El nuevo contrato de Washington
Los acuerdos bilaterales de Estados Unidos y la arquitectura del nuevo orden comercial hemisférico
Por Josué Fiallo
15 Febrero 2026
Hace poco escuché con atención las intervenciones de los economistas Jaime Aristy Escuder y Andy Dauhajre, dos voces que el país reconoce y que la política económica dominicana ha consultado en momentos decisivos. Coincidían en un punto central: República Dominicana debe procurar con prontitud un acuerdo comercial con Estados Unidos para no perder competitividad frente a vecinos que ya están firmando. Llamaban a activar canales directos con funcionarios estadounidenses y a acelerar el paso. En lo esencial, no hay discusión: la presión competitiva se acumula.
Precisamente porque tenían razón en la urgencia, me sentí obligado a escribir estas líneas. El problema es el método. La urgencia sin mapa conduce al apresuramiento y, en materia de acuerdos internacionales, el apresuramiento puede costar décadas. Lo que se firma en una negociación bilateral no se borra con un decreto: se arraiga en el ordenamiento jurídico, reconfigura instituciones, compromete presupuestos y, si no se calibra con inteligencia constitucional, erosiona capacidades soberanas que luego no se recuperan con una llamada a Washington.
Estas líneas no son respuesta a Aristy Escuder ni a Dauhajre. Son continuación de la conversación que ellos abrieron: la pregunta no es si República Dominicana debe sentarse a negociar (debe), sino qué encontrará sobre la mesa cuando lo haga.
Hay un sonido que precede a los grandes desplazamientos de poder. No es el estruendo de los ejércitos. Es el crujido silencioso de las reglas que se reescriben. Desde abril de 2025, cuando la Casa Blanca invocó la IEEPA (Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, por sus siglas en inglés) para imponer aranceles recíprocos a casi todos sus socios comerciales, ese crujido se volvió imposible de ignorar. Lo que se presentó como corrección de desequilibrios fue, en verdad, el certificado de defunción de una era: la del multilateralismo comercial tal como lo conocíamos.
No se trata de un giro meramente arancelario. Es una reconfiguración de la arquitectura misma del comercio global. Washington ha abandonado la mesa multilateral para sentarse en mesas bilaterales, donde el peso de la primera economía del mundo se traduce en ventaja estructural. El resultado es un sistema de ejes y radios: Estados Unidos al centro, cada socio en la periferia, negociando por separado, sin la protección que ofrece la acción colectiva.
Y la velocidad del cambio asombra. En octubre de 2025, se firmaron acuerdos con Malasia y Camboya. En noviembre, marcos de entendimiento con Argentina, Ecuador, El Salvador y Guatemala. En enero y febrero de 2026, esos marcos se convirtieron en acuerdos formales, acompañados por un pacto con Bangladesh. En paralelo avanzan negociaciones con Vietnam, Tailandia, Suiza y Liechtenstein. El mapa comercial del hemisferio se redibuja con trazos rápidos y tinta indeleble. Quien no está sentado a la mesa no es neutral; está ausente. Y en un sistema donde el acceso se negocia bilateralmente, la ausencia tiene costo.
¿Qué contienen estos acuerdos? ¿Qué revelan cuando se les mira no como «política comercial», sino como lo que realmente son: instrumentos de alineamiento estratégico?
Las seis columnas del nuevo orden bilateral
Un análisis comparado de los textos firmados hasta febrero de 2026 revela seis mecanismos recurrentes que conforman el núcleo duro de estos acuerdos. Son mecanismos que trascienden lo comercial para configurar una lógica de control estratégico.
La primera columna es la equivalencia restrictiva. Cuando Estados Unidos adopta una restricción (comercial, tecnológica o financiera) contra un tercer país, el socio firmante debe adoptar medidas con efecto equivalente. No se exige la misma norma, sino el mismo resultado. El socio no elige: replica. La decisión nace en Washington; el socio paga la ejecución y paga el costo. El acuerdo con Malasia ilustra este mecanismo en su forma más pura.
La segunda columna son los controles de exportación y sanciones con listas nominativas. Malasia y Guatemala asumen compromisos de cooperar con el régimen sancionatorio estadounidense: la Entity List (Lista de Entidades Restringidas) del BIS (Oficina de Industria y Seguridad), las listas de la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros), verificación de uso final. Guatemala se compromete a crear capacidad sancionatoria interna, un aparato financiado con recursos propios pero dirigido por prioridades ajenas. El socio se convierte en extensión operativa de un sistema cuyas designaciones no controla.
La tercera columna es el veto tecnológico encubierto. Guatemala establece la obligación de garantizar que equipos de telecomunicaciones —redes de quinta generación (5G) y sexta generación (6G), satélites y cables submarinos— no comprometan la seguridad, con obligación de consultar con Estados Unidos para identificar proveedores «aceptables». La palabra clave no es «seguridad»; es «consultar». Quien consulta pide permiso. Quien pide permiso no elige libremente.
La cuarta columna es el control jurisdiccional sobre datos. Guatemala reconoce la «adecuación» estadounidense para transferir datos personales. El Salvador acepta mecanismos CBPR (Reglas Transfronterizas de Privacidad) y PRP (Reconocimiento de Privacidad para Procesadores). Malasia exige libre flujo de datos a través de «fronteras confiables» y obliga a consulta previa antes de celebrar acuerdos digitales con terceros. Es el comercio del siglo XXI: quien controla los datos controla la economía.
