Más Allá del Capítulo VI y Medio: Evolución y Futuro de las Misiones de Paz de la ONU
A lo largo de más de siete décadas, las misiones de mantenimiento de la paz de la ONU han encarnado un esfuerzo multilateral para aliviar el sufrimiento humano en escenarios de conflicto y, al mismo tiempo, han sido un modelo de aprendizaje constante en torno a la responsabilidad colectiva y la cooperación internacional. Este prolongado recorrido no se comprende plenamente sin el andamiaje legal provisto por la Carta de las Naciones Unidas, ni sin la participación decisiva de los sucesivos Secretarios Generales, quienes han promovido, en cada etapa, iniciativas y reformas que buscaban optimizar la eficacia de estas operaciones.
La Carta de la ONU, firmada el 26 de junio de 1945 en la Conferencia de San Francisco, es el pilar fundacional que establece los principios y propósitos de la Organización. En ella se sientan las bases jurídicas para la prevención y gestión de conflictos, en particular a través de los Capítulos VI, relativos al arreglo pacífico de controversias, y VII, que aborda la reacción ante amenazas a la paz, quiebras de la paz o actos de agresión. Aunque la Carta no mencione de manera explícita a las misiones de paz, estas se apoyan en dichos capítulos para operar como mecanismos adaptables que gravitan entre la diplomacia preventiva y la acción colectiva más firme. El segundo Secretario General, Dag Hammarskjöld, describió su singularidad hablando de “operaciones en el Capítulo VI y medio”, entendiendo que se ubican en un punto intermedio entre la persuasión política y la fuerza si la situación lo exige.
En sus primeros años, la Organización atravesaba un periodo de consolidación institucional. Bajo Trygve Lie (1946–1952), se carecía todavía de disposiciones claras para atajar la aparición de conflictos en distintas regiones, aunque se empezaron a perfilar los rasgos de lo que sería la cooperación multilateral. Con Dag Hammarskjöld (1953–1961) se dieron pasos decisivos, evidenciados en la Primera Fuerza de Emergencia de Naciones Unidas (UNEF I) de 1956, concebida para frenar la escalada de la Crisis de Suez, y en la Operación de las Naciones Unidas en el Congo (ONUC) de 1960, desplegada para sostener la independencia congoleña y contener la violencia interna, pese al alto costo humano, incluido el fallecimiento del propio Hammarskjöld en 1961.
Tras su muerte, U Thant (1961–1971) consolidó la estrategia de presencia activa. La Fuerza de las Naciones Unidas para el Mantenimiento de la Paz en Chipre (UNFICYP), establecida en 1964, ilustra la voluntad de impedir que un conflicto latente degenerase en una confrontación regional. A su vez, Kurt Waldheim (1972–1981) dirigió a la ONU en plena Guerra Fría, y la Organización siguió confiando en misiones de observación o de interposición, como la Fuerza de las Naciones Unidas de Observación de la Separación (UNDOF) de 1974, destinada a evitar que las hostilidades entre Israel y Siria en los Altos del Golán se reactivaran. El mandato de Javier Pérez de Cuéllar (1982–1991) posibilitó negociaciones en diversos puntos del globo, facilitado por la distensión de la Guerra Fría, y favoreció un margen de acción internacional más amplio ante conflictos internos.
La etapa de Boutros Boutros-Ghali (1992–1996) marcó un aumento notable de operaciones de paz, coincidiendo con el fin de la confrontación Este-Oeste. En 1992, presentó Una Agenda para la Paz, un documento que subrayaba la importancia de la diplomacia activa, la prevención y la reconstrucción posconflicto como ejes centrales de las misiones. Durante la década de 1990, la ONU desarrolló misiones complejas, como UNTAC en Camboya, ONUSAL en El Salvador o UNPROFOR en la ex Yugoslavia, con resultados dispares y la demostración de los límites organizativos y políticos cuando el consenso de los Estados Miembros se mostraba insuficiente. Los sucesos de Ruanda en 1994 y Srebrenica en 1995, a pesar de la presencia de cascos azules, pusieron de relieve la brecha entre la existencia formal de una misión y su real capacidad de proteger a la población civil. En el caso ruandés, la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas (UNAMIR) no pudo contener la matanza sistemática de tutsis y hutus moderados, evidenciando con crudeza el abismo entre la iniciativa de paz y su efectividad operacional.
