracia en esa nación hermana, y del Hemisferio en general, avanzar en el proceso gradual que hemos venido observando y adoptar las decisiones permanentes de conformidad con la Carta de Bogotá, el Derecho Internacional y la Carta Democrática Interamericana.

Muchas gracias, señor Presidente.

El PRESIDENTE: Muchas gracias a la Delegación del Ecuador.

Tiene ahora la palabra la Delegación de la República Dominicana.

La REPRESENTANTE ALTERNA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA: Gracias, señor Presidente.

La situación que ocurre en Nicaragua es algo que nos ha llenado cada vez más de preocupación, en lo cual nuestra Organización debe considerar actuar con acciones firmes, sobre todo, respecto a las recientes elecciones en ese país el pasado 7 de noviembre. Lo ocurrido fue algo que todos los aquí reunidos intuíamos o teníamos una gran certeza de que ocurriría.

Muy triste y lamentable también es el hecho de que todos sabíamos lo que esto significaba para la democracia, el Estado de derecho y las libertades fundamentales en Nicaragua. Todo ello, a pesar de los continuos llamados y mensajes de buena voluntad y mediación para con el gobierno llevados a cabo en el marco de las relaciones de amistad y cooperación entre nuestros países, la Carta de la Organización de los Estados Americanos y la Carta Democrática Interamericana.

Los acontecimientos ocurridos en Nicaragua, cada vez más lamentables en torno a la detención de precandidatos a cargos de elección, líderes opositores, sociales y empresariales sin garantía de sus derechos, constituían una clara amenaza tangible para la celebración de un proceso electoral justo como expresión de la soberanía del pueblo nicaragüense. Esas y otras acciones contra partidos y grupos políticos, así como contra la libertad de prensa y expresión, impidieron que se dieran las condiciones necesarias para la celebración de elecciones libres y justas.

Estimados colegas, estamos muy conscientes de que cuando una crisis afecta a un país, ésta generalmente tiene repercusiones en sus vecinos y en toda la región. Sobre lo ocurrido en Nicaragua, siempre respetuosos del principio de no injerencia en los asuntos internos de otros estados y la libre determinación de los pueblos, estamos muy claros de que todos los aquí reunidos estamos comprometidos con los principios y valores de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Recientemente se ha tomado la decisión de denunciar la Carta de la Organización de los Estados Americanos con lo cual inicia su proceso de retiro de la OEA. Con las acciones antes citadas, se ha elegido el camino del aislamiento y el distanciamiento.

Señor Presidente, el Gobierno dominicano considera que las elecciones del pasado día 7 de noviembre en Nicaragua no reunieron las condiciones para ser consideradas libres, justas y competitivas; esto contraviene la Carta de la Organización de los Estados Americanos y la Carta Democrática Interamericana y debe ser rechazado contundentemente. Instamos al Gobierno nicaragüense a poner en libertad a los presos políticos y a tomar las acciones apropiadas para el retorno al sendero de la democracia.

Hacemos votos por la solución pacífica de la crisis nicaragüense a través del diálogo mediante un proceso que restaure la confianza entre las partes y que conlleve a la celebración de nuevas elecciones que sean justas, libres y transparentes y que reflejen la voluntad del pueblo nicaragüense con garantía para todos los actores y grupos políticos involucrados y el acompañamiento de la comunidad internacional.

Muchas gracias, señor Presidente.

El PRESIDENTE: Muchas gracias, Embajadora.

Tiene ahora la palabra la Delegación del Paraguay.

El REPRESENTANTE INTERINO DEL PARAGUAY: Muchas gracias, señor Presidente.

La Delegación paraguaya agradece la convocatoria a esta sesión extraordinaria con el fin de realizar una evaluación colectiva inmediata de la situación en Nicaragua, de conformidad con la Carta de la Organización de los Estados Americanos y la Carta Democrática Interamericana, en cumplimiento a un mandato del último período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

En su momento, el Gobierno de la República del Paraguay en un comunicado oficial manifestó su profunda preocupación por el deterioro del sistema político e institucional en Nicaragua agravado por un proceso electoral viciado que culminó con las elecciones generales el pasado 7 de noviembre que no contempló las debidas garantías para la participación de todos los actores políticos y atentó contra las libertades fundamentales de los ciudadanos nicaragüenses. Por ello, para nuestra Delegación, dichos comicios carecen de legitimidad democrática.

Por otro lado, el Gobierno del Paraguay lamenta la decisión de Nicaragua de denunciar la Carta de la Organización de los Estados Americanos demostrando la falta de compromiso de su actual gobierno con los principios democráticos que rigen esta Organización, especialmente en lo que respecta a la vigencia del Estado de derecho y de respeto a los derechos humanos establecidos de forma clara en los instrumentos interamericanos.

El Paraguay reafirma su compromiso con las iniciativas adoptadas en el marco de la OEA que tengan como objetivo restablecer los derechos y libertades de los ciudadanos nicaragüenses. Asimismo, continuará exhortando a la liberación inmediata de los presos políticos y a la celebración de elecciones libres, justas y transparentes. El Gobierno del Paraguay hace un llamado a generar espacios de diálogo y entendimiento que tengan como centro del debate el bienestar del pueblo nicaragüense.

Muchas gracias, Presidente.

El PRESIDENTE: Muchas gracias a la Delegación del Paraguay.

Tiene ahora la palabra la Delegación de San Vicente y las Granadinas.

El REPRESENTANTE ALTERNO DE SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS: Thank you very much, Mr. Chairman. His Excellency Luis Almagro, Secretary General; His Excellency Nestor Mendez, Assistant Secretary General; ambassadors; alternate representatives; permanent observers; members of staff of the Organization of American States (OAS) General Secretariat; Mr. Alberto Brunori, Regional Representative for Central América and the Caribbean of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights; Commissioner Antonia Urrejola Noguera, President of the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR); Dr. Daniel Zovatto, Director for Latin America and the Caribbean at the International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA); Ambassador Michael René Campbell Hooker, Minister Advisor of the President of the Republic of Nicaragua for International Relations; ladies and gentlemen: Good afternoon.

