23 de enero de 2019
Colombia
Consejo de Seguridad · 8450ª sesión
Salón del Consejo de Seguridad, Sede de las Naciones Unidas, Nueva York
Miguel Vargas Maldonado
Ministro de Relaciones Exteriores de la República Dominicana. En la Presidencia del Consejo, a título nacional
Primero quisiera agradecer al Sr. Carlos Ruiz Massieu por su excelente presentación. Igualmente, me complace dar la bienvenida al Ministro de Relaciones Exteriores de la República de Colombia, Excmo. Sr. Carlos Holmes Trujillo, cuya presencia demuestra el alto grado de compromiso de las autoridades colombianas con cada detalle de este proceso, y también a la Ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Excma. Sra. Retno Marsudi. Debo reconocer por igual el trabajo realizado por el pasado Representante Especial del Secretario General para Colombia y Jefe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, Sr. Jean Arnault.
Aprovechamos para reiterar el interés y el apoyo de la República Dominicana con respecto al proceso de paz en Colombia y expresar nuestra condena al grave atentado terrorista de la pasada semana en la Escuela de Cadetes, en Bogotá, y nuestra solidaridad con los familiares de las víctimas y el pueblo colombiano.
Desde el inicio de la Misión de Verificación, contribuimos con recursos humanos dominicanos para formar parte del equipo de expertos involucrados en los trabajos, y todavía hoy continuamos comprometidos con el éxito de estas iniciativas, lanzadas a raíz del histórico Acuerdo de Paz entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP).
Es irrefutable que el proceso de paz, en su segundo aniversario, muestra avances tangibles. Saludamos los esfuerzos del Gobierno del Presidente Iván Duque Márquez para lograr un consenso nacional en torno al curso que debe seguir el proceso, lo que se vislumbra claramente ya como una nueva fase. El segundo aniversario de la firma del Acuerdo Final de Paz, el pasado 24 de noviembre, ofreció un espacio para reflexionar sobre los logros alcanzados, que ya han transformado la sociedad colombiana, y, por supuesto, también sobre todo el camino aún por recorrer para lograr una paz sostenible e irreversible.
Es mucho lo que se ha logrado en estos dos años: el alto el fuego definitivo entre el Gobierno y las FARC-EP, el abandono de las armas, una importante reducción en los niveles de violencia y el inicio de una nueva dinámica política nacional. Pero un conflicto tan largo y con raíces tan profundas requiere a su vez de medidas integrales y sostenidas para efectuar una verdadera reconciliación entre todas las partes. Por eso, damos la bienvenida a la implementación de los trabajos de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Exhortamos al Gobierno del Presidente Duque Márquez a continuar los esfuerzos para cumplir su voluntad de unificar la sociedad colombiana.
La celebración de elecciones regionales y locales este año, con la participación por primera vez del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, será un paso importante en el camino de la consolidación del proceso político que sustenta este gran acuerdo nacional. Un proceso pacífico e inclusivo, en el que se respeten plenamente los derechos de toda la población, evidenciará la importancia de la dimensión política del Acuerdo de Paz y su efecto transformador.
Somos conscientes de que la consolidación de la paz descansará sobre los cimientos de un desarrollo social y económico transformador de todo el país. Valoramos como positivos los pasos realizados para vincular efectivamente los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial con los programas de sustitución voluntaria de cultivos y, más ampliamente, con iniciativas a favor del desarrollo rural, todos ellos, aspectos importantes para la reintegración y, sobre todo, para el bienestar de los ciudadanos en zonas previamente afectadas por la inestabilidad y la violencia. No podemos dejar de señalar que este es un proceso ejemplar, que nos muestra una luz a seguir justo cuando otros conflictos en el mundo parecen agudizarse y alargarse en el tiempo. Las experiencias y los aprendizajes que discutimos aquí hoy podrán en muchos sentidos constituirse en modelo de referencia para los esfuerzos del Consejo de Seguridad en la promoción y el apoyo de las transiciones de conflictos armados hacia procesos políticos.
A dos años de la firma del Acuerdo de Paz, celebramos la presentación, por parte del Alto Consejero para el Postconflicto, Sr. Emilio José Archila Peñalosa, de la política denominada “Paz con Legalidad”, como una indicación clara de la voluntad de consolidar los logros de la paz con una visión consistente de futuro. Este hito señala la transición hacia esta nueva fase del proceso que vive Colombia. Saludamos el objetivo de este plan, que consiste en estabilizar las zonas más afectadas por el conflicto y erradicar la violencia de los lugares que la han padecido durante décadas. Se trata de una política transversal de largo aliento, anclada en los principios de justicia y de seguridad nacional, que implica la coordinación de iniciativas de desarrollo, la reincorporación, la sustitución voluntaria y los compromisos con las víctimas.
