Audiencia sobre políticas migratorias y atención a mujeres embarazadas migrantes

Buenas tardes, Señora Presidenta, comisionados y comisionadas. Distinguidos representantes de las organizaciones que han solicitado este encuentro.

El Gobierno de la República Dominicana manifiesta su respeto y agradecimiento hacia la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la oportunidad de participar en esta sesión. Valoramos el papel que desempeña esta Comisión en la promoción y protección de los derechos humanos y acogemos este encuentro como un foro esencial para el diálogo constructivo.

Cumplo con informarles que me acompañan en representación del Estado Dominicano funcionarios y funcionarias del Ministerio de Relaciones Exteriores, Neyra Paulino y la embajadora Mayerlin Cordero, del Servicio Nacional de Salud (SNS) Dra. Luz Fermín, la Dirección General de Migración sr. Durán Díaz, y del Consejo Nacional para la niñez y adolescencia (CONANI) Alexandra Santelises y Pazzis Paulino.

Hemos tomado debida nota de las inquietudes y los planteamientos presentados por las organizaciones que nos acompañan en el día de hoy.

Nuestra participación tiene como objetivo exponer la posición del Estado Dominicano con relación a las políticas migratorias implementadas y los mecanismos protección de los derechos humanos de todas las personas en nuestro territorio, en particular de los migrantes y sus familias. Presentaremos las acciones llevadas a cabo, el marco legal aplicable, la respuesta ante casos específicos y el compromiso con el diálogo y la mejora continua por parte de las autoridades dominicanas.

El respeto irrestricto a la dignidad humana constituye la piedra angular sobre la que se erige el Estado dominicano, tal y como se consagra en nuestra Constitución. Los artículos 5, 7, 8 y 38 no solo establecen un mandato claro y categórico para las instituciones del Estado, sino que también perfilan un compromiso ineludible con el respeto de la dignidad de la persona y la protección efectiva de los derechos fundamentales que son innatos a todo ser humano.

En República Dominicana, los esfuerzos de las autoridades van dirigidos a garantizar el derecho a la salud a través de atención integral, un compromiso que trasciende la noción de servicios de emergencia para abarcar una gama completa de cuidados de salud, como lo establece el artículo 61 de nuestra Constitución y la Ley General de Salud. Este enfoque demuestra nuestro entendimiento de que la salud es un derecho fundamental que debe ser accesible para todos los habitantes sin excepción.

Entendemos que cualquier situación que aparente alejarse de estos ideales democráticos y humanísticos merece ser no solo revisada sino corregida con la urgencia y seriedad que amerita. En este contexto, la voluntad del Estado y del Gobierno, liderado por el Presidente Luis Abinader, es inquebrantable en su objetivo de alinear todas las acciones gubernamentales y políticas con estos principios rectores.

Ahora bien, las cifras recientes revelan un patrón sostenido de aumento en la incidencia de partos de mujeres haitianas en la República Dominicana. Para ilustrar esta tendencia, en el año 2018 se registraron 14,693 nacimientos, cifra que ascendió a 27,984 en 2019, alcanzó los 30,322 en 2020, y se incrementó a 37,941 en 2022. En el transcurso del presente año, hasta la fecha, se han contabilizado 27,941 partos. Este ascenso es notable cuando se considera el porcentaje de partos de madres haitianas en relación con el total de la red pública: un 12.5% en 2018, que ha aumentado progresivamente hasta llegar al 23% en 2019, 27.2% en 2020, 32% en 2022, y al presente, constituye el 35%.

Esta situación tiene implicaciones directas y profundas en el ámbito de la salud pública dominicana. No solamente pone de manifiesto la carga asistencial que supone para el sistema de salud la atención a las mujeres haitianas, sino que también refleja las dinámicas de movilidad transfronteriza exacerbadas por la crisis humanitaria, institucional, económica, política y de seguridad que actualmente afecta a Haití.

El esfuerzo del Estado dominicano en responder a estas circunstancias se evidencia en la asignación de una parte significativa de sus recursos de salud, que representa un 30% del presupuesto del sector, para proveer servicios a mujeres haitianas. Esto es una clara expresión de la voluntad de ofrecer asistencia sin discriminación alguna. La constante en el incremento de la atención a estas mujeres demuestra la consistencia y compromiso de la República Dominicana con la asistencia humanitaria. Asimismo, la implementación de protocolos y reglamentos técnicos subraya el compromiso del país con la neutralidad y con garantizar el acceso universal a los servicios de salud.

Ahora bien, nos llama la atención que se ha intentado exagerar algunos eventos, generando una imagen distorsionada y no representativa de la realidad cotidiana de los servicios de maternidad en el país y los procesos de control migratorio.