Mr. Chairman, the delegation of Saint Vincent and the Grenadines thanks your kind indulgence to make a brief statement in a topic of concern in this afternoon’s special meeting of the Permanent Council.

Mr. Chairman, the delegation of Saint Vincent and the Grenadines notes the mandate for this special meeting of the Permanent Council via resolution AG/RES. 2978(LI-O-21). Mr. Chairman, however, let the record show my delegation’s footnoted this resolution. For the record, once more, we wish to read, for the purpose of today’s special meeting:

“Saint Vincent and the Grenadines remains in strict adherence to the bedrock principle of non-interference on the internal affairs of states, as enshrined in Article 1 of the Charter of the Organization of American States, states that the Organization of American States has no powers other than those expressly conferred upon it by this Charter, none of whose provisions authorizes it to intervene in matters that are within the internal jurisdiction of the Member States. Additionally, in its state-to-state interactions, Saint Vincent and the Grenadines respects and is bound by the precents of the UN Charter, which promote non-intervention in the internal affairs of states and the peaceful settlement of disputes and strongly urges that these principles are obeyed in multilateral relations. Saint Vincent and the Grenadines, therefore, urges the Organization of American States to adhere to these principles and to promote consultation and dialogue in its interaction with the Republic of Nicaragua.”

Mr. Chairman, since the adoption of the subject resolution, the Permanent Council has been notified that the Government of Nicaragua has made a sovereign decision to denounce the Charter, giving a way for this member state to withdraw from this Organization. This decision has to be respected and must be taken into account going forward.

Historically, the Government of Nicaragua has made its position known; it has not requested any form of support following the initial activities in 2018 relating to this IACHR working visit and the creation of the International Interdisciplinary Group of Independent Experts (GIEI).

Further, Nicaragua rejected the resolutions of the Permanent Council and the General Assembly that denounced the situation in the country, citing the rule of the OAS as being partial and interventionist.

Mr. Chairman, the delegation of Saint Vincent and the Grenadines has always stated that the role of the OAS should be that of a mediator if so, requested by the affected party or parties—in this case, Nicaragua—and not to be interventionist. This approach should always apply, not only to Nicaragua but also to other member states of the OAS on matters.

As always, Mr. Chairman, our delegation believes that dialogue and diplomatic approaches are needed, but not interventions which run contrary to international law.

Thank you, Mr. Chairman.

El PRESIDENTE: Muchas gracias a la Delegación de San Vicente y las Granadinas.

Tiene ahora la palabra la Delegación del Canadá.

El REPRESENTANTE PERMANENTE DEL CANADÁ: Merci beaucoup, Monsieur le Président.

Le Canada aimerait remercier la Commission interaméricaine des droits de l'homme (CIDH), le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH), le Secrétaire général Luis Almagro ainsi que IDEA international pour leur excellent travail de reportage depuis le début de la crise au Nicaragua.

Au cours des dernières années, leur travail visant à documenter l’évolution de la situation sur le terrain a servi de guide à la réponse de l’Organisation des États Américaines (OÉA) face au régime de Daniel Ortega, tout comme il a su aussi informer la politique du Canada.

Depuis 2018, la communauté internationale a observé avec horreur la détérioration de la situation au Nicaragua. Nous constatons aujourd’hui, à l’instar des présentateurs un peu plus tôt, que le Nicaragua est devenu un État policier. Il est organisé pour réprimer toute dissidence en s’attaquant aux droits démocratiques et aux libertés individuelles pour faire avancer un programme autocratique, basé sur la corruption et la concentration des pouvoirs.

Since 2018, the Ortega Regime has violently repressed all opposition and created a climate of fear by harassing protesters, opponents, and their families into silence for fear of severe reprisals. Right from the start of the electoral process earlier this year, the regime cracked down on peaceful protesters and opposition members, the predictable result of three 3 years of increasingly undemocratic rule, which saw the introduction of laws restricting civil rights and freedoms, the progressive erosion of the separation of powers, and the corruption of government bodies at every level.

We witnessed a number of tactics in the lead up to the November elections: A significant number of arbitrary arrests and the unlawful detention of presidential candidates, the cancellation of the official registration of opposition parties, the systematic closure of democratic forums, and the persecution of journalists and members of the press.

I want to give a couple of examples today. Presidential candidates Medardo Mairena, Félix Maradiaga, Miguel Mora, Cristiana Chamorro, Juan Sebastián Chamorro, Arturo Cruz, and Noel Vidaurre were arrested in order to prevent them from participating in November’s fraudulent elections.

The Police raided La Prensa newspaper on August 13 of 2021, just the latest example in a long series of events where journalists perceived as critical of the regime faced prosecution, surveillance, harassment, threats, and trumped-up criminal charges, such as drug trafficking. Since 2018, more than 70 journalists have also been forced into exile.

I could go on. I think our speakers earlier listed a number of these very specific elements, but I want to draw the specifics to your attention. This report from International IDEA on the Global State of Democracy clearly shows how significant and rapid the decline of democracy in Nicaragua has been. According to the International IDEA’s data-based analysis, Nicaragua is now second in the world in terms of the scope of its democratic decline over the past 10 years, in the 2010 the 2020 period. As Dr. Zovatto said, this deterioration started a decade ago; even longer, according to other credible analyses, including those of the Inter-American Commission on Human Rights. But it has greatly accelerated since 2017, when International IDEA characterized the Ortega regime as authoritarian.

The November 7 elections were neither free, nor fair, nor democratic. It is clear, following what we have heard today, that the Ortega regime has failed to meet its commitments under the Inter-American Democratic Charter, which affirms, in Article 1, that “The peoples of the Americas have a right to democracy, and their governments have an obligation to promote and defend it.”

In light of the Ortega regime’s failure in his duty to meet Nicaragua’s commitments under the Charter, we—as members of this Council—must now determine how we will respond. The gravity of the situation means that we must consider all options available to us, and we must do so in a deliberate and timely way. The people of Nicaragua need our support, and we must do what we can to provide it.