La quinta columna son las compras públicas como instrumento de alineamiento. Guatemala y El Salvador incorporan equivalencias de certificación FedRAMP (Programa Federal de Gestión de Riesgos y Autorizaciones) y restricciones a proveedores de países «no asociados». El Estado deja de ser regulador neutro para convertirse en agente activo de la política de alianzas de otro Estado.
La sexta columna es la asimetría en terminación y cumplimiento. Guatemala enfrenta una cláusula reveladora: si celebra un acuerdo de comercio digital con determinados países (no definidos explícitamente, aunque son inferibles por el contexto), Estados Unidos puede terminar el pacto o reimponer aranceles. La estabilidad del acuerdo es, por diseño, unilateral: el costo de adaptación lo absorbe el socio; la puerta de salida la controla Washington.
Estas seis columnas no son caprichos de una administración. Son la forma jurídica de un consenso bipartidista (friendshoring —relocalización de cadenas de valor entre aliados—, control tecnológico, perímetro de seguridad económica) que se inició con la Ley CHIPS (Ley de Creación de Incentivos Útiles para la Producción de Semiconductores) y se cristaliza ahora en contratos bilaterales. Lo que cambia entre administraciones es la intensidad, no la dirección.
Y mientras esta arquitectura se despliega, su propia base legal tambalea. La Corte Suprema de Estados Unidos escuchó los alegatos en noviembre de 2025 sobre la legalidad de la IEEPA como instrumento arancelario. El fallo, esperado para las próximas semanas, podría invalidar la base sobre la que se construyen estos acuerdos. Pero incluso si la IEEPA cayera, es razonable anticipar que la administración ya ha preparado rutas alternas para sostener el nuevo régimen. El instrumento puede cambiar; la voluntad de control permanece.
La pregunta para nosotros
Hasta ahora no se ha informado oficialmente si República Dominicana ha sido convocada a esta mesa. Pero no tengo dudas de que una negociación debe estar en curso. Un anuncio podría sorprendernos pronto. Americas Quarterly anticipa que Santo Domingo figura entre los candidatos naturales de una próxima ronda. Y que Honduras y República Dominicana quedarían en desventaja si El Salvador y Guatemala (a la espera de aprobación legislativa) obtienen acceso preferencial y ellos no. La presión no vendrá solo de Washington; vendrá del mercado mismo, de los competidores que firman mientras nosotros deliberamos.
Y aquí es donde la conversación adquiere otro tono.
Porque un acuerdo de esta naturaleza no llega al país como simple pregunta de política comercial: llega como pregunta constitucional. Toca el núcleo del Artículo 3 (soberanía), del Artículo 4 (separación de poderes), del Artículo 26 (principios de integración y cooperación), del Artículo 69 (debido proceso) y del Artículo 93 (reserva de ley tributaria). Cada columna del nuevo orden bilateral activa una fibra distinta del texto constitucional.
La equivalencia restrictiva automática supondría delegar en una agencia administrativa extranjera el poder de generar obligaciones internas sin pasar por el Congreso Nacional. Eso no sería cooperación; sería delegación legislativa, prohibida por el ordenamiento constitucional dominicano. Las cláusulas de datos sin salvaguardas podrían violar el derecho fundamental a la intimidad consagrado en el Artículo 44, y comprometerían además la relación del país con otros socios estratégicos, particularmente con el bloque europeo, cuyo Reglamento General de Protección de Datos (GDPR, por sus siglas en inglés) exige estándares que un acuerdo sin garantías no satisfaría. La incorporación automática de listas sancionatorias sin procedimiento contradictorio vulneraría las garantías del debido proceso que la Constitución protege para toda persona en territorio dominicano.
Pero afirmar que existen límites constitucionales no equivale a rechazar la negociación. Al contrario. Es precisamente el reconocimiento de esos límites lo que permite negociar con seriedad. Las cosas que no se pueden ceder se protegen mejor cuando se identifican a tiempo. Y las que sí se pueden conceder se negocian mejor cuando el interlocutor sabe que hay un marco jurídico que garantiza cumplimiento real. Un compromiso que no resiste un control de constitucionalidad no es un compromiso: es un espejismo.
La opción responsable no es el rechazo ni la aceptación acrítica. Es la preparación. Es la mesa técnica con el sector privado antes de sentarse frente a Washington. Es la auditoría interna de costos de cumplimiento. Es la redacción de cláusulas de defensa (de debido proceso, de proporcionalidad, de no automatismo) que conviertan la soberanía en herramienta de eficacia, no en barrera de obstrucción. Un país pequeño negocia mejor cuando sabe exactamente qué puede dar, qué debe pedir y qué no le está permitido entregar.
El multilateralismo comercial, tal como lo conocimos, reposa hoy en cuidados intensivos. Los acuerdos bilaterales son el nuevo lenguaje del poder económico global. República Dominicana puede aprender ese lenguaje, pero debe hablarlo con acento propio.
Porque cuando el comercio deja de ser intercambio y se convierte en arquitectura de control, la única defensa posible no está en los aranceles ni en las concesiones.
Está en la Constitución.
Para leer el siguiente artículo de la serie diríjase a: "Lo que se negocia cuando nadie mira" https://josuefiallo.wordpress.com/2026/02/18/lo-que-se-negocia-cuando-nadie-mira/
