Regular meeting

CONSEJO PERMANENTE DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL

18 DE DICIEMBRE DE 2019

Nómina de los miembros que asistieron a la sesión

En la ciudad de Washington, D. C., a las diez y veinticinco minutos de la mañana del miércoles 18 de diciembre de 2019, celebró sesión ordinaria el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos con el propósito de considerar el orden del día. Presidió la sesión la Embajadora Rita Claverie de Sciolli, Representante Permanente de Guatemala y Presidenta del Consejo Permanente. Participaron en dicha sesión las siguientes personas:

Asistieron los siguientes miembros:

Embajadora Elisa Ruiz Díaz, Representante Permanente del Paraguay

Embajador Warren Everson Alarick Hull, Representante Permanente de San Kitts y Nevis

Embajador Anthony Phillips-Spencer, Representante Permanente de Trinidad y Tobago

Embajadora Audrey Marks, Representante Permanente de Jamaica

Embajador Riyad Insanally, Representante Permanente de Guyana

Embajador Daniel Gutierez, Representante Permanente de Belize

Embajador Sidney Collie, Representante Permanente del Commonwealth de las Bahamas

Embajador Carlos Trujillo, Representante Permanente de los Estados Unidos

Embajador Alejandro Ordóñez, Representante Permanente de Colombia

Embajador Carlos Alberto Játiva Naranjo, Representante Permanente del Ecuador

Embajador Noel Lynch, Representante Permanente de Barbados

Embajadora Montserrat Solano Carboni, Representante Permanente de Costa Rica

Embajadora Yolande Yvonne Smith, Representante Permanente de Grenada

Embajador Gustavo Tarré Briceño, Representante Permanente de Venezuela

Embajadora Luz Elena Baños Riva, Representante Permanente de México

Embajadora Ruth Esperanza Tapia Roa, Representante Permanente de Nicaragua

Embajador Hugh Adsett, Representante Permanente del Canadá

Embajador Daniel Raimondi, Representante Permanente de la Argentina

Embajador Jaime Aparicio, Representante Permanente de Bolivia

Embajador Francisco Cruz, Representante Interino de la República Dominicana

Ministro Consejero Omari Seitu Williams, Representante Interino de San Vicente y las Granadinas

Ministro José Luis Gonzalez, Representante Interino del Perú

Segunda Secretaria Juanita Cleopatra Lont, Representante Interina de Suriname

Ministro Consejero Jaime Alliende, Representante Interino de Chile

Embajador Luis Cordero, Representante Interino de Honduras

Ministro Consejero Gabriel Moreira, Representante Interino del Brasil

Señora Judith-Anne Rolle, Representante Alterna de Dominica

Ministra Consejera Joy-Dee Davis-Lake, Representante Alterna de Antigua y Barbuda

Embajadora Wendy Acevedo, Representante Alterna de El Salvador

Ministra Consejera Juliet Mallet Phillip, Representante Alterna de Santa Lucía

Embajador Fernando Sotelo, Representante Alterno del Uruguay

Ministra Consejera Laura Frampton, Representante Alterna de Belize

Ministra Consejera Mónica Escobar, Representante Alterna de Guatemala

Segunda Secretaria Juana Mudarra, Representante Alterna de Panamá

Estuvieron también presentes el Secretario General, Luis Almagro Lemes, y el Secretario General Adjunto, Embajador Nestor Mendez, Secretario del Consejo Permanente.

Aprobación del orden del día

La PRESIDENTA: Buenos días, distinguidos colegas. Tengo el honor de declarar abierta la presente sesión ordinaria del Consejo Permanente. Pongo a consideración de este Consejo Permanente el proyecto de orden del día para esta sesión, documento CP/OD-2268/19.

[El proyecto de orden del día contiene los siguientes puntos:

1. Aprobación del proyecto de orden del día (CP/OD-2268/19)

2. Día Internacional contra la Corrupción, (CP/INF. 8450/19)

3. Propuesta de próximos pasos para el proyecto ERP/OASCORE (CP/INF.8471/19, CP/CAAP-3641/19)

4. Elección de un Miembro Junta Auditores Externos

- Candidatura de Antigua y Barbuda (CP/doc.5568/19)

5. Consideración del proyecto de resolución “Rechazo de la violencia racial y llamamiento al pleno respeto de los derechos de los pueblos indígenas en el Estado Plurinacional de Bolivia” (CP/INF. 8470/19)

- Nota de la Misión Permanente de Santa Lucía, CP/doc.5573/19. rev.1

- Nota de la Misión Permanente del Estado Plurinacional de Bolivia, CP/doc.5574/19 rev. 1

6. Aprobación de las siguientes actas de sesiones del Consejo Permanente:

- CP/ACTA. 2087 (Acta de la sesión ordinaria del Consejo Permanente del 31 de agosto de 2016)

- CP/ACTA. 2088 (Acta de la sesión ordinaria del Consejo Permanente del 7 de septiembre de 2016)

- CP/ACTA. 2089 (Acta de la sesión ordinaria del Consejo Permanente del 21 de septiembre de 2016)

- CP/ACTA. 2090 (Acta de la sesión extraordinaria del Consejo Permanente del 13 de octubre de 2016)

- CP/ACTA. 2091 (Acta de la sesión ordinaria del Consejo Permanente del 13 de octubre de 2016)

- CP/ACTA. 2092 (Acta de la sesión ordinaria del Consejo Permanente del 19 de octubre de 2016)

- CP/ACTA. 2093 (Acta de la sesión ordinaria del Consejo Permanente del 31 de octubre de 2016)

- CP/ACTA. 2094 (Acta de la sesión ordinaria del Consejo Permanente del 9 de noviembre de 2016)

- CP/ACTA. 2095 (Acta de la sesión extraordinaria del Consejo Permanente del 16 de noviembre de 2016)

- CP/ACTA. 2096 (Acta de la sesión extraordinaria del Consejo Permanente del 18 de noviembre de 2016)

- CP/ACTA. 2097 (Acta de la sesión extraordinaria del Consejo Permanente del 1 de diciembre de 2016)

- CP/ACTA. 2098 (Acta de la sesión ordinaria del Consejo Permanente del 1 de diciembre de 2016)

- CP/ACTA. 2099 (Acta de la sesión ordinaria del Consejo Permanente del 15 de diciembre de 2016)

7. Despedida de la Excelentísima Señora Embajadora Ruth Tapia Roa, Representante Permanente de Nicaragua (CP/INF.8473/19)

8. Otros asuntos]

De no haber observaciones, damos por aprobado el orden del día.

Día Internacional contra la Corrupción

La PRESIDENTA: El siguiente punto del orden del día corresponde a la conmemoración del Día Internacional contra la Corrupción, en atención a la solicitud de las Misiones Permanentes de la Argentina, Ecuador, Estados Unidos, Panamá y Perú, de acuerdo con la nota CP/INF. 8450/19. De este modo, se busca recordar la decisión de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas de proclamar el 9 de diciembre como el Día Internacional contra la Corrupción.

Ofrezco la palabra a las delegaciones que deseen referirse a este punto comenzando por los países que solicitaron la inclusión de este punto en el orden del día.

Argentina tiene la palabra.

El REPRESENTANTE PERMANENTE DE LA ARGENTINA: Gracias, Presidenta. Buenos días. Muchas gracias por la inclusión de este punto en el orden del día de esta jornada, de esta sesión ordinaria del Consejo Permanente.

No debemos permitir que la corrupción amenace nuestro futuro. La corrupción afecta nuestra vida diaria, nos impide el acceso a recursos y oportunidades, erosiona la confianza en las instituciones públicas y rompe el contrato social, constituye un obstáculo para alcanzar los Objetivos del Desarrollo Sostenible.

Como lo acaba de manifestar el Secretario General de las Naciones Unidas, el equivalente de más del cinco por ciento del producto bruto interno (PBI) mundial se paga en sobornos o son robados a través de prácticas corruptas que socavan gravemente el Estado de derecho y fomentan delitos como el tráfico ilícito de personas, de armas y drogas, la evasión fiscal, el lavado de dinero y otros flujos ilícitos desvían recursos destinados a escuelas, hospitales, caminos, entre otros.

La comunidad internacional tomó nota de esta realidad y fue esta Casa, la Organización de los Estados Americanos, en 1996, la primera organización internacional que adoptó una convención en la materia, seguida luego por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), con la Convención para la Lucha contra el Pago de Sobornos a Funcionarios Públicos Extranjeros, en 1997, tratado del cual varios de los aquí presentes son Estados Partes y, posteriormente, el Consejo de Europa adoptó sus convenciones en la materia. Este proceso culminó en 2003 con la celebración de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la conocida UNCAC, y la posterior elaboración del Mecanismo de Seguimiento en Doha en el año 2009. La resolución 5824 del 31 de octubre de 2003 proclamó el 9 de diciembre como Día Internacional contra la Corrupción.

Debo subrayar que, en el marco de la OEA, en el año 2001, tras arduas negociaciones se adoptó el Acta de Buenos Aires que creó el Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC), un mecanismo de seguimiento eficiente y eficaz y del que debemos estar orgullosos. En todo este desarrollo normativo y de implementación fue fundamental la labor desarrollada por la Secretaría de Asuntos Jurídicos y el Departamento de Cooperación Jurídica Internacional de la Organización.

Destacamos también el Compromiso de Lima sobre gobernabilidad democrática frente a la corrupción, de abril de 2018, en el marco de la Octava Cumbre de las Américas, instrumento por el cual los Estados americanos renovaron su compromiso en la lucha contra la corrupción.

Por su parte, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC) ha logrado importantes avances en la lucha contra la corrupción, especialmente en la recuperación de activos. Su mecanismo de seguimiento con el sistema de peer review genera concientización que se traduce en la adopción en cada país de normas que fortalecen las instituciones y aumentan la cooperación. Esperamos con entusiasmo el primer período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas contra la Corrupción prevista para el 2021 y las resoluciones en materia de prevención y lucha contra la corrupción.

Argentina ha trabajado incansablemente para combatir este delito; ha suscrito y ha adoptado todas las convenciones enumeradas e internalizado sus normas; trabaja intensamente con los mecanismos de seguimiento; preside actualmente el Grupo de Expertos del MESICIC; ha sido sede en 2018 de las conferencias AbreLatam y Condatos, en las cuales se sostuvieron sesiones de diálogo con autoridades de gobierno y sociedad civil, facilitadas por el Departamento para la Gestión Pública Efectiva (DGPE) de esta Organización y orientadas al desarrollo del Programa Interamericano de Datos Abiertos para Combatir la Corrupción. Asimismo, Argentina fue sede del AbreLab, datos abiertos para combatir la corrupción. Igualmente es, a través de la Subsecretaría de Innovación Pública y Gobierno Abierto, miembro del Grupo de Trabajo Regional de Datos Abiertos que facilita el DGPE.

Muchas gracias, Presidenta.

La PRESIDENTA: Gracias, Embajador de la Argentina.

Tiene la palabra el Embajador de los Estados Unidos.

El REPRESENTANTE PERMANENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS: Good morning, Madam Chair.

I want to thank Peru for its leadership in placing the commemoration of the International Anti-Corruption Day on the agenda. We are pleased to join Panama, Ecuador, and Argentina in supporting Peru’s request.

Peru has shown itself to be a leader in regional efforts to combat corruption. Under Peru’s leadership at the Eight Summit of the Americas held in April 2018, we agreed on the importance of democratic governance against corruption. We recognize that corruption threatens what the United States and our partners are trying to achieve globally: good governance, equitable economic growth, and national security.

As Secretary of State, Mike Pompeo, has stressed, “Corruption facilitates transnational crime, fuels terrorism, obstructs economic growth and development, weakens the rule of law, and undermines democracy. Ultimately, it endangers our national security. That is why we have pledged to continue working with our partners to prevent and combat corruption worldwide.”

Across our Hemisphere, we are witnessing unprecedented prosecutions of corruption, brave media reporting and peaceful citizen protests against corruption. We must continue to support, listen, and respond to these efforts.

United States’ sanctions have been directed towards illicit financial networks originating in Venezuela that seek to utilize the United States financial system to launder ill-gotten gains. For instance, instead of channeling money to food distribution, Maduro, and his associates, like Alex Saab, stole more than 300 million dollars from the CLAP food aid program so their families could have extra-spending money in their jobs throughout Europe. Assets owned by a number of individuals tied to this network have been blocked, and we continue to track any remaining assets. Importantly, other Latin American countries have begun putting travel restrictions on crooks, such as Alex Saab, consistent with the December 3 resolution adopted by the Rio Treaty parties.

The United States also commends the many nations in the Americas that are demonstrating to the world how good governments can and should respond to citizen activism with openness, respect, and engagement. Ordinary citizens and civil society organizations are vital partners in guiding and sustaining the fight against corruption.

Here at the Organization of American States, we recognize the ongoing efforts of the OAS Mission against Corruption in Honduras, and the newest OAS initiatives under development in El Salvador and Haiti.

Thank you.

La PRESIDENTA: Gracias, Embajador de los Estados Unidos.

Tiene la palabra la Embajadora de Costa Rica.

La REPRESENTANTE PERMANENTE DE COSTA RICA: Muchas gracias, señora Presidenta. Agradecemos a las delegaciones proponentes la inclusión del tema en el orden del día.

Es innegable que la corrupción es un delito grave que permea constantemente todos los niveles de una sociedad, frena el desarrollo, el crecimiento económico incluyente, desvía y acaba con los recursos para satisfacer las necesidades de servicios, asestando un golpe irreparable a todas las sociedades generando pobreza, acrecentando la desigualdad y la falta de oportunidades. Es lamentable que ningún país ni región sea inmune a la corrupción, cuyas consecuencias son de amplio espectro; afecta y dificulta el acceso a los derechos sociales y económicos de las personas; deteriora las instituciones democráticas que desgastadas pierden credibilidad y legitimidad.

La corrupción tiene un costo inconmensurable y por ello son alarmantes algunos datos brindados por las Naciones Unidas. Anualmente, aproximadamente cuarenta mil millones de dólares se pierden en actividades relacionadas con la corrupción, lo que representa que más del cinco por ciento del producto interno bruto mundial se paga en sobornos, malversación de fondos y otros actos corruptos. Como lo ha indicado el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, se calcula que en los países en desarrollo se pierde, debido a la corrupción, una cantidad de dinero diez veces mayor que la dedicada a la asistencia oficial para el desarrollo.

Como un mecanismo para hacer frente a los altos costos de la corrupción y generar una reparación para la sociedad como víctima de este crimen, los tribunales costarricenses han incorporado en su jurisprudencia el daño social que consiste en el cobro de daños y perjuicios por actos de corrupción en la función pública como indemnización al colectivo social. La Procuraduría General de la República, como representante del Estado costarricense, además de recuperar activos sustraídos, ha solicitado y logrado recibir indemnizaciones importantes por pago de daño social.

Señora Presidenta, preocupan en lo económico y comercial los elevados niveles de corrupción que constituyen un freno a la inversión extranjera directa y el cumplimiento de los estándares que garantizan el acceso a mercados más favorables. En la corrupción se diluyen las líneas entre lo estatal y lo privado, se establece una perversa relación entre el corrupto y el corruptor. Como decía sor Juana Inés de la Cruz, tan culpable es el que “peca por la paga” como el que “paga por pecar”.

Costa Rica ha realizado importantes avances en la persecución del delito de corrupción cometido por la parte que ofrece el soborno al haber ratificado la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y haber realizado las modificaciones legales nacionales que establecen la responsabilidad de las personas jurídicas sobre cohechos domésticos, soborno transnacional y otros delitos.

Costa Rica reitera su compromiso en la lucha contra la corrupción y la impunidad de quienes la cometen y sus nefastas consecuencias. Esa lucha debe efectuarse de maneras creativas y con resultados efectivos; solo así contribuiremos a romper el ciclo de la corrupción que fomenta la cultura destructiva de la impunidad.

Hoy recordamos lo expresado por el señor Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, Manuel Ventura Robles, que “la lucha contra la corrupción, esa lacra que carcome a toda la institucionalidad democrática y debilita al Estado de derecho; se ha convertido en uno de los ámbitos de trabajo con mayor impacto y compromiso en los treinta cuatro Estados de esta Organización, esto porque nos hemos permitido ser innovadores”.

Finalmente, señora Presidenta, queremos reconocer la innegable contribución en esta lucha contra la corrupción del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC) y de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras y consideramos de gran importancia la renovación del mandato de esta misión en enero próximo. Consideramos que los estándares establecidos por el MESICIC deben constituirse en un mínimo obligatorio no solo para nuestros países, sino también para la gestión y la administración de esta Organización.

Construir sociedades más éticas y probas nos permitirá ser más fuertes, con instituciones democráticas sólidas y una Organización de los Estados Americanos que sirva de ejemplo en la región.

Muchas gracias.

La PRESIDENTA: Gracias, Embajadora de Costa Rica.

Tiene la palabra la Embajadora del Paraguay.

La REPRESENTANTE PERMANENTE DEL PARAGUAY: Gracias, señora Presidenta, pero antes de entrar en tema, quiero agradecerle el presente de fin de año del café guatemalteco, a la par que al Secretario Nestor Mendez el precioso regalito que nos dejó a todos en nuestra banca y así también desearles felices fiestas a todos los presentes.

Señora Presidenta, mi Delegación agradece la oportunidad de poder tratar este punto de orden del día relativo al Día Internacional contra la Corrupción, convencidos de la necesidad y pertinencia de seguir discutiendo acerca de las acciones que los Estados Miembros venimos ejerciendo para ir progresivamente erradicando este mal que afecta absolutamente a todos los países.

Desde el Gobierno del Paraguay, la administración del Presidente Abdo Benítez ha dado muestras suficientes ante la ciudadanía y la comunidad internacional con un mensaje claro que no va a tolerar la corrupción de funcionarios públicos, afirmando que serán los órganos de justicia los que determinarán si las personas sospechadas por corrupción son culpables o no.

Por otra parte, el Estado paraguayo sigue consolidando sus programas enmarcados en la lucha contra la corrupción, especialmente a través de su Secretaría Nacional Anticorrupción. En tal sentido, solo este mes el Poder Ejecutivo ha emitido decretos sobre el tema. Por un lado, se ha creado el Equipo Nacional de Integridad y Transparencia y, por otro, también ese 9 de diciembre, Día Internacional contra la Corrupción, se aprobó el Manual de Rendición de Cuentas al Ciudadano, instruyendo que el mismo sea de aplicación obligatoria en las instituciones gubernamentales. Asimismo, no podemos dejar de destacar la labor de la Organización de los Estados Americanos en la materia, donde reiteramos nuestra voluntad de seguir apoyando los trabajos del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC) y continuar encarando seriamente las decisiones presidenciales emanadas del Compromiso de Lima. En tal sentido, valoramos el trabajo del Departamento de Gestión Pública Efectiva, quien trabaja en la prevención promoviendo el gobierno abierto y el acceso a la información como herramientas claves para lograr mayor transparencia, mejor gestión gubernamental, participación ciudadana e inclusión social. Igualmente, destacamos también el acompañamiento de la Red Interamericana de Catastro y Registro de la Propiedad y la Red Interamericana de Compras Gubernamentales.

Finalmente, reafirmamos nuestro compromiso de seguir avanzando en la lucha contra la corrupción. Cuente con la Delegación paraguaya para cualquier iniciativa que signifique la consolidación de la democracia y el Estado de derecho en las Américas.

Muchas gracias.

La PRESIDENTA: Gracias, Embajadora del Paraguay.

Tiene la palabra la Delegada Alterna de Guatemala.

La REPRESENTANTE ALTERNA DE GUATEMALA: Gracias, señora Presidenta. Igualmente agradecemos el obsequio que nos hace el Secretario Adjunto de la Organización de los Estados Americanos.

Señora Presidenta, Guatemala agradece a las Delegaciones del Perú, Argentina, Ecuador, Estados Unidos y Panamá por la inclusión de la celebración del Día Internacional contra la Corrupción. El avance hacia el desarrollo se construye a través de la promoción de la transparencia, la rendición de cuentas y el fortalecimiento de la institucionalidad de los Estados. Es imperativo atender las necesidades, intereses y problemas de desarrollo de las poblaciones en un marco de capacidades institucionales fortalecidas y con base en los principios de probidad, transparencia y espíritu de servicio con una actitud de compromiso.

La Delegación de Guatemala desea compartir que desde su inicio la administración del Presidente Jimmy Morales fijó como uno de los principales ejes de gobierno la tolerancia cero a la corrupción y modernización del Estado. Se propuso contribuir a la creación de instituciones eficientes, lo cual implicó la implementación de procesos de reforma estructural, institucional y normativa para el mejoramiento del desempeño a la institucionalidad pública. Sobre esta base se está implementando el Cuarto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto 2018-2020, el cual contiene acciones concretas y efectivas que contribuyen, a través del fortalecimiento de la transparencia, los mecanismos de anticorrupción y el fortalecimiento institucional. Destaco el importante papel de la OEA en este proceso. Asimismo, como parte de la sustentabilidad y fortalecimiento de esta prioridad, se creó la Comisión Presidencial de Gestión Pública Abierta y Transparente, quien elaboró un nuevo currículo educativo para trabajar con las instituciones del organismo Ejecutivo, gobiernos locales y sociedad civil, basados en leyes relacionadas con la lucha contra la corrupción y la ética pública del Estado de Guatemala, así como en convenios internacionales. Además, el presupuesto de ingresos y egresos del Estado para el año fiscal 2019 se formuló de forma participativa y abierta. Con ello, el gobierno continuó demostrando su compromiso por la transparencia en la definición de finanzas públicas y el gasto social.

Señora Presidenta, mi Delegación refrenda lo destacado por la Ministra de Relaciones Exteriores de Guatemala durante la Primera Reunión Ministerial del Grupo de Revisión de la Implementación de las Cumbres, en el marco de la Cumbre de las Américas, en el cual Guatemala dio continuidad al cumplimiento de los compromisos asumidos hace más de un año en materia de gobernabilidad democrática frente a la corrupción.