Observamos positivamente los esfuerzos emprendidos por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización de Colombia para reducir las desiguales condiciones observadas entre los 24 espacios territoriales de capacitación y reincorporación y señaladas por la Misión de Verificación de las Naciones Unidas. Es crucial que los excombatientes gocen de iguales oportunidades en este proceso. En ese sentido, reconocemos la visita del Presidente Duque, el 12 de octubre pasado, a uno de esos espacios. Esta visita es una muestra del compromiso de las autoridades con el proceso.
Tal como lo señaló el presidente Duque durante esta visita, la comunidad internacional debe mantener su apoyo a los proyectos de reincorporación para aumentar su viabilidad. Está previsto que los espacios territoriales de capacitación y reincorporación y el estipendio mensual asignado a los excombatientes se mantengan hasta el 15 de agosto de 2019. Confiamos en que las decisiones que se tomarán sobre estas medidas para el período posterior a esta fecha se basen en la evaluación de los efectos positivos que han tenido, los desafíos pendientes y el respeto a la opinión de todas las partes.
Es esencial que tanto los proyectos que apuntan hacia la reincorporación de los excombatientes como las demás iniciativas lanzadas en el marco del acuerdo de paz sean sostenibles. El éxito del proceso está íntimamente vinculado a las posibilidades de cualquier ciudadano colombiano apegado a la paz de mejorar sus condiciones de vida y sus perspectivas económicas. Asimismo, saludamos las medidas tomadas por el Gobierno para fortalecer la institucionalidad y la base legal de estos procesos. Alentamos asimismo la comunicación permanente entre los principales actores responsables de las iniciativas a nivel interno del Gobierno, con el objetivo de lograr resultados más efectivos, partiendo de la división de competencias y de responsabilidades.
Es de suma importancia tener presentes las disposiciones de género contempladas en el Acuerdo de Paz, en particular el tema de la reincorporación de las mujeres y de las garantías de seguridad. Compartimos las preocupaciones expresadas por el componente internacional de verificación del enfoque de género que se estableció en el acuerdo de paz y saludamos el compromiso de la Vicepresidenta de Colombia, quien se comprometió a examinar dicho informe.
Asimismo, nos congratulamos de la adopción por parte de la Misión de Verificación de Colombia de una estrategia para la implementación de las resoluciones 2250 (2015) y 2419 (2018), enfocada en el papel de los jóvenes, en la reintegración y en la garantía de la seguridad. Es un reconocimiento formal del protagonismo de los jóvenes en la promoción de la paz. Saludamos la firma por decreto, en noviembre de 2018 por el Presidente Duque, del Plan de Acción Oportuna de Prevención y Protección para los Defensores de Derechos Humanos, Líderes Sociales, Comunales y Periodistas. La elaboración y promulgación de este plan refleja la atención prestada por las autoridades a lo expresado por la Misión de Verificación en cuanto a su preocupación por el alto número de líderes asesinados desde la firma del acuerdo de paz en noviembre de 2016 y la continuidad de la violencia hasta la fecha.
Uno de los beneficios del proceso de paz debe ser la restauración del estado de derecho y de la seguridad para todos los ciudadanos en todo el territorio colombiano. El logro de este objetivo, y la reducción definitiva de la inseguridad, dependerá de la implementación efectiva de este plan. Las garantías de seguridad deben extenderse, según los términos del acuerdo, a los exmiembros de la FARC. Reconocemos el trabajo realizado por el Gobierno de Colombia en ese sentido y vemos como un avance la preparación de un plan de seguridad de excombatientes de cara a las próximas elecciones regionales y locales.
En relación con el diálogo entre el Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional, reconocemos los serios problemas que lo obstaculizan. No obstante, exhortamos a ambas partes a encarar el posible reinicio de las negociaciones de paz con la flexibilidad necesaria para lograr el objetivo deseado. Los logros del proceso que conllevó a la firma del acuerdo de paz entre las FARC-EP y el Gobierno colombiano confirman las oportunidades para la salida de conflictos brindadas por negociaciones basadas en la confianza entre los actores.
Para concluir, quisiera poner énfasis en cuatro puntos.
En primer lugar, deseamos reiterar nuestro apoyo y reconocimiento a la labor de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia.
En segundo lugar, destacamos la importancia de mantener —por parte de todos los actores involucrados— el compromiso con el desarrollo satisfactorio de un proceso complejo, delicado y todavía rodeado de controversias en algunas de sus fases.
En tercer lugar, reiteramos que el acompañamiento de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas es y será por algún tiempo indispensable, dado que es la mayor garantía de que la comunidad internacional dé su apoyo irrestricto a un acuerdo en el que tantos esfuerzos y sacrificios invirtieron para pactarlo.
Finalmente, manifestamos que Colombia puede contar con la solidaridad de la República Dominicana a lo largo de todo el proceso hacia una paz permanente.