Canada has a long history of working to assist the people of Nicaragua. However, to date, the Ortega regime has rejected every offer of support from the OAS and from its members in order to change course and to remain within the international community of democracies. Canada remains ready to do all that it can to support a return to democracy, and it will continue to work for the Nicaraguan people through the OAS and with all the democratic tools at our disposal, to secure the Government of Nicaragua’s commitment to once again complying with its democratic responsibilities and its international obligations.

Thank you, Mr. Chair.

El PRESIDENTE: Muchas gracias, Embajador Hugh Adsett.

Tiene la palabra, señor Gustavo Tarre de Venezuela.

El REPRESENTANTE PERMANENTE DE VENEZUELA: Muchas gracias, señor Presidente.

Lo que ha venido ocurriendo durante los últimos tres años en Nicaragua ha sido materia de extenso debate en el seno de esta Organización. Los atropellos que llevaron a la votación del 7 de noviembre, que no debe llamarse una elección porque los nicaragüenses no tuvieron verdaderamente el derecho a elegir, han sido condenados por casi todos los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Sin embargo, a pesar del consenso alcanzado, la dictadura insiste en su práctica violatoria de los derechos humanos y ahora prefiere aislarse antes que respetar los derechos de sus ciudadanos.

Agradecemos las exposiciones que acabamos de oír. Ha sido innecesario una demostración adicional de la farsa electoral que vivió Nicaragua y por ello no me extenderé en la repetición de lo que ya fue dicho en forma clara, explícita y contundente. Sin embargo, no deja de llamarme la atención que el vocero del Gobierno de Daniel Ortega, que acabamos de oír, afirme que en Nicaragua se respeta el debido proceso y dice —para agregar unos segundos más tarde— que no hay ningún inocente procesado. Óigase bien, no hay ningún inocente procesado; es decir, que todos los procesados son culpables; es decir, que no hay debido proceso porque antes de esperar la sentencia ya son considerados culpables. Solo esta confesión basta para ahorrarnos muchos argumentos.

Como muy bien dijo el Secretario General Luis Almagro, es muy grave que todavía se apele al principio de no intervención como una excusa para justificar una dictadura que se ha perpetuado en el poder a costa del sufrimiento de los ciudadanos. El principio de no intervención no puede seguir siendo invocado como una luz verde para que los gobiernos hagan lo que quieran con sus ciudadanos sin respetar los derechos humanos y políticos de los mismos.

La dirección del Gobierno de Nicaragua de abandonar la OEA no es una sorpresa; repiten la conducta adoptada por el régimen de Nicolás Maduro cuando se vio bajo el escrutinio de los miembros de esta Organización por la comisión de crímenes de lesa humanidad. Fue precisamente esa situación la que enmendó el Gobierno Interino de Venezuela cuando en una de sus primeras decisiones, en enero del año 2019, ratificó nuevamente la Carta de la Organización de los Estados Americanos y anunció el regreso pleno de Venezuela al Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos (SIDH).

Recordemos que, de conformidad con el artículo 143 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, no es posible denunciarla con efecto inmediato; por el contrario, la referida cláusula establece un período de transición de dos años, que en opinión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), sirve de salvaguarda contra denuncias abruptas e intempestivas durante el cual el Estado debe dar cumplimiento a las obligaciones emanadas de la misma.

Muy clara ha sido la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en una opinión consultiva, el 9 de noviembre del año 2020, cuando establece que:

1. Las obligaciones de derechos humanos derivadas de la Carta de la Organización de los Estados Americanos permanecen incólumes durante el período de transición hacia la denuncia efectiva;

2. La denuncia efectiva de la Carta de la Organización de los Estados Americanos no surte efectos retroactivos;

3. Deben cumplirse las obligaciones derivadas de las decisiones de los órganos de protección de derechos humanos del sistema interamericano hasta su cumplimiento total;

4. Permanece vigente el deber de cumplir con los tratados interamericanos de derechos humanos ratificados y no denunciados conforme a sus propios procedimientos; y,

5. Las normas consuetudinarias, las derivadas de principios generales de derecho y las pertenecientes al ius cogens continúan obligando al Estado en virtud del derecho internacional general, así como subsiste el deber de cumplir con las obligaciones que se derivan de la Carta de las Naciones Unidas.

En virtud de lo anteriormente expuesto, no solo el Estado de Nicaragua continúa comprometido hasta haber cumplido con las obligaciones emanadas de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, sino que los Estados Miembros tenemos que continuar siendo vigilantes ante futuras violaciones por parte de Nicaragua en perjuicio de los nicaragüenses y de la región.

Presidente, consideramos que desde hace mucho tiempo la OEA debió seguir avanzando en la implementación gradual de los mecanismos contenidos en la Carta Democrática Interamericana. Este debate, estos procesos han sido recordados por el doctor Daniel Zovatto en el transcurso de su intervención. En el pasado, la OEA tuvo un rol importante como mediador para garantizar el bienestar de los nicaragüenses; hoy, tenemos la oportunidad de enviar un mensaje contundente a todos los tiranos actuales y futuros de nuestra región. La destrucción de las instituciones democráticas no puede ser tolerable.

Señor Presidente, muchas gracias.

El PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gustavo Tarre.

Tiene la palabra ahora el señor Alejandro Ordóñez Maldonado de Colombia.

El REPRESENTANTE PERMANENTE DE COLOMBIA: Señor Presidente.

Si bien la deriva autoritaria de Daniel Ortega se inició tan pronto como asumió el poder, diversos ámbitos de la Organización de los Estados Americanos (OEA) se han pronunciado desde el año 2017 con especial preocupación por la crisis de Nicaragua incluyendo a la Asamblea General, el Consejo Permanente y la Misión de Acompañamiento Electoral (MAE/OEA) de la Organización, entre otros. En dichos pronunciamientos se formularon recomendaciones integrales para indicar de conformidad con los instrumentos interamericanos aquellos aspectos que, en opinión de los Estados Miembros, podrían evitar la profundización de la crisis democrática.

Ante el desdén de Daniel Ortega a las iniciativas diplomáticas y técnicas, consumado con los sucesos del 7 de noviembre, el pueblo nicaragüense pareciera olvidado e incluso castigado ante circunstancias en las que no tiene responsabilidad. Abandonarlo en estos momentos sería un error histórico que no debemos ni queremos cometer y por eso la Asamblea General nos dio el mandato de evaluar colectivamente esta situación frente a los parámetros de la Carta fundacional de la Organización y de la Carta Democrática Interamericana.