Finalmente, deseo recordar que durante la trigésima tercera reunión del Comité de Expertas y Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC) se aprobó el informe de seguimiento de implementación sobre las recomendaciones a Guatemala. Reiteramos nuestro reconocimiento a los expertos de Honduras y Perú y así como a la Secretaría Técnica del MESICIC por este importante proceso. En esta ocasión, se hizo referencia a los sistemas para la contratación de funcionarios públicos y adquisición de bienes y servicios por parte del Estado, la protección a los funcionarios públicos y ciudadanos particulares que denuncien de buena fe actos de corrupción y la tipificación de los actos de corrupción, entre otros.

Tanto la respuesta del Estado de Guatemala como el informe final contienen información de organizaciones de la sociedad civil, del sector privado, asociaciones profesionales y se realizaron visitas a las instituciones del Estado como la Oficina Nacional del Servicio Civil, el Ministerio de Finanzas Públicas, Congreso de la República, Organismo Judicial y Ministerio Público. Al haber cumplimentado el proceso de evaluación de este informe, la República de Guatemala demuestra su compromiso respecto a la participación en los Mecanismos Multilaterales de Evaluación Recíproca del Hemisferio Americano y la implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción a nivel nacional.

Muchas gracias, señora Presidenta.

La PRESIDENTA: Gracias a la Delegada Alterna de Guatemala.

Tiene la palabra el Delegado Interino de Chile.

El REPRESENTANTE INTERINO DE CHILE: Muchas gracias, señora Presidenta. Muy buenos días a todos.

No existe duda de que la corrupción tiene un impacto negativo en la educación, la sanidad, la justicia, la democracia, la prosperidad y el desarrollo. No obstante, los principales avances en materia de probidad y transparencia, tanto en Chile como en algunos otros países, han ocurrido luego de escándalos de corrupción. La agenda de probidad y transparencia impulsada en Chile no fue una excepción; sin embargo, el posicionamiento de la corrupción como problema público no basta para resolver este flagelo. Como lo demuestra la experiencia de los últimos años, se requiere también que emerjan liderazgos en los Poderes Ejecutivo, Legislativo y en la sociedad civil, que lleven adelante las reformas.

La agenda de probidad y transparencia en Chile permitió adoptar una serie de reformas legislativas y de medidas administrativas tanto al interior de la administración pública como las relaciones de esta con los privados. Tal normativa abordó temas neurálgicos en Chile para el combate contra la corrupción, desde el financiamiento de la política pasando por la contratación pública, la transparencia y la democracia al interior de los partidos políticos, el fortalecimiento de las instituciones encargadas de la fiscalización y sanción en los casos de corrupción.

De todas las actividades de la administración pública, las compras públicas son una de las más expuestas al riesgo de corrupción y al mal uso de los recursos públicos. De acuerdo con estimaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la corrupción en los mercados públicos aumenta entre diez y veinte por ciento el costo total para el Estado distorsiona la competencia y limita el acceso a los mercados para las empresas que se comportan correctamente. Se estima que dos punto seis (2,6) trillones de dólares son robados anualmente en delitos de corrupción a nivel mundial. La corrupción lastra la eficiencia en el uso de los recursos públicos y el desarrollo económico y social de los países limitando fuertemente el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en lo que se refiere a la solidez de las instituciones.

Desde sus inicios, el sistema de compras público chileno ChileCompra ha trabajado en promover altos estándares de probidad y transparencia con un rol activo en el combate contra la corrupción mediante la transparencia y el monitoreo en alianza con entidades fiscalizadoras alertando y disminuyendo las potenciales irregularidades y el mal uso de los recursos públicos. Gracias a estos altos niveles de transparencia, están a disposición de la ciudadanía más de setenta terabytes en datos de compras públicas, desde la publicación de licitaciones públicas hasta visualizaciones de transacciones pasando por órdenes de compra, de convenios marco, reportes, etcétera. Asimismo, este estándar de transparencia ha permitido que la participación de las MIPYMES supere el cincuenta por ciento del total de los montos trazados por el Estado.

Por su parte, el gobierno abierto constituye un nuevo paradigma que intenta responder al agotamiento de los modelos tradicionales de gobernanza en un mundo que está cambiando radical y vertiginosamente. Chile entiende el gobierno abierto como una política pública de carácter transversal en el Estado que tiene el propósito de fortalecer y mejorar la institucionalidad y gestión de los asuntos públicos a partir de promover y consolidar la aplicación de los principios de la transparencia del acceso a la información pública y los mecanismos de participación ciudadana, en el diseño, formulación, ejecución y evaluación de las políticas.

Para finalizar, me referiré a las prioridades de Chile en materia de gobierno abierto en tres pilares: transparencia, participación ciudadana y modernización del Estado y gobierno digital. En cuanto a la transparencia, es considerada uno de los ejes de la agenda de probidad y transparencia. Es parte integrante, también, de la agenda de modernización del Estado ya que tiene como principal objetivo abrir la información de los organismos públicos a todas las personas promoviendo un sistema estatal más cercano generando nuevos espacios para la participación y mejorando las exigencias de rendición de cuentas de la gestión pública.

La participación ciudadana busca abrir y fomentar el uso de canales para que las personas puedan involucrarse activamente en el quehacer gubernamental fomentando así un rol más activo de la ciudadanía en sus dimensiones de control, fiscalización y cogestión en la transparencia, eficacia y eficiencia de los servicios de políticas públicas.

En cuanto a modernización del Estado y gobierno digital, se aborda este desafío no solo como una tecnologización del Estado, sino como un cambio de paradigma; es decir, un proceso integral que busca generar las condiciones para vivir en un Estado cercano, inclusivo, transparente y participativo, orientado a satisfacer de mejor manera las necesidades de los ciudadanos contribuyendo así a mejorar su calidad de vida.

Estos esfuerzos se enmarcan en el propósito de fortalecer los sistemas democráticos, incrementar los niveles de confianza de la ciudadanía en las instituciones, potenciar la participación y el compromiso cívico y mejorar la calidad, eficiencia y eficacia de los gobiernos y sus servicios públicos, todo ello a través de la generación de nuevos espacios para la innovación institucional, la cocreación en la provisión de servicios públicos y el trabajo colaborativo y la puesta en marcha de nuevos entramados organizativos y sistemas de gestión orientados a fomentar la apertura para así prevenir la corrupción.

Muchas gracias.

La PRESIDENTA: Gracias al Representante Interino de Chile.

Tiene la palabra el Embajador de Trinidad y Tobago.

El REPRESENTANTE PERMANENTE DE TRINIDAD Y TOBAGO: Good morning, Chair. Distinguished colleagues. I, too, before I deliver my statement, would wish to express appreciation to the Chair and the Assistant Secretary General for the gifts we receive in the spirit of giving and good will.

Chair, distinguished colleagues, International Anti-Corruption Day is an opportunity to acknowledge and promote our collaborative efforts against corruption and bribery worldwide. The delegation of Trinidad and Tobago would therefore, first, like to thank the delegations of Peru together with Argentina, Ecuador, Panama, and the United States that have requested the inclusion of this topic on the agenda of today’s Permanent Council regular meeting.

December 9 has been observed as International Anti-Corruption Day since 2005, when the United Nations Convention against Corruption was adopted. The United Nations Convention against Corruption is among the UN’s primary tools for advancing the fight for and support of the Sustainable Development Goals 16 to “promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to justice for all and build effective, accountable, and inclusive institutions at all levels.”

In the inter-American system, the fight against corruption formally pre-dates that of the United Nations, with the Inter-American Convention against Corruption having been adopted by the Organization of American States on March 29, 1996. We also must recall at this time the commitments made by member states at the Eighth Summit of the Americas held in Lima, Peru in 2018, where together we reinforced our commitment to democratic governance, transparency, access to information, protection of whistleblowers, and human rights, including freedom of expression and strengthening of inter-American Anti-Corruption mechanisms, among others. Today, again, the Government of Trinidad and Tobago reaffirms its belief in the tenets of the Lima commitment as important requirements in the fight against corruption.

The focus on this issue here at the OAS demonstrates the importance of all member states of cultivating public institutions that are effective and accountable, that balance, good governance, and high performance, and that serve all citizens equitably. Our focus acknowledges a challenge that we, as member states, view as a threat to our societies and one that undermines our social and economic development. In fact, the United Nations’ website highlights corruption as one of the biggest obstacles to achieving the Sustainable Development Goals, as large amounts of development program and poverty eradication funding are lost to corruption.

This year, the theme of Anti-Corruption Day is “United against Corruption,” and in a statement, the United Nations Secretary-General said that, “on this International Day, I urge people everywhere to continue to work on innovative solutions to win the battle against corruption and to ensure that precious resources serve the peoples of the world.” We as member states of the Western Hemisphere must continue to stand together against corruption, and as such we, Trinidad and Tobago, are honored to observe together with you International Anti-Corruption Day.

For its part, the Government of Trinidad and Tobago has taken significant steps to prevent and eliminate corruption in both the public and private sectors by adopting several pieces of legislation centered on finding the legitimate sources and ownership of funds, whether inside or outside of Trinidad and Tobago. The most recent legislative measures, all enacted under an intensive anticorruption campaign by the current administration, are: the Civil Asset Recovery and Management and Unexplained Wealth Act of 2019, the Non-Profit Organization Act of 2019, the Companies Amendment Act (No. 6) of 2019, Beneficial Ownership under both the Companies Amendment Act (No. 6 of 2019) and the Non-Profit Organization Act of 2019, the Miscellaneous Provisions Proceeds of Crime, Anti-Terrorism and Financial Intelligence Unit Act (No. 20) of 2018, and the Public Procurement and Disposal of Public Property Act of 2015, as amended.

These pieces of legislation will ensure that persons do not benefit from illicit income, they will prevent the abuse of public funds and they will safeguard public funds for the benefit of all citizens.

Following the passage of the above-listed legislation, public consultations were undertaken by the Office of the Attorney General and Legal Affairs before the implementation of each piece of legislation. Additionally, training sessions were conducted in an attempt to build confidence amongst all stakeholders that will utilize the legislation. The purpose of these sessions was to ensure that all stakeholders, whether public or private, understood how the provisions of the legislation would operate and the role that each stakeholder would play in ensuring that the obligations under the provisions are met.

Additionally, to ensure compliance in government spending, the current administration has established the Office of Procurement Regulation, to provide for public procurement and for the retention and disposal of public property, in accordance with the principles of good governance, namely, accountability, integrity, transparency, and value for money, and to promote local industry development, sustainable procurement, and sustainable development.

The Government of Trinidad and Tobago also participates in the MESICIC processes, and it is extremely grateful for the mechanism and the resulting recommendations, of all which guided development of policy and legislation in this sphere. Trinidad and Tobago looks forward to continuing to work with our fellow member states and to learning from each other’s experiences as we stand united against corruption, both in the Americas and internationally.

I thank you for the courtesy of your attention.

La PRESIDENTA: Gracias, Embajador de Trinidad y Tobago.

Tiene la palabra el Embajador de Venezuela.

El REPRESENTANTE PERMANENTE DE VENEZUELA: Muchas gracias, Presidenta.

La Delegación de Venezuela se une a la conmemoración del Día Internacional contra la Corrupción celebrado el 9 de diciembre según lo establecido por la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción del año 2013 y agradece a las Delegaciones del Perú, Argentina, Estados Unidos y Panamá por la inclusión del tema en esta sesión ordinaria del Consejo Permanente de hoy.

No es un secreto, señora Presidenta, que mi país ostenta una de las tasas de corrupción más altas del mundo, producto del sistema establecido por la llamada “revolución bolivariana” estando rankeado como el séptimo país más corrupto del mundo según la organización Transparencia Internacional tomándose en cuanta de que la lista incluye ciento ochenta y seis países. Es decir, Venezuela ocupa el puesto ciento setenta y nueve en lo que se refiere a la pulcritud en el manejo del dinero público.

El volumen es tal que tiene una incidencia muy grande en la crisis que vive Venezuela conjuntamente con desacertadas políticas económicas y una tremenda incapacidad de gestión; el robo y el saqueo del dinero público está en la causa de la miseria en la que viven hoy en día la mayoría de los venezolanos.

Para recurrir a una fuente absolutamente insospechable, el profesor Jorge Giordani, que fue durante más de diez años Ministro de Finanzas de Hugo Chávez, ha declarado que la suma de dinero público que ha sido sustraído del tesoro venezolano alcanza los trescientos mil millones de dólares, o sea, que la contribución de Venezuela a ese cinco por ciento del GDP mundial que va a los bolsillos de los corruptos, es más que sustantiva.

Presidenta, el doble rasero en materia de corrupción tiene la misma deficiencia ética que el que existe en relación a los derechos humanos: cerrar los ojos frente a los corruptos de Venezuela es un acto de complicidad y el compromiso del Presidente Juan Guaidó es luchar férreamente contra la corrupción y traer a la justicia a quienes se han beneficiado a costa de los venezolanos. En este sentido, el Presidente Guaidó ha tomado medidas concretas contra la corrupción investigando a los corruptos aun cuando se trate de personas que le apoyen. Una vez que cese la usurpación en Venezuela, solicitaremos la ayuda de la Organización de los Estados Americanos para el combate en contra de este flagelo.

Muchas gracias, señora Presidenta.

La PRESIDENTA: Gracias, Embajador de Venezuela.

Tiene la palabra la Embajadora de México.

La REPRESENTANTE PERMANENTE DE MÉXICO: Muchas gracias, señora Presidenta.

Hoy nos convoca un asunto de la mayor relevancia, el Día Internacional contra la Corrupción. Este fenómeno permea de forma negativa las esferas pública y privada de nuestra región mermando y disminuyendo la calidad y eficiencia de los bienes y servicios públicos y, con ello, afectando directamente el bienestar de nuestras sociedades, particularmente de las poblaciones con mayores índices de pobreza y vulnerabilidad.

El Estado mexicano es consciente de este gran problema que el país ha venido arrastrando por décadas y que es uno de los que más afecta a la población porque son recursos que no se destinan al bienestar público. Por eso, en cumplimiento de los compromisos internacionales y regionales del Estado mexicano en materia de combate a la corrupción y fortalecimiento a la transparencia y la rendición de cuentas, hemos hecho un esfuerzo renovado al avance del cumplimiento de los compromisos asumidos en el marco de la Convención Interamericana contra la Corrupción y el Compromiso de Lima “Gobernabilidad democrática frente a la corrupción”.

En 2005 se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política en esa materia, entre las que destacan la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, en el artículo 113 constitucional, el reconocimiento de la facultad que tiene el Congreso para expedir las leyes que establezcan las bases del Sistema Nacional Anticorrupción; por primera vez en la historia se establecen las responsabilidades de los particulares por cometer actos de corrupción y no solo de los servidores públicos.

Desde que inició el Gobierno del Presidente López Obrador, se ha dado un renovado impulso para combatir la malversación de fondos públicos de forma integral. Dentro de los esfuerzos más destacables se encuentran: las reformas al orden jurídico nacional, en particular al Código Penal, para hacer de la corrupción un delito grave; la eliminación del fuero presidencial; y, principalmente la promulgación de la ley federal de austeridad republicana que tiene como objetivo acabar con los derroches, erradicar la corrupción y la impunidad y recuperar los recursos que de origen le corresponden a la sociedad. Adicionalmente, el Gobierno de México, en conjunto con el Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC), presentó tres buenas prácticas, las cuales en su momento fueron presentadas en la Trigésima Tercera Reunión del Comité de Expertas y Expertos por parte de la Secretaría de la Función Pública de mi país:

1. Nómina transparente de la administración pública federal, con lo que la ciudadanía tiene acceso a saber los salarios y bonificaciones de los servidores públicos.

2. Alertadores de la corrupción, que abren las puertas a que cualquier persona, incluso de forma anónima, denuncie actos de corrupción, cohechos, soborno, etcétera.

3. Padrón de integridad empresarial, con el que se trabaja de la mano con el sector privado para establecer normas éticas que promuevan la integridad en ese sector.

En materia de contrataciones públicas, área en la que existe el mayor riesgo de corrupción, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público está implementando una estrategia integral para impulsar un nuevo sistema nacional de contrataciones públicas. En este marco y a efecto de demostrar el compromiso del Gobierno de México, en la Conferencia Anual de la Red Interamericana de Compras Gubernamentales, llevada a cabo el pasado mes de octubre en Santo Domingo, se eligió a México como Representante de América del Norte ante el Comité Ejecutivo 2019-2021 de este importante organismo multilateral.

Tan solo en 2019, la Unidad de Inteligencia Financiera registró cuarenta denuncias por lavado de dinero vinculado a temas de corrupción, realizó veintisiete visitas de casos relacionados con ese flagelo en sedes administrativas e informó que se han incorporado a ciento setenta y ocho personas en la lista de bloqueos relacionados con actos de corrupción.

Finalmente, el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción aprobó las nuevas declaraciones patrimoniales y de conflicto de intereses que entrarán en vigor en enero de 2020, cuya información será vital para detectar evoluciones patrimoniales anormales, así como generar inteligencia para la detección de corrupción, fraude y lavado de dinero. Todas estas acciones son muestra clara del compromiso del gobierno de transparentar su quehacer, de dar cuentas claras a la ciudadanía respecto del destino de los recursos públicos y de combatir a la corrupción.

Permítame concluir reiterando el compromiso de México con el cumplimiento a los mandatos que emanan de los compromisos hemisféricos en el combate al flagelo de la corrupción con la progresiva implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción y su mecanismo de seguimiento, el MESICIC, así como con el Compromiso de Lima “Gobernabilidad democrática frente a la corrupción” como extensión de los esfuerzos propios que el Gobierno de México realiza con decisión y de manera permanente.

Muchas gracias, señora Presidenta.

La PRESIDENTA: Gracias, Embajadora de México.

Tiene la palabra el Delegado Alterno del Brasil.

El REPRESENTANTE ALTERNO DEL BRASIL: Muito obrigado, Senhora Presidente. A Delegação brasileira agradece aos países que solicitaram a inclusão deste tema na agenda desta sessão.

Combate à corrupção é uma demanda urgente da sociedade brasileira. Responder a essa demanda é uma prioridade para meu país. Nos últimos anos aperfeiçoamos nossas ferramentas de combate à corrupção com a aprovação de leis novas e mais estritas, e o fortalecimento das instituições responsáveis por detectar e punir os crimes de corrupção.

O Brasil participa ativamente dos debates sobre o tema nos campos bilateral e multilateral. Somos Parte na Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, estabelecida com o objetivo de fortalecer a cooperação internacional e ampliar a prevenção e o combate à corrupção no mundo.

O Brasil segue empenhado, 16 anos após a assinatura da Convenção, em promover a cooperação operacional com outros governos, a regulamentação de contatos entre os agentes públicos e setor privado, e a transparência de dados.

O Brasil vem implementando os compromissos relativos aos principais instrumentos internacionais sobre o tema, a exemplo da UNCAR, que já mencionei e da Convenção da OCDE sobre Suborno Transnacional.

No âmbito interamericano, o Brasil reitera seu apoio à plena implementação da Convenção Interamericana contra a Corrupção, bem como ao Mecanismo de Acompanhamento da Implementação da Convenção, MESICIC, e ao Programa Interamericano de Cooperação para Combater a Corrupção.

A Quarta Reunião da Conferência dos Estados Partes no MESICIC foi realizada em dezembro de 2015, sob a Presidência do Brasil, na sede da OEA. O MESICIC recebeu renovada importância com a decisão do Governo do Peru, anfitrião da Oitava Cúpula das Américas, de eleger como tema “A governabilidade democrática frente à corrupção”.

No Compromisso de Lima, os Chefes de Estado e de Governo do Hemisfério comprometeram-se a, entre outros temas, fortalecer o Mecanismo atribuindo-lhe novos mandatos.

No último período ordinário de sessões da Assembleia Geral, em Medellín, os Estados membros reiteraram seu compromisso de prevenir e enfrentar a corrupção. Acordaram também estimular a transparência, a fim de aumentar a eficiência na gestão pública e privada, bem como a seguir implementando, de maneira efetiva, as recomendações do MESICIC.

Por iniciativa brasileira, foi incluído o parágrafo na resolução omnibus, denominada “Fortalecimento da democracia”, que determina maior coordenação entre o MESICIC e o MECIGEP – Mecanismo de Cooperação Interamericana para a Gestão Pública Efetiva –, que são mecanismos complementares que, até então, não mantinham vínculos institucionais claros. Trata-se claramente de uma lacuna que foi devidamente preenchida.

A iniciativa tem o potencial de integrar o combate à corrupção a medidas de transparência e gestão pública, em linha com as prioridades manifestadas por todos os Estados membros da OEA.

O Brasil continuará trabalhando para combater todas as formas de corrupção e, assim, diminuir o dano causado à população de nossos países por agentes que insistem em escolher a via aparentemente fácil, que é a corrupção.

Muito obrigado, Senhora Presidente.

La PRESIDENTA: Gracias al Brasil.

Tiene la palabra el Delegado Alterno del Perú.

El REPRESENTANTE ALTERNO DEL PERÚ: Gracias, señora Presidenta.

La Misión Permanente del Perú solicitó, junto con las de Argentina, Ecuador, Panamá y los Estados Unidos, la inclusión del Día Internacional contra la Corrupción en esta sesión ordinaria del Consejo Permanente, pues considera fundamental que el combate a la corrupción mantenga un lugar central en la agenda hemisférica y que se sigan desplegando esfuerzos dirigidos a incrementar la sensibilización y la toma de conciencia sobre el impacto corrosivo de sus efectos en la confianza y solidez de nuestras instituciones democráticas, el goce efectivo de los derechos humanos y el desarrollo sostenible de las poblaciones de nuestra región.

Tras la realización de la Octava Cumbre de las Américas en abril de 2018, el Perú mantiene un firme compromiso con la implementación efectiva de los mandatos establecidos por los jefes de Estado y de gobierno del Hemisferio en el Compromiso de Lima, que constituye una respuesta regional concreta de los Estados frente a la corrupción. Asimismo, el Perú se encuentra trabajando decididamente para que la Asamblea General Extraordinaria de las Naciones Unidas contra la Corrupción, convocada en forma unánime para el primer semestre de 2021, a iniciativa de Perú y de Colombia, logre el objetivo de identificar acciones concretas para prevenir y combatir la corrupción a nivel internacional y fortalecer la cooperación en la materia.

