La pausa que no elegimos

Después de la Suprema Corte, la prisa es el riesgo

Por Josué Fiallo

Hace unos días escribí que la IEEPA (Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional) podía caer. Escribí, con más prudencia que convicción, que la administración ya tendría rutas alternas preparadas.[1]

Cayó. El viernes 20 de febrero de 2026, la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó seis votos contra tres que la IEEPA no autoriza la imposición de aranceles.[2] El poder de imponer tributos pertenece al Congreso. Siempre perteneció. Lo que cambió es que seis jueces decidieron decirlo en voz alta.

Las rutas alternas existen, pero son más estrechas de lo que nadie esperaba. La Sección 122 del Trade Act de 1974: 15 por ciento máximo, 150 días, no discriminación. La Sección 301: investigación formal con periodos de consulta. La Sección 232: determinación de seguridad nacional.

Este es el tercer escrito de una serie sobre el nuevo orden bilateral de Washington. Los dos anteriores fueron escritos antes de esta decisión.[3] [4] Lo que ocurrió supera la advertencia: no solo cambió el instrumento legal. Cambió la legitimidad de todo lo que se negoció bajo su sombra.

República Dominicana recibió en 2025 remesas que superan los US$11,800 millones[5] (más de lo que el país exporta en bienes), zonas francas cerraron 2024 con US$8,426 millones en exportaciones y la inversión extranjera directa alcanzó US$4,523 millones, cifra récord. Son la medida de una dependencia que exige decisiones correctas, no rápidas.

La prisa tiene precio. La pausa, valor.

Lo que cambió

La IEEPA permitía aranceles sin aprobación legislativa ni límite alguno. Fue esa herramienta la que impuso tasas diferenciadas a decenas de países en una sola noche de abril de 2025: 10 por ciento a nosotros, 34 a China, 46 a Vietnam. Como quien distribuye sentencias sin juicio. La Sección 122 opera bajo otra lógica: techo del 15 por ciento, plazo de 150 días, no discriminación, y derecho a consultas formales ante la OMC (Organización Mundial del Comercio). La diferencia no es de grado. Es de naturaleza.

Lo que antes era un arsenal nuclear es ahora armamento convencional: peligroso, sí, pero sujeto a límites, tiempos y reglas que permiten la disuasión, la negociación y la respuesta calibrada. Un presidente que puede imponer 15 por ciento por cinco meses tiene palanca. Uno que podía imponer 145 por ciento por tiempo indefinido tenía veto existencial. El primero negocia. El segundo dictaba.

Lo que otros firmaron mientras esos instrumentos existían importa más que la comparación entre ellos. Los acuerdos de Guatemala y El Salvador fueron negociados bajo presión de una autoridad que acaba de ser declarada ilegal. Ambos países cedieron soberanía regulatoria: alineación arancelaria obligatoria contra terceros, controles de exportación delegados, compras de etanol forzadas, consultas obligatorias sobre proveedores de telecomunicaciones. Todo para evitar un arancel que, poco después, perdió su base legal.

La presión generó urgencia; la urgencia generó concesiones; las concesiones son permanentes; la presión era ilegal. Esa ecuación no debe repetirse.

La virtud accidental de nuestra lentitud

República Dominicana no ha firmado un acuerdo bilateral. No por visión estratégica ni porque sus negociadores anticiparan el fallo. Probablemente por alguna combinación de torpeza diplomática, falta de decisión política e inercia institucional. El resultado, sin embargo, es el mismo que habría producido la estrategia más sofisticada: estamos afuera del compromiso cuando el piso legal se derrumba.

Los números contienen la ansiedad, si uno se detiene a leerlos. Equipos médicos de zona franca: más de US$2,100 millones en los primeros nueve meses de 2025. Tabaco: en el orden de US$1,010 millones. Textiles: US$688 millones.[6] Ese sector textil que mira con preocupación la exención guatemalteca representa menos de una décima parte de nuestra base exportadora de zona franca. La presión es real. La perspectiva la contiene.

No escribo esto con satisfacción sino con preocupación. La misma inercia que nos mantuvo afuera puede empujarnos ahora, por reflejo compensatorio, a firmar algo peor: un acuerdo negociado con prisa para demostrar alineamiento, sin haber procesado que las condiciones que lo originaron ya no existen.