En primer término, salta a la vista que el régimen plural de partidos y organizaciones se ha visto truncado por acciones sistemáticas dirigidas a eliminar cualquier competencia y toda capacidad de la oposición para participar con mínimas garantías en las elecciones. Ello incluyó la promulgación de la legislación represiva utilizada como justificación para encarcelar opositores y potenciales candidatos de diferentes opciones políticas bajo tipos penales ambiguos, según han señalado los órganos del sistema interamericano y de la comunidad internacional. Es indiscutible la concentración del máximo Poder en el Ejecutivo con la carencia de independencia e imparcialidad de diferentes instituciones estatales que ya no ejercen el sistema de pesos y contrapesos ante la imposición de personas que son nombradas y son dependientes del partido del gobierno. Igual sucede con las fuerzas de seguridad. La concentración del poder ha venido acompañada de graves violaciones a los derechos humanos y libertades fundamentales, pues no existe un ejercicio efectivo de protección o garantía de estos.

En la más reciente manifestación de esta grave situación, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) adoptó la semana pasada una resolución en el caso “Juan Sebastián Chamorro y otros respecto de Nicaragua”, en la cual es explícita en señalar que la posición asumida por Nicaragua evidencia que no hay ninguna voluntad de cumplir con lo ordenado y constituye un desacato a las decisiones de la Corte IDH contrariando el derecho internacional. En este contexto de represión, cierre de espacios democráticos y violaciones de derechos humanos, se llevaron a cabo elecciones presidenciales el 7 de noviembre. La Asamblea General concluyó de manera categórica que estas no fueron libres, justas, transparentes ni contaron con legitimidad.

En su opinión consultiva OC-28/21, del 7 de junio pasado, solicitada por mi Gobierno, la Corte Interamericana de Derechos Humanos le dio un espaldarazo a los principios democráticos en los que se fundamentan los derechos políticos consagrados en la Declaración Americana y en el Pacto de San José. Las conclusiones parecen un diagnóstico de la actual situación de Nicaragua. La Corte IDH señaló que la permanencia en funciones de un mismo gobernante por un largo período de tiempo tiene efectos nocivos en el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; tendencias hegemónicas que resultan en el menoscabo de los derechos de los grupos minoritarios y afectan la independencia y la separación de poderes. Al ocupar el cargo de Presidente la misma persona por varios mandatos consecutivos, se amplía la posibilidad de nombrar o remover a funcionarios de otros poderes públicos o de aquellos órganos encargados de controlarlos.

La Corte IDH concluyó en su dictamen que la habilitación de la reelección presidencial indefinida es contraria a los principios de una democracia representativa y, por ende, contraria a las obligaciones establecidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Señor Presidente, me voy a demorar un minuto más. La mejor manera de promover que en un futuro Nicaragua tenga estabilidad y apoyo internacional es que el actual gobierno evite el aislamiento en el que él mismo se ha sometido. Para ello, será necesario entablar un diálogo político sostenido y estructurado entre quienes detentan el poder fáctico, la sociedad civil y la comunidad internacional siendo —por supuesto— el bienestar, los derechos y la libertad democrática del pueblo nicaragüense los objetivos centrales de cualquier esfuerzo.

Hoy cobra enorme actualidad lo concluido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la opinión consultiva OC-26/20 del 9 de noviembre del año 2020, solicitada también por Colombia, y con respecto al cúmulo de obligaciones que tiene bajo el derecho internacional, tanto convencional como consuetudinario, un Estado que denuncia la Carta de la Organización de los Estados Americanos. El dictamen es muy claro: un Estado que se pone a sí mismo en esa posición, lo decía el Embajador Gustavo Tarre, no queda desligado de ciertas obligaciones fundamentales que tiene con respecto al tratamiento que da a sus habitantes y frente a la comunidad internacional y a los demás estados americanos. Debemos estar vigilantes en que el régimen de Daniel Ortega de cumplimiento a estas obligaciones y no incurra en nuevas violaciones del derecho internacional en perjuicio de las personas sujetas a su jurisdicción.

Ante el evidente quebrantamiento del orden constitucional y del orden democrático de ese país, concluyo mi intervención haciendo un llamado a todos los Estados Miembros de la Organización para que tomemos decisiones valientes ante estos tiempos de oscuridad. El Consejo Permanente debe demostrar unidad y firmeza en la defensa solidaria de los derechos fundamentales del pueblo nicaragüense.

Muchas gracias, señor Presidente.

El PRESIDENTE: Muchas gracias, Embajador Alejandro Ordóñez Maldonado.

Tiene ahora la palabra el Representante Interino de los Estados Unidos, Bradley Freden.

El REPRESENTANTE INTERINO DE LOS ESTADOS UNIDOS: Thank you, Chair. Secretary General Luis Almagro, Assistant Secretary General, excellencies, ladies and gentlemen. We thank our distinguished subject matter experts this afternoon for their powerful presentations.

The United States joins an overwhelming majority of the Organization of American States (OAS) member states in continuing to hold accountable President Daniel Ortega and Vice President Rosario Murillo for defrauding the Nicaraguan people on November 7 and denying them their basic democratic rights.

It is now undeniable Nicaragua is governed by a one-party, family dictatorship bent on absolute power. This regime does not tolerate dissent, as evidenced by the continuing imprisonment of more than 40 opposition figures, including seven potential presidential candidates, and the silencing of independent political parties well before election day.

Recent independent polls demonstrate that less than 20 percent of the Nicaraguan people support the rule of the Ortega-Murillo family, which, nevertheless, continues to run Nicaragua as if it were a family enterprise. They hold no democratic mandate, yet they continue to insist upon their right to rule over the Nicaraguan people. I fear, unfortunately, that we can, therefore, only anticipate even more repression going forward.

Following these fraudulent elections, Ortega and Murillo continue to oppress the Nicaraguan people. They recently revoked the operating licenses of two Evangelical Christian media outlets belonging to a former presidential candidate who criticized the rigged voting procedures.