Al examinar los datos en el contexto de las políticas migratorias, se percibe una realidad que merece ser analizada con atención. En el transcurso del año 2021, se repatriaron 9,812 mujeres, y de ese grupo, 313 estaban embarazadas, constituyendo apenas un 3.19% del total. Este porcentaje relativamente bajo confirma que las mujeres embarazadas no son un objetivo específico de las políticas de repatriación, sino más bien son alcanzadas en menor medida dentro del amplio espectro de procedimientos migratorios.

En 2022, el número total de mujeres repatriadas fue de 20,906, y dentro de este contingente, 1,116 estaban embarazadas, lo que representa un 5.34%. A pesar de este incremento porcentual, es importante destacar que el aumento no necesariamente implica una focalización en las mujeres embarazadas, sino que se corresponde a un alza general en los movimientos migratorios y los consiguientes procesos de repatriación.

Para los meses transcurridos de este 2023, hasta octubre, se ha reportado la repatriación de 39,092 mujeres, de las cuales 823 se encontraban embarazadas. Este dato refleja una disminución en el porcentaje a 2.11%, lo cual revalida nuestro planteamiento de que las medidas y prácticas de repatriación no están dirigidas de manera desproporcionada hacia las mujeres en estado de embarazo ni mucho menos enfocadas en ellas.

El total acumulado desde 2021 hasta octubre de 2023 alcanza las 69,810 mujeres repatriadas, con 2,252 embarazadas entre ellas, correspondiendo a un porcentaje general de 3.23%. Estos porcentajes evidencian la ausencia de una política sistemática de repatriación enfocada en las mujeres embarazadas. No existe una persecución desenfrenada como a veces se pretende informar.

Lo que, si existe, ante la creciente llegada de migrantes haitianos a la República Dominicana, en particular de mujeres en estado de gestación, es una dicotomía compleja y multifacética.

Por un lado, se encuentra el imperativo moral y la obligación de proporcionar servicios de salud adecuados a toda persona que se encuentre dentro de nuestras fronteras, en consonancia con los compromisos internacionales sobre derechos humanos y el principio de solidaridad humana. Por otro lado, se percibe una preocupación creciente por el equilibrio necesario entre el deber de cuidar a los ciudadanos dominicanos y el impacto significativo que la atención a migrantes tiene sobre el sistema de salud pública, la seguridad social y los recursos del país, los cuales son finitos.

Es innegable que la carga extraordinaria derivada de esta situación pone presión no solo en la infraestructura de salud, sino también en las capacidades operativas y financieras del Estado, las cuales ya enfrentan desafíos internos importantes. Mientras reconocemos que es esencial brindar asistencia a aquellos en necesidad, también es crucial que se establezcan mecanismos que permitan una distribución más equitativa de la responsabilidad a nivel regional e internacional.

En este contexto, se requiere de una reflexión colectiva y una respuesta conjunta que no comprometa la sostenibilidad de nuestros sistemas de protección ni las demandas sociales de los dominicanos, que también son merecedores de una atención integral y prioritaria. Es menester encontrar un balance que salvaguarde los derechos de los migrantes sin menoscabar los de los nacionales, lo que nos insta a llamar a la cooperación internacional y al diálogo multilateral, para abordar de manera integral y sostenible esta problemática que trasciende las fronteras nacionales y que República Dominicana no puede asumir. Porque lo cierto es, que todo tiene un límite. Y aquí aprovechamos para recordar que no nos pidan a nosotros lo que no se les pide a otros.

La interpretación de estos datos requiere una consideración meticulosa de todos los factores involucrados y debe realizarse con la comprensión de que cada cifra representa vidas humanas y las complejidades inherentes a cada situación individual. Estas estadísticas, mientras son importantes para la formulación de políticas y la toma de decisiones, también reflejan la realidad humanitaria que debe ser abordada con sensibilidad y conforme a los principios de derechos humanos y dignidad para todos.

La tarea de mantener un registro exacto y detallado de los movimientos migratorios a través de una frontera que es en gran medida porosa representa un desafío significativo. Esta dificultad se acentúa aún más en un contexto donde las instituciones están en un proceso continuo de robustecimiento y donde las prácticas y procedimientos se encuentran en una fase activa de refinamiento.

Lo que no está sujeto a interpretación es que nuestra solidaridad hacia el pueblo haitiano y su situación ha sido una constante en la historia reciente de nuestra nación. Es una solidaridad nacida de la proximidad geográfica y los lazos históricos, y ha sido demostrada en múltiples ocasiones, no solo a través de la ayuda en momentos de crisis, sino también en el día a día de la convivencia pacífica y el trato fraternal. El pueblo dominicano ha acogido a migrantes haitianos, brindándoles oportunidades de trabajo, acceso a servicios de salud y educación, en un espíritu de hospitalidad y buena vecindad.

No obstante, somos conscientes de que, como nación, República Dominicana no está exenta de imperfecciones. Reconocemos que en la multiplicidad de actores que operan en nuestro territorio, hay áreas que requieren de nuestra atención y mejora continua. Es un reconocimiento que no surge de la complacencia, sino del compromiso con la autoevaluación y el deseo de progresar como sociedad.

