Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

Gracias, señor Presidente.

Agradecemos a la Presidencia de este Consejo Permanente por permitirnos abordar ese tema tan importante y central para la República Dominicana, y nuestro agradecimiento especial a todas las excelentes ponentes que nos han precedido, en particular, a la Vicepresidenta de Costa Rica, a la Presidenta de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) y a la Ministra de la Mujer en Nicaragua y Panamá, así como la representación del Ecuador y la Comisionada Antonia Urrejola Noguera. Señor Secretario General, Secretario General Adjunto, embajadores representantes permanentes y alternos.

Iniciamos nuestras palabras mencionando a Salomé Ureña, poetisa dominicana del siglo XIX, quien en su poema “Mi Ofrenda a la Patria” dejó plasmada la importancia de la educación en las mujeres. La vinculación de Salomé Ureña a la evolución del pensamiento social y político de su época es evidente, logrando fomentar la participación de las mujeres no sólo en la educación, sino también en la salud y en la política; lo que es más importante aun transmitiéndoles una versión temprana de empoderamiento.

En el interés de garantizar los derechos humanos de las mujeres y con el objetivo de eliminar la violencia en contra de la mujer, el Gobierno de la República Dominicana ha fortalecido al Ministerio de la Mujer priorizando sus acciones y aumentando la asignación de recursos financieros, así como la capacidad y competencia para poder hacer investigación y análisis e influir en las políticas públicas, revisar la legislación vigente con el objetivo de adaptarla a los tiempos actuales en materia de género y lucha contra el flagelo de la violencia contra las mujeres. De igual forma, el Ministerio lleva a cabo funciones de comunicación, coordinación y vigilancia de la aplicación de las políticas con perspectivas de género.

El rol de Ministerio de la Mujer de la República Dominicana se encuentra reflejado en nuestra Constitución en su artículo 39, el cual promueve las medidas necesarias para garantizar la erradicación de las desigualdades y la discriminación de género con la misión de definir y liderar la ejecución de políticas públicas, planes y programas que contribuyan a la igualdad y la equidad de género y al pleno ejercicio de la ciudadanía de las mujeres.

Nuestro país está también comprometido a implementar políticas sensibles a las desigualdades de género para mitigar los efectos de crisis y recesión económicas en la vida de las mujeres promoviendo los marcos normativos y políticos que dinamicen la economía en sectores claves incluyendo los cuidados, integrando la perspectiva de género en las políticas nacionales de adaptación al cambio climático y migratorio y la mitigación de sus efectos, y reconociendo sus impactos diferenciados en las mujeres, las adolescentes y las niñas.

Como órgano rector de las normas y como coordinador de la ejecución de políticas, planes y programas en el ámbito sectorial, interministerial y con la sociedad civil, nuestro Ministerio de la Mujer está dirigido a lograr la equidad de género y el pleno ejercicio de la ciudadanía por parte de las mujeres. Así lo confiere nuestra Ley 8699 del Estado dominicano.

En el mes de noviembre, en el cual nos reunimos para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia en Contra de la Mujer, en nuestro país hemos presentado varios programas para la prevención de este flagelo recordando que no solo ya en la memoria colectiva de todos y todas las dominicanas y en la región, en esta fecha recordamos cómo perecieron Patricia, Minerva y María Teresa Mirabal, víctimas de un acto vil que segó sus vidas.

Las hermanas Mirabal serán por siempre símbolo de la lucha que tenemos todos los pueblos contra la violencia ejercida contra las mujeres; como tal, lo abordamos de manera multidisciplinaria y, en efecto, la meta de igualdad de género jamás podrá ser alcanzada sin antes eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres.

En este sentido, señor Presidente, y en ocasión de la conmemoración de este día, me permito dar lectura a la declaración sobre la Violencia Política contra las Mujeres, la cual ha sido suscrita por las siguientes delegaciones:

“LAS MISIONES PERMANENTES DE ARGENTINA, CANADÁ, COSTA RICA, CHILE, ECUADOR, EL SALVADOR, HONDURAS, MÉXICO, PANAMÁ, PERÚ, REPÚBLICA DOMINICANA, URUGUAY Y VENEZUELA,

CONSIDERANDO la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención Interamericana sobre la Concesión de los Derechos Políticos a la Mujer, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, “Protocolo de San Salvador” y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención de Belém do Pará, como instrumentos cuyo fin es proteger los derechos humanos de las mujeres y niñas en toda su diversidad y recordar a los Estados su deber de diseñar e implementar medidas y políticas para prevenir, sancionar y erradicar las discriminaciones y las violencias por motivos de género tanto en los ámbitos público como privado;