A nivel interno, el Gobierno peruano tiene una clara voluntad política en esta materia habiendo definido a la integridad y a la lucha contra la corrupción como una política prioritaria de gobierno estableciendo normas de aplicación inmediata para todas las entidades del Poder Ejecutivo, los gobiernos regionales y locales y las entidades dependientes de eso. La acción del Estado peruano ha evolucionado así de una antigua visión de la lucha contra la corrupción basada únicamente en un enfoque punitivo a uno integral que pone énfasis sobre la prevención y la elevación de los estándares de integridad como un elemento fundamental para asegurar la sostenibilidad de todas las acciones dirigidas a combatir la corrupción.

Consideramos que este enfoque debe ser parte de los desarrollos que se realizan en el ámbito de los principales mecanismos interamericanos que abordan la temática anticorrupción como el Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC) y también de las diversas instancias de la Organización de los Estados Americanos que, como la Secretaría de Cumbres y el Departamento de Gestión Pública Efectiva, apoyan nuestros esfuerzos comunes para prevenir y combatir la corrupción en el Hemisferio. Reconocemos y valoramos el trabajo de estas dependencias y de las personas que la integran.

El Perú se mantendrá comprometido con firmeza y perseverancia para que nuestras acciones de lucha frontal contra la corrupción permitan que la Organización de los Estados Americanos cumpla también un rol activo en la atención de las demandas y necesidades de nuestros ciudadanos en esta materia.

Muchas gracias.

La PRESIDENTA: Gracias al Perú.

Tiene la palabra el Embajador de Colombia.

El REPRESENTANTE PERMANENTE DE COLOMBIA: Gracias, señora Presidenta.

La corrupción es hoy uno de los principales obstáculos para el desarrollo global y para sus efectos devastadores en las instituciones; la economía y la sociedad se padecen alrededor del mundo. En el ámbito institucional, este flagelo corroe la confianza pública en las instituciones, socaba el Estado de derecho y deslegitima al Estado.

En materia económica, conlleva un aumento en el costo de hacer negocio distorsionando el funcionamiento de los mercados y afectando a la sociedad en su conjunto, especialmente a los más vulnerables porque drena recursos públicos que deben ser destinados para la provisión de bienes y servicios públicos. La dimensión de este fenómeno es tal que, según el Foro Económico Mundial, el costo anual de la corrupción a nivel mundial es de dos punto seis (2,6) trillones de dólares, lo cual representa el cinco por ciento del producto interno bruto global.

La corrupción es también una cuestión de preocupación global por sus implicaciones como obstáculo al desarrollo y por su dimensión transnacional. En relación con el primero, para avanzar en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, es indispensable reducir de forma sustancial la corrupción y el soborno, lo cual se ha incluido como meta en la Objetivos de Desarrollo Sostenible 16 “Paz, justicia e instituciones sólidas”.

De otra parte, el carácter transnacional de la corrupción desconoce fronteras; es cada vez más flexible e impredecible, rápido; genera entramados complejos y alimenta delitos como el terrorismo, la trata de personas, el tráfico ilícito de estupefacientes, los delitos ambientales y el contrabando, entre otros.

Alarma además que, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el cohecho internacional ocurre principalmente en cuatro sectores de la economía: minería, el diecinueve por ciento; construcción, el quince por ciento; transporte y almacenamiento, el quince por ciento; e información y comunicación, el diez por ciento. Estos sectores representan las dos terceras partes del cohecho internacional. En otros sectores se presentan en menos medida también: en el sector manufacturero, el seis por ciento; en la electricidad y gas, el seis por ciento; en la salud, el ocho por ciento; y en suministro de agua, el tres por ciento.

Señora Presidenta, la búsqueda de soluciones conjuntas a nivel hemisférico ha generado un progreso gradual y acumulativo que no termina. Pese a que hace décadas se consideraba el combate contra la corrupción como una tarea exclusiva del ámbito nacional, surge en 1996 la pionera Convención Interamericana contra la Corrupción liderada por Colombia, la cual exitosamente fue ratificada por todos los Estados Miembros y reforzada en el 2002 por el Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC); adicionalmente, la Carta Democrática Interamericana, en 2001, consagra categóricamente, en el artículo 4, el vínculo entre el orden democrático y la probidad y la transparencia en la gestión pública. Posteriormente, el Compromiso de Lima marca un hito en la lucha contra la corrupción como primer documento en el marco de Cumbres, adoptado en trece años por los jefes de Estado y de gobierno.

En este progreso gradual, quisiera resaltar el apoyo de la Organización de los Estados Americanos a los Estados con la Conferencia de Leyes Tipo sobre Acceso a Información Pública, así como la prevención de la corrupción en materia de gestión pública a través de la promoción de la transparencia y los principios de gobierno abierto. Por ejemplo, a través de su participación en los diferentes espacios interamericanos, Colombia ha impulsado ejemplarmente iniciativas de gobierno abierto, gobierno digital y datos abiertos que contribuyen al combate contra la corrupción. De esta manera, Colombia, a través de la Presidencia MinTIC y Vicepresidencia de la República, fue país anfitrión en el foro previo de la 49° Asamblea General de la Innovación con Datos Abiertos para Combatir la Corrupción, coorganizado por el Departamento para la Gestión Pública Efectiva. Asimismo, se implementó la iniciativa “Más datos, menos corrupción”, a través de la cual se desarrolló una herramienta interactiva que permite visualizar el estado en Colombia de los datos del Programa Interamericano de Datos Abiertos para Combatir la Corrupción (PIDA). Colombia es, también, miembro del Grupo de Trabajo Regional de Datos Abiertos por medio del MinTIC que facilita el Departamento de la Gestión Pública Efectiva a través del cual da seguimiento a las acciones de datos abiertos, incluyendo el PIDA.

De otra parte, nuestro país, con el fin de fortalecer las alianzas regionales de cara al progreso de la Asamblea General extraordinaria de las Naciones Unidas de 2021, organizó la primera conferencia hemisférica “Corrupción y sus soluciones potenciales” que se llevó a cabo el pasado martes 15 de octubre en la ciudad de Cali. Este evento contó con más de veinte delegaciones del Hemisferio, panelistas internacionales de la academia y sociedad civil y la participación del Secretario General Luis Almagro y el Secretario de Asuntos Jurídicos Jean Michel Arrighi.

Señores delegados, pese a los grandes esfuerzos, dada la magnitud del flagelo, la articulación internacional para lograr una respuesta eficaz frente a un crimen que tiene alcances globales sigue siendo débil y deja espacios a la impunidad. Por eso Colombia persiste en hacer un llamado a los Estados a considerar nuevas y más eficaces acciones contra la corrupción. Con Perú, impulsamos en las Naciones Unidas la convocatoria del período extraordinario de sesiones contra la corrupción en 2021. El objetivo es abrir un espacio propicio para considerar nuevas acciones que nos permitan fortalecer el régimen internacional contra la corrupción, de acuerdo con el entorno actual. En este proceso, Colombia ha planteado la posibilidad de que la comunidad de naciones considere la creación de una corte internacional anticorrupción. Invitamos a los Estados a pensar de forma creativa y constructiva en los beneficios de esta propuesta que pueda ayudar a robustecer la implementación del marco legal internacional contra la corrupción, especialmente como instrumento que permitiría enfrentar las modalidades de corrupción que por su complejidad o por la falta de capacidad o de independencia de las autoridades nacionales quedan actualmente en la impunidad.

Señora Presidenta, nuestra Delegación estará dispuesta a liderar el proceso de procesamiento y régimen internacional contra la corrupción que de forma gradual y acumulativa conduzca al fortalecimiento de las capacidades nacionales y la construcción de sinergias efectivas entre los Estados y entre estos y otros actores como el sector privado, la academia, la sociedad civil, los cuales son indispensables para lograr avances en la lucha contra la corrupción. Se trata de una tarea urgente; las democracias tienen que acabar con la corrupción para impedir que la corrupción acabe con las democracias.

Muchas gracias.

La PRESIDENTA: Gracias, Embajador.

Tiene la palabra el Embajador del Ecuador.

El REPRESENTANTE PERMANENTE DEL ECUADOR: Muchas gracias, señora Presidenta.

La corrupción atenta contra el tejido social de la democracia constituye una amenaza constante a la institucionalidad del Estado, vulnera los derechos humanos y corroe a nuestras sociedades. Por ello, la prevención y el combate a este flagelo es responsabilidad de todos a través de una voluntad política reforzada y la intervención de los gobiernos como un eje fundamental.

El Presidente de la República Lenin Moreno está determinado a combatir las estructuras y prácticas de corrupción. Ha declarado el fortalecimiento de la transparencia en las políticas públicas y la lucha contra la corrupción en todas sus formas como acciones prioritarias de su Gobierno. Para ello, como parte de la política pública de fortalecimiento de las instituciones del Estado, se creó la Secretaría Anticorrupción de la Presidencia de la República a fin de consolidar el sistema nacional en la materia y ejercer la coordinación interinstitucional e internacional de lucha y prevención del fenómeno.

Con motivo de la celebración del Día Internacional de Lucha contra la Corrupción el 9 de diciembre, el Gobierno Nacional organizó en días pasados en Quito las jornadas anticorrupción con el objeto de fomentar una cultura de probidad y transparencia en la ciudadanía. El tema de la primera jornada fue “Gobierno abierto y gestión pública”. Estas jornadas se realizarán anualmente en el mes de diciembre y se basarán en cuatro ejes esenciales: prevención, datos de corrupción asistida de comités de integridad y ética y la implementación de la norma ISO 371001 “Anti soborno en instituciones públicas” y educación y sensibilización intergeneracional a través de talleres, capacitaciones e investigaciones con el concurso de la academia, diálogo social que permita la reforma y aplicación de la normativa correspondiente y coordinación internacional a través de mesas de trabajo conjuntas para adoptar y seguir buenas prácticas internacionales. También está prevista la entrega de la propuesta de nueva ley de transparencia y acceso a la información a la Asamblea Nacional, construida con aportes de instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil con asesoría de esta Organización.

Añado que el 9 de diciembre se presentó la campaña “Honestidad criolla”, promovida por varios sectores del país, cuyo objetivo consiste en incentivar el ejercicio diario de los valores como la honestidad y la transparencia posicionando la idea de luchar contra la corrupción no solo desde el sector productivo, sino con el apoyo de toda la sociedad.

En el marco del sistema interamericano y específicamente del Comité de Expertas y Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC), el Ecuador ha reportado las buenas prácticas de combate y prevención de la corrupción que se ejecutan en mi país como parte de los procesos en el Hemisferio, caracterizado por los grandes niveles de apertura para acoger compromisos y sugerencias.

Representado por el Servicio Nacional de Contratación Pública (SECOP), mi país participa activamente en la Red Interamericana de Compras Gubernamentales que en abril último acogió en Quito a dos talleres de trabajo en los que participaron representantes de la Organización de los Estados Americanos, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de once países que forman parte de la Red. A través de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos fue el Ecuador electo Representante de la región andina ante el Comité Ejecutivo 2020 de la Red Interamericana de Catastro y Registro de la Propiedad.

Con la asistencia del Departamento para la Gestión Pública Efectiva de la Secretaría, en agosto de 2019, Quito fue sede de las conferencias Abrelatam y Condatos, así como de un GobCamp de datos abiertos con la participación de la Argentina, Costa Rica, El Salvador, Panamá y el Uruguay. Estos eventos estuvieron dirigidos a propiciar el diálogo con los Estados Miembros participantes y la comunidad de datos de la región respecto de la implementación del Programa Interamericano de Datos Abiertos.

Señora Presidenta, concluyo con el agradecimiento por este presente del Secretario General Adjunto y reafirmando nuestra convicción de que el pleno cumplimiento de los instrumentos internacionales en la materia, la necesidad de transparentar los procesos y la labor de cooperar a nivel internacional dado la naturaleza transnacional del fenómeno, resultan esenciales para lograr la efectiva prevención y el efectivo combate contra la corrupción, así como para fortalecer la democracia y los derechos humanos en nuestra comunidad de naciones.

Muchas gracias, señora Presidenta.

La PRESIDENTA: Gracias, Embajador del Ecuador.

Tiene la palabra el Embajador del Canadá.

El REPRESENTANTE PERMANENTE DEL CANADÁ: Muchas gracias, señora Presidenta. Good morning, colleagues.

While the global community and national governments have made strides in addressing corruption, the blight of corruption continues to damage individual trust and public institutions, undermines development, displaces public investments from areas of greatest need, and weakens the rule of law as well as disrupting the free market. Preventing and combating corruption is essential to strengthening institutions and preserving and protecting a rules-based international order.

Canada was pleased to host a meeting of the Open Government Partnership last May, in support of global efforts to increase transparency in government. We are also proud to be Party to the Inter-American Convention against Corruption and take an active part in the work of the Follow-up Mechanism for the Implementation of the Inter-American Convention Against Corruption and the Committee of Experts to support collective efforts to reduce corruption and develop a global culture of intolerance towards corruption.

Although as member states we work closely together on this issue within the Organization of American States, we cannot end corruption alone. Governments, the private sector, civil society, and international organizations, all have responsibilities in this shared effort. We would like to thank Peru for its leadership in developing the Lima Commitment, and we welcome the OAS Secretariat for Hemispheric Affairs’ ongoing efforts to implement the ambitious anti-corruption agenda set out at the Lima Summit.

We will all be expected to demonstrate the results achieved to meet these fifty-seven commitments when we meet again at the next Summit in 2021. We are encouraged by some of the work that has been done to date, including to share best practices among member states and to implement reforms.

The Secretariat of Hemispheric Affairs’ Department of Effective Public Management is doing good work to proactively address issues of public sector capacity, integrity and transparency in the region, including through initiatives in the areas of open government, government procurement, e-government, municipal management modernization and other related areas.

Bien que les femmes et les hommes soient touchés tous par la corruption sous ses nombreuses formes la corruption affecte de manière disproportionnée les populations vulnérables, en particulier les femmes.

Dans nombreuses régions du monde les femmes ont le rôle traditionnel …. et subissent quotidiennement la corruption. Ce qui les empêche de jouer avec le nombre et les droits civiques, sociaux et économiques. Par le biais de ces politiques de l’International Féministe, le Canada s’efforce de lutter contre le violence et sexo-spécifiques de la corruption afin que les femmes et les filles puissent participer en tant que décideur et agent de changement dans les processus économiques, sociaux et politiques.

Le Canada appuie et encourage fortement le travail entrepris par les organisations internationales pour mieux comprendre les différents impacts de la corruption estimant que cela aidera la communauté mondiale à édifier des moyens plus inclusifs et efficaces et prévenir et de combattre la corruption.

As we mark International Anti-Corruption Day, Canada reiterates its commitment to work closely with its partners, at home and abroad, to take meaningful action to prevent corruption and, when it occurs, to ensure that it is appropriately investigated and prosecuted. In this regard, Canada is a proud supporter and financial contributor of 5.5 million dollars to the OAS Mission to Support the Fight against Corruption and Impunity in Honduras, and we encourage Honduras to renew its mandate.

Canada has also supported the International Commission against Impunity in Guatemala until the end of its mandate and continues to support Guatemala’s efforts to combat corruption through the ongoing work of Guatemala’s Public Ministry.

Canada welcomes the commitment of the Government of El Salvador to tackle corruption and its ongoing discussions with the Organization of American States to establish an international commission against impunity in El Salvador.

In 2017, Canada introduced the Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Act. This Act aims to hold accountable those either responsible for or complicit in human rights violations or significant corruption. Canada has imposed sanctions against seventy individuals from around the world for acts of significant corruption and gross violations of human rights under this Act.

We are also very grateful to the delegations of Peru, Argentina, Ecuador, Panama, and the United States for bringing this item forward for discussion today, and we look forward to continuing our work with all of you.

Thank you.

La PRESIDENTA: Gracias, Embajador.

Tiene la palabra la Delegada Interina de Panamá.

La REPRESENTANTE ALTERNA DE PANAMÁ: Gracias, señora Presidenta.

Nuestra Delegación agradece la inclusión del Día Internacional contra la Corrupción, solicitado por las Misiones Permanentes del Perú, Argentina, Ecuador, Estados Unidos y Panamá, en el orden del día de esta sesión ordinaria del Consejo Permanente.

La corrupción es un flagelo con la que todos los Estados aquí representados se encuentran luchando continuamente, siendo el mayor responsable de la gran brecha de desigualdad y pobreza en que se encuentran sumergidas nuestras sociedades. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, se calcula que en los países en desarrollo se pierde debido a la corrupción una cantidad de dinero diez veces mayor que la dedicada a la asistencia para el desarrollo. Estas cifras merecen que hagamos una pausa y reflexionemos, sobre todo los ciudadanos de nuestras naciones que se pierden de haber visto y ser beneficiados con ese dinero mal utilizado. La corrupción es un impedimento para alcanzar el desarrollo sostenible y, por ende, para cumplir con la Agenda 2030, como lo pactado.

La corrupción es un grave delito que perjudica el desarrollo económico de los países, pero también en el tema social. Afecta directamente a los ciudadanos al quitarles los fondos destinados a obras y programas para mejorar su calidad de vida. Mientras no logremos superar el flagelo que representa la corrupción en nuestras naciones, seguirá aumentando la población en pobreza y en desigualdad. La corrupción funciona con dos actores: quien ofrece el soborno y quien lo recibe. Por un lado, es hora de hacer un llamado alto y claro a los funcionarios estatales que rompan con esta cadena y digan “no a la corrupción” pero asimismo, necesitamos que la sociedad civil y el sector privado se sumen a estos esfuerzos. Es necesario que unamos fuerzas para combatir este complejo delito que nos afecta a todos. La Convención Interamericana contra la Corrupción es un marco de referencia para impulsar las legislaciones necesarias en nuestros países, pero sobre todo darle seguimiento a su fiel cumplimiento.

El señor Presidente Laurentino Cortizo, desde el día uno de su toma de posesión, ha dado un mensaje claro y fuerte contra la corrupción que tanto daño ha hecho a Panamá y a la región indicando que “ningún interés individual, político o económico jamás estará por encima de los intereses nacionales”. Bajo esta línea se impulsan diferentes esfuerzos alineados a evitar que la corrupción vuelva a robarles la esperanza de superación y desarrollo sostenible a los panameños.

Muchas gracias.

La PRESIDENTA: Gracias a Panamá.

Tiene la palabra el Representante Interino de Honduras.

El REPRESENTANTE INTERINO DE HONDURAS: Muchas gracias, señora Presidenta.

Deseo, en nombre de mi Delegación, dar las gracias a las Misiones Permanentes del Perú, Argentina, Ecuador, Estados Unidos y Panamá que nos han recordado que el pasado 9 de diciembre celebramos el Día Internacional contra la Corrupción, ese mal que frena el desarrollo económico y social en todas las sociedades del Hemisferio y del planeta sin excepción.

Honduras lo ha vivido en carne propia y miró cómo se consolidaba en el pasado un sistema que reproduce la impunidad, por lo que el Gobierno del Presidente Juan Orlando Hernández, de manera valiente y decidida, dirigió importantes esfuerzos para enfrentar este terrible y cruel fenómeno. Debo recordar aquí que, en uno de sus primeros actos públicos, el Presidente firmó la Carta de Intenciones con Transparencia Internacional para garantizar procesos transparentes en las acciones del gobierno convirtiéndose en el primer país en firmar un acuerdo de esta naturaleza para garantizar los procesos transparentes en los sectores de salud, educación, seguridad, infraestructura y gestión tributaria.

Este problema ha sido de prioridad a lo largo de toda su gestión. Consciente de la necesidad de atacar este problema tan destructivo de manera frontal, el Presidente Juan Orlando Hernández invitó a la Organización de los Estados Americanos para el establecimiento de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) para acompañar y fortalecer el aparato de seguridad y justicia, por ser la Organización de los Estados Americanos (OEA) quien elaboraba importantes diagnósticos al sistema en años anteriores. Entre los grandes objetivos del Convenio se encuentran: apoyar el cumplimiento por parte del Estado hondureño de los compromisos internacionales adquiridos en la OEA y las Naciones Unidas; apoyar, fortalecer y colaborar activamente con las instituciones del Estado hondureño encargadas de prevenir, investigar y sancionar actos de corrupción; contribuir a mejorar la coordinación entre las distintas instituciones del Estado que trabajan en esta materia; proponer al gobierno reformas al sistema de justicia hondureño, incluyendo legislación para fortalecer el combate a la corrupción en y desde el sector privado; contribuir a fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas de los órganos de justicia y seguridad del Estado frente a la sociedad hondureña, así como los mecanismos de observación y seguimiento del sistema de justicia desde la sociedad civil.

Por ser la corrupción y la impunidad de los más grandes problemas que aquejan a nuestro pueblo, y dándole peso a la voluntad de Honduras como país, como sociedad civil, como las iglesias y los demás actores sociales, el Gobierno de la República continuará trabajando por consolidar el Estado de derecho, el respeto a la independencia de nuestras instituciones, de seguridad y justicia, el fortalecimiento de las mismas pero sobre todo la implementación de una cultura de transparencia en todos los servidores públicos y los ciudadanos hondureños.

Muchas gracias.

La PRESIDENTA: Gracias a Honduras.

Tiene la palabra la Representante Interina de El Salvador.

La REPRESENTANTE INTERINA DE EL SALVADOR: Muchas gracias. Agradecemos a las Delegaciones proponentes por la inclusión de este tema y sus gestiones, señora Presidenta, para que lo consideremos este día.

Según datos de las Naciones Unidas, la corrupción consume más del cinco por ciento del producto interno bruto (PIB) mundial. Cada año se pierden por ella dos punto seis (2,6) billones de dólares y casi un billón de dólares que se pagan anualmente en sobornos.

El sistema interamericano de derechos humanos cuenta con importantes instrumentos de apoyo a los Estados Miembros en la lucha contra la corrupción como la Convención Interamericana contra la Corrupción y su Mecanismo de Seguimiento, los mandatos derivados de la Cumbre de las Américas, particularmente el Compromiso de Lima, el Programa Interamericano de Datos Abiertos, por mencionar algunos, los cuales deben fortalecerse y dotarse de los recursos apropiados para el logro de los objetivos trazados.