On November 21, plainclothes security agents arrested 80-year-old Ambassador Edgard Parrales, Nicaragua’s former Ambassador to this Organization, for criticizing Ortega’s announcement to withdraw from the OAS. These moves demonstrate the depths to which the Ortega-Murillo regime will sink to protect its authoritarian dynasty. In the words of Nicaraguan poet Ruben Dario, “the treacheries of ambition never cease.”

Nicaragua’s actions run completely counter to the Inter-American Democratic Charter. We, as OAS member states, must keep the spotlight on these abuses of power. We must speak up and take action on behalf of the Nicaraguan people, who have no voice.

The regime’s announcement that it will begin the two-year withdrawal process from the OAS is nothing but a ruse, designed to buy time in the hope that time will weaken the resolve of member states. The United States stands in support of self-determination for the Nicaraguan people, and for the rights of any other nation in the Hemisphere where popular sovereignty is threatened by the undermining of democratic institutions.

The Inter-American Democratic Charter declares that the peoples of the Americas have a right to democracy, and we must support the Nicaraguan people in their exercise of these rights.

Once again, we call on the Ortega-Murillo regime to immediately and unconditionally release all of those unjustly imprisoned and to commit itself to electoral reform, followed by free and fair elections under international observation.

The United States, along with our partners and friends, will deploy all of the diplomatic and economic instruments at our disposal to support the people of Nicaragua, and to hold accountable the Ortega-Murillo regime

Thank you, Chair.

El PRESIDENTE: Muchas gracias.

Tiene ahora la palabra la Delegación de Antigua y Barbuda.

El REPRESENTANTE PERMANENTE DE ANTIGUA Y BARBUDA: Thank you, Mr. Chairman.

Mr. Chairman, in fulfilment of the mandate given to this Permanent Council, we are engaging this afternoon in a “collective assessment” of the situation in Nicaragua. My delegation wishes to emphasize that “collective assessment” is a process, not an event. Therefore, while this afternoon’s event is important to the “collective assessment”, the process includes other steps which are set out in the Articles of the Inter-American Democratic Charter.

It is important for the credibility of the Organization of American States (OAS) that we not only adhere to the steps, set out in the Inter-American Democratic Charter, specifically Articles 18 and 20, and bearing in mind Article 19, but that we are seen by all to respect our own rules.

In this regard, Mr. Chairman, my delegation is grateful to the speakers. who have given us the benefit of their analysis of the situation in Nicaragua based on facts gathered by objective bodies, and on hearsay and rumor. Their analysis included an examination of the democratic structure and conduct of the November 7, elections which confirmed that those elections were not free, fair and transparent. The series of other standards that have been breached is cause for deep concern. These include serious and persistent violations of human and political rights and other fundamental freedoms.

Our charters oblige us not to turn a blind eye to these violations. Nor should we do so, Mr. Chairman. We are not interfering or intervening in the internal affairs of Nicaragua; we are upholding the principles of the Charters to which all our governments, including Nicaragua, committed themselves.

The peoples of our countries expect us to uphold the principles of democracy and representative democracy, and to safeguard their fundamental freedoms, which our governments in their people’s name, resolved to safeguard in the binding charters of this Organization.

Mr. Chairman, my delegation, is aware that the Government of Nicaragua has decided to denounce the Charter of this Organization and indicated its decision to withdraw Nicaragua from membership of the OAS in two years’ time. In as much as we regret that decision, we recognize that is their sovereign right. But we are conscious of Article 19 of the Inter-American Democratic Charter which recognizes that a serious impairment of democracy in a member state, which Nicaragua will be for the next 2 years, presents an obstacle to its participation in the councils of this Organization.

That obstacle exists now and, for the good of the Organization’s work, cannot be ignored. It should be noted that the framers of the Charter contemplated the 2-years notice, following denunciation, as a ‘cooling-off’ period in which a member state could reconsider its decision, and other member states would have the opportunity to continue to engage that member state in ways that would help to restore democracy.

In this connection, we in the OAS have an obligation to the people of Nicaragua to make diplomatic and other efforts to help the Nicaraguan Government and other representative bodies in Nicaragua to return to compliance with representative democracy.

Essential elements of such representative democracy are clearly set out in Articles 2, 3 and 4 of the Inter American Democratic Charter. Therefore, our delegations, collectively, would play a valuable role in upholding democracy and democratic principles, including free and fair elections, and human and political rights by supporting action, after a collective assessment, to authorize the Secretary General to offer to send a high-level good offices mission to Nicaragua to:

1. Promote and facilitate a political dialogue, negotiation and consensus building amongst the contending forces in Nicaragua; and

2. To follow-up, compliance by all parties in Nicaragua with the agreements they reach to restore the democratic order, including

a. Freeing political prisoners;

b. Implementation of comprehensive electoral reforms;

c. Repeal of all legislation that restricts political participation and limits human rights, and

d. Agreement on a timetable and date for early Presidential and Parliamentary elections, endorsed by all Nicaraguan parties, and that are observed by reputable international agencies.

We hope the Nicaraguan Government will respond favorably to any such proposal, which our Permanent Council may make after this event and other efforts that we may make to arrive at a collective assessment. In doing so, we would be supporting compliance with the Articles of the Inter-American Democratic Charter, which all governments and Parliaments of our counties, including Nicaragua, have ratified. We will be expecting no more or less from Nicaragua than for them to uphold the obligations to which their government and Parliament supported in the name of the Nicaraguan people.

Thank you very much, Mr. Chairman.

El PRESIDENTE: Muchas gracias, Embajador Ronald Sanders.

Tiene ahora la palabra la Embajadora de Costa Rica, Alejandra Solano Cabalceta.

La REPRESENTANTE PERMANENTE DE COSTA RICA: Muchas gracias, señor Presidente.

Costa Rica agradece la convocatoria de esta sesión extraordinaria del Consejo Permanente en cumplimiento de la resolución AG/RES. 2978/21(LI-O/21), adoptada el pasado 12 de noviembre en el quincuagésimo primer período ordinario de sesiones de la Asamblea General de esta Organización, para realizar una evaluación colectiva inmediata de la situación en Nicaragua, de conformidad con la Carta de la Organización de los Estados Americanos y la Carta Democrática Interamericana y tomar las acciones adecuadas.