La tentación

La lógica política es comprensible: señal de alineamiento, exención textil como la de Guatemala, el reflejo institucional de «firmemos y ya», carreras que se benefician de una firma y una foto en Washington.

Pero las razones para resistir esa lógica son más fuertes. Primera: no sabemos qué marco legal regirá los aranceles en seis meses; los 150 días de la Sección 122 vencen en julio, las investigaciones 301 apenas comienzan, y firmar un acuerdo permanente sobre un régimen provisional es construir sobre arena. Segunda: la Unión Europea, Japón, Corea y el Reino Unido van a impugnar, crear precedentes, abrir caminos; ¿por qué no observar qué funciona antes de comprometernos? Tercera: cada cláusula que diga «Guatemala shall» fue redactada bajo una amenaza declarada ilegítima; replicar ese molde no sería pragmatismo sino aquiescencia voluntaria. Cuarta: tenemos el DR-CAFTA — un arancel temporal del 10 ó 15 por ciento sobre base cero es absorbible, la IED fue récord, las remesas crecieron 10.3 por ciento — mientras se aclara el panorama. La economía puede absorber la espera. Lo que no puede absorber es un compromiso permanente mal calibrado.

Y hay un dato que la urgencia oculta: el reloj de la Sección 122 no corre contra nosotros. Corre contra quien necesita cerrar acuerdos antes de que expire su propia herramienta y antes de las elecciones intermedias de noviembre de 2026, donde los aranceles son ya el tema más tóxico para los republicanos en distritos competitivos.

El escudo del déficit comercial

Y hay una quinta consideración que debería orientar cualquier esfuerzo gubernamental serio. La Sección 122(d)(2) del Trade Act de 1974 no solo impone un techo de 150 días y un máximo del 15 por ciento. También condiciona: el presidente puede imponer aranceles globales, pero debe focalizarlos contra países con superávits comerciales persistentes, es decir, países que le venden más de lo que le compran. República Dominicana no tiene superávit con Estados Unidos. Tiene lo contrario: un déficit bilateral que supera los US$4,000 millones; Washington nos vende considerablemente más de lo que nos compra.

Un arancel que encarece la exportación dominicana encarece, por reflejo, la exportación americana que la alimenta. Penalizar a un cliente que te compra más de lo que te vende no es proteccionismo. Es sabotaje de la propia cadena. Ese dato no es anécdota. Es argumento jurídico. Si la administración pretende actuar bajo la Sección 122, incluir a un país deficitario contradice la propia norma que invoca. El DR-CAFTA proporciona el vehículo institucional para canalizar esa solicitud.

La meta no debería ser negociar un ART (Acuerdo de Comercio Recíproco) para eliminar el arancel. Debería ser obtener la exención a la que tenemos derecho, y negociar todo lo demás desde esa posición.

Lo que Washington tiene en la carpeta

La pausa que proponemos no presupone que negociamos desde posición limpia. Presupone lo contrario. Lo que sigue no es una lista de problemas que debemos resolver antes de la mesa; algunos llevan quince años en los informes del USTR (Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos) con lenguaje idéntico.[7] Son históricos. Son estructurales. Pero cada uno es, además, material potencial para una investigación bajo Sección 301, que no tiene techo arancelario, que puede dirigirse a un solo país, y que solo necesita un hallazgo de práctica «injustificable o irrazonable» para activarse. Lo que hoy es queja en un informe anual puede mañana ser fundamento de un arancel sin límite. La carpeta no es inventario pasivo. Es arsenal latente.