En aquel clima de escepticismo, la figura de Boutros-Ghali recibió severas críticas, y el Consejo de Seguridad se enfrascó en debates sobre una posible intervención más consistente. Kofi Annan (1997–2006) sucedió en la Secretaría General con una trayectoria estrechamente ligada a las operaciones de paz, lo que le permitió impulsar reformas orientadas a dinamizar y modernizar al máximo la eficacia de la ONU. Ese esfuerzo cristalizó con la creación de un Panel de Alto Nivel, dirigido por Lakhdar Brahimi, que identificó errores y formuló recomendaciones concretas para las misiones. El llamado Informe Brahimi, de agosto de 2000, instó a acabar con “mandatos simbólicos” sin medios suficientes, urgió a una mejor comunicación entre el Consejo de Seguridad, la Secretaría y los países contribuyentes, y recomendó reforzar la celeridad en los despliegues, la inteligencia y la integración de aspectos humanitarios y de derechos humanos.
La asunción de esas propuestas fue en general favorable, aunque no todos los Estados Miembros las adoptaron con la misma determinación. Sirvieron de hoja de ruta para dotar a las misiones de una arquitectura más multidisciplinar y para priorizar la protección de civiles dentro de sus mandatos. Bajo Ban Ki-moon (2007–2016) y António Guterres (2017-presente), la ONU insistió en la prevención, la mediación temprana y la correlación entre paz, desarrollo y derechos humanos. Persistieron, no obstante, tensiones sobre la financiación y la voluntad de asumir riesgos políticos y militares. Cada nueva misión en Sudán del Sur, Mali o la República Democrática del Congo puso a prueba las capacidades logísticas y diplomáticas de la Organización, intentando no reincidir en errores pasados.
Este panorama revela el carácter dinámico y en constante redefinición de las misiones de paz de la ONU, forjadas con éxitos, fracasos y correcciones continuas. De la supervisión de altos el fuego en sus inicios, se ha pasado a mandatos más complejos que abarcan la protección de civiles, la reconstrucción de instituciones estatales y la supervisión de la justicia transicional. Aunque su legitimidad legal descansa en la Carta de la ONU y en las resoluciones del Consejo de Seguridad, su solidez depende, en última instancia, de la convergencia política y del compromiso material de los Estados contribuyentes.
El Informe Brahimi representó un punto de inflexión decisivo, apuntalando mejoras destinadas a erradicar las flaquezas más evidentes y a proponer soluciones estructurales. Desde entonces, pese a obstáculos y reticencias, la Organización ha continuado perfeccionando sus procedimientos con la esperanza de que los cascos azules no se limiten a contener el presente, sino que generen las condiciones para la reconciliación futura. De este modo, las misiones de paz refuerzan ese ideal colectivo de salvaguardar la vida y la dignidad de todos, conforme al espíritu de la Carta de las Naciones Unidas de “preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra.”
El año 2024, con la Cumbre del Futuro y la adopción en septiembre del Pacto para el Futuro, refuerza la noción de modernizar y adaptar sin cesar las operaciones de paz. Se ha propuesto transformar el rol de los cascos azules en un esquema más inclusivo y eficaz, consciente de la necesidad de proteger civiles en conflictos armados, de dar mayor espacio a la agenda de Mujeres, Paz y Seguridad y de considerar de forma activa a la juventud en los procesos de pacificación. Este nuevo acuerdo se compromete con la prevención de crisis, la diplomacia reforzada y una amplia lucha contra el terrorismo y el crimen transnacional. También aborda las cuestiones emergentes vinculadas con la inteligencia artificial y la exploración espacial, ratificando la voluntad colectiva de renovar el multilateralismo, la promoción de los derechos humanos y la edificación de una paz sostenible.