Nuestro gobierno, bajo la dirección del presidente Luis Abinader, se ha dedicado a la implementación de políticas públicas que no solamente buscan reforzar la infraestructura y los procedimientos migratorios, sino también a asegurar que cada acción del Estado sea un reflejo de los valores que como dominicanos profesamos (equidad, inclusión, solidaridad, humanidad, responsabilidad, transparencia, justicia y bienestar colectivo). Hemos demostrado, con hechos concretos, la voluntad de implementar cambios significativos para mejorar la calidad de vida de todos los que habitan en nuestro suelo, sin distinción.

Cuando se han detectado desviaciones de las normas y las buenas prácticas por parte de agentes del Estado, no se ha vacilado en actuar con la firmeza que la ley y la ética dictan. Se han tomado medidas disciplinarias y correctivas, sancionando y separando a aquellos que han fallado en cumplir con su deber de manera íntegra. Estos actos no solo son medidas punitivas, sino también parte de un proceso educativo y reformista que busca cultivar una cultura de integridad y respeto a los derechos humanos dentro de nuestras instituciones. Por eso, entre 2022 y 2023, fueron desvinculados 132 agentes de la Dirección General de Migración, incluidos miembros de la policía nacional y de las fuerzas armadas que transgredieron las normativas y principios que debían regir su conducta.

Reafirmamos así nuestro compromiso inquebrantable con la mejora continua, entendiendo que cada paso que damos hacia adelante refuerza no solo nuestras instituciones, sino también el tejido social que une a la República Dominicana. Este proceso de autorreflexión y mejoramiento continuo es el pilar de nuestro avance hacia un futuro más justo y equitativo, donde la solidaridad y el respeto mutuo sean la piedra angular de nuestra convivencia.

Además, la capacitación de 626 agentes migratorios en derechos humanos y debido proceso entre 2020 y 2022 representa un hito significativo y un esfuerzo consciente de República Dominicana para asegurar que los principios fundamentales de la dignidad humana y la legalidad sean pilares en la gestión de los flujos migratorios. Formar a los agentes, quienes están en la primera línea de contacto con migrantes, nos acerca más a un trato justo y humano, y se alinea con los valores de un Estado de derecho donde la justicia y la equidad son la norma. Además, estos programas de capacitación elevan la calidad del servicio público, previenen violaciones de derechos y fomentan una cultura de responsabilidad y sensibilidad hacia los temas de migración, lo que contribuye a una sociedad más inclusiva y armónica.

Somos conscientes de nuestras obligaciones internacionales y trabajamos incansablemente para cumplir con ellas. Nuestro país ha asumido la responsabilidad de implementar progresivamente los derechos reconocidos en los tratados e instrumentos que hemos adoptado, reconociendo las limitaciones de recursos y la necesidad de tiempo para aplicar completamente todas sus disposiciones.

El Gobierno Dominicano valora el papel de la CIDH para la protección de los derechos humanos y se mantiene abierto al diálogo constructivo para evaluar y mejorar sus políticas y prácticas, en cooperación con organismos internacionales y grupos de la sociedad civil.

En conclusión, aseguramos a la Comisión y a todos los interesados que República Dominicana mantiene su promesa de fortalecer y mejorar sus políticas y prácticas en conformidad con sus principios constitucionales y sus compromisos internacionales. Nuestra disposición al diálogo, la reflexión y la acción correctiva es inquebrantable, y continuaremos trabajando con diligencia para garantizar que la política migratoria y la protección de los derechos humanos en nuestra nación sean ejemplares y estén al servicio del bienestar de todos los que residen en nuestro suelo.

Hoy, nos hemos congregado bajo la sombra de alegaciones severas, aquellas que tocan el núcleo mismo de nuestro compromiso como nación con los principios universales de los derechos humanos. Se nos interpela sobre las circunstancias que hablan directamente a nuestra humanidad compartida.

Entendemos y reconocemos profundamente la responsabilidad que recae sobre los hombros de nuestra patria, la República Dominicana, un país forjado en la lucha y el compromiso por la libertad y la dignidad de cada ser humano. Afirmamos ante ustedes que no hay lugar en nuestro suelo para la indiferencia ante el sufrimiento, ni para la tolerancia de la injusticia.

Las alegaciones de que hemos fallado en esta tarea han sido, para nuestro gobierno, una llamada de atención que como han visto nos ha impulsado no sólo a la reflexión sino a la acción decidida.

En este espíritu, hacemos un llamado para que trabajemos juntos, desde la comunidad internacional para facilitar la ayuda que permita mejorar la profunda crisis que afecta a Haití, pues es la única manera que podrán sentarse las bases allí para atender apropiadamente a sus nacionales y brindarles los servicios que merecen.