Agradecemos igualmente las presentaciones realizadas por la Presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), señora Antonia Urrejola Noguera; el Representante Regional para América Central y el Caribe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), señor Alberto Brunori; el Director Regional para América Latina y el Caribe del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional), doctor Daniel Zovatto, y por el Secretario General de esta Organización, señor Luis Almagro. Todas ellas nos brindan elementos muy útiles para esa evaluación colectiva que es una responsabilidad de este Consejo Permanente.

Estamos llamados a continuar propiciando desde este Consejo Permanente un espacio de análisis y de discusión que facilite que la democracia encuentre su rumbo en Nicaragua, que propicie la liberación de los candidatos y presos políticos, la restitución de sus derechos democráticos y el fin inmediato de la detención y hostigamiento de los medios de comunicación independientes y miembros de la sociedad civil como reza la resolución que hoy nos convoca. Esta es la ruta acertada para una nación que debe ser vigilante de no repetir las experiencias de su pasado.

Hoy también se suma a nuestro análisis la decisión de la hermana República de Nicaragua de denunciar la Carta de la Organización de los Estados Americanos contrariando la oportunidad que ofrece la plataforma multilateral como espacio de diálogo y cooperación internacional para enfrentar retos comunes y favorecer la búsqueda de soluciones. Hacemos un llamado a reconsiderar el retiro anunciado de esta Organización hemisférica, a continuar cumpliendo con los compromisos adquiridos voluntariamente en materia de derecho internacional y a sumarse a la construcción de encuentros con todos los actores políticos y sociales para atender las soluciones que el pueblo de Nicaragua demanda.

Muchísimas gracias, señor Presidente.

El PRESIDENTE: Muchas gracias, Embajadora Alejandra Solano Cabalceta.

Tiene ahora la palabra la Delegación del Brasil, señor Aurimar Nunes.

El REPRESENTANTE INTERINO DEL BRASIL: Muito obrigado, Senhor Presidente.

O Brasil tem acompanhado, com grande preocupação, a situação política na Nicarágua, particularmente os últimos desdobramentos de um processo crescente de erosão democrática. Refiro-me, em particular, ao recente processo eleitoral, de 7 de novembro, ao qual faltaram condições mínimas de legitimidade democrática, bem como a decisão daquele país, que lamentamos, de denunciar a Carta da OEA.

A resolução sobre a Nicarágua, aprovada por considerável margem de votos no recente Quinquagésimo Primeiro Período Ordinário de Sessões da Assembleia Geral, foi enfática ao denunciar que: “... com base nos princípios consagrados na Carta da OEA e na Carta Democrática Interamericana, as instituições democráticas da Nicarágua foram gravemente comprometidas ...”.

Ao mesmo tempo, tem um mandato a este Conselho Permanente para adotar medidas cabíveis após a devida avaliação coletiva. Em cumprimento a este mandato, a Organização não pode se omitir diante das violações de direitos humanos, da privação das liberdades e garantias fundamentais que temos assistido de centenas de cidadãos por parte do Governo nicaraguense.

O Brasil reitera, nesse sentido, seu apelo para que todos os prisioneiros políticos na Nicarágua, inclusive todos os candidatos presidenciais que se viram privados de seus direitos políticos e de, por seguinte, participarem nas eleições, serem libertados imediatamente.

A memória dos 20 anos da assinatura da Carta Democrática Interamericana pede que sejamos solidários com o povo nicaraguense e que saibamos agir, com responsabilidade, frente à grave situação política naquele país.

Muito obrigado, Senhor Presidente.

El PRESIDENTE: Muchas gracias a la Delegación del Brasil.

Tiene ahora la palabra el Embajador de Chile, Issa Kort.

El REPRESENTANTE PERMANENTE DE CHILE: Muchas gracias, señor Presidente.

Señor Presidente del Consejo Permanente, Embajador Josué Antinoe Fiallo; señor Secretario General, Luis Almagro; señor Secretario General Adjunto, Embajador Nestor Mendez; señora Antonia Urrejola Noguera, Presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); señor Alberto Brunori, Representante Regional para América Central y el Caribe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH); doctor Daniel Zovatto, Director Regional para América Latina y el Caribe del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional); señoras y señores embajadores.

Quisiéramos antes que nada agradecer la presentación de los distinguidos panelistas que nos entregaron una visión actualizada de la situación en Nicaragua. Lamentablemente, estas intervenciones confirman lo que sabíamos. El gobierno de ese país hermano se ha apartado de la senda democrática, ha vulnerado derechos humanos y ha incumplido los compromisos contraídos con esta Organización y con la comunidad internacional en su conjunto.

Creo que es justo agradecer y reconocer la valentía y consecuente labor que han tenido las distintas organizaciones no gubernamentales (ONG) que han denunciado los excesos del régimen nicaragüense. De manera particular, quiero hacer justo reconocimiento a un órgano perteneciente a la Organización de los Estados Americanos (OEA) que actúa de manera autónoma: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La labor de sus funcionarios y comisionados es destacable.

Creo oportuno, señor Presidente, personalizar esta labor tan valiente de la Comisionada Relatora de Nicaragua y actual Presidenta de la CIDH, señora Antonia Urrejola Noguera. Creo que esta preocupante y delicada situación de nuestro Hemisferio ha hecho que una mujer admirable en su compromiso con el respeto y promoción de los derechos humanos esté a la altura actuando siempre con responsabilidad, criterio, valentía, con secuencia y energías admirables. Gracias a la CIDH y a Antonia Urrejola Noguera, miles de nicaragüenses han sentido que hay esperanza para resolver esta situación.

Señor Presidente, el pasado viernes 12 de noviembre, nuestra Asamblea General aprobó con veinticinco votos a favor una resolución sobre “La Situación en Nicaragua”, adoptada por nuestros cancilleres en esa instancia. Dicha resolución en su numeral resolutivo quinto expresa lo siguiente:

“Instruir al Consejo Permanente que realice una evaluación colectiva inmediata de la situación, de conformidad con la Carta de la Organización de los Estados Americanos y la Carta Democrática Interamericana, a ser completada a más tardar el 30 de noviembre y que tome las acciones apropiadas”.