En consonancia con esa visión, el documento Nuestra Agenda Común (Our Common Agenda), presentado por el Secretario General en 2021, articula una perspectiva más integral y estratégica para afrontar los desafíos globales. Tras su publicación, se han forjado políticas que robustecen sus planteamientos, reconociendo la urgencia de revisar las operaciones de paz en medio de conflictos prolongados y de avances tecnológicos, y subrayando la necesidad de utilizar herramientas digitales y análisis de datos para mejorar la monitorización de crisis. Asimismo, se refuerza la protección de civiles al recalcar la aplicación rigurosa de las leyes de la guerra, la prevención de abusos vinculados con la violencia de género y la salvaguarda de derechos fundamentales en entornos altamente complejos. Se promueve la colaboración con organismos regionales y el incremento de la diplomacia preventiva para reaccionar antes de que los conflictos escalen, enfatizándose la inclusión de la perspectiva de género y el protagonismo de la juventud en los procesos de paz. Además, se impulsa la innovación y la flexibilidad en las misiones, entendidas como estructuras maleables capaces de adaptarse a conflictos de carácter emergente o transnacional, tomando en cuenta ámbitos como la inteligencia artificial o el espacio exterior. De esta forma, Nuestra Agenda Común propone un multilateralismo renovado y abierto a todos los actores, que ubique la prevención y la protección de civiles en el centro de la acción. A la par del Pacto para el Futuro y la Cumbre del Futuro de 2024, se dibuja la posibilidad de armonizar los esfuerzos de la comunidad internacional en un contexto cada vez más dinámico y complejo, dando continuidad a una labor de mantenimiento de la paz vital para salvaguardar la dignidad humana, fomentar la cooperación multilateral y afrontar las crisis globales de manera más efectiva.
Dentro de esa misma Agenda Común se incorporan también los ejes sobre las crisis mundiales complejas y la Nueva Agenda de Paz. El primer apartado propone crear una Plataforma de Emergencia concebida para la coordinación internacional ante escenarios críticos de gran magnitud, como pandemias o desastres climáticos, y para ello sugiere protocolos que se activen de forma automática y reúnan a líderes, organismos de la ONU, sector privado y sociedad civil, primando la equidad, la solidaridad y la colaboración multilateral. El segundo plantea la elaboración de una Nueva Agenda de Paz, encaminada a superar las tensiones geopolíticas y a afrontar amenazas emergentes — como el uso indebido de la tecnología, los riesgos nucleares o la ciberseguridad — mediante la prevención a escala global, la transformación de las operaciones de paz en misiones más flexibles e inclusivas, la promoción de la igualdad de género y la integración de la juventud en la toma de decisiones. Este planteamiento, que llama a desarrollar un sistema de seguridad colectiva basado en la confianza y la solidaridad, conecta con la idea de un multilateralismo robusto que vele por la no proliferación nuclear, la diplomacia preventiva y la adaptación de las misiones a dominios como la inteligencia artificial y el cambio climático.
Así, Nuestra Agenda Común unifica los esfuerzos encaminados a reformar las misiones de paz y afianza la propuesta de un multilateralismo que apueste tanto por la prevención de conflictos como por la protección de la humanidad frente a riesgos futuros. Las recomendaciones sobre la Nueva Agenda de Paz refuerzan esta apuesta a través de la convergencia de seguridad colectiva, inversión nacional en prevención y consideración de la problemática climática, todo ello en sintonía con la inclusión de la perspectiva de género y juventud. En conjunto, el documento ofrece un marco para una acción internacional más cohesionada, coherente y sensible a las necesidades del presente, apuntando a la construcción de un futuro resiliente y justo. Con ello, se confirma la relevancia de las misiones de paz en el engranaje multilateral y se sientan las bases de un compromiso global que, mediante la cooperación, la diplomacia y la innovación, busca responder a las crisis contemporáneas y anticiparse a las amenazas que se ciernen sobre la seguridad y la estabilidad internacionales.