• Azúcar y trabajo forzoso. En la lista del DOL (Departamento de Trabajo) desde 2009; expandida a seis derivados en septiembre 2024.[8] Orden de retención contra Central Romana (noviembre 2022), levantada discretamente en marzo 2025.[9] Cinco de once indicadores OIT (Organización Internacional del Trabajo) documentados. El USTR 2025 confirma «ongoing concerns and challenges» en su séptimo informe de revisión. Y el dato de escala: exportaciones de azúcar crudo y derivados en enero-septiembre 2025: US$162 millones. Menos del dos por ciento de las exportaciones totales. El sector de mayor exposición reputacional es el de menor peso en la balanza. ¿Qué protegemos cuando evitamos confrontar este tema?
• Arroz y Decreto 693-24. Arancel del 99 por ciento fuera de cuota, firmado el 17 de diciembre de 2024[10], cuando el DR-CAFTA mandaba liberalización plena para enero 2025. El USTR documenta que el decreto retiene «in perpetuity» la cuota del año diecinueve: 23,300 toneladas. Washington señala que RD «may be taking steps that appear to undermine its obligations».[11] El caso más inmediatamente litigable del inventario.
• Tres expedientes comparten un patrón: años de queja con lenguaje idéntico en el USTR, sin resolución. Varillas de acero (RTD 458): pruebas de terceros exigidas a importaciones, pero no a producción local, trece años sin resolver —lo que sugiere que alguien se beneficia del problema. Licencias agrícolas: el Ministerio de Agricultura administra permisos para nueve productos con criterios discrecionales que una carta paralela del DR-CAFTA prohibió en 2004; veinte años después, funciona como cuota sombra. Vehículos usados: Aduanas impugna elegibilidad DR-CAFTA desde 2011 citando «technical difficulties» con reglas de origen, pese a que el VIN identifica país y fábrica.
• Discriminación impositiva. Etanol y quesos comparten el mismo patrón: triple gravamen al etanol importado (ad valórem, selectivo, ITBIS) que el local no paga; ITBIS del 18 por ciento al queso importado, cero al local, con la administración sin cumplir su promesa de equiparar desde 2020. Guatemala aceptó compras obligatorias de etanol en su ART. Lo que para ellos fue concesión, para nosotros es queja preexistente.
• Registros sanitarios: retrasos históricos con mejora parcial desde la creación de DIGEMAPS (Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios) en 2023, pero Washington sigue presionando por un sistema basado en riesgo. Cuando este sector es nuestro principal motor de exportación en zonas francas, esta barrera tiene doble filo.
• Compras públicas: la excepción. La Ley 47-25 entró en vigencia el 24 de enero de 2026.[12] Este flanco está cerrándose. Que sea posible en contrataciones demuestra que es posible en los demás.
• Condiciones laborales más allá de la caña: TIP Report 2024 (Reporte de Trata de Personas de 2024), Tier 2 Watch List.[13] Cinco productos en lista TVPRA[14]. Zonas francas: turnos de doce horas, horas extra no remuneradas, hostilidad sindical documentada.
• Propiedad intelectual: removida del Watch List en 2024.[15] No es flanco. Es precedente de que la voluntad institucional produce resultados.

Diez expedientes abiertos. Uno cerrándose. Uno resuelto. Ningún negociador debería sentarse a la mesa sin haber leído cada página de esa carpeta.

No se puede blindar lo que no se ve. No se puede negociar lo que no se nombra.

Qué hacer con la pausa

No pretendo que en 150 días se resuelvan problemas de décadas. Pretendo algo más modesto: que el negociador dominicano sepa qué hay en la carpeta del otro. Conciencia de situación, no plan de resolución. Y la solicitud de exclusión debe articularse en al menos cuatro registros: el económico, porque no contribuimos al déficit que la Sección 122 pretende corregir; el jurídico, porque el DR-CAFTA debería prevalecer sobre un recargo ejecutivo temporal; el estratégico, porque somos aliados en seguridad, migración y estabilidad del Caribe; y el de precedente histórico. Porque ya se hizo antes.

Cuando Nixon impuso su recargo del 10 por ciento en 1971, el mismo episodio que motivó la creación de la Sección 122, eximió a países que no contribuían al déficit y a socios menos desarrollados. Canadá negoció una exención parcial en semanas. El mecanismo de exclusión no es excepción. Es la norma histórica. Lo excepcional sería no invocarlo.

Mapear cada vulnerabilidad y evaluar: ¿palanca de presión o compromiso gradual? No es lo mismo un decreto que se deroga en una tarde (el del arroz) que una práctica laboral arraigada en un sector entero. Evaluar el costo real de la espera: 10 ó 15 por ciento sobre base cero, aplicado a millones de dólares de zonas francas, agropecuaria, o minerales. ¿Cuánto tiempo es absorbible? Lo suficiente para observar lo que la UE, Japón y Corea abren como caminos legales.