Este mandato es el que estamos cumpliendo hoy, lo hacemos con un compromiso de responsabilidad, afán de búsqueda de soluciones y sentimientos fraternales con el pueblo nicaragüense, ya que los acontecimientos distan mucho de lo que quisiéramos para cualquier nación del Hemisferio.

Esta apreciación ha sido confirmada por numerosas personalidades, autoridades e instituciones de reconocida solvencia en la promoción y protección de los derechos humanos y en la defensa de la democracia. Me permito citar algunos: el 4 de noviembre, tres días antes de la elección, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció, cito textual, “la falta de garantías a derechos y libertades en el contexto del proceso electoral”. Por su parte, el día 8 de noviembre, Joseph Borrell, el Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, declaró en un comunicado de prensa que “las elecciones se han celebrado sin garantías democráticas y sus resultados carecen de legitimidad”; ese mismo día, lunes 8 de noviembre, el Ministerio de Relaciones Exteriores de España, en un comunicado en su página oficial, señala que rechaza los resultados de las elecciones.

Finalmente, me permito destacar la Carta suscrita por cuatro expresidentes de la región de distinto signo político: la señora Laura Chinchilla, señor Fernando Henrique Cardoso, señor Juan Manuel Santos y señor Ricardo Lagos Escobar quien caracterizó la elección como una jornada electoral marcada por la violación de los derechos ciudadanos. La lista es larga y no es el momento de realizar un catastro de declaraciones; sin embargo, nos pareció oportuno mostrar el nivel de consenso frente a la situación.

Señor Presidente, nada exime a un Estado de cumplir con sus obligaciones internacionales en el ámbito del respeto a los derechos humanos. En el ámbito regional existe un repertorio de instrumentos que apunta en este sentido, así como también a la adhesión a los principios democráticos. Exhortamos al Gobierno nicaragüense a actuar en consecuencia. La decisión de Nicaragua de denunciar la Carta de la Organización de los Estados Americanos es una señal de debilitamiento y aislamiento aun mayor para evitar que el multilateralismo tenga validez en alzar su voz y manifestar su preocupación por hechos que están ocurriendo en este momento en ese país.

Para concluir, quisiéramos reiterar nuestra mejor disposición para facilitar toda iniciativa de diálogo que apunte en el sentido de introducir reformas democráticas en Nicaragua. Un primer gesto en este sentido, creemos, es la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos.

Muchas gracias, señor Presidente.

El PRESIDENTE: Muchas gracias, Embajador.

Tiene la palabra la Embajadora de México, Luz Elena Baños Rivas.

La REPRESENTANTE PERMANENTE DE MÉXICO: Muchas gracias, señor Presidente.

Mi Delegación toma nota de las presentaciones realizadas esta tarde. México reitera una vez más su firme compromiso con los derechos humanos y con la democracia plena, pilares fundamentales de esta Organización, y hace un llamado a los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para encontrar, a través del diálogo, del respeto a la soberanía y del principio de no intervención las vías que permitan fortalecer la democracia y el pleno respeto a los derechos humanos en el Hemisferio, esfuerzos en los que México está dispuesto a colaborar constructivamente.

México hace votos, nuevamente, para que los retos democráticos que enfrentan los nicaragüenses sean superados por ellos mismos y reafirma su voluntad para participar en todos aquellos esfuerzos basados en el diálogo constructivo y el respeto pleno a los derechos humanos de todas las personas.

Gracias, señor Presidente.

El PRESIDENTE: Muchas gracias, Embajadora Luz Elena Baños Rivas.

Tiene la palabra el Embajador Héctor Arce de Bolivia.

El REPRESENTANTE PERMANENTE DE BOLIVIA: Muchísimas gracias, señor Presidente.

Un saludo cordial para usted, para la señora Presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); de igual manera para el Representante Regional para América Central y el Caribe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH); y, al Director Regional para América Latina y el Caribe del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional). Señor Presidente:

“[…] La Organización de los Estados Americanos no tiene más facultades que aquellas que expresamente le confiere la presente Carta, ninguna de cuyas disposiciones la autoriza a intervenir en asuntos de la jurisdicción interna de los Estados miembros”.

“[…]

b) El orden internacional está esencialmente constituido por el respeto a la personalidad, soberanía e independencia de los Estados […]

[…]

d) Todo Estado tiene derecho a elegir, sin injerencias externas, su sistema político, económico y social, y a organizarse en la forma que más le convenga, y tiene el deber de no intervenir en los asuntos de otro Estado. Con sujeción a lo arriba dispuesto, los Estados americanos cooperarán ampliamente entre sí y con independencia de la naturaleza de sus sistemas políticos, económicos y sociales”.

Señor Presidente, acabo de dar lectura a partes fundamentales del artículo 1° y del artículo 3° de la Carta constitutiva de la Organización de los Estados Americanos que estamos obligados todos a cumplir y respetar.

Bolivia, al igual que lo hizo México, ratifica una vez más su defensa férrea del principio de no intervención en asuntos internos de los estados y no juzgamiento y catalogación por parte de ninguna institución o de ninguna instancia en estricto respeto a las normas que he dado lectura. Bolivia, señor Presidente, deja claramente establecido, una vez más, que es un país profundamente respetuoso de los derechos humanos y de las libertades públicas. En ese entendido, cree firmemente en el sistema interamericano de derechos humanos; prueba de ello, y como se manifestó en la Asamblea General, ha sido la viabilización de un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) que arrojó resultados verdaderamente reveladores sobre lo ocurrido en nuestra nación y cuyo mecanismo de seguimiento está aún pendiente de cumplimiento con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Bolivia, señor Presidente, insta de manera general y abierta a todos los países, sin ninguna discriminación, a permitir el ingreso y el trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los mecanismos que tiene para garantizar el efectivo ejercicio de los derechos humanos de todos los ciudadanos y así no generar discursos que puedan ser utilizados para menoscabar la independencia y la soberanía de los pueblos que, en estricta aplicación de los artículos que he leído al principio, tienen todo el derecho a organizarse y ejercer plenamente su soberanía. En resumen, señor Presidente, una vez más, Bolivia insta a la OEA a no intervenir en los asuntos internos de los países miembros de esta instancia y también insta a los países a cumplir el ordenamiento internacional de manera general.