El combate a la corrupción es de especial trascendencia para el fortalecimiento democrático en el Hemisferio y es uno de los objetivos prioritarios del Presidente Nayib Bukele, quien, desde que asumió el poder en junio pasado, ha reiterado una fuerte voluntad política y compromiso con el uso eficiente de los recursos públicos, los avances en la transparencia y el gobierno abierto, así como la ética gubernamental y la rendición de cuentas.

Para El Salvador, la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES), se convierte en una respuesta a las demandas de los salvadoreños cansados de tanta corrupción y en un instrumento a través del cual no solo se combatirá al corrupto, sino también se pretenden modificar los sistemas y poner en práctica formas de trabajo que eviten la corrupción y la impunidad, así como crear una cultura anticorrupción en la sociedad. Su objetivo es apoyar, fortalecer y colaborar activamente con las instituciones de la República de El Salvador, encargadas de prevenir, investigar y sancionar actos de corrupción y otros delitos conexos incluyendo delitos relativos a la hacienda pública, el enriquecimiento ilícito, el blanqueo de capitales y la delincuencia organizada nacional y transnacional en términos no limitativos. Para ello, el Gobierno de El Salvador y otras instituciones del Estado han suscrito ya acuerdos con la Organización de los Estados Americanos, como ustedes conocen, para establecer las bases y parámetros del apoyo y cooperación a desarrollar con la Organización reconociendo el capital y experiencia que posee la OEA y los instrumentos de los que dispone el sistema interamericano para la prevención, investigación y sanción de la corrupción. En esta tarea jugará también un rol importante la sociedad civil. En ese sentido, nuestros agradecimientos a la Secretaría General y a los Estados que han manifestado su apoyo a esta iniciativa, que ya es una realidad en mi país.

Finalmente, en el Día Internacional contra la Corrupción, la Canciller Alexandra Hill reiteró el compromiso del Gobierno del Presidente Nayib Bukele de combatir este flagelo que estanca el desarrollo de nuestros pueblos.

Muchas gracias.

La PRESIDENTA: Gracias a El Salvador.

Tiene la palabra el Embajador de Bolivia.

El REPRESENTANTE PERMANENTE DE BOLIVIA: Gracias, señora Presidenta.

En este día dedicado a la lucha contra la corrupción, quiero brevemente referirme a algunos temas muy específicos. Es absolutamente normal que todos estemos juntos en esta condena a la corrupción que tanto daño hace a nuestros países, pero otra cosa muy distinta es generar las condiciones para combatir la corrupción, sobre todo esa corrupción sistémica que existe en muchos de nuestros países, incluyendo el mío, a través del cambio de la estructura estatal que permite esa corrupción. Si no atacamos la estructura de nuestros Estados que permite esa corrupción, lo que hacemos constantemente, incluso algunas de las misiones internacionales caen en ese tema, es cambiar los nombres de los corruptos de unos por otros. Es decir, no estamos viendo el problema de fondo estructural de la corrupción.

En este día quiero solo sugerir que, al menos para mi país, es muy importante que trabajemos en apoyar y ser solidarios en dos temas que considero esenciales: Uno, es la restructuración de un Poder Judicial independiente y de instituciones independientes. Nosotros estamos heredando un país que está en la lista, al final de la lista, de los sistemas judiciales más corruptos del planeta. Es decir, en muchos de nuestros países, y en Bolivia en particular, el Poder Judicial se convirtió en un instrumento de persecución política. Es decir, los jueces y fiscales tenían dos posibilidades: una, si querían seguir en sus puestos tenían que cumplir las órdenes para perseguir a individuos de la oposición y había toda una estructura para fabricar delitos y acusarlos de delitos muy abstractos como conspiración, daño económico al Estado, etcétera. Esta corrupción judicial contagió a la corrupción institucional del país y de ahí nuestra experiencia de que solo con un Poder Judicial independiente con una carrera judicial establecida, vamos a realmente combatir a la corrupción.

Y el segundo tema en el que la Organización de los Estados Americanos ha hecho un gran trabajo, el Departamento de Derecho y el Comité Jurídico Interamericano han trabajado mucho, es el tema de asegurarnos el apoyo no solo en Bolivia, sino en toda la región, a leyes de acceso a la información pública. Creo que ese es un tema muy importante, esencial. México, por ejemplo, tiene una ley absolutamente moderna, contemporánea y eficiente y creo que hay un trabajo muy grande.

El Comité Jurídico Interamericano ha aprobado diez principios que debería tener una ley de acceso a la información pública porque ahí está uno de los secretos de la corrupción, en los contratos de adquisición, los contratos de venta, de servicios, de carreteras. Si todo esto estuviese en una página web publicado, y si un ciudadano pudiera dirigir una nota al gobierno y recibir información, o la compañía que ha perdido una licitación, podría tener acceso a en qué condiciones se ha dado, estoy seguro que reduciríamos la corrupción en la mitad.

Yo hice un ejercicio en varios países de Europa del Este, en Latinoamérica, de enviar notas a los ministros o a las autoridades sobre algún contrato, sobre algún caso y era imposible recibir respuesta; creían que era una burla, que era una broma el pedirles información y eso es lamentablemente pero, para beneficio de la comunidad, tenemos una resolución ya de la Corte Interamericana de Justicia en el caso Claude Reyes y otros vs. Chile que incluye el acceso a la información entre los derechos fundamentales. Creo que esos dos temas en los que podríamos trabajar acá en la Organización de los Estados Americanos serían esenciales para dar un paso no solo en condenar la corrupción, sino en efectivamente combatirla.

Gracias, señora Presidenta.

La PRESIDENTA: Gracias, Embajador de Bolivia, y a las delegaciones por sus intervenciones.

De no haber más observaciones, sugiero que este Consejo Permanente, primero, agradezca a las Misiones Permanentes de la Argentina, Ecuador, Estados Unidos, Panamá y Perú por solicitar la inclusión de este tema en nuestro orden del día; segundo, agradezca y tome nota de los comentarios de las delegaciones. Acordado.

Propuesta de próximos pasos para el Proyecto ERP/OASCORE

La PRESIDENTA: El siguiente punto de orden del día corresponde a la propuesta de próximos pasos para el proyecto ERP/OASCORE, de acuerdo con la solicitud del Presidente de la Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios (CAAP), el Representante Permanente de los Estados Unidos, Embajador Carlos Trujillo, contenida en la nota CP/INF. 8471/19.

Embajador Trujillo, tiene la palabra.

El REPRESENTANTE PERMANENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS: Thank you, Madam Chair.

In my capacity as Chair of the Committee on Administrative and Budgetary Affairs, I have the honor to address this Permanent Council regarding the ERP/OASCORE project of the Organization. On May 14, 2018, the Permanent Council adopted resolution CP/RES.1100/18, “Special Appropriation for the Technology Fund,” authorizing the use of US$5.2 million for the implementation of the Information Technology Strategic Plan. The General Secretariat, in compliance with the resolution, has been presenting quarterly reports and lately monthly reports on the status of the implementation of the project.

On November 20, 2019, at the meeting of the CAAP Working Group on the review of OAS programs, the General Secretariat presented a reassessment of the project including an additional funding request of US$3.1 million and a request for an extended implementation period. This topic was discussed at the Working Group level in several meetings and based on formal and informal consultations, a proposal was presented and agreed upon at the CAAP meeting held on December 12, 2019, with three steps as follows:

First, to request an audit by the OAS Inspector General of the ERP/OASCORE project, for which terms of reference have been provided; second, to authorize the use of up to US$45,000 from the unobligated funds in the Technology Fund to finance this project audit; and third, to continue the ERP/OASCORE project within the existing resource allocation, concentrating the efforts and rectifying the errors made and carried over from phase one and phase two in order to complete phase three by March 2020, at which time the result of the audit may be used for member states’ decisions and next steps.

Madam Chair, I present this for consideration of this Council, document CP/CAAP-3641/19, with the proposal for next steps regarding the ERP/OASCORE project.

Thank you.

La PRESIDENTA: Gracias, Embajador Trujillo, por su presentación.

Como ha mencionado el Presidente de la Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios (CAAP), la propuesta de próximos pasos para el proyecto ERP/OASCORE, contenida en el documento CP/CAAP-3641/19, ya fue acordada en el marco de dicha Comisión y, en tal sentido, esta Presidencia sugiere al Consejo Permanente acoger la decisión ya adoptada por la CAAP. De no haber objeciones, así procederemos.

Canadá, tiene la palabra.

El REPRESENTANTE PERMANENTE DEL CANADÁ: Thank you very much, Madam Chair. I take the floor not to offer any objection, but to make a couple of comments.

Canada has been a committed supporter of efforts to modernize the Organization of American States. We very much believe that we must invest in the Organization to ensure that it is able to meet its responsibilities and to remain a leading voice in the Hemisphere.

Through our work on the Committee on Administrative and Budgetary Affairs, it has been clear to us that the technology system that is being used is outdated, is leading to inefficiency, and is causing a drain on the Organization’s human and financial resources.

In 2018, we advocated for the approval of US$5.2 million in funding for the Enterprise Resource Planning Project. We believe this project is an opportunity for the Organization to adopt best practices in management and business procedures. It is also an opportunity to strengthen the accountability in transparency that member states expect from the Organization.

We are deeply concerned by the delays and subsequent requests for more funding for the project. While we appreciate the mitigation strategy that was put forward recently by the Secretariat, and we believe it is a step in the right direction, we are also particularly concerned by reports of a harmful work environment amongst OAS staff that has been reported to negatively affect the implementation of the project. We are calling on the OAS to carry out swift and thorough investigations into these matters, and to take appropriate action to ensure that staff are safe and free from harassment at work.

We support the proposal for next steps regarding the ERP project presented today, including an audit of the project to date. Our interest is in moving the project forward and ensuring that we have the conditions for its success. The OAS can count on Canada’s continued support as we strive for success in modernizing the Organization.

Thank you.

La PRESIDENTA: Gracias, Embajador del Canadá.

Tiene la palabra Brasil.

El REPRESENTANTE INTERINO DEL BRASIL: Muito obrigado, Senhora Presidente.

A Delegação brasileira agradece ao Presidente da CAAP a apresentação do documento que estabelece os próximos passos do projeto. Nós endossamos e apoiamos o documento e nós também lamentamos que a gente tenha que voltar a este Conselho Permanente para tratar deste tema, cerca de 19 meses após a aprovação da resolução 1100, que autorizou a utilização de 5,2 milhões de dólares para a implementação, num prazo de 18 meses, do novo Sistema de Informática da Organização.

A aprovação do projeto foi feita, e eu gostaria de recordar, de forma cuidadosa­, após várias reuniões, nas quais os Estados membros avaliaram, com base nas detalhadas informações fornecidas pela Secretaria-Geral, a melhor solução para reforçar os sistemas de informática da Organização. O projeto foi considerado prioritário, não somente por sua abrangência, que inclui a integração de todos os dados de processos da OEA, mas também pelos ganhos de produtividade, efetividade e transparência que deverá proporcionar, ao substituir o atual sistema de informática, cujo funcionamento é reconhecidamente precário.

Senhora Presidente, desde a adoção da resolução 1100, os diversos relatórios apresentados trimestralmente aos Estados membros indicaram uma evolução positiva no processo de implementação do projeto.

Nesse contexto, os Estados membros fomos surpreendidos, ao final de novembro, com um cenário que nos foi apresentado de forma inesperada: as alegadas necessidades de extensão de prazo e de recursos adicionais para a conclusão do projeto. Em números exatos, mais 9 meses e 3,1 milhões de dólares adicionais, o que equivale a 50% a mais que o tempo inicial previsto e 60% a mais dos recursos autorizados.

Senhora Presidente, é fundamental entender o que realmente aconteceu durante o processo de implementação do projeto para justificar alterações de tamanha magnitude.

Nesse sentido, esperamos que a realização de uma auditoria externa possa contribuir para identificar as falhas e garantir que o projeto seja implementado com transparência, eficiência e profissionalismo.

Muito obrigado, Senhora Presidente.

La PRESIDENTA: Muchas gracias al Brasil.

Tiene la palabra México.

La REPRESENTANTE PERMANENTE DE MÉXICO: Muchas gracias.

En concordancia con los Estados que nos han precedido, mi Delegación reconoce la importancia que la tecnología informática representa para las operaciones diarias de la Organización de los Estados Americanos. La modernización de los servicios informáticos fue ampliamente respaldada por todos los Estados Miembros con el ánimo de posicionar a la Organización acorde con los requerimientos gerenciales del Siglo XXI. Sin embargo, lamentamos los hechos que ocasionaros los retrasos en la implementación de ese programa y apoyamos decididamente la propuesta para realizar una auditoría a través del apoyo valioso de la Oficina del Inspector General que contribuya a transparentar el proceso y fomente una adecuada rendición de cuentas en nuestra Organización.

México coincide en la continuación del proyecto hasta el término de las investigaciones concentrándose en subsanar los errores acarreados en las dos primeras fases del mismo y hace votos porque esta situación presente los menores costos para la Organización.

Muchas gracias, señora Presidenta.

La PRESIDENTA: Gracias a la Embajadora de México.

Hemos escuchado las consideraciones de las delegaciones. El documento que se ha sometido a consideración ya fue acordado en el marco de la Comisión, de la CAAP, y como habíamos dicho, esta Presidencia sugiere al Consejo Permanente acoger la decisión ya adoptada por la CAAP y declararla acordada en el entendido de que se seguirá con atención el desenvolvimiento de ese tema en el marco de la CAAP. Así queda acordado.

Elección de un Miembro Junta Auditores Externos

Candidatura de Antigua y Barbuda

La PRESIDENTA: El siguiente punto se refiere a la elección de un miembro de la Junta de Auditores Externos. Al respecto, cabe recordar que la Misión Permanente de Antigua y Barbuda, mediante nota CP/doc.5568/19, presentó la candidatura del señor Dean Evanson para cubrir la tercera vacante existente en la Junta de Auditores Externos para el período que finaliza el 31 de diciembre de 2021.

Consulto a las delegaciones si podemos elegir por consenso al señor Dean Evanson para desempeñar funciones hasta el 31 de diciembre.

Tiene la palabra la Delegada de Antigua y Barbuda.

La REPRESENTANTE ALTERNA DE ANTIGUA Y BARBUDA: Thank you, Madam Chair.

With pleasure, this Delegation nominates Mr. Dean Evanson, on behalf of the Government of Antigua and Barbuda, to fill the existing vacancy on the Organization of American States Board of External Auditors.

Mr. Evanson meets the highest standards of professional ability and personal integrity. He has a long and distinguished period of service to the Government of Antigua and Barbuda, where he has served in several capacities of high office, including Financial Secretary, Deputy Accountant General and Accountant General.

He has demonstrable familiarity with the audits of multilateral organizations, having also served on the audit committees of the Eastern Caribbean Central Bank and the CARICOM Secretariat. He currently holds the portfolios of Director of Audit of Antigua and Barbuda and Chairman of the Organization of Eastern Caribbean States Audit Committee. His repertoire is detailed in his curriculum vitae that was previously circulated to all member states.

We are convinced that his skills will redound to the benefit of this Organization. Therefore, the Government of Antigua and Barbuda has no hesitation in commending Dean Evanson to the OAS Board of External Auditors. We request that his nomination be considered and approved by this Permanent Council, and unless there are procedures or rules to the contrary, we ask that it be done by acclamation.

Thank you.

La PRESIDENTA: Solicito la aclamación.

[Aplausos]

Ha sido electo el señor Dean Evanson para cubrir la tercera vacante existente en la Junta de Auditores Externos. Acordado.

Canadá. Tiene la palabra, Embajador.

El REPRESENTANTE PERMANENTE DEL CANADÁ: Muchas gracias, señora Presidenta.

Canada very much welcomes the nomination put forward by the Government of Antigua and Barbuda for Mr. Evanson to the Board of External Auditors. With his extensive experience in auditing and finance, Mr. Evanson brings a wealth of relevant experience to this role. We look forward to working with Mr. Evanson and the current Canadian Chair of the Board.

Thank you.

La PRESIDENTA: Muy bien. Como se dijo antes, está acordada la elección del señor Dean Evanson.

Consideración del proyecto de resolución “Rechazo de la violencia racial y llamamiento al pleno respeto de los derechos de los Pueblos Indígenas en el Estado Plurinacional de Bolivia”

La PRESIDENTA: El siguiente punto de orden del día corresponde a la consideración del proyecto de resolución “Rechazo de la violencia racial y llamamiento al pleno respeto de los derechos de los Pueblos Indígenas en el Estado Plurinacional de Bolivia”, cuya inclusión en el orden del día ha sido solicitada por las Misiones Permanentes de Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, el Commonwealth de Dominica, Grenada, Guyana, Jamaica, San Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Suriname y Trinidad y Tobago y que se encuentra contenido en el documento CP/doc.5573/19.

La Presidencia recuerda a la Sala, además, que la Misión Permanente del Estado Plurinacional de Bolivia ha enviado para la consideración de este Consejo Permanente una propuesta de enmiendas que se encuentran contenidas en el documento CP/doc.5574/19 rev. 1. De acuerdo al artículo 62 del Reglamento del Consejo Permanente, las enmiendas se someterán a discusión y a votación antes de votarse la proposición que tiendan a modificar.

Grenada, Embajadora, tiene la palabra.

La REPRESENTANTE PERMANENTE DE GRENADA: Thank you, Madam Chair, on the point of order.

Based on Article 62, as you just stated, in the Rules of Procedure, and with due respect to the delegation of Bolivia, the proposal that it is before us now does not seek to merely amend the resolution, but it seems to be an entirely different proposal.

And, Chair, over the last week, the delegations that you have mentioned including the Caribbean delegations sought to achieve consensus, and we have incorporated amendments from a few delegations. So, with your permission, I would like to suggest that, since we have not had 24 hours in which to review this--we only received the English version at 5:15 yesterday--I do not think we had the courtesy of enough time to collaborate with our capitals. I therefore suggest that we table this new proposal at a future session of the Permanent Council and not to incorporate it into the resolution before us, because it is a separate document.

I thank you, Chair.

La PRESIDENTA: El Embajador de Bolivia tiene la palabra.

El REPRESENTANTE PERMANENTE DE BOLIVIA: Gracias, señora Presidenta.

Nosotros no consideramos que es un documento distinto, sino son enmiendas a la resolución presentada por la Comunidad del Caribe (CARICOM). Es cierto que nosotros no creíamos que era el momento de presentar una resolución en el tono en el que se ha presentado porque esperábamos un enfoque más constructivo que contribuya al proceso de conciliación y pacificación que hay en este momento en Bolivia y no alimentar las intenciones del expresidente Evo Morales de incendiar el país, evitar que se conforme una corte electoral y que el país vaya a elecciones generales.

La PRESIDENTA: Embajador, hay un punto de orden de parte de Belize. ¿Entiendo así, Embajador?

El REPRESENTANTE PERMANENTE DE BELIZE: We will wait for the Ambassador to finish, Madam Chair.

La PRESIDENTA: Puede continuar, Embajador.

El REPRESENTANTE PERMANENTE DE BOLIVIA: Gracias. Antes de introducir esas enmiendas y explicar cuál es el sentido de las mismas, quiero dejar un testimonio de qué es lo que pensamos nosotros sobre la intencionalidad de esta resolución. Mire, ayer, y les recomiendo a los representantes de la Comunidad del Caribe (CARICOM) que con toda buena fe están tratando de ayudar en estas circunstancias dolorosas que ha vivido Bolivia, que vean el día de ayer en la población de Senkata, donde supuestamente según un informe preliminar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hubo una masacre; ayer se abrazaron los policías de origen indígena con la población porque después de estos conflictos han regresado a proteger esa zona que estuvo a punto de volar con dinamita tres millones de litros de gas que hubieran causado más de cien mil muertes en esa zona y la población ha reconocido el rol de protección de la Policía. Hay informes forenses que pronto van a ser divulgados y la Misión de la Organización de los Estados Americanos va a ver que esas muertes no han sido por balas militares. Entonces, es un momento muy complicado en Bolivia y, leyendo la resolución presentada por la CARICOM, me da la impresión de que aquí a muchos no les interesa la verdad de lo que sucedió en Bolivia, eso es irrelevante.

En Bolivia, y ahora lo puedo decir con pruebas, no hubo violencia racial. Lo que hubo fueron ataques de grupos armados de Evo Morales antes y después de su renuncia; hubo una responsabilidad cuando era Estado y cuando estaba en México llamando a cercar la ciudad de La Paz a no dejar entrar los alimentos y asfixiar a la población civil; hubo un intento de utilizar dinamita para incendiar los depósitos de gas de la ciudad de El Alto. Por eso hemos solicitado una investigación internacional, imparcial y técnica a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Quién que ha cometido algún crimen o alguna masacre le pide a la CIDH que tiene consultores con mucha carga ideológica, tiene algunos comisionados con alguna carga, asimismo y sin importar eso, hemos pedido una investigación porque no tenemos nada que esconder? Y esta resolución demuestra que a muchos les interesa muy poco la pacificación de un país cuyos ciudadanos han sufrido la violación de su Constitución y un inmenso fraude electoral comprobado acá por la propia Organización de los Estados Americanos y tampoco tienen en cuenta los jóvenes que acudieron a votar por primera vez en su vida. ¿Qué les decimos nosotros a los jóvenes que han votado por primera vez en su vida y han visto que su voto ha sido robado, ha sido falsificado? ¿Es este un ejemplo, les parece, de democracia? ¿Esa usurpación del voto? Ese delito electoral que se ha cometido no está mencionado en ninguna resolución y ha sido el germen de las protestas pacíficas y la consecuencia en la violencia posterior y, acá, no decimos nada. En Bolivia no hubo racismo; yo no lo hubiera dicho categóricamente si no estuviera comprobado.

La PRESIDENTA: Embajador de Bolivia, hay un nuevo punto de orden por parte de Grenada. Trinidad y Tobago, ¿también? Tenía primero a Belize, a Trinidad y Tobago, a Belize y Grenada.

El REPRESENTANTE PERMANENTE DE TRINIDAD Y TOBAGO: Thank you very much. Chair, may I proceed or would you prefer that another delegation speak before?

La PRESIDENTA: Put it forward. Por favor.

