Colombia

Es un honor tener al Ministro Trujillo García entre nosotros una vez más en el Consejo. Asimismo, damos las gracias al Sr. Carlos Ruiz Massieu y a la Sra. Rosa Emilia Salamanca por sus exposiciones informativas.

Permítaseme comenzar reiterando el interés y el apoyo de la República Dominicana al proceso de paz en Colombia y saludar la constancia y sacrificio del pueblo colombiano en este proceso. Desde la firma del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, Colombia ha sido un ejemplo para la paz. A dos años de la firma de este histórico acuerdo, los colombianos han dejado de lado más de medio siglo de violencia, han celebrado elecciones pacíficas e inclusivas y han levantado instituciones de justicia de transición.

Celebramos los esfuerzos que ha hecho el Gobierno colombiano para avanzar en el proceso de reincorporación de los excombatientes que han abandonado sus armas. Queremos reconocer los avances y desafíos en el periodo cubierto, especialmente en la reactivación de mecanismos institucionales que buscan garantizar la seguridad en el territorio colombiano. Sin embargo, entendemos que se precisa de mayor celeridad en la implementación de algunas previsiones para la reinserción de los excombatientes, pues hoy esta meta se ha alcanzado en menos de un 20 %.

En tal sentido, se hace vital la implementación de las disposiciones de género relacionadas a la reintegración y la garantía de la seguridad de las mujeres, contempladas en el Acuerdo de Paz. Para ello se requieren los recursos financieros y técnicos necesarios para el plan nacional de desarrollo y la pronta implementación de las acciones referentes a género de la política nacional de reintegración, incluidas acciones orientadas a la reintegración económica de las mujeres excombatientes. Igualmente, se hace indispensable la protección de las mujeres líderes y de las defensoras de los derechos humanos que enfrentan ataques y amenazas. Solicitamos al Gobierno de Colombia que acelere la implementación del programa integral para la seguridad de las mujeres líderes y la de las defensoras de los derechos humanos.

Al mismo tiempo, invitamos a las autoridades a ponderar que el sacrificio económico inmediato necesario para la reinserción, si bien no es insignificante, a mediano y largo plazo traerá prosperidad económica y cohesión social a la sociedad colombiana. En este tenor, exhortamos a que sean tomadas en cuenta las propuestas y las soluciones alternativas que se harán en las consultas con los excombatientes que viven dentro de los 24 espacios territoriales de capacitación y reincorporación. Está previsto que esos espacios y la asignación mensual de provisión alimenticia y salud designada para los excombatientes se mantengan hasta el verano. Confiamos en que las decisiones que se tomarán sobre estas medidas para el período posterior a agosto se basen en los efectos positivos que han tenido y los desafíos pendientes. Es fundamental que los proyectos de reincorporación de los excombatientes propuestos en el marco del acuerdo de paz puedan ser medidos, para de esta forma determinar los avances y su magnitud. También consideramos importante que se lleve a cabo un proceso inclusivo en el que se tenga en cuenta el acceso de los excombatientes a la tierra y a fuentes alternativas de ingresos.

Entendemos que es necesario que se produzca la reintegración política, jurídica y socioeconómica de los antiguos miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia–Ejército del Pueblo (FARC-EP). Confiamos en que los asuntos relacionados con la cuestión de la propiedad de la tierra se atiendan de manera adecuada, puesto que constituyen el núcleo mismo de la reintegración efectiva. Durante el período que abarca el informe, 12 exmiembros de las FARC-EP fueron asesinados, por lo que suma 99 el total de asesinatos de exintegrantes de este grupo desde la firma del Acuerdo Final. de Paz. Es responsabilidad del Estado identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia.

Lo mismo aplica para las amenazas y los asesinatos de líderes sociales y defensores de los derechos humanos. Esta situación merece que se le destaque y que se le preste mucha atención. Invitamos al Estado abordar esta problemática mediante una presencia constante en las zonas más afectadas y a mantener una conversación permanente con la sociedad civil a través de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. Trabajar en esto es también fundamental para garantizar la celebración de unas elecciones locales pacíficas y libres de todo tipo de violencia el próximo mes de octubre.

Es de suma importancia tener presentes las disposiciones de género contempladas en el Acuerdo de Paz, en particular el tema de la reincorporación de las mujeres y de las garantías de seguridad. Compartimos las preocupaciones expresadas por el componente internacional de verificación del enfoque de género que se estableció en el Acuerdo de Paz, y saludamos el compromiso de la Vicepresidenta de Colombia a examinar dicho informe.

Asimismo, felicitamos la adopción por la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia de una estrategia para la implementación de las resoluciones 2250 (2015) y 2419 (2018) con un enfoque en el rol de los jóvenes en la reintegración y la garantía de la seguridad. Ello es un reconocimiento formal del rol preponderante que los jóvenes juegan en la promoción de la paz. Consideramos así, que esta estrategia debe servir de inspiración para los esfuerzos que se realizan en otras misiones en aras de poner fin a los conflictos y reconstruir la paz.

Queremos alentar a todas las partes a respaldar la importante labor de la Jurisdicción Especial para la Paz encargada de promover el acceso a la justicia y la reconciliación nacional en Colombia que es también la expresión de las garantías jurídicas otorgadas a quienes han dejado las armas. También hacemos hincapié en la necesidad de preservar la independencia y autonomía de la Jurisdicción Especial para la Paz y de los demás mecanismos de justicia de transición, pero también en la necesidad de mantener la seguridad jurídica de los involucrados y evitar la aplicación retroactiva de ciertas disposiciones en perjuicio de quienes confiaron legítimamente en el Estado.

Finalmente, deseamos hacer un llamado a la sociedad colombiana a evitar la polarización en la discusión pública sobre la implementación de los acuerdos de paz; a desestimular la retórica altisonante y agresiva; a rechazar las expresiones de odio y división de unos pocos; y a abrazar el perdón, la reconciliación y el estado de derecho. Felicitamos al pueblo y al Gobierno de Colombia por el ejemplo que constituye el proceso que hoy nos complace acompañar.