Preparar la mesa técnica que esta serie de escritos pide desde el primero. Un mapeo de productos prioritarios por cadena de valor. Un análisis de costos de cumplimiento para cada cláusula tipo Guatemala. Un dictamen constitucional previo sobre los límites de lo que el Ejecutivo puede comprometer sin aprobación legislativa. Y algo que aún no existe: una tabla comparativa de lo que cada acuerdo firmado hasta la fecha cede, obtiene y condiciona. Tema por tema, país por país. Mientras esa tabla no exista, todo lo que digamos sobre «sentarnos a negociar» es lo que popularmente se conoce como “pluma de burro”.

Lo que la demora puede llegar a ser

La Corte Suprema de Estados Unidos nos dio algo que no merecíamos: tiempo. No lo compramos con astucia ni lo ganamos con preparación. No lo obtuvimos porque nuestra diplomacia fuera más hábil que la de Guatemala o la de El Salvador. Llegó porque seis jueces decidieron que el poder de imponer tributos pertenece al Congreso, no al presidente. Llegó porque la separación de poderes en Estados Unidos funcionó como debe funcionar en toda república constitucional.

Ese tiempo tiene fecha de vencimiento. El reloj de la Sección 122 ya comenzó a correr, y el Congreso deliberará sobre nuevas autorizaciones antes de que se detenga. Las investigaciones bajo Sección 301 podrían producir instrumentos más permanentes. Lo que hoy es pausa puede mañana ser urgencia renovada.

Existe, además, un riesgo que la honestidad obliga a nombrar: la administración podría permitir que los aranceles de la Sección 122 expiren y reiniciar el reloj con una nueva declaración de emergencia de balanza de pagos. La maniobra sería judicialmente impugnable y políticamente onerosa en año de elecciones intermedias, pero nadie ha litigado esta cuestión, porque la Sección 122 nunca se había invocado. La pausa que proponemos no es infalible. Es preferible a la alternativa.

Todo lo que hemos construido en estos años (nuestro récord histórico de inversión, el salvavidas social de las remesas y nuestra consolidación como suplidores claves de zonas francas) llega a la mesa de negociación, lo queramos o no.

Lo que la decisión de la Suprema Corte agrega es una razón nueva para no apresurarse, y una razón antigua para actuar con rigor: que lo que se firma condiciona décadas, y que las condiciones bajo las cuales otros firmaron ya no son las nuestras.

Una encuesta reciente de CFR y Morning Consult lo confirma: una pluralidad de estadounidenses cree que el presidente no debería poder imponer aranceles sin aprobación del Congreso.[16] El viento político sopla en la dirección de la pausa, no de la prisa.

La prisa tiene precio. La pausa, valor. Si la Suprema Corte estadounidense decidió que los aranceles merecen deliberación congresual y no decreto, nosotros no deberíamos hacer lo contrario en la mesa de negociación. Porque, finalmente, la tentación más peligrosa no es la presión de Washington. Es nuestra propia ansiedad de agradar. La complacencia tiene su utilidad. Pero cuando se la confunde con estrategia, deja de proteger y empieza a hipotecar.

Un país que se respeta a sí mismo no firma para demostrar lealtad. Firma para proteger a la siguiente generación.

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[1] Lo que se negocia cuando nadie mira. Josué Fiallo, 18 febrero 2026. https://josuefiallo.wordpress.com/2026/02/18/lo-que-se-negocia-cuando-nadie-mira/

[2] Learning Resources, Inc. v. Trump, No. 24–1287 (Corte Suprema de los Estados Unidos, 20 de febrero de 2026) (certiorari antes de sentencia al Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia). https://www.supremecourt.gov/opinions/25pdf/24-1287_4gcj.pdf

[3] El nuevo contrato de Washington, por Josué Fiallo. https://josuefiallo.wordpress.com/2026/02/15/el-nuevo-contrato-de-washington/ 15 febrero 2026.

[4] Ver nota 1.

[5] Banco Central de la República Dominicana: Remesas, Zonas Francas, IED, Exportaciones Nacionales; 2024 cerrados, enero-septiembre 2025 preliminares. https://www.bancentral.gov.do/a/d/2532-sector-externo

[6] Estadísticas oficiales del Banco Central de República Dominicana del Sector Externo “Exportaciones de bienes”  https://www.bancentral.gov.do/a/d/2532-sector-externo 20 Febrero 2026

[7] El Informe de Estimación Nacional de Comercio (NTE) sobre Barreras al Comercio Exterior es un informe anual publicado por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) que identifica barreras extranjeras significativas a las exportaciones, los servicios, la inversión y el comercio digital de Estados Unidos. USTR, 2025 National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers, pp. 107-110 (Rep. Dominicana). Marzo 2025. https://ustr.gov/sites/default/files/files/Press/Reports/2025NTE.pdf

[8] De acuerdo con los reportes oficiales del Gobierno de los Estados Unidos sobre trabajo infantil y trabajo forzoso, determinados productos de República Dominicana se encuentran identificados dentro de esas categorías. En particular, productos agrícolas como café, arroz, tomates y caña de azúcar aparecen vinculados a trabajo infantil, mientras que la caña de azúcar también figura asociada a trabajo forzoso. Asimismo, derivados del sector azucarero —como bagazo, furfural, melaza, azúcar crudo, azúcar refinada y ron— están incluidos en la Lista de Bienes Producidos mediante Trabajo Infantil o Trabajo Forzoso (IPFL), lo que implica que, a juicio de las autoridades estadounidenses, existen indicios razonables de que en su cadena de producción pueden presentarse estas prácticas. DOL, List of Goods Produced by Child/Forced Labor (TVPRA), sept. 2024; DOL ILAB, 7º informe revisión RD, Septiembre 2022.

 https://www.dol.gov/agencies/ilab/resources/reports/child-labor/dominican-republic https://www.dol.gov/sites/dolgov/files/ILAB/child_labor_reports/tda2024/Dominican-Republic.pdf

[9] A partir del 23 de noviembre de 2022, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) comenzó a retener en todos los puertos de entrada las importaciones de azúcar crudo y productos derivados del azúcar producidos por Central Romana Corporation Limited en República Dominicana, tras emitir una Orden de Retención de Liberación (WRO) basada en indicios razonables de trabajo forzoso. La investigación identificó cinco indicadores de la Organización Internacional del Trabajo (OIT): abuso de vulnerabilidad, aislamiento, retención de salarios, condiciones laborales y de vivienda abusivas y horas extras excesivas.

CBP, WRO contra Central Romana, noviembre 2022. https://do.usembassy.gov/cbp-issues-withhold-release-order-on-central-romana-corporation-limited/ https://www.nytimes.com/2025/03/19/business/economy/trump-sugar-forced-labor-ban-lifted.html

[10] Decreto 693-24 17 diciembre 2024. https://presidencia.gob.do/sites/default/files/decree/2024-12/Decreto%20693-24.pdf

[11] National Trade Estimate 2025 USTR https://ustr.gov/sites/default/files/files/Press/Reports/2025NTE.pdf   ; USA Rice Federation, comunicado Enero 2025. https://www.usarice.com/news-and-events/publications/usa-rice-daily/article/usa-rice-daily/2025/04/01/ustr-highlights-u.s.-rice-industry-s-trade-barriers-in-annual-national-trade-estimate-report Abril 2025 https://www.usarice.com/news-and-events/publications/usa-rice-daily/article/usa-rice-daily/2025/01/13/dominican-republic-(dr)-takes-action-to-restrict-u.s.-rice

[12] Ley 47-25, Compras y Contrataciones Públicas, G.O. julio 2025. Vigente 24 ene 2026.

[13] La Lista de Vigilancia de Nivel 2 es una designación del Informe Anual sobre Trata de Personas (TIP) del Departamento de Estado de EE. UU. para países que no cumplen plenamente con los estándares mínimos de la Ley de Protección de Víctimas de Trata de Personas (TVPA), pero que realizan esfuerzos significativos para lograrlo. Destaca a los países con un número elevado o creciente de víctimas, o aquellos que no presentan evidencia de un aumento en las medidas contra la trata. State Dept., TIP Report 2024 (RD: Tier 2 Watch List); Human Rights Report 2024.

[14] Trafficking Victims Protection Reauthorization Act (TVPRA) - La Ley de Reautorización de Protección a Víctimas de Trata.

[15] 2024 Special 301 Report, https://www.state.gov/reports/2025-trafficking-in-persons-report/dominican-republic/  USTR: RD removida de Watch List.

[16] Plurality of Americans Think Tariffs Should Require Congressional Approval 

https://www.cfr.org/articles/what-americans-really-think-about-trade-and-tariffs 19 febrero 2026