El REPRESENTANTE PERMANENTE DE TRINIDAD Y TOBAGO: Chair, I am following speaking sequence after my distinguished colleague from Belize, please.

El REPRESENTANTE PERMANENTE DE BELIZE: Thank you, Ambassador.

Madam Chair, if the delegation from Bolivia or indeed some member states insist that the Bolivian changes are amendments, then Belize asks for a vote to include the new proposals of Bolivia.

La PRESIDENTA: De acuerdo. Yo procedería a la votación.

¿Grenada?

Sí. A solicitud de Belize se someten a votación las enmiendas en bloque.

Iniciamos con el Embajador de Barbados.

El REPRESENTANTE PERMANENTE DE BARBADOS: No.

La PRESIDENTA: La votación es nominal. A favor de las enmiendas, en contra o abstención.

El REPRESENTANTE PERMENANTE DE BELIZE: No.

La PRESIDENTA: Bolivia.

El REPRESENTANTE PERMANENTE DE BOLIVIA: Yes.

La PRESIDENTA: Brasil.

El REPRESENTANTE INTERINO DEL BRASIL: A favor.

La PRESIDENTA: Canadá.

El REPRESENTANTE PERMANENTE DEL CANADÁ: Abstains.

La PRESIDENTA: Chile.

El REPRESENTANTE INTERINO DE CHILE: Abstención.

La PRESIDENTA: Colombia.

El REPRESENTANTE PERMANENTE DE COLOMBIA: A favor.

La PRESIDENTA: Costa Rica.

La REPRESENTANTE PERMANENTE DE COSTA RICA: Abstención.

La PRESIDENTA: Dominica.

La REPRESENTANTE INTERINA DE DOMINICA: No.

La PRESIDENTA: Ecuador.

El REPRESENTANTE PERMANENTE DEL ECUADOR: Abstención.

La PRESIDENTA: El Salvador.

La REPRESENTANTE INTERINA DE EL SALVADOR: Abstención.

La PRESIDENTA: Estados Unidos.

El REPRESENTANTE PERMANENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS: In favor.

La PRESIDENTA: Grenada.

La REPRESENTANTE PERMANENTE DE GRENADA: No.

La PRESIDENTA: Guatemala.

La REPRESENTANTE ALTERNA DE GUATEMALA: A favor.

La PRESIDENTA: Guyana.

El REPRESENTANTE PERMANENTE DE GUYANA: No.

La PRESIDENTA: Haití. Ausente.

La PRESIDENTA: Honduras.

El REPRESENTANTE INTERINO DE HONDURAS: Abstención.

La PRESIDENTA: Jamaica.

La REPRESENTANTE PERMANENTE DE JAMAICA: No.

La PRESIDENTA: México.

La REPRESENTANTE PERMANENTE DE MÉXICO: En contra.

La PRESIDENTA: Nicaragua.

La REPRESENTANTE PERMANENTE DE NICARAGUA: En contra.

La PRESIDENTA: Panamá.

La REPRESENTANTE ALTERNA DE PANAMÁ: A favor.

La PRESIDENTA: Paraguay.

La REPRESENTANTE PERMANENTE DE PARAGUAY: A favor.

La PRESIDENTA: Perú.

El REPRESENTANTE INTERINO DEL PERÚ: Abstención.

La PRESIDENTA: República Dominicana.

El REPRESENTANTE INTERINO DE LA REPÚBLICA DOMNICANA: Abstención.

La PRESIDENTA: San Kitts y Nevis.

El REPRESENTANTE PERMANENTE DE SAN KITTS Y NEVIS: No.

La PRESIDENTA: Santa Lucía.

La REPRESENTANTE ALTERNA DE SANTA LUCÍA: No.

La PRESIDENTA: San Vicente y las Granadinas.

El REPRESENTANTE INTERINO DE SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS: No.

La PRESIDENTA: Suriname.

La REPRESENTANTE INTERINA DE SURINAME: No.

La PRESIDENTA: Trinidad y Tobago.

El REPRESENTANTE PERMANENTE DE TRINIDAD Y TOBAGO: No.

La PRESIDENTA: Uruguay.

El REPRESENTANTE ALTERNO DEL URUGUAY: En contra.

La PRESIDENTA: Venezuela.

El REPRESENTANTE PERMANENTE DE VENEZUELA: A favor.

La PRESIDENTA: Antigua y Barbuda.

La REPRESENTANTE ALTERNA DE ANTIGUA Y BARBUDA: No.

La PRESIDENTA: Argentina.

El REPRESENTANTE PERMANENTE DE LA ARGENTNA: En contra.

La PRESIDENTA: Bahamas.

La REPRESENTANTE ALTERNA DEL COMMONWEALTH DE LAS BAHAMAS: No.

La PRESIDENTA: Concluimos. Un momento, voy a leer los resultados.

El resultado de la votación sobre las enmiendas en bloque presentadas por Bolivia: A favor, ocho; en contra, diecisiete; abstenciones, ocho; y una ausencia. No se han aceptado las enmiendas.

Estados Unidos tiene la palabra.

El REPRESENTANTE PERMANENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS: Thank you, Madam Chair.

We would request a roll call vote on the “Rejecting Racist Violence and Calling for Full Respect of the Rights of the Indigenous People in the Plurinational State of Bolivia” on the underlying resolution. A roll call vote on the underlying resolution.

La PRESIDENTA: Muy bien. Otra votación relacionada con la propuesta de la CARICOM. Es nominal.

El documento que se somete a votación en este momento es el CP/doc.5573/19 rev.1, “Rechazo de la violencia racial y llamamiento al pleno respeto de los derechos de los Pueblos Indígenas en el Estado Plurinacional de Bolivia”. Inicia la votación nominal: a favor, en contra o abstención.

La PRESIDENTA: Costa Rica.

La REPRESENTANTE PERMANENTE DE COSTA RICA: Abstención.

La PRESIDENTA: Dominica.

La REPRESENTANTE INTERINA DE DOMINICA: Yes.

La PRESIDENTA: Ecuador.

El REPRESENTANTE PERMANENTE DEL ECUADOR: Abstención.

La PRESIDENTA: El Salvador.

La REPRESENTANTE INTERINA DE EL SALVADOR: Abstención.

La PRESIDENTA: Estados Unidos.

El REPRESENTANTE PERMANENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS: Against.

La PRESIDENTA: Grenada.

La REPRESENTANTE PERMANENTE DE GRENADA: In favor.

La PRESIDENTA: Guatemala.

La REPRESENTANTE ALTERNA DE GUATEMALA: Abstención.

La PRESIDENTA: Guyana.

El REPRESENTANTE PERMANENTE DE GUYANA: In favor.

La PRESIDENTA: Haití. Ausente.

La PRESIDENTA: Honduras.

El REPRESENTANTE INTERINO DE HONDURAS: Abstención.

La PRESIDENTA: Jamaica.

La REPRESENTANTE PERMANENTE DE JAMAICA: In favor.

La PRESIDENTA: México.

La REPRESENTANTE PERMANENTE DE MÉXICO: A favor.

La PRESIDENTA: Nicaragua.

La REPRESENTANTE PERMANENTE DE NICARAGUA: A favor.

La PRESIDENTA: Panamá.

La REPRESENTANTE ALTERNA DE PANAMÁ: A favor.

La PRESIDENTA: Paraguay.

La REPRESENTANTE PERMANENTE DE PARAGUAY: Abstención.

La PRESIDENTA: Perú.

El REPRESENTANTE INTERINO DEL PERÚ: Abstención.

La PRESIDENTA: República Dominicana.

El REPRESENTANTE INTERINO DE LA REPÚBLICA DOMNICANA: Abstención.

La PRESIDENTA: San Kitts y Nevis.

El REPRESENTANTE PERMANENTE DE SAN KITTS Y NEVIS: In favor.

La PRESIDENTA: Santa Lucía.

La REPRESENTANTE ALTERNA DE SANTA LUCÍA: In favor.

La PRESIDENTA: San Vicente y las Granadinas.

El REPRESENTANTE INTERINO DE SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS: In favor.

La PRESIDENTA: Suriname.

La REPRESENTANTE INTERINA DE SURINAME: Yes.

La PRESIDENTA: Trinidad y Tobago.

El REPRESENTANTE PERMANENTE DE TRINIDAD Y TOBAGO: Yes.

La PRESIDENTA: Uruguay.

El REPRESENTANTE ALTERNO DEL URUGUAY: A favor.

La PRESIDENTA: Venezuela.

El REPRESENTANTE PERMANENTE DE VENEZUELA: No.

La PRESIDENTA: Antigua y Barbuda.

La REPRESENTANTE ALTERNA DE ANTIGUA Y BARBUDA: In favor.

La PRESIDENTA: Argentina.

El REPRESENTANTE PERMANENTE DE LA ARGENTNA: A favor.

La PRESIDENTA: Bahamas.

La REPRESENTANTE ALTERNA DEL COMMONWEALTH DE LAS BAHAMAS: In favor.

La PRESIDENTA: Barbados.

El REPRESENTANTE PERMANENTE DE BARBADOS: In favor.

La PRESIDENTA: Belize.

El REPRESENTANTE PERMENANTE DE BELIZE: In favor.

La PRESIDENTA: Bolivia.

El REPRESENTANTE PERMANENTE DE BOLIVIA: En contra.

La PRESIDENTA: Brasil.

El REPRESENTANTE INTERINO DEL BRASIL: Abstenção.

La PRESIDENTA: Canadá.

El REPRESENTANTE PERMANENTE DEL CANADÁ: Abstains.

La PRESIDENTA: Chile.

El REPRESENTANTE INTERINO DE CHILE: Abstención.

La PRESIDENTA: Colombia.

El REPRESENTANTE PERMANENTE DE COLOMBIA: En contra.

La PRESIDENTA: Hemos concluido la votación. Un momento para verificar los resultados.

Dieciocho votos a favor; cuatro, en contra; once abstenciones; y una ausencia. En ese sentido, queda aprobado el proyecto de resolución presentado.

La PRESIDENTA: Tiene la palabra la Embajadora del Paraguay.

La REPRESENTANTE PERMANENTE DE PARAGUAY: Gracias, Presidenta.

No es por desconfiar del resultado obtenido por la Secretaría General, pero le ruego si podría darnos la lista de los países que votaron, en primer lugar, sobre la enmienda y por el “no” sobre la enmienda y ahora por el proyecto porque según mis cálculos, son diecisiete y quisiera tener esa certeza, Presidenta, desde la Secretaría.

Muchas gracias.

La PRESIDENTA: Con gusto, Embajadora.

Le pido el favor a la Secretaría General de proceder a dar lectura de las dos votaciones identificando los países.

El SECRETARIO GENERAL ADJUNTO: Thank you, Madam Chair.

The results for the last vote on the CARICOM resolution, the countries that voted in favor are as follows: Antigua and Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Grenada, Guyana, Jamaica, Mexico, Nicaragua, Panama, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Suriname, Trinidad and Tobago, and Uruguay, totaling 18 votes. Those who voted against the resolution are the following: Bolivia, Colombia, the United States, and Venezuela, for a total of four. The countries that abstained: Brazil, Canada, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Paraguay, Peru, Dominican Republic, for a total of 11 votes, and Haiti is absent from the room. Those are the results for the last vote that just took place that approved the resolution.

I will now proceed to read the results of the voting on the amendment on including or not the amendments proposed by Bolivia as a block proposal. The countries that voted to include it are the following: Bolivia, Brazil, Colombia, the United States, Guatemala, Panama, Paraguay, and Venezuela, for a total of eight. Those who voted against the inclusion of the amendments as a block are the following: Antigua and Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Grenada, Guyana, Jamaica, Mexico, Nicaragua, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Suriname, Trinidad and Tobago, and Uruguay, for a total of 17 votes. Those who abstained from this vote were the following: Canada, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, Dominican Republic, and Peru, for a total of eight, and Haiti was also absent from the room.

Thank you, Madam Chair.

La PRESIDENTA: Gracias, Secretario General Adjunto.

Tiene la palabra la Embajadora de Nicaragua.

La REPRESENTANTE PERMANENTE DE NICARAGUA: Muchas gracias, señora Presidenta.

La Delegación de Nicaragua presenta la siguiente nota de pie de página que solicita que figure en el proyecto de resolución de rechazo de la violencia y llamamiento al pleno respeto de los derechos de los Pueblos Indígenas en el Estado Plurinacional de Bolivia, que dice así:

“El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de la República de Nicaragua apoya de manera firme la condena a toda forma de racismo en contra de la población del Estado Plurinacional de Bolivia, especialmente la violencia en contra de la población boliviana de origen indígena, a la vez que reitera su invariable condena al golpe de Estado perpetrado en contra del Gobierno legítimo del Estado Plurinacional de Bolivia, a cualquier acción realizada por instancias que actúen como resultado de este golpe de Estado y su rechazo a la resolución presentada el 20 de noviembre de 2019 en el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos”.

Muchas gracias, señora Presidenta.

La PRESIDENTA: Gracias, Embajadora.

Tiene la palabra la Embajadora de Costa Rica.

La REPRESENTANTE PERMANENTE DE COSTA RICA: Muchas gracias, señora Presidenta.

Costa Rica quiere aprovechar esta ocasión para reconocer el trabajo de los proponentes de la resolución y de las enmiendas y los esfuerzos sinceros por considerar las diferentes posturas y propuestas que varias representaciones hemos avanzado; sin embargo, no pudimos apoyar ambas propuestas.

Costa Rica tiene una tradición de profundo compromiso con los derechos humanos, todos ellos para todas las personas, la búsqueda de la solución pacífica de conflictos a través del diálogo y un profundo compromiso con la democracia. Costa Rica consideró y propuso cambios a la resolución y a las enmiendas; sin embargo, no puede acompañar las propuestas pues hubiésemos deseado que reflejaran la extensión de lo sucedido en Bolivia y esa relación indisoluble entre democracia, derechos humanos, todos los derechos de todas las personas y el diálogo inclusivo como mecanismo pacífico para construir paz social.

Costa Rica rechaza cualquier forma de violencia. Lamentamos las muertes y las graves denuncias sobre violaciones de derechos humanos, las cuales deben ser efectivamente investigadas por las autoridades competentes. Nos solidarizamos, además, con el pueblo boliviano, en especial con las víctimas; todas ellas. Condenamos, sin duda, cualquier forma de violencia racial o discriminación contra personas o comunidades indígenas o de cualquier otro origen étnico o condición social, así como los discursos de odio y discriminación. También lamentamos las irregularidades en el proceso electoral que violentaron la libertad democrática del pueblo boliviano. Costa Rica también lamenta el involucramiento de fuerzas militares y policías en decisiones cívicas y democráticas.

Costa Rica aboga también por el diálogo inclusivo que requiere reflexión, sentido autocrítico, mesura y tolerancia. A través de él, confía en que Bolivia pueda encontrar la senda de la paz, la democracia y la reconciliación junto con la pronta realización de elecciones libres con todas las garantías de conformidad con su Constitución Política y sus leyes. En esa reconciliación también será fundamental la justicia, la verdad y la reparación de todas las víctimas de violaciones de derechos humanos, sin distinción de ningún tipo.

Señora Presidenta, Costa Rica va a presentar un texto de nota al pie de la resolución aprobada en los términos de esta intervención que acabo de leer.

Muchas gracias.

La PRESIDENTA: Gracias, Embajadora.

Tiene la palabra el Delegado Alterno del Perú.

El REPRESENTANTE ALTERNO DEL PERÚ: Gracias, señora Presidenta.

El Perú ha impulsado en distintos foros y organismos internacionales una posición de promoción y defensa de los derechos de los Pueblos Indígenas y continuará haciéndolo porque es un elemento invariable de su política exterior. En ese sentido, coincide con las consideraciones de principio que han llevado a la presentación del proyecto de resolución por Santa Lucía en nombre de países miembros de la Comunidad del Caribe (CARICOM). Nos preocupan los hechos reportados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en sus observaciones preliminares tras su visita a Bolivia y saludamos la disposición constructiva de las autoridades bolivianas a facilitar la investigación de los actos de violencia ocurridos entre septiembre y diciembre, reflejada en la firma del acuerdo con la CIDH para constituir un grupo independiente de expertos internacionales. Asimismo, exhortamos a todos los actores políticos bolivianos a no utilizar con fines políticos las justas reivindicaciones de los Pueblos Indígenas.

El Perú reitera que considera indispensable que se celebren elecciones generales en el Estado Plurinacional de Bolivia a la brevedad posible como solución a la situación que atraviesa este país hermano y que se respete con fidelidad la voluntad del electorado boliviano mediante la celebración pronta de elecciones libres, transparentes y justas con garantías democráticas y con el apoyo de misiones de observación electoral.

Muchas gracias.

La PRESIDENTA: Gracias al Perú.

Tiene la palabra el Delegado Alterno del Brasil.

El REPRESENTANTE ALTERNO DEL BRASIL: Muito obrigado, Senhora Presidente. Se tomados separadamente do contexto da transição político-democrática vivido hoje pela Bolívia, os elementos incluídos no projeto de resolução que hora consideramos conta com o apoio do Brasil. Endossamos, integralmente, por exemplo, a necessidade de que os povos indígenas bolivianos e de quaisquer outros países exerçam plenamente, e tenham respeitados, seus direitos, principalmente os direitos humanos. Também estamos de acordo com a importância da preservação dos avanços conquistados pelas populações mais vulneráveis na Bolívia nas últimas décadas.

Senhora Presidente, sabemos, porém, as razões por trás da apresentação dessa iniciativa. Nem a mais ingênua leitura do projeto de resolução em apreço poderia dissociá-lo do jogo político na Bolívia nos últimos meses, no contexto das eleições gerais de outubro passado.

É preciso não perder de vista a perspectiva e o contexto. O projeto adotado hoje, infelizmente, não tem a preocupação genuína de promover e proteger os direitos humanos dos povos indígenas na Bolívia. A iniciativa insere-se no contexto do processo eleitoral boliviano e de suas consequências. A violência que este mesmo Conselho condenou, por meio da resolução adotada em 20 de novembro passado – projeto de resolução que foi proposto conjuntamente por Brasil e Colômbia – não se referia à violência racial contra indígenas bolivianos, mas sim, à violência política latu sensu, sem distinção de raça ou de classe social, que, então, assolava o país.

Senhora Presidente, o Brasil endossa iniciativas que se apoiem em valores e princípios nobres e incontestes, mas não as iniciativas cujo propósito é justificar, de maneira oblíqua e obscura, a defesa de interesses políticos contrários aos princípios mais básicos do jogo democrático.

Este projeto não promoverá os direitos humanos dos povos indígenas na Bolívia e nem é esse o seu objetivo. Ele servirá apenas para endossar a falsa tese de alguns atores políticos bolivianos, mal-intencionados, de que haveria componentes racistas no processo que culminou com a saída do anterior governo.

Ao se abster na votação deste projeto de resolução, o Brasil não está se manifestando contra os direitos dos povos indígenas bolivianos. Muito pelo contrário. Estamos tentando evitar que, por veladas motivações políticas, seja estabelecida correlação equivocada entre o atual processo de transição democrática na Bolívia e alegados componentes racistas, tese que repudiamos nos mais firmes termos.

É preciso sempre recordar, a esse respeito, que o ex-Presidente Evo Morales renunciou em razão das graves denúncias de fraude eleitoral. O que aconteceu na Bolívia foi a tentativa dolosa de estelionato eleitoral, conforme fartamente documentado no Relatório Final da Missão de Auditoria da OEA.

Senhora Presidente, o Brasil apoia o Governo de Transição boliviano em seus esforços para conduzir o país à normalidade institucional, por meio de eleições livres, transparentes e justas. Conclamamos todos os atores políticos bolivianos a que assumam seu papel cívico e não embarquem em teorias imaginárias e conspiratórias, as quais apenas incitam à violência, à discriminação e o discurso de ódio na população.

Com a adoção desta resolução, a OEA perdeu uma excelente oportunidade de enviar um sinal de apoio ao povo boliviano e de contribuir verdadeiramente para o processo de transição no país.

Senhora Presidente, por fim, gostaria de informar que a minha delegação enviará texto com a posição brasileira a respeito do projeto, e o pedido de que seja incluído como nota de rodapé à resolução aprovada.

Muito obrigado.

La PRESIDENTA: Gracias, Brasil.

Tiene la palabra la Delegada de Antigua y Barbuda.

La REPRESENTANTE ALTERNA DE ANTIGUA Y BARBUDA: Thank you, Madam Chair.

Madam Chair, Antigua and Barbuda is proud to join our sister States from the Caribbean in proposing this resolution for adoption by this Permanent Council. In proposing the resolution, we are upholding the worthiest values of the Organization of American States, and that is to respect and promote human life from any acts of violence, State-inflicted or otherwise.

In this Permanent Council, in recent years, we have been urged to uphold human rights and to act against regimes that have used the might of the military to crush protesters, to jail them and, in some cases, to kill them. We expect that those delegations that have so strongly pressed for action in defense of human rights will support us in this resolution.

Human rights should know no color, should differentiate between no class, should discriminate against no religion, nor should the defense of human rights be a political convenience but is encouraged only when a political or ideological purpose is served. Human life matters, wherever it takes this, whatever color it is and however rich or poor it may be. In this context, the Caribbean countries that have proposed this resolution envisage that every member state represented in this room will join us in adopting this resolution.

Madam Chair, in this Permanent Council we have also witnessed the invocation of reports of the Inter-American Commission on Human Rights as jurisdiction for adopting regulations against regimes with whose conduct the Commission found grievous fault. This Permanent Council has duly adopted resolutions condemning those regimes, as it has taken some other form of action to express its disapproval.

The Inter-American Commission on Human Rights has now expressed its deep concern about the human rights situation in Bolivia, including grave instances of racism and discrimination and other human rights violations that took place following the October 20 presidential elections. Indeed, the Inter-American Commission on Human Rights report of December 10, after its visit to Bolivia, was damning and cannot be ignored by this Permanent Council, whose members proclaim the cherished importance of the human rights pillar of this Organization. If the decisions of this Permanent Council are to be accorded any value by the peoples of our Hemisphere, they must be seen to be consistent, even-handed and non-discriminatory.

Madam Chair, the language we have used in this resolution is not new; it is settled language that has been taken from conventions and declarations that each of our countries has agreed either at the United Nations or in this very Organization of American States. The language regarding the rights of indigenous people has been extracted directly from those conventions. The language that recalls that the rights of indigenous people must be promoted and protected as part of the strengthening of democracy in the Americas has also been taken from the UN and OAS conventions, declarations, and resolutions.

What those UN and OAS instruments say, plainly and clearly, it is that whenever and wherever the rights of indigenous people are violated, or leaders make racist and discriminatory utterances against them, democracy in our Hemisphere is weakened. Indeed, it is shamed. No delegation in this Hall of the Americas, particularly those of the indigenous communities, should wish to be counted among those that do not join Caribbean countries in adopting the resolution we have proposed.

Madam Chair, it is worth pointing out that this resolution was offered in its original form to every legitimate delegation in this Council, and we tried painstakingly to build a consensus around it. In the course of conclusions, many delegations offered amendments and other suggestions. In the spirit of genuine compromise, we accepted and included amendments and suggestions from several countries. Therefore, this resolution is as much theirs as it is ours. It seeks to uphold the values and principles for which, we claim the Organization stands; it calls for respect for human rights; it summons us all to afford to the weak, the helpless and the vulnerable the protection to which they are entitled and for which we have been demanded in our countries. There should be no discrimination against indigenous peoples, not anywhere in the world, certainly not in our Hemisphere and not in Bolivia.

The language of this resolution is not condemnatory nor is it threatening. We call for no sanctions nor for any punishment. We simply remind the authorities in Bolivia of the obligations, and we call them to respect all their peoples without discrimination, and we state in language that has resonated throughout the Organization for over seventy years that human rights, political rights, civil rights must be honored and respected. This is why, Chair, we anticipate that every member state of this Organization, in good conscious, will support this resolution.

Thank you so much, Madam Chair.

La PRESIDENTA: Gracias a la Delegada de Antigua y Barbuda.

Tiene la palabra el Delegado Interino de Chile.

El REPRESENTANTE INTERINO DE CHILE: Muchas gracias, señora Presidenta.

Chile destaca su compromiso con el irrestricto respeto a los derechos humanos y el rechazo a la violencia en todas sus formas y de toda naturaleza. Asimismo, manifestamos el reconocimiento de Chile a la labor realizada por la Misión de Observación Electoral en el hermano país de Bolivia y reiteramos el apoyo decidido a la realización de elecciones que cumplan con estándares internacionales y democráticos necesarios y suficientes para garantizar el proceso electoral de manera transparente y justa.

Gracias, señora Presidenta.

La PRESIDENTA: Gracias, Chile.

Tiene la palabra el Embajador de Colombia.

El REPRESENTANTE PERMANENTE DE COLOMBIA: Señora Presidenta, en una sesión del Consejo Permanente anterior se trató este tema que hoy es presentado nuevamente y recuerdo que en ese momento se mencionó que se iban a realizar consultas con los Estados Miembros sobre un texto que claramente no contaba con el consenso. Desconozco si se hicieron esas consultas, o no, pero en el caso particular de mi Delegación, quiero informar que no recibimos ninguna invitación para participar de ellas.

Embajador Aparicio, su país se encuentra en un momento muy complejo y no puede ser menos pues sufrió recientemente un fraude electoral que ha sido comprobado de manera técnica y en terreno con las evidencias en el propio lugar de los hechos. No fue un fraude que se identificó simplemente con un análisis desde un escritorio por algún académico como si se tratara de un simple ejercicio estadístico bajo un modelo de distribución de probabilidades en busca de una respuesta lógica. Ese fraude electoral que sufrió su país desencadenó una serie de movilizaciones pacíficas en rechazo del mismo y su población fue fuertemente reprimida.

El 20 de noviembre pasado aprobamos la resolución CP/RES. 1140 (2259/19), con la cual, y siendo conscientes de la situación y buscando que este Consejo Permanente actuara con responsabilidad y en estricto seguimiento a los compromisos interamericanos, se hizo un llamamiento a convocar urgentemente a elecciones de conformidad con el mandato constitucional y legal de Bolivia, adoptando prontamente un calendario electoral que brinde certeza al pueblo boliviano sobre un proceso electoral con todas las garantías democráticas. Sobre este, observamos que el Gobierno Interino o de Transición ya cumplió y avanzó en ese propósito de llevar a cabo elecciones en abril de 2020. También en esa resolución se hizo un llamado al cese de la violencia y al respeto a los derechos humanos y observamos que el Gobierno de Transición invitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a que realizara una visita que se llevó a cabo y la CIDH solicitó una investigación de diferentes hechos que se consideraban violaciones a los derechos humanos.

La respuesta de su Gobierno, Embajador Aparicio, fue aceptar una investigación que contara con un período amplio de tiempo para que no se dejara de investigar ningún caso; es decir, al tenor de la resolución del 20 de noviembre vemos que hoy el Gobierno de Bolivia ha atendido las solicitudes y preocupaciones de los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos planteadas en la resolución en mención.

Por otro lado, en los últimos días se ha observado cómo los niveles de violencia se han reducido significativamente, por lo menos ese es el reporte de nuestra Embajada en La Paz, hecho que sin duda aplaudimos y nos permite identificar que Bolivia y sus autoridades han tomado el camino correcto que es que a los bolivianos se les respete su derecho a elegir un presidente con garantías y se les devuelva ese derecho que con el fraude les fue violentado y robado.

Señora Presidenta, Colombia se caracteriza por ser un país que tiene una amplia diversidad cultural y étnica y es por eso que nuestra Constitución Política es muy clara en atender derechos y obligaciones sobre la estructura de la Nación como un todo. Es por eso que tomamos con mucha seriedad los hechos o acciones contra la diversidad cultural y étnica tales como la discriminación, xenofobia y, aún más grave, la violencia por razones de raza, credo y tradiciones culturales. Entre los componentes tradicionales de la política exterior colombiana existe uno en particular en el que hemos contribuido de manera muy activa desde que Colombia ingresó a la Organización de las Naciones Unidas como miembro pleno y es el rechazo a cualquier acción que signifique violencia contra una persona o grupo social por razones de raza.

Señora Presidenta, me permití hacer esa mención porque el proyecto de resolución que nos han presentado en su título y resolutivos 1 y 2 encierra una calificación muy seria y para hacer este tipo de calificaciones se requiere de evidencia concreta y real porque acá se está hablando de personas y de su condición étnica. Para llevar este tipo de calificaciones a un país donde la mayoría de la población es indígena hay que ser muy responsables pues al hablar de violencia racial estamos dando por hecho que existe un grupo que pertenece a determinada raza que ejerce violencia sobre otro grupo que tiene una raza diferente. Entonces, mi pregunta es para los autores de ese texto, ¿tienen esa evidencia de grupos raciales ejerciendo violencia contra otros? Yo, la verdad, lo dudo y me parece irrespetuoso que se hagan ese tipo de afirmaciones frente a un país donde la mayoría de la población es indígena. Por esa razón no podemos acompañar este proyecto porque, aparte del error conceptual, se observa claramente que su motivación es política, totalmente política.

El texto, que en su parte pre ambular es un recuento desordenado de los diferentes instrumentos sobre el tema de los derechos de los indígenas de las Naciones Unidas; también menciona la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Curiosamente, solo dos Estados de los que copatrocinan el proyecto de resolución participaron del proceso de definición de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

En síntesis, señora Presidenta, Colombia tiene muchas dudas de las verdaderas motivaciones que hay detrás de este proyecto de resolución. Si las motivaciones realmente son los derechos de los Pueblos Indígenas, ¿por qué no hubo ni un solo pronunciamiento de rechazo contra las violaciones del régimen de Nicolás Maduro contra los indígenas Pemones? ¿Por qué no vemos la misma reacción ante las denuncias de los indígenas venezolanos que huyen de una dictadura que les arrebata sus tierras, agrede sus costumbres y símbolos y son recibidos en Colombia después de haber sido víctimas de violaciones de los derechos humanos?

No podemos distraer las reales causas de la crisis que vivió la hermana República de Bolivia como consecuencia del fraude electoral cuyo único beneficiario fue el ahora expresidente Evo Morales. Dicho fraude generó la reacción ciudadana por todos conocida, al revelarse, gracias al informe de la Organización de los Estados Americanos, ese entramado criminal. No le quedó a Morales otra alternativa que renunciar, escapar de su país y solicitar refugio, lo que permitió que tomara forma la transición constitucional a la que hoy está avocada la institucionalidad boliviana.

No hubo contra el Expresidente Morales ninguna conspiración; él tuvo que abandonar la presidencia porque una autoridad electoral a su servicio pretendió deliberadamente violentar la voluntad de los bolivianos falsificando, adulterando y manipulando dolosamente los resultados electorales. Enhorabuena la Organización de los Estados Americanos logró develar de manera minuciosa y detallada el articulado operativo y la manipulación informática que se había diseñado y ejecutado para garantizar la reelección presidencial.

El camino institucional que ha iniciado Bolivia, liderado por la Presidenta Jeanine Áñez, debe blindarse por la Organización de los Estados Americanos. Cualquier error en que se incurra podría descarrilar el proceso electoral a realizarse en el 2020. Los retos y riesgos no son pocos. ¡No digamos mentiras! El Expresidente Morales no salió de la presidencia por ser indígena; salió de la presidencia por intentar beneficiarse de una trampa. Tuvo que dejar el poder por desconocer la voluntad de un pueblo que le dijo NO a sus pretensiones reeleccionistas sin fin.

Señora Presidenta, lo que busca la resolución que hoy fue aprobada no es rechazar la violencia racial, sino interferir escandalosamente en el proceso electoral boliviano. Insisto, no nos digamos mentiras; con esto se pretende enviar un salvavidas a Evo Morales relegitimando su discurso y poniendo en entredicho el proceso de transición. Esta no es una resolución condigna con los esfuerzos que debe realizar la OEA para fortalecer la democracia en América; es un alegato político para tratar de dar oxígeno al beneficiario del fraude.

Como bien nos recordara la semana anterior el expresidente Quiroga, durante los catorce años del Gobierno de Morales, el sistema interamericano de derechos humanos se mantuvo silencioso y complaciente frente a los actos de violencia contra indígenas opositores o que no hacían parte del régimen, y solo ahora recuerda la garantía de los derechos de la población indígena boliviana. Las normas internacionales que aquí se han citado están sirviendo de instrumento no para el legítimo fin para el que fueron diseñadas, sino para lograr un propósito político e interferir el tránsito de Bolivia a la democracia.

Paz, respeto pleno a la democracia, los derechos humanos y apego a la legalidad, esos son los elementos que debemos hacer comunes frente al proceso que adelanta Bolivia, pues son ellos los que hacen posible los debates, el intercambio de opiniones y la construcción colectiva del bienestar para los ciudadanos de nuestras naciones a través de esta Organización.

Colombia presentará una nota de pie de página.

Muchas gracias.

La PRESIDENTA: Gracias, Embajador.

Tiene la palabra los Estados Unidos.

El REPRESENTANTE PERMANENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS: Thank you, Madam Chair.

We agree that the Organization of American States Permanent Council should carefully monitor the situation in Bolivia, although the current resolution is actually a distraction from the real problems in Bolivia. The United States will make four broad observations about the resolution:

First, the United States completely condemns racism and strongly agrees that indigenous people have the same rights and opportunities in every country, including Bolivia. The proponents of the resolution pretend that there is a major crisis and violence focused on indigenous people in Bolivia. Where is the proof? Not just one or two cases, but a pattern of violence against indigenous people. We have asked them to provide evidence, and they have not provided anything.

Last Thursday, there was an OAS special meeting of the Permanent Council, in which the Transitional Government of Bolivia described their respect for the indigenous people. The Transitional Government has continued to use the Wiphala, the indigenous flag, in state functions. We also note that the new Chargé of the Bolivian Embassy raised the Wiphala at the Bolivian Embassy in Washington as one of his first official acts. The transitional government has appointed indigenous ministers, and Bolivia’s constitutional provisions on indigenous rights remain intact.

In contrast, last week the Bolivian representatives described how the Morales regime violated the rights of the indigenous people, such as building a road through a national forest that damaged indigenous communities. After hearing these facts from the sovereign Government of Bolivia, what did the proponents do? Nothing. They completely ignored all contrary facts and still presented the same resolution.

Second, the resolution ignores the real problem in Bolivia. The Organization of American States Department of Electoral Cooperation and Observation (DECO) and others have exhaustively documented intentional and massive election fraud by the former Morales regime. The resolution says nothing about Morales’ election fraud and subversion of democracy. Instead, the resolution repeats the false claims of the former Morales regime, stated by former Minister of Foreign Affairs Diego Pary Rodríguez in this very chamber, that any claims of election fraud were just racism against the indigenous people. Now that the OAS and DECO have proven fraud, you would think that countries would take it seriously. The proponents ignore the real issue in Bolivia.

Third, why are certain CARICOM countries, which always preach the principle of non-intervention, intervening in the sovereign affairs of another country? Certain CARICOM member states have given many high-minded speeches decrying any actions to protect democracy in Venezuela or to address the human rights situation and human rights offenders in Venezuela. The report by the UN High Commissioner on Human Rights Michelle Bachelet documented thousands of extrajudicial killings in Venezuela, and these states refused to do anything.

Moreover, these states are determined not to intervene as President Ortega commits massive human rights violations and seeks to crush democracy in Nicaragua. The OAS High-Level Commission on Nicaragua has documented these human rights violations as a threat to democracy, but some of these CARICOM states are still reluctant to take any action.

Indeed, prior to the ouster of former President Morales, some of these CARICOM countries refused to take action in Bolivia and preferred to look the other way on the massive election fraud that took place. In our view, the work of the Organization of American States Electoral Observation Mission and DECO showed the OAS at its finest hour protecting democracy in the Western Hemisphere. Why do the proponents seek to ignore this, and instead peddle the Morales narrative?

How can some CARICOM countries support this resolution? The resolution directly violates all of their claimed support for non-intervention, since the resolution was presented without prior consultation with the Bolivian Government, and now they reject the very reasonable changes suggested by the Bolivian Government. After this, it will be very hard to take these CARICOM claims on the principle of non-intervention seriously.

Fourth, this resolution is not as innocuous as it sounds, and actually makes the situation worse. Of course, the United States condemns racism and supports the rights of indigenous people. If OAS member states want to condemn racism, we suggest that you support the Bolivian text.

The CARICOM resolution, in contrast, does not just condemn racism. The Transitional Government of Bolivia is not in a safe space as they consult with all political parties, including the MAS party and indigenous groups, to organize elections. Former President Morales still lurks outside Bolivia, seeking to overthrow the will of the people and to return to power. The OAS and all OAS member states need to support the Bolivian Transitional Government at this critical time, not support the racism narrative of the former Morales regime.

We vote on many resolutions: some of them are very important, others safely affirm our values, but this one undermines democracy and violates our values. We urge other OAS member states to recognize the resolution for what it is, a vote for the Bolivian alternative.

Thank you.

La PRESIDENTA: Gracias, Embajador.

Tiene la palabra el Embajador del Ecuador.

El REPRESENTANTE PERMANENTE DEL ECUADOR: Muchas gracias, señora Presidenta.

El Ecuador apoya, como ha dicho antes, como única salida para el restablecimiento de la convivencia pacífica en Bolivia tras el fraude electoral habido, el pleno respeto a los derechos humanos, la institucionalidad democrática y la pronta celebración de elecciones generales libres, justas y transparentes con las debidas garantías y acompañamiento internacional.

El Ecuador se ha abstenido en la votación del proyecto de resolución bajo examen porque a su juicio no es lo necesariamente balanceado ni equilibrado. Se pregunta si los principales beneficiarios aludidos del texto fueron consultados. En todo caso, mi país suscribe al llamado al respeto a los derechos de los Pueblos Indígenas en los términos de la Declaración Americana sobre Derechos Humanos de 2014 que mi país observa, aplica y promueve en virtud de la Constitución, de la Declaración Americana y de los demás instrumentos internacionales en la materia.

A nuestro juicio, el documento no contiene una vinculación directa ante la vigencia de la democracia y los derechos humanos de todos los habitantes de la hermana República de Bolivia que constituyen pilares fundamentales de esta Organización, consagradas en la Carta constitutiva de la Organización de los Estados Americanos y de la Carta Democrática Interamericana y que forman parte esencial de la política externa de mi país.

El Ecuador reitera su repudio a la violencia en todas sus formas como también ante la discriminación, especialmente aquella de género, étnica y racial; aboga por la solución de los desacuerdos a través del diálogo y la concertación recurriendo para el efecto a los canales institucionales de la democracia.

Solo en democracia se garantizan plenamente los derechos fundamentales de las personas: la paz, la solidaridad y la vigencia del Estado de derecho. Lo contrario podría dar paso a una utilización política tergiversada de la protección de los derechos que son inherentes a toda persona sin ninguna distinción e iría en contra de lo que ha sido la posición tradicional de mi país.

Muchas gracias, señora Presidenta.

La PRESIDENTA: Gracias, Embajador del Ecuador.

Tiene la palabra la Representante Interina de Panamá.

La REPRESENTANTE ALTERNA DE PANAMÁ: Gracias, señora Presidenta.

La República de Panamá, consciente de la situación política compleja que atraviesa nuestro hermano país de Bolivia y la urgente necesidad de encontrar una solución que permita recuperar la paz, manifiesta su satisfacción por el contenido de ambas propuestas sometidas a consideración en este Consejo Permanente. Panamá felicita ambas iniciativas que promueven el respeto y las garantías fundamentales del pueblo boliviano y su rechazo a todo tipo de discriminación en ese país.

En ese sentido, reiteramos el compromiso ineludible del Estado panameño con la promoción y protección de los derechos humanos y reconocemos que espacios como este, donde se trabajan mecanismos como los traídos hoy, deben contribuir al desarrollo de espacios de diálogos que propicien la paz, la convivencia pacífica y la equidad en beneficio de todos los ciudadanos bolivianos.

Muchas gracias.

La PRESIDENTA: Gracias a Panamá.

Tiene la palabra el Embajador de Bolivia.

El REPRESENTANTE PERMANENTE DE BOLIVIA: Gracias, señora Presidenta.

En primer lugar, quiero también dejar constancia de que vamos a poner nuestra posición en un pie de página respecto a la resolución aprobada y la resolución presentada por la Comunidad del Caribe (CARICOM). Yo no sé si es más grave la intencionalidad o la ingenuidad, pero escuchando a la Delegada, me da pena el caso de Panamá, porque es un país que debió estar ayudando a la pacificación de Bolivia.

En el caso de Nicaragua, agradezco que no esté con nosotros porque se trata de una dictadura con la que no nos queremos asociar y, además, que me extraña porque yo sé que algunos países del Caribe han recibido a representantes de los indígenas del Atlántico Norte de Nicaragua y de los Miskitos y conocen la situación de esas poblaciones indígenas en Nicaragua; y es penoso que acá estemos hablando de una violencia racista que no existió cuando tenemos la evidencia de lo que pasa en otros países, pero es así y, acá, quiero agradecer porque me ha emocionado saber que Bolivia tiene amigos comprometidos con la causa de la paz y de la restauración de la democracia en Bolivia. Los mensajes que han dado todos los países amigos nos estimulan. Yo sé que mucha gente en Bolivia está escuchando esta solidaridad de algunos países con la democracia boliviana.

Yo quiero decir que los que apoyan esta resolución que habla de masacres y de violencia racial están ingresando a un territorio que, como lo ha dicho el propio Embajador Representante de los Estados Unidos, está destinado a destruir en la Organización de los Estados Americanos, cada uno a su modo y de acuerdo a sus propios intereses políticos, el sentido de responsabilidad personal y de deber hacia un código moral porque un código moral tiene que estar establecido objetivamente sobre la verdad y debe aplicarse con base en los hechos y en la verdad.

Relativizando la verdad, el derecho y la justicia, no le estamos haciendo ningún favor a la OEA ni a nosotros mismos. Estamos actuando como esos consultores y operadores de cierta izquierda internacional que están alojados en muchas instituciones interamericanas y que no quieren conocer la verdad objetiva; no desean ver destruidas sus ilusiones, por eso construyen sus versiones antes de que los hechos ocurran y, frente a eso, es muy difícil establecer nuestra verdad o al menos la verdad objetiva. Les confunde la exaltación de la causa ideológica. Muy pocos tienen la integridad moral que tuvo Orwell de afirmar principios y valores por encima de sus principios ideológicos. Por eso, esperamos que los representantes permanentes de todos los países acá sentados comprendan y verifiquen muy pronto, cuando salgan los informes de peritos, informes verdaderamente técnicos, lo que ha ocurrido en Bolivia y se den cuenta que ahí no ha existido ninguna violencia racial. Ha existido un fraude electoral, un delito y el delincuente que ha cometido ese delito electoral se ha escapado del país y está en la Argentina y, por eso, por supuesto, Argentina apoya esta resolución. Está ahí buscando incendiar el país, que no se restablezca la democracia porque su partido ya tiene una posible candidata que es una Senadora boliviana y Evo Morales ve eso como un peligro y el fin de sus posibilidades políticas y por eso esta resolución le va a servir para seguir tratando de crear violencia en el país.

Los bolivianos han vivido días de terror por los grupos armados del señor Evo Morales y por eso nosotros hemos querido apaciguar la situación acá; hemos hecho unas pequeñas enmiendas a esa resolución eliminando los adjetivos de hechos que no han sido comprobados y recordándoles… y no han incorporado eso… y es que Bolivia tiene una Constitución muy progresista aprobada por Evo Morales y hemos tratado de poner el párrafo de esa Constitución que recoge los principios de las Naciones Unidas y de la OEA sobre el respeto a los derechos humanos y las poblaciones indígenas. Tenemos una ley contra el racismo que está vigente y los fiscales en Bolivia tienen la obligación de aplicar esa ley.

Todo esto en realidad no tiene un gran sentido práctico porque no hemos contribuido a la pacificación del país; su único objetivo en este momento, el único objetivo de la Presidenta y la Canciller es tener elecciones a la brevedad posible; pacificar el país y que a mediados del próximo año tengamos un gobierno legítimo elegido por cinco años y el país entre adelante y salga de sus problemas verdaderos que son de orden económico y social.

Muchas gracias, señora Presidenta.