Bolivia respeta la determinación de Nicaragua de denunciar, de acuerdo con los procedimientos establecidos en la normativa internacional, la Carta de la Organización de los Estados Americanos y retirarse de la Organización porque eso también es parte de la soberanía e independencia de los estados.

Muchas gracias, señor Presidente.

El PRESIDENTE: Muchas gracias, Embajador.

Tiene ahora la palabra el Embajador de la Argentina, Carlos Alberto Raimundi.

El REPRESENTANTE PERMANENTE DE LA ARGENTINA: Muchas gracias, señor Presidente.

Con absoluta claridad, para evitar cualquier tipo de tergiversación como me ha sucedido en alguna otra oportunidad, Argentina agradece la lectura de los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y del Representante Regional para América Central y el Caribe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH). Se reconoce parte fundamental del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos (SIDH) y del sistema internacional y, a pesar de que hemos tenido críticas recíprocas, hemos tenido diferencias, hemos tenido reuniones tensas con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, nosotros ratificamos de manera indeclinable nuestro compromiso con el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos y con el sistema internacional de derechos humanos.

La preocupación por la situación de las detenciones en Nicaragua las hemos expresado, entre otras alternativas con nuestro voto en organismos internacionales y con el llamado a consulta de nuestro Embajador que ya está de regreso en la capital de Nicaragua. No podría ser de otra manera nuestro compromiso con el sistema interamericano porque en la Argentina, en el año 1979, se produjo un antes y un después a partir de la visita in situ de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en cuanto a la legitimación pública que se hizo de lo que estaba sucediendo con los derechos humanos en nuestro país y, a partir de ese momento, la Argentina forjó su compromiso indeclinable con el sistema interamericano y con el sistema internacional.

Creemos, siempre, que los informes en el lugar son mucho más completos; tienen un panorama más preciso, pulsan mejor la situación del pueblo, de los medios de comunicación, los climas, etcétera, que los informes que están hechos desde fuera, pero, bueno, eso tiene que ver con la decisión soberana de cada Estado. Ahora, una cosa es respetar la decisión soberana de los estados y otra cosa distinta es que no deberíamos hacer nada para que un Estado tome el camino del aislamiento de la comunidad internacional. Tenemos que comprometernos con la comunidad interamericana y con la comunidad internacional. Sin embargo, creemos que esta Organización no ha sido eficaz en ese sentido porque tenemos otros casos de informes críticos; tenemos otros casos de persecución judicial a líderes opositores, aquí tuvimos sentados en este Consejo Permanente al representante de un gobierno proveniente de un golpe de Estado, como sucedió en Bolivia y, sin embargo, no se procedió con la misma energía. Esto quiero decirlo con absoluta claridad para evitar cualquier tipo de tergiversación.

No estoy haciendo una defensa del Gobierno de Nicaragua; estoy sí planteando una situación crítica a la actual conducción de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que no ha expresado, no ha manifestado la suficiente imparcialidad y, por lo tanto, eso le resta legitimidad porque en lugar de hacer todo lo posible para que los estados se comprometan, los lleva a que expresen la voluntad de descomprometerse con el sistema interamericano y eso indudablemente revela una profunda ineficacia.

Finalmente, señor Presidente, la Argentina rechaza la idea de aplicar sanciones o medidas unilaterales que lo único que logran es exacerbar las tensiones y perjudicar la situación de las ciudadanas y de los ciudadanos creando paradójicamente un clima para tratar de justificar una mayor intervención externa. Priorizamos las gestiones diplomáticas y el diálogo y abogamos por la reconstrucción de los canales de comunicación con las autoridades nicaragüenses para que en pleno ejercicio de su soberanía se pueda al mismo tiempo lograr el pleno cumplimiento de los derechos humanos.

Muchas gracias.

El PRESIDENTE: Muchas gracias, Embajador.

Tiene ahora la palabra la Delegación de Nicaragua.

El MINISTRO ASESOR PRESIDENCIAL PARA RELACIONES INTERNACIONALES DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA: Señor Presidente.

Así como rechazamos los informes viciados presentados anteriormente, asimismo, rechazamos las declaraciones de aquellos delegados que tomaron la palabra para atacar al pueblo de Nicaragua. Reafirmamos nuestra decisión soberana y patriótica de denunciar la Carta de la Organización de los Estados Americanos. Este foro decadente ha perdido credibilidad y se revela como el ministerio de colonias que siempre ha sido; para muestra, en su Seno se encuentra un usurpador que se atreve a hablar sobre Nicaragua. El pueblo de Nicaragua continuará consolidando su democracia y ejerciendo plenamente sus derechos humanos a pesar de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Señor Presidente, Nicaragua es reconocido como el país más seguro de Centroamérica y uno de los más seguros de Latinoamérica y el Caribe. Nicaragua es el único país que se cuenta entre los diez países más equitativos en términos de derechos de la mujer. Nicaragua es el país que ha demarcado y titulado más territorio y que ha garantizado derechos a favor de Pueblos Indígenas y afrodescendientes. Tres millones de nicaragüenses acudieron a las urnas para ejercer libre y felizmente su derecho al voto alcanzando un nivel de participación ciudadana del 65% sin un solo incidente de violencia; elecciones celebradas completamente en paz. Como lo hemos dicho antes, y lo repetiremos nuevamente hoy para esos mismos gobiernos agresores, cuando en sus países puedan garantizar los derechos que gozan las y los nicaragüenses, pueden referirse a Nicaragua.

Muchas gracias, señor Presidente.

El PRESIDENTE: Muchas gracias.

Estimados colegas, hemos concluido con el orden del día de esta sesión extraordinaria. Las presentaciones y comentarios realizados el día de hoy quedarán registrados en el acta de la sesión extraordinaria.

Agradezco a todos su participación.

Se levanta la sesión.

Muchas gracias.

[Se levanta la sesión a las 4:41 p.m.]

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