TOMANDO EN CUENTA la declaración sobre la violencia y el acoso político contra las mujeres que las autoridades nacionales competentes del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención de Belém do Pará (MESECVI) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), suscribieron en el 2015, en ocasión de la VI Conferencia de Estados Parte de la Convención de Belém do Pará;

REITERANDO los compromisos asumidos por los Estados en la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, en particular el Consenso de Quito (2007), el Consenso de Brasilia (2010), el Consenso de Santo Domingo (2013), la Estrategia de Montevideo para la Implementación de la Agenda Regional de Género en el Marco del Desarrollo Sostenible hacia 2030 (2016) y el Compromiso de Santiago (2020), como así también el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo (2013) adoptado en la Primera Reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe y los compromisos asumidos por los Estados en la Declaración y Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995), el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (El Cairo, 1994), y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (2015), especialmente a través de su Objetivo 5 “Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas”;

TOMANDO EN CUENTA la Declaración de Santo Domingo sobre la igualdad y la autonomía en el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres para el fortalecimiento de la democracia que, adoptada en la XXXVIII Asamblea de Delegadas de la CIM en 2019, contempla el compromiso de redoblar los esfuerzos para lograr la igualdad y la autonomía en el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres y el acceso a los cargos de liderazgo y toma de decisiones en todos los espacios de la vida pública y política en condiciones de igualdad y libres de violencia; y

REITERANDO la profunda preocupación manifestada en diferentes instrumentos ante el acoso y la violencia política y administrativa que experimentan las mujeres en toda su diversidad en el acceso a los puestos de decisión por vía electoral o por designación, tanto en el nivel nacional como local, así como en los partidos y movimientos políticos, problemática que impera en el Hemisferio limitando su acceso al sistema de representación y, por tanto, a la toma de decisiones impidiendo de esta forma una democracia representativa y participativa en la región,

DECLARAN QUE:

• Los estados parte tienen la obligación de cumplir con los instrumentos internacionales antes mencionados y para que mujeres y hombres participen en condiciones de igualdad sustantiva en la vida política garantizando el acceso de las mujeres en toda su diversidad a cargos políticos, jerárquicos y de toma de decisión sin discriminación ni violencia.
• La participación política igualitaria de mujeres y hombres es un componente esencial de la democracia; y que es indispensable implementar las medidas conducentes para alcanzar la participación plena igualitaria y significativa de las mujeres en toda su diversidad en el sistema democrático.
• Se deben impulsar políticas públicas que promuevan, en el marco estatal administrativo, en las instituciones electorales, en las organizaciones de partidos políticos y en otras entidades pertinentes, la adopción e implementación de medidas para erradicar la violencia política contras las mujeres en toda su diversidad, proteger sus derechos electorales y asegurar un abordaje integral para combatir la impunidad, prestando particular atención cuando los perpetradores ocupan cargos públicos o son candidatos a ocuparlos.
• Las leyes de paridad adquieren especial relevancia para garantizar el acceso en condiciones igualitarias de las mujeres en toda su diversidad a espacios de representación política.
• Es necesario adoptar todas las medidas de acción positiva y todos los mecanismos pertinentes incluidas las reformas legislativas y las asignaciones presupuestarias desde un enfoque interseccional para garantizar la plena participación de las mujeres en toda su diversidad en cargos públicos y de representación política en todos los poderes y niveles de los Estados, especialmente políticas focalizadas para asegurar igualdad en los gobiernos locales y en los poderes judiciales.
• Es fundamental reconocer la violencia política como una forma de violencia contra las mujeres en toda su diversidad y promover activamente incorporación en los ordenamientos jurídicos internos.
• La importancia de apoyar la labor de la Comisión Interamericana de Mujeres y del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer , Convención de Belém do Pará (MESECVI) para que se continúe trabajando hacia una región libre de toda violencia y acoso político asegurando la participación sustantiva de las mujeres en toda su diversidad en la política en los procesos electorales y en la toma de decisiones para resguardar la democracia representativa y participativa en el Hemisferio”.

No quisiéramos terminar, señor Presidente, sin agradecer a las de las delegaciones por su apoyo a esta declaración.

Muchas gracias, señor Presidente.