La PRESIDENTA: Gracias, Embajador.

Tiene la palabra el Embajador de Venezuela.

El REPRESENTANTE PERMANENTE DE VENEZUELA: Muchas gracias, Presidenta.

En primer lugar, quiero anunciarle que vamos a solicitar la inclusión de una nota al pie de página para que quede constancia de nuestra posición. Como ya se ha visto, mi Delegación votó favorablemente las propuestas de enmienda presentadas por Bolivia y que buscaban una declaración equilibrada que no dejara ninguna duda en relación a la voluntad de respetar los derechos humanos pero que tampoco abriera puertas a maniobras políticas de escasa —y perdone la expresión— ética política.

La defensa de los derechos humanos y la protección de grupos especialmente vulnerables son pilares esenciales de la política del Gobierno del Presidente Juan Guaidó y por eso apoyamos cualquier iniciativa que tenga por finalidad proteger los derechos humanos, siempre y cuando se trate de propuestas equilibradas fundamentadas en pruebas y evitando cualquier tipo de sesgo. Era muy fácil haber logrado una decisión unánime. Muy, muy fácil, siempre y cuando hubiese habido por parte de un sector de los proponentes el deseo sincero de llegar a algo constructivo.

Estamos absolutamente seguros de que entre los Estados que apoyaron la resolución, algunos lo hicieron de buena fe creyendo estar defendiendo a la población indígena de Bolivia. Creemos que una vez que se conozcan y se establezca la verdad de lo sucedido en ese país, se darán cuenta de que fueron engañados por quienes redactaron este texto y la verdad se va a saber por cuanto el Gobierno de Bolivia ha estado absolutamente abierto a colaborar en cualquier investigación internacional, independiente y técnica en relación a los hechos de violencia ocurridos entre septiembre y diciembre de 2019 y ha invitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para una visita in loco. Esto lo entendemos como una obligación fundamental de cualquier gobierno democrático para sus ciudadanos.

Aprovechamos para recordar lo dicho por la excelentísima Embajadora de Panamá en el Consejo Permanente de la mañana del 11 de diciembre, en la ocasión en que se celebraba el Día de los Derechos Humanos, quien dijo textualmente:

“Los derechos humanos son inherentes a todos los seres humanos; no son negociables, su protección no puede ser aducida de manera selectiva, en unos casos sí y en otros casos mirar hacia el otro lado”.

En este sentido, la Delegación de Venezuela deja constancia y expresa su asombro ante la preocupación que expresan algunos estados en este Consejo Permanente respecto a los derechos humanos en Bolivia y su silencio absolutamente cómplice cuando se trata de los derechos humanos en Venezuela; violaciones de derechos humanos en Venezuela comprobados de manera reiterada y a través de varios años por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, confirmado por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la señora Michelle Bachelet, cuya posición fue ratificada en el día de ayer en las Naciones Unidas. Allí se detalla una violación sistemática de los derechos humanos por parte del régimen ilegítimo de Nicolás Maduro: siete mil ejecuciones extrajudiciales.

Y quisiera, en este momento, resaltar una parte del informe de la señora Bachelet que son aquellas páginas que se refieren a los atropellos que han sufrido nuestras comunidades indígenas. En el informe actualizado ayer, la señora Bachelet recuerda los acontecimientos en la comunidad Pemón de Ikabarú, cerca de la frontera del Brasil, en la cual ocho indígenas resultaron asesinados por unas bandas de delincuentes y de militares; no se sabe muy bien quién era quién, que solamente buscaban sacar a los indios de sus tierras ancestrales para explotar ilegalmente la riqueza en minerales de esa región.

Cabe destacar que, mientras el Gobierno de la Presidenta Áñez ha solicitado esta investigación internacional que antes mencionábamos y ha aceptado la visita in loco, los dictadores de Venezuela denunciaron al Pacto de San José de Costa Rica y se han dedicado a desprestigiar cualquier denuncia sobre su responsabilidad en la violación de los derechos de los venezolanos. Igualmente, rechazamos cualquier intento de presentar la situación boliviana en la cual se coloque a Evo Morales como una víctima y al Gobierno Interino como agresor.

El verdadero culpable de lo que ocurre en Bolivia es Evo Morales. Toda la responsabilidad de la crisis viene, además, de muchos otros hechos que no son un detonante inmediato, del gigantesco fraude que intentó perpetrar y que fue debidamente constatado por la Misión de Observación Electoral de esta Organización; fraude que fue reconocido por el propio Evo Morales cuando destituyó a los vocales del Tribunal Supremo Electoral y ordenó la repetición de las elecciones. Si las elecciones hubiesen sido medianamente libres, jamás hubiese Evo Morales destituido a los miembros del Tribunal Electoral que él mismo había designado y reconocido que las elecciones debían ser repetidas. Como decimos los abogados, a confesión de partes, relevo de pruebas.

Insistimos en que debe abandonarse esta noción errada o la creencia errada de que una postura sesgada frente a los derechos humanos pueda tener algo de positivo. El tener posturas ideológicas diferentes es algo inherente a la naturaleza humana y a la existencia de la democracia, pero condenar la violación de los derechos humanos cuando conviene y cerrar los ojos cuando no nos parezca conveniente, es sencillamente inhumano.

Ratificamos nuestro compromiso con los derechos humanos en Bolivia y en todas partes del mundo y con la lucha por la democracia, el Estado de derecho y la protección de las personas más vulnerables.

El deseo de mi Delegación, señora Presidenta, es que el pueblo boliviano pueda celebrar elecciones libres y justas lo antes posible para retomar la senda de la unidad y de la prosperidad.

Gracias, señora Presidenta.

La PRESIDENTA: Gracias, Embajador.

Tiene la palabra el Representante Interino del Uruguay.

El REPRESENTANTE INTERINO DEL URUGUAY: Muchas gracias, señora Presidenta.

Esta Delegación desea referirse, una vez más, y en razón de su importancia, a las observaciones preliminares recogidas en el Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En tal sentido, deseamos destacar algunos de sus párrafos textuales:

“Que los actos lesivos de los derechos de las personas bolivianas observados por la CIDH fueron cometidos en el curso de la represión de las protestas por distintos agentes del Estado; que se han referido a la realización de operaciones conjuntas entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas con el objetivo de mantener y restablecer el orden público con excesivo uso de la fuerza; así como a la emisión del Decreto Supremo No. 4.078 con el fin de eximir de responsabilidad penal al personal de las Fuerzas Armadas que hubiera participado en los operativos para el restablecimiento del orden interno; que en el curso de las acciones de represión de las marchas y manifestaciones, diversas personas habrían resultado heridas por golpes, disparos, o por la utilización indiscriminada de gases lacrimógenos u objetos contundentes; que las operaciones llevadas a cabo por dichas fuerzas conjuntas militares y policiales habrían resultado en la pérdida de vidas humanas en diferentes sucesos en todo el país”.

“En este contexto, la CIDH recuerda que el Estado tiene la obligación de investigar los hechos de violencia, saqueo, incendio y destrucción en los que han participado personas particulares, identificando, juzgando y sancionando a los responsables, máxime cuando han resultado personas heridas durante los mismos. Además, tiene la obligación de impedir que grupos privados ejerzan la violencia; de investigar los hechos en los que han participado; y en el caso de que lo hayan hecho en convivencia, en asociación, o bajo la permisividad o inacción de las autoridades estatales…”

Debe tomarse en cuenta, además, que “la Comisión también toma nota de que fueron consistentes las declaraciones de quienes tomaron parte en algunas manifestaciones, en el sentido de que estaban protestando contra actos y patrones de racismo y discriminación.” Igualmente, la Comisión, en su informe destaca “los impactos que la situación actual ha tenido sobre los derechos de los pueblos indígenas de Bolivia, que conforman un sector mayoritario de la población. Entre ellos sobresale la afectación del derecho a la integridad cultural de las personas indígenas… En relación con este punto, la CIDH recuerda que la incitación a la violencia y los discursos de odio están prohibidos bajo la Convención Americana, mucho más cuando son esgrimidos por funcionarios públicos o líderes sociales para exacerbar situaciones de violencia y tensión social. Por otra parte, bajo la Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas, los pueblos autóctonos de Bolivia tienen derecho a la integridad y dignidad de sus culturas.”

Por último, Uruguay desea destacar que mantiene una diferencia con respecto a la redacción del párrafo operativo dos, relativo a la resolución aprobada en este Consejo Permanente cuando menciona símbolos, tradiciones y prácticas religiosas por entender que los sujetos de derechos pasibles de protección contra la violencia y la discriminación son únicamente los seres humanos. En tal sentido, Uruguay presentará la correspondiente nota de pie de página.

Muchas gracias, señora Presidenta.

La PRESIDENTA: Gracias al Uruguay.

Tiene la palabra el Embajador del Canadá.

El REPRESENTANTE PERMANENTE DEL CANADÁ: Thank you very much, Madam Chair.

Canada thanks our Caribbean colleagues for bringing this matter to the attention of the Permanent Council, and for engaging with members on the text of the resolution that aims to reject acts of intolerance, discrimination, and racially motivated violence.

We have actually engaged with fellow members with the aim of arriving in a constructive text that reflects important recent developments and supports the goals of democratic reconciliation and respect for human rights in Bolivia. In the end, however, we would have preferred more time to achieve greater consensus on this text through engagement by all of the parties involved.

Even though we support the main elements of this resolution, we concluded that we had to abstain at this time. Canada remains deeply concerned by reports of human rights violations and abuses committed against anyone, this includes human rights violation and abuses against indigenous persons, wherever they may occur, including violations of cultural rights and discrimination.

Canada would also like to underscore the significance of the December 12 agreement between the IACHR and the Interim Government of Bolivia to create an international group of independent experts to help investigate the violent acts that took place between September and December 2019, in the context of the October 20 elections. This is an important commitment, and Canada has strongly encouraged this continued cooperation by Bolivian authorities in order to ensure the implementation of the December 12 agreement, as well as full respect of Bolivia’s obligations under applicable international human rights law.

We look forward to continuing to engage with indigenous peoples in Bolivia and across the Hemisphere, as well as partners at the Organization of American States to address priorities and concerns identified by indigenous communities.

Thank you.

La PRESIDENTA: Gracias, Embajador.

Tiene la palabra el Embajador de Belize.

El REPRESENTANTE PERMANENTE DE BELIZE: Thank you, Madam Chair.

Madam Chair, on behalf of the Chairman of the CARICOM group, Ambassador Anton Edmunds, and as mentioned in the meeting of regional coordinators, one which you so graciously called and one where we promised to welcome input and we included the input that did not come merely a few hours ago, for the proponents, this is not an act of political theater. It is a stance based on principle, one that for the nations of the Caribbean goes all the way back to our very foundations as a regional integration movement. Let it be known, Madam Chair, that we stand with the people of Bolivia, all the people of Bolivia, as they go through this most difficult time.

I thank you, Madam Chair.

La PRESIDENTA: Gracias, Embajador de Belize.

Quiero recordar a las delegaciones que sus declaraciones el día de hoy van a estar en el récord de esta sesión ordinaria del Consejo Permanente y solicito muy atentamente que los pies de página que han sido anunciados y también mencionados por las delegaciones se hagan llegar a la Secretaría a la brevedad posible.

Aprobación de las siguientes actas de sesiones del Consejo Permanente

La PRESIDENTA: Pasamos ahora, según el orden del día, a considerar por parte de la Sala las actas de las sesiones del Consejo Permanente que aparecen disponibles en sus pantallas y que son todas del año 2016 y van del 2087 al 2099.

- CP/ACTA. 2087 (Acta de la sesión ordinaria del Consejo Permanente del 31 de agosto de 2016)

- CP/ACTA. 2088 (Acta de la sesión ordinaria del Consejo Permanente del 7 de septiembre de 2016)

- CP/ACTA. 2089 (Acta de la sesión ordinaria del Consejo Permanente del 21 de septiembre de 2016)

- CP/ACTA. 2090 (Acta de la sesión extraordinaria del Consejo Permanente del 13 de octubre de 2016)

- CP/ACTA. 2091 (Acta de la sesión ordinaria del Consejo Permanente del 13 de octubre de 2016)

- CP/ACTA. 2092 (Acta de la sesión ordinaria del Consejo Permanente del 19 de octubre de 2016)

- CP/ACTA. 2093 (Acta de la sesión ordinaria del Consejo Permanente del 31 de octubre de 2016)

- CP/ACTA. 2094 (Acta de la sesión ordinaria del Consejo Permanente del 9 de noviembre de 2016)

- CP/ACTA. 2095 (Acta de la sesión extraordinaria del Consejo Permanente del 16 de noviembre de 2016)

- CP/ACTA. 2096 (Acta de la sesión extraordinaria del Consejo Permanente del 18 de noviembre de 2016)

- CP/ACTA. 2097 (Acta de la sesión extraordinaria del Consejo Permanente del 1 de diciembre de 2016)

- CP/ACTA. 2098 (Acta de la sesión ordinaria del Consejo Permanente del 1 de diciembre de 2016)

- CP/ACTA. 2099 (Acta de la sesión ordinaria del Consejo Permanente del 15 de diciembre de 2016)

De no haber observaciones, damos por aprobadas las actas que he puesto a consideración. Aprobadas.

Despedida de la excelentísima señora Embajadora Ruth Tapia Roa, Representante Permanente de Nicaragua

La PRESIDENTA: Procederemos ahora a despedir a nuestra colega, la Representante Permanente de Nicaragua, Embajadora Ruth Tapia Roa.

La Embajadora Tapia presentó sus cartas credenciales ante la Secretaría General el miércoles 2 de octubre. Ella es abogada de la Universidad Centroamericana de Nicaragua y continuó sus estudios académicos obteniendo la maestría en Diplomacia y Relaciones Internacionales en París, Francia. Además, es diplomada en el cuarto curso de Seguridad y Defensa. La Embajadora Tapia fue la primera mujer al frente del Ministerio de Defensa de su país y ha ocupado importantes cargos directivos en el Instituto de Previsión Social Militar y en la Empresa Administradora de Aeropuertos Internacionales.

Ha servido a la República de Nicaragua como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria ante los Gobiernos de Francia y Portugal. También ha fungido como representante de Nicaragua ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y ha representado a su gobierno en múltiples foros y reuniones internacionales.

En nombre del Consejo Permanente, Embajadora Tapia Roa, le deseamos el mayor de los éxitos en sus próximos proyectos.

Ofrezco ahora la palabra a los coordinadores de los grupos regionales.

El Salvador tiene la palabra.

La REPRESENTANTE INTERINA DE EL SALVADOR: Muchas gracias, señora Presidenta.

En nombre de las Representaciones Permanentes de Belize, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá y República Dominicana, me corresponde despedir este día a la Embajadora Ruth Esperanza Tapia Roa que durante el tiempo que se desempeñó como Representante Permanente de Nicaragua ante la Organización de los Estados Americanos demostró ser una diplomática muy comprometida con sus principios y la defensa de los intereses de su patria.

Reconocemos su participación activa en los debates e intercambios de experiencias tanto dentro del Consejo Permanente como en el Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral y otros espacios de la Organización con la determinación y fuerza que la caracterizan.

Destacamos también el interés de la Embajadora Tapia con los temas de empoderamiento de la mujer y la atención prioritaria a los grupos en situación de vulnerabilidad, así como su participación activa desde los primeros días de su misión en apoyo a las actividades de la Organización de Mujeres de las Américas que beneficia particularmente a estos grupos.

No nos queda más que desearle nuestros mejores deseos en su regreso a su patria, con la seguridad de que sus cualidades personales y capacidades profesionales le asegurarán el éxito en cualquier gestión que se le asigne.

Buen viaje, Embajadora.

La PRESIDENTA: Gracias a la Embajadora Wendy Acevedo, Representante Interina de El Salvador.

Tiene la palabra la Embajadora de Grenada.

La REPRESENTANTE PERMANENTE DE GRENADA: Thank you very much, Chair, and while I am not representing CARICOM, I am sure they will join in the sentiments that I am about to express.

I just want to say a parting farewell to you, and I am sure your endeavors will take you to greater and higher places. I appreciate your presence here as another female ambassador —of course our numbers go down a little—, but your participation in all the activities and the Permanent Council and the other councils of the Organization of American States was very much appreciated. Of course, it came with your experience in this field. We will miss you. I wish we had an opportunity to get to know more of you, but I am sure your country will be well represented here at the OAS, and I bid you farewell and good luck in everything that you do.

Thank you.

La PRESIDENTA: Gracias, Embajadora.

Tiene la palabra el Embajador del Canadá.

El REPRESENTANTE PERMANENTE DEL CANADÁ: Muchas gracias, señora Presidenta.

It is an opportunity this morning for me to take the floor for a minute as well to thank Ambassador Ruth Tapia Roa for your work here at the Organization of American States. We did not have a lot of time to work together here, but I wanted to take this opportunity to wish you well and all the best in your future endeavors.

It is also an opportunity for me, on behalf of Canada, to reiterate our commitment to working with Nicaragua, here at the Organization of American States and elsewhere, to find a peaceful and democratic solution to the ongoing crisis in that country, and to reiterate our call on your Government to fully cooperate with the OAS to achieve this goal, including with the recommendations coming out of the OAS High-Level Commission on Nicaragua.

Once again, Ambassador, thank you for you work here.

Thank you.

La PRESIDENTA: Gracias, Embajador.

Tiene la palabra el Embajador de Trinidad y Tobago.

El REPRESENTANTE PERMANENTE DE TRINIDAD Y TOBAGO: Muchas gracias, señora Presidenta.

Chair, distinguished colleagues, I take the floor on behalf of the delegations of CARICOM to bid farewell to our distinguished colleague, Permanent Representative of Nicaragua. During your short but very impactful time here, I recall several occasions on which not only as an individual permanent representative, but in the context of the CARICOM Caucus, we have been able to collaborate with you to advance several matters of mutual interest, including the one which we accomplished today.

On behalf of the CARICOM delegations, we therefore wish to extend to you best wishes in the future, we note your very distinguished and long career of service in this field, we note your very distinguishable achievements as a female ambassador and as a female Minister of Defense in your country, and therefore we are certain that as you go forward, you will continue to achieve the same level of success, as short is your time may be wherever you go. In that short time, you are guaranteed to achieve success, and your impact and influence will certainly be beneficial not only to your country, but to all of the member states with whom you share good relations.

Thank you very much for your service here. It has been an honor to serve with you.

Thank you.

La PRESIDENTA: Gracias, Embajador.

Tiene la palabra la Delegada Alterna de México.

La REPRESENTANTE ALTERNA DE MÉXICO: Muchas gracias, señora Presidenta.

A nombre de la Embajadora Luz Elena Baños Rivas y de toda la Delegación de México, despedimos fraternalmente a la Embajadora Ruth Tapia Roa cuya gestión al frente de la Misión Permanente de Nicaragua ante esta Organización reflejó fielmente su fuerte compromiso con su patria y con la defensa de sus intereses.

No dudamos que sus habilidades y su amplia trayectoria le auguran mucho éxito en los próximos proyectos que emprenda y le deseamos el mayor de los éxitos en sus próximas encomiendas.

Muchas gracias, Embajadora.

La PRESIDENTA: Gracias a México.

Tiene la palabra el Secretario General Adjunto, Embajador Nestor Mendez.

El SECRETARIO GENERAL ADJUNTO: Muchísimas gracias, señora Presidenta.

A nombre de la Secretaría General y del Secretario General, tengo el honor de tomar la palabra para agradecer a la distinguida Embajadora de Nicaragua que se despide de nosotros hoy.

Embajadora, su presencia ha sido breve, pero ha dejado su impronta en estos meses que la hemos tenido como Representante Permanente de Nicaragua. A lo largo de este tiempo que nos acompañó, pudimos observar su experiencia como diplomática y su claridad a la hora de expresar sus ideas. Durante este período también, estimada Embajadora, usted supo demostrar que es una profesional que defiende con firmeza sus ideales y no titubea a la hora de manifestar su opinión y hacerlo de manera seria y respetuosa. Le deseamos todo lo mejor en su nuevo destino y sepa que acá, en la Casa de las Américas, siempre tendrá las puertas abiertas y siempre tendrá sus amigos. Que le vaya muy bien.

La PRESIDENTA: Muchas gracias.

Ofrezco ahora la palabra a la Embajadora Ruth Esperanza Tapia Roa, Representante Permanente de Nicaragua.

La REPRESENTANTE PERMANENTE DE NICARAGUA: Muchas gracias, señora Presidenta.

En primer término, quiero agradecer las amables intervenciones como las que me han dispensado las distinguidas embajadoras y distinguidos embajadores en este Consejo Permanente, quienes han sido muy generosos conmigo. Durante mi paso por la Organización de los Estados Americanos, me llevo la gratitud del aprendizaje, el crecimiento, la deferencia y los gestos de amistad que recibí de muchos de ustedes.

Como diplomática, me toca ahora asumir nuevas responsabilidades que me ha encomendado mi Gobierno y estoy segura de que en el camino de la vida nos volveremos a ver muy pronto.

Agradezco a los secretarios de las diferentes dependencias de la Organización que tuvieron la gentileza de recibirme y compartir la importante labor que realizan; asimismo, al personal de sala y los intérpretes por su valiosa labor.

Al despedirme de este Consejo Permanente, los dejo con un fragmento del poeta universal nicaragüense Rubén Darío, que dice:

A través de las páginas fatales de la historia,

nuestra tierra está hecha de vigor y de gloria,

nuestra tierra está hecha para la Humanidad.

Pueblo vibrante, fuerte, apasionado, altivo;

pueblo que tiene la conciencia de ser vivo,

y que reuniendo sus energías en haz

portentoso, a la Patria vigoroso demuestra

que puede bravamente presentar en su diestra

el acero de guerra o el olivo de paz.

Cuando Dante llevaba a la Sorbona ciencia

y su maravilloso corazón florentino,

creo que concretaba el alma de Florencia,

y su ciudad estaba en el libro divino.

Si pequeña es la Patria, uno grande la sueña.

Mis ilusiones, y mis deseos, y mis

esperanzas, me dicen que no hay patria pequeña.

Y León es hoy a mí como Roma o París.

Muchas gracias, señora Presidenta.

La PRESIDENTA: Gracias, Embajadora Tapia. Le deseamos muchos éxitos junto con su familia en sus nuevos proyectos.

[Aplausos]

Estimados colegas, hemos concluido con el orden del día de esta sesión.

Antes de ofrecer la palabra a las delegaciones, esta Presidencia aprovecha la ocasión para informar acerca del estado de cumplimiento del mandato contenido en la resolución AG/RES. 2939, párrafo once. El mismo se refiere a la realización de una sesión conjunta del Consejo Permanente y el Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI) para recibir las conclusiones del estudio denominado “Herramientas y entidades del sistema interamericano para abordar la respuesta de desastres naturales”. Al respecto, hago de su conocimiento que, a pesar del interés de esta Presidencia en cumplir con el mandato, las conclusiones completas del mencionado estudio no fueron presentadas por parte de la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (SEDI) para consideración de los Estados Miembros en la sesión conjunta CP/CIDI que se había previsto conforme al mandato.

Refiero, asimismo, que en reunión de la Comisión de Políticas de Cooperación Solidaria para el desarrollo el 16 de los corrientes, el Departamento de Desarrollo Sostenible de la SEDI informó, por un lado, que el estudio en mención ya recibió los aportes de la Secretaría de Seguridad Multidimensional y de la Junta Interamericana de Defensa pero que, por otro lado, informó que aún está a la espera de recibir los comentarios por parte de la Organización Panamericana de la Salud.

La Presidenta de la Comisión de Políticas, Lilia Sánchez de Morehead, señaló que para dar continuidad al esfuerzo que han sostenido los Estados Miembros para hacer avanzar esta temática se retomará su discusión durante la segunda semana de enero de 2020 y se presentará un calendario de reuniones informales que agilicen el cumplimiento del mandato de la Asamblea General.

En esa virtud, esta Presidencia deja constancia hoy del estado que guarda este tema y que lo trasladará como asunto pendiente a la Presidencia del Consejo Permanente entrante y Presidencia del CIDI, Guyana.

Otros asuntos

La PRESIDENTA: Ofrezco ahora la palabra a las delegaciones que deseen traer a la atención de este Consejo Permanente otros asuntos de carácter informativo.

Venezuela, tiene la palabra.

El REPRESENTANTE PERMANENTE DE VENEZUELA: El Tribunal Supremo de Justicia espurio de Venezuela, en sentencia del 16 de diciembre del año 2019, levantó la inmunidad parlamentaria a los diputados Jorge Millán, Luis Stefanelli, Hernán Alemán y Carlos Lozano. Con esto, llegan a treintaidós los diputados cuya inmunidad parlamentaria ha sido levantada en abierta violación de los mecanismos que para ello establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Los diputados fueron acusados de traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil, concierto para delinquir, usurpación de funciones, instigación pública a la desobediencia y al odio continuado. Todo eso fue descubierto de la noche a la mañana por el Tribunal Supremo de Justicia y la clara intención es ir disolviendo paulatinamente la Asamblea Nacional. Esto, evidentemente, debe causar alarma en todos aquellos que creen que la voluntad del pueblo debe ser respetada, que es la finalidad que tiene la inmunidad parlamentaria. A estos efectos, la Asamblea Nacional ayer, con el voto de bastante más de la mitad de sus miembros —los que aún pueden estar allí sentados—, resolvió modificar el reglamento interior y de debate con la finalidad de permitir el voto electrónico de los diputados que se encuentren fuera del país, como forma de preservar el mandato que fue dado por el pueblo venezolano en el año 2015.

Es todo, señora Presidenta.

La PRESIDENTA: Gracias, Embajador de Venezuela.

Antes de concluir, quisiera expresar mi agradecimiento a todos los Estados Miembros por su apoyo durante este Consejo Permanente, a la Secretaría General, a la Secretaría General Adjunta, a la Secretaría de Asuntos Jurídicos y a la Secretaría del Consejo, a Conferencias, a los intérpretes por el apoyo siempre diligente y profesional que han brindado a la Presidencia de Guatemala.

No habiendo más solicitudes de palabra y agradeciendo a todos por su participación, se levanta la sesión.

[Se levanta la sesión a la 1:33 p.m.]

ANEXO

Resolución aprobada

CP/RES. 1142 (2268/19): Rechazo de la violencia y llamamiento al pleno respeto de los derechos de los Pueblos Indígenas en el Estado Plurinacional de Bolivia

OEA/Ser.G

CP/RES. 1142 (2268/19) rev. 2

9 enero 2020

Original: inglés

CP/RES. 1142 (2268/19)

RECHAZO DE LA VIOLENCIA Y LLAMAMIENTO AL PLENO RESPETO DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN EL

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA [1]^(/2/3/4/5/6/7/8/9/10)

(Aprobada por el Consejo Permanente en la sesión ordinaria celebrada

el 18 de diciembre de 2019)

EL CONSEJO PERMANENTE DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS,

TENIENDO EN CUENTA los objetivos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y aquellos de la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA);

TENIENDO PRESENTE que las convenciones internacionales y hemisféricas sobre derechos humanos contienen los valores y principios de libertad, igualdad y justicia social que son intrínsecos a la democracia;

DESTACANDO la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, cuyo artículo 1 establece que “[l]os indígenas tienen derecho, como pueblos o como individuos, al disfrute pleno de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos en la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y las normas internacionales de derechos humanos”; la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, de Naciones Unidas, y la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas [AG/RES. 2888 (XLVI-O/16)], cuyo artículo XII afirma que “[l]os pueblos indígenas tienen derecho a no ser objeto de racismo, discriminación racial, xenofobia ni otras formas conexas de intolerancia. Los Estados adoptarán las medidas preventivas y correctivas necesarias para la plena y efectiva protección de este derecho”.

TOMANDO NOTA de las profundas preocupaciones sobre la situación de los derechos humanos, incluida la violencia racista y discriminatoria, expresadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en sus observaciones preliminares del 10 de diciembre de 2019, tras su visita a Bolivia;

TOMANDO NOTA TAMBIÉN de las conclusiones de la CIDH de que se produjo una ola de violencia luego del proceso electoral y de que se formularon graves denuncias sobre violaciones de los derechos humanos, incluidas detenciones y arrestos arbitrarios, matanzas y asesinatos, lesiones a la población civil, criminalización y persecución de opositores políticos, y violaciones de la libertad de expresión;

RECORDANDO la “Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en las Américas” [AG/DEC. 79 (XLIV-O/14], la cual reafirma que avanzar en la promoción y protección efectiva de los derechos de los pueblos indígenas de las Américas es una prioridad para la OEA;

RECORDANDO TAMBIÉN el artículo 9 de la Carta Democrática Interamericana que establece que: “[l]a eliminación de toda forma de discriminación, especialmente la discriminación de género, étnica y racial, y de las diversas formas de intolerancia, así como la promoción y protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas y los migrantes y el respeto a la diversidad étnica, cultural y religiosa en las Américas, contribuyen al fortalecimiento de la democracia y la participación ciudadana”;

RECONOCIENDO que, a pesar de las mejoras producidas durante la última década, los pueblos indígenas de Bolivia han sufrido injusticias históricas como consecuencia de la colonización y el despojo de sus tierras, territorios y recursos, entre otros, lo cual les ha impedido ejercer plenamente, en particular, su derecho al desarrollo en consonancia con sus necesidades e intereses propios;

DESTACANDO QUE los derechos inherentes de los pueblos indígenas de Bolivia, que derivan de sus estructuras políticas, económicas y sociales, así como de sus culturas, tradiciones espirituales, historias y filosofías, especialmente sus derechos a sus tierras, territorios y recursos, deben ser respetados y promovidos;

REAFIRMANDO que los pueblos indígenas, en el ejercicio de sus derechos, deben estar libres de todo tipo de discriminación;

CONSIDERANDO la importancia de eliminar todas las formas de discriminación racial o de violencia que derive de éstas que afecten a los ciudadanos de las Américas, especialmente a los pueblos indígenas, y tomando en cuenta la responsabilidad de los Estados de combatirlas;

AFIRMANDO que toda doctrina, política y práctica que se base en la promoción de la superioridad de pueblos o personas basándose en el origen nacional, racial, religioso, étnico o en las diferencias culturales en Bolivia, es racista, científicamente falsa, jurídicamente inválida, moralmente condenable y socialmente injusta; y

ACOGIENDO CON BENEPLÁCITO el acuerdo firmado entre las autoridades bolivianas y la CIDH para instalar un grupo independiente de expertos internacionales para investigar los actos de violencia ocurridos entre septiembre y diciembre de 2019,

RESUELVE:

1. Condenar las violaciones a los derechos humanos y el uso de la violencia contra cualquier ciudadano de Bolivia, especialmente toda forma de violencia e intimidación contra los bolivianos de origen indígena.

2. Condenar también la intolerancia hacia los símbolos, vestigios tradicionales y prácticas religiosas, así como cualquier aspecto de la civilización indígena que pueda ser objeto de trato o mención desigual.

3. Subrayar la necesidad de que las autoridades del Estado Plurinacional de Bolivia cumplan su responsabilidad inherente, como parte de la comunidad de naciones, de proteger los derechos humanos de todos en Bolivia.

4. Instar a las autoridades del Estado Plurinacional de Bolivia a que respeten, cumplan y pongan en práctica eficazmente todas sus obligaciones derivadas del derecho internacional relativas a los pueblos indígenas, especialmente aquellas obligaciones relacionadas con los derechos humanos.

5. Reiterar el llamamiento realizado por el Consejo Permanente de la OEA el 20 de noviembre de 2019, en la resolución CP/RES. 1140 (2259/19) rev. 1, a todos los actores políticos y civiles en Bolivia, incluidas todas las autoridades, la sociedad civil, las fuerzas militares y de seguridad y el público general, para que cesen inmediatamente la violencia, preserven la paz y busquen un diálogo franco que promueva la reconciliación democrática nacional.

6. Hacer un llamamiento a las autoridades bolivianas para que garanticen, de manera plena e irrestricta, la observancia y la protección de los derechos humanos y garanticen la responsabilidad por cualquier violación de los mismos, de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos, tal como se refleja en la resolución CP/RES. 1140 (2259/19) rev. 1, del Consejo Permanente de la OEA.

NOTAS DE PIE DE PÁGINA

1. … un profundo compromiso con la democracia. Costa Rica considera y propuso cambios a la resolución y a las enmiendas, sin embargo, no puede acompañar las propuestas pues hubiésemos deseado que reflejaran la extensión de lo sucedido en Bolivia, y esa relación indisoluble entre democracia, derechos humanos (todos y de todos) y el dialogo inclusivo como mecanismo pacifico para construir paz social.

Costa Rica rechaza cualquier forma de violencia. Lamentamos las muertes y las graves denuncias sobre violaciones de derechos humanos, las cuales deben ser efectivamente investigadas por las autoridades competentes. Nos solidarizamos, además, con el pueblo boliviano, en especial con las víctimas, todas ellas. Condenamos sin duda cualquier forma de violencia racial o discriminación contra personas o comunidades indígenas o de cualquier otro origen étnico o condición social, así como los discursos de odio y discriminación. También lamentamos las irregularidades en el proceso electoral que violentaron la libertad democrática del pueblo boliviano. Costa Rica también lamenta el involucramiento de fuerzas militares y policías en decisiones cívicas y democráticas.

Costa Rica aboga también por el diálogo inclusivo, que requiere reflexión, sentido autocrítico, mesura y tolerancia. A través de él, confía en que Bolivia pueda encontrar la senda de la paz, la democracia y la reconciliación, junto con la pronta realización de elecciones libres, con todas las garantías, de conformidad con su Constitución Política y sus leyes. En esa reconciliación también será fundamental la justicia, la verdad y la reparación de todas las víctimas de violaciones de derechos humanos, sin distinción de ningún tipo.

2. … con el apoyo de Brasil.

Sin embargo, conocemos las razones que sustentan la presentación de esta iniciativa. En el contexto de las elecciones generales de octubre pasado, ni siquiera leyendo el texto de esta resolución de la manera más ingenua podría disociársele del juego político que se observa en Bolivia en los últimos meses.

Es preciso no perder de vista la perspectiva y el contexto. La presente resolución no transmite la preocupación genuina de promover y proteger los derechos humanos de los pueblos indígenas de Bolivia. Esta iniciativa se inserta en el contexto del proceso electoral de Bolivia y sus consecuencias.

Brasil apoya las iniciativas sustentadas en valores y principios nobles e incontestables, pero no así aquellas cuyo propósito es justificar, de manera oblicua y oscura, la defensa de intereses políticos contrarios a los principios más básicos de la democracia.

Esta resolución no promueve y ni siquiera tiene como objetivo promover los derechos humanos de los pueblos indígenas de Bolivia. Solo sirve para apoyar la falsa tesis de algunos actores políticos bolivianos malintencionados de que habría componentes racistas en el proceso que culminó con la salida del anterior gobierno.

Al abstenerse en la votación respecto de esta resolución, Brasil no se está manifestando en contra de los derechos de los pueblos indígenas de Bolivia. Por el contrario, intenta evitar que, por veladas motivaciones políticas, se establezca una relación equívoca entre el actual proceso de transición democrática en Bolivia y los supuestos componentes racistas: tesis que repudiamos en los más firmes términos.

Brasil apoya al Gobierno de transición en Bolivia en sus esfuerzos encaminados a llevar al país a la normalidad institucional, mediante elecciones libres, transparentes y justas. Exhortamos a todos los actores políticos de Bolivia a que asuman su papel cívico y no se embarquen en teorías imaginarias y conspiratorias que solo incitan a la violencia, la discriminación y al discurso de odio entre la población.

3. … sigue la narrativa del expresidente Morales, que utilizó reclamos de racismo para ocultar su fraude electoral masivo e intencional. En lugar de adoptar esta resolución, los Estados Miembros de la OEA deberían apoyar el compromiso adoptado por el Gobierno de transición de Bolivia de trabajar con todos los partidos políticos y actores sociales interesados, incluidos los grupos indígenas, para organizar elecciones plenamente incluyentes, libres y justas. Estados Unidos acoge con beneplácito el uso continuo de símbolos indígenas por el Gobierno de transición de Bolivia y la aplicación de todas las disposiciones constitucionales relativas a los derechos de los pueblos indígenas. Tomamos nota también de la continua colaboración del Gobierno de transición de Bolivia con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en lo relativo a los actos de violencia, incluida la violencia racial.

4. … son solo las personas, los sujetos titulares del derecho a la protección contra la violencia y la discriminación por parte del Estado.

5. … de Bolivia, especialmente la violencia en contra de la población boliviana de origen indígena, a la vez que reitera su invariable condena al Golpe de Estado perpetrado en contra del Gobierno legítimo del Estado Plurinacional de Bolivia, a cualquier acción realizadas por instancias que actúen como resultado de este Golpe de Estado y su rechazo a la Resolución Presentada el 20 de noviembre de 2019 en el Consejo Permanente de la OEA.

6. … contribuye a la pacificación del país. La Resolución se basa en un informe preliminar e incompleto de la CIDH sobre los sucesos de violencia en Bolivia, sin mencionar que fueron consecuencia del fraude electoral cometido deliberadamente por el gobierno del ex presidente Evo Morales; ignora la resistencia pacífica de los ciudadanos de Bolivia que, sin distinciones geográficas o étnicas, ejercieron ejemplarmente su derecho a la protesta pacífica para pedir la renuncia del ex presidente y fueron objeto de violencia y terror por parte de grupos irregulares armados amparados por el gobierno anterior. Esta Resolución tiene un contenido político que no recoge la verdad de los hechos de violencia en Bolivia ocurridos antes, durante y después del fraude electoral y la consiguiente renuncia de Evo Morales. La Resolución, al igual que el informe preliminar de la CIDH, califica, sin la debida diligencia, sin pruebas forenses ni técnicas, los hechos de violencia como "masacres" y los atribuye en forma general al Estado. Lo que la Democracia boliviana requiere hoy es el apoyo de la comunidad internacional al proceso de reconciliación nacional y nuevas elecciones presidenciales que constituyen el mandato fundamental del gobierno de transición de la Presidenta Jeanine Áñez. Bolivia considera además prematuro el contenido y tono condenatorio de la Resolución aprobada, dado el compromiso con los más altos valores de protección a la sociedad en su conjunto y el respeto a las libertades individuales de todos los bolivianos por parte del actual gobierno de Bolivia, plasmado en el acuerdo firmado recientemente con la CIDH para una investigación independiente a ser llevada a cabo por profesionales independientes del más alto nivel y con las mayores garantías de colaboración por parte de Bolivia, además de la invitación a la CIDH para realizar una visita in loco a la brevedad posible.

8. … democrática y la pronta celebración de elecciones generales, libres, justas y transparentes con las debidas garantías y acompañamiento internacional.

El Ecuador se abstuvo en la votación de esta resolución, porque a su juicio no es to necesariamente balanceada ni equilibrada. Se pregunta si los principales beneficiarios o aludidos al texto fueron consultados. Suscribe al llamado al respeto a los derechos de los pueblos indígenas en los términos de la Declaración Americana de 2014, que el Ecuador observa, aplica y promueve en virtud de su Constitución, de la Declaración Americana y de los demás instrumentos internacionales en la materia.

El documento no contiene una vinculación directa entre la vigencia de la democracia y los derechos humanos de todos los habitantes de la hermana República de Bolivia, que constituyen pilares fundamentales de la OEA, consagradas en su Carta Constitutiva y la Carta Democrática Interamericana y que forman parte esencial de la política externa del Ecuador.

El Ecuador reitera su repudio a la violencia en todas sus formas, como también a la discriminación, especialmente a aquella de género, étnica y racial. Aboga por la solución de los desacuerdos a través del dialogo y la concertación, recurriendo para el efecto a los canales institucionales de la democracia. Sólo en democracia se garantizan plenamente los derechos fundamentales de las personas, la paz, la solidaridad y la vigencia del Estado de derecho.

Lo contrario podría dar paso a una utilización política, tergiversada, de la protección de los derechos que son inherentes a toda persona sin ninguna distinción, e iría en contra de la posición tradicional del Ecuador.

9. … derechos y obligaciones sobre la estructura de nuestra nación como un todo, respetando las diversidades culturales y étnicas, que componen la nación colombiana. Por ello le damos mucha seriedad a las denuncias sobre discriminación hacia cualquier grupo ético.

El texto de la Resolución que presentan 13 Estados Miembros claramente muestra una intención política y se aleja totalmente del supuesto interés de una declaración de principios en defensa de los derechos de los indígenas en Bolivia.

Como prueba clara de que la intencionalidad de esta resolución es totalmente política y no es por la loable defensa de los derechos de los indígenas, como lo trataron de hacer ver, en la sesión del Consejo Permanente; está el hecho de cómo los promotores de esta Resolución han evitado condenar las violaciones a los derechos humanos del Pueblo indígena Pemón, en Venezuela, por parte del régimen de Nicolás Maduro y también evitan pronunciarse sobre la violación de los derechos humanos de las comunidades indígenas que huyen de Venezuela a causa de la represión del régimen de Nicolás Maduro.

La Constitución Política de Colombia y las acciones de los poderes públicos, incluido el poder legislativo y judicial, se han caracterizado por la seriedad y el respeto que la nación colombiana le otorga a la diversidad étnica y cultural.

Colombia rechaza cualquier acto de discriminación por razones de raza, credo, nacionalidad, tradiciones culturales entre otras razones.

La actitud y valor que Colombia le da a los derechos de los pueblos indígenas se demostró a través de su activa participación en las negociaciones de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aunque dicho interés no se pudo observar de manera tan clara por parte de algunas delegaciones que no asistían a las sesiones de negociación.

Esta Resolución se aparta del contexto y las razones que desataron una alta movilización ciudadana y por ello es un texto que no contribuye a la normalización, y la estabilidad que reclama el pueblo boliviano.

La realidad de la situación de crisis en Bolivia se desprende del fraude electoral que fue claramente comprobado por la Misión de Observación Electoral y por el Análisis de Integridad Electoral, donde algunos con intenciones más políticas que técnicas, trataron de desvirtuar sus hallazgos, sin tener éxito, lo cual fue un prueba que permitió corroborar la seriedad del análisis de integridad, sobre el cual hoy no existe ninguna duda de que el 20 de octubre de 2019, en Bolivia, se produjo Fraude en las Elecciones Presidenciales.

Esta Resolución tampoco es coherente con la CP/RES. 1140 (2259/19) LA SITUACIÓN EN BOLIVIA del 20 de noviembre, la cual tuvo un apoyo de un numero de Estados, muy superior al de esta Resolución de 18 de diciembre de 2019.

Por lo tanto, Colombia deja de manera oficial en este pie de página consignada su posición, explicada en la sesión del 18 de diciembre de 2019. Esta Resolución solo busca crear un clima de divisiones, confusiones y falsas interpretaciones de la realidad boliviana, para lograr objetivos muy distintos a los buscados por aquellos países que esperamos un respeto por los derechos de todos los bolivianos, cese de la violencia general, por parte de todos los actores y que se lleven a delante unas elecciones que les devuelva la confianza y el respeto a los bolivianos, a través de un proceso electoral transparente, con garantías y respetando los estándares internacionales, con observación internacional para que los bolivianos puedan elegir voluntariamente a su presidente y así lograr que se respete el derecho al voto libre y voluntario.

10. … Apoyamos cualquier iniciativa que tenga la finalidad de proteger los derechos humanos siempre y cuando se trate de propuestas equilibradas, fundamentadas en pruebas y evitando cualquier tipo de sesgo. Por otra parte, respaldamos la disposición del gobierno de Bolivia a colaborar con una investigación internacional, independiente y técnica de los hechos de violencia en el país ocurridos entre septiembre y diciembre de 2019 así como la invitación a la CIDH para una visita in loco. Finalmente, reiteramos nuestro deseo de esperar los hallazgos de la investigación independiente

AC03616T01

CP43684T01

ISBN 978-0-8270-7193-3

[1] . Costa Rica tiene una tradición de profundo compromiso con los derechos humanos -todos ellos, para todas las personas-, la búsqueda de la solución pacífica de conflictos a través del diálogo, y …

2. Si los elementos incluidos en esta resolución fuesen considerados independientemente del contexto de transición política y democrