De tanques de amor a etiquetas de guerra

La mudancera, el mar y el boomerang del «terrorismo»

La llamada no tiene nada de clandestina. Tiene cansancio y ternura. Sale de un celular con la pantalla rota, entre el ruido de una cocina donde el turno nocturno se vuelve rutina. El hijo migrante no llama para «hacer un envío»; llama para sostener una casa. Pide dos tanques — esos barriles plásticos azules que son el formato estándar del envío diaspórico — para su abuela y su madre. Y cuando le preguntan qué lleva, enumera como quien reza: sacos de arroz, habichuelas, latas de conserva, aceite, ropa y zapatos para los hermanos y los sobrinos. No manda lujo. Manda semanas. Manda un pequeño escudo contra la escasez.

A ese puente le decimos mudancera: un shipping comunitario que, semana tras semana, une la economía emocional de la diáspora con la fragilidad concreta de la isla. La mudancera — cuando funciona como debe — es una institución moral: mueve comida, artículos del hogar, dignidad. Quien no entienda eso, difícilmente comprenderá el modo dominicano de no abandonar a los suyos — ni el dolor que produce ver ese gesto profanado.

La mudancera debería ser intocable. Pero nada sagrado escapa al cálculo criminal. El crimen no compite con lo noble: se le monta encima.

En algún punto del trayecto — sin necesidad de dibujar mapas, sin necesidad de enseñar rutas — esos tanques pasan por manos que el remitente nunca verá. Y ahí ocurre la profanación: el gesto de cuidado se vuelve oportunidad. No hace falta una conspiración cinematográfica. Basta con lo que siempre ha bastado en los delitos grandes: volumen, rutina y una grieta humana. Basta con que un empleado de almacén reciba quinientos dólares por mirar hacia otro lado. Basta con que un inspector sepa qué tanques no revisar. Porque aunque el Estado compre escáneres, protocolos y equipos, al final todo sistema lo operan seres humanos. La máquina detecta densidades; el ser humano decide qué significan. Y cuando aparecen redes de corrupción, lo que debía ser control se vuelve escenografía.

El punto no es apuntar con el dedo a empresas ni sembrar sospecha sobre miles de familias que solo quieren ayudar. El punto es describir el modus operandi: cómo lo ilícito aprende a esconderse dentro de lo legítimo, cómo la confianza se usa como camuflaje, cómo el crimen se vuelve parásito de los canales solidarios. El crimen innova. Y cuando el crimen innova, la respuesta estatal tiene que ser constante, no teatral.

Cuando lo que se cuela no es mercancía, sino poder

Hay contrabandos que distorsionan la economía. Y hay contrabandos que distorsionan la vida.

Cuando lo que entra son armas y municiones — o piezas y accesorios que completan un poder de fuego — lo que se transfiere no es un objeto: es una ventaja. Un cargador no es «un detalle»; es continuidad. Un chaleco antibalas no es «un accesorio»; es la decisión de sostener un enfrentamiento y volver mañana. Una mira óptica no es «un capricho»; es asimetría. La violencia se hace más resistente; la comunidad respira menos.

El flujo no es abstracto. Según datos de la ATF (Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives), una proporción significativa de las armas de fuego recuperadas en crímenes en el Caribe provienen de Estados Unidos. Por eso, hablar de contrabando de armas no es hablar de un delito aduanal. Es hablar de seguridad nacional sin uniformes ni trompetas: erosión de autoridad, compra de silencios, control territorial informal, intimidación cotidiana. No hace falta que haya guerra formal: en barrios donde el que tiene el arma tiene la última palabra, el efecto es el de una sociedad acorralada.

El mar como aduana sin paredes

En tierra hay muros. En el mar hay espacio.

La escena marítima tiene una máscara perfecta: «vamos a pescar». Y la pesca, en una isla, es sagrada: oficio, necesidad, herencia. El problema no es la pesca. El problema es el uso del mar como zona gris: un corredor sin fronteras visibles donde la evidencia puede desaparecer con una facilidad brutal. El canal de la Mona, la franja que conecta con las Bahamas, la costa norte dominicana: miles de kilómetros cuadrados donde la vigilancia es imposible sin cooperación regional sostenida. Si hay alerta, el mar se convierte en archivo. El Caribe no solo conecta mercados; también puede tragarse pruebas.

El patrón no es nuevo, pero ha aprendido. Donde antes había improvisación, hoy puede haber coordinación. Donde antes había señales torpes, hoy hay disciplina. La tecnología no tiene moral; tiene utilidad. Y quien la usa para dañar, la usa con método.

En ese paisaje aparece una realidad incómoda: algunos regresan con algo más que la pesca del día. No porque el pescador sea enemigo, sino porque la precariedad puede convertirse en reclutamiento y el dinero rápido puede convertirse en argumento. Y entonces el rumor — esa manera popular de decir verdades sin firmarlas, pero también de procesar lo que se sabe y no se puede probar — circula con una frase que no da risa: «Pescar anguilas es bien lucrativo… sobre todo si las anguilas traen cargadores de 33 balas».

Es una línea cruel porque condensa todo: necesidad, tentación, mercado, violencia. Y exige una respuesta que no sea solo castigo, sino fricción real contra redes… y políticas que reduzcan la desesperación que vuelve «normal» el salto al delito. Porque mientras la pesca legal apenas dé para sobrevivir, la pesca ilegal seguirá siendo tentación.

Los nodos urbanos: pandillas dominicanas, rivales históricos y mercados compartidos

El mapa queda incompleto si se omite la dimensión urbana en Estados Unidos.

Años atrás en el National Gang Report del FBI, las autoridades federales estadounidenses habían identificado a Trinitarios como la pandilla dominicana más grande y la de expansión más rápida entre las caribeñas, asociada a homicidios, asaltos violentos, robos e incluso invasiones de hogares, con expansión hacia varios estados del Este, incluyendo Massachusetts. En esos informes se menciona a Dominicans Don’t Play (DDP) como otra estructura dominicana relevante, vinculada a violencia y narcotráfico.

Nombrar estas estructuras no es demonizar a la diáspora. Es reconocer que ninguna comunidad grande está blindada contra redes criminales. Y es reconocer, además, una verdad funcional: esas redes pueden operar como nodos de micro-logística criminal (control de esquina, distribución, cobro, intimidación). No necesitan controlar un puerto para causar daño; basta con participar en el mercado que mueve armas, drogas y dinero.

En ese mismo ecosistema urbano han operado históricamente pandillas estadounidenses como Crips y Bloods. La cultura popular las presenta como enemistad pura. La realidad del crimen moderno suele ser más cínica: la rivalidad existe, pero el mercado manda. Se odian por territorio, pero transaccionan cuando la ganancia lo exige. Respetan líneas y códigos no por honor, sino por conveniencia. El caos total daña el negocio.

Y el negocio hoy tiene nombre químico y saldo funerario: fentanilo y metanfetamina. La DEA, en su National Drug Threat Assessment, advierte que las drogas sintéticas explican prácticamente la totalidad de las muertes por sobredosis en Estados Unidos y dominan el panorama de amenaza.

En ese contexto, el vínculo entre ciertas pandillas y la distribución de drogas sintéticas no es rumor: aparece en casos públicos. En 2025, el Departamento de Justicia informó sobre una acusación contra miembros y asociados de un grupo Crips en el Distrito Central de California que incluía conspiración para distribuir grandes cantidades de píldoras prensadas con fentanilo, además de cargos de armas y violencia. Y en mayo de 2025, la fiscalía federal del Distrito Este de Nueva York reportó la condena de un líder Bloods por distribución de narcóticos, incluyendo distribución que resultó en sobredosis.

¿Qué tiene que ver esto con el Caribe? Todo. Cuando el mercado dominante es fentanilo y metanfetamina, el incentivo de control territorial y protección armada sube. Y cuando sube, el mercado de armas se vuelve parte del mismo paquete. El flujo no es unidireccional: armas bajan, drogas suben, dinero circula. Es un sistema integrado. La enemistad entre grupos no desaparece; se administra. Se mata por esquina, pero se hace negocio para sostener la esquina.

El giro: si «terrorismo» es premisa, también puede volverse espejo

Aquí entra la idea central. No como debate académico, sino como espejo político.

República Dominicana declaró en 2025, mediante decreto presidencial, a las bandas criminales haitianas como organizaciones terroristas y ordenó activar el Consejo Nacional Antiterrorista y la Dirección Nacional Antiterrorista. Meses después, designó como organización terrorista al «Cártel de los Soles», instruyendo medidas para prevenir incursiones en territorio dominicano o contra intereses dominicanos en el exterior: un criterio preventivo, basado en amenaza.

Estados Unidos, por su lado, ha empujado con fuerza una lógica parecida: tratar crimen organizado transnacional como terrorismo. Esa arquitectura se apoya en categorías y designaciones formales (y en un clima político que premia la palabra «guerra»). En los hechos, la administración Trump ha ido más lejos: en diciembre de 2025, mediante orden ejecutiva, presentó el fentanilo como «arma de destrucción masiva», elevando la respuesta a un lenguaje de seguridad nacional extrema.

Ese es el umbral conceptual: cuando «terrorismo» deja de ser una categoría reservada para violencia con propósito político clásico y pasa a ser un sello para cualquier amenaza grave, el sello se vuelve goma. Y cuando se vuelve goma, cualquiera lo estira.

Bajo esa lógica elástica — amenaza, terror cotidiano, capacidad de daño sostenido — Crips y Bloods pueden ser colocadas, retóricamente, dentro del marco que se está usando para etiquetar actores criminales extranjeros. Se objetará que no operan como los cárteles mexicanos: no tienen estructura vertical, no controlan rutas internacionales, no negocian con Estados. Pero el nuevo estándar ya no exige eso. Exige capacidad de daño, intimidación sostenida, impacto en comunidades. Bajo ese criterio, la comparación no es absurda; es incómoda.

Y ahí está el boomerang: el lenguaje que se exporta hacia el sur puede regresar hacia adentro.

Si se acepta que la categoría «terrorismo» se aplica por impacto e intimidación, no por motivación, entonces surge una pregunta incómoda: ¿por qué es tan fácil declarar «terrorista» lo ajeno, mientras lo propio se mantiene como «problema doméstico», incluso cuando lo propio alimenta mercados que desestabilizan a otros?

La intención de esta pregunta no es hacer teatro antiestadounidense. Es obligar a honestidad. Porque cuando un país grande estira categorías para reforzar poder y narrativa, crea precedentes. Y los precedentes, como las olas, no preguntan a quién mojan.

Lo que salva vidas no es la etiqueta, sino la fricción

La etiqueta da titulares. La fricción da resultados.

El crimen no teme a palabras grandes. Teme a trazabilidad real — que cada arma decomisada pueda rastrearse hasta su origen: tienda, comprador, ruta — , a investigación financiera, a decomisos consistentes, a condenas que no dependan del humor político, a controles anticorrupción que toquen lo profundo. Teme a un Estado que no se canse.

Proteger la mudancera exige equilibrio: respeto absoluto al canal solidario, rigor sin sentimentalismo contra quien lo contamina. No se trata de sospechar de cada tanque; se trata de impedir que un tanque sea caballo de Troya del miedo. Eso requiere tecnología, sí. Pero sobre todo integridad. Un escáner sin integridad es una lámpara que ilumina para quien paga la cuenta de luz.

También requiere trabajo comunitario en la diáspora: defensa moral del puente, rechazo social al contrabando, cooperación con autoridades sin humillación ni estigma. Esto exige liderazgo desde las propias comunidades: juntas de vecinos en Washington Heights, asociaciones de comerciantes en Lawrence, iglesias en Paterson. La dignidad comunitaria se protege sacando al crimen del canal, no negando que existe.

Y requiere, además, una conversación adulta con Estados Unidos: corresponsabilidad.

Corresponsabilidad significa que Estados Unidos deje de tratar el flujo de armas hacia el sur como problema ajeno. Significa compartir inteligencia, rastrear ventas, sancionar a traficantes estadounidenses con la misma dureza que se exige para traficantes extranjeros. La seguridad hemisférica no puede ser un sermón unilateral; tiene que ser política compartida.

Al final, esta historia no trata de barcos ni de tanques. Trata de esa llamada entre el ruido de una cocina y el cansancio de un turno nocturno. Trata de abuelas que esperan arroz. De madres que reparten latas como si fueran semanas. De niños que estrenan zapatos que huelen a «allá». Y trata de lo que sucede cuando el miedo se infiltra por la grieta más dolorosa: la solidaridad.

Ese es el verdadero crimen: no solo traficar metal o veneno químico, sino corromper el gesto de amor que sostiene a la isla.

Y si el hemisferio quiere hablar en serio de seguridad, convendría empezar por una regla simple: menos etiquetas para impresionar, más fricción para desmontar redes. Menos teatro, más constancia. Y si Washington quiere credibilidad cuando exige cooperación, podría empezar por controlar lo que sale de sus propias fronteras. Porque la mudancera, la pesca y la familia — lo que nos mantiene vivos — no pueden seguir pagando el precio de un mercado ilegal que hace negocios con nuestra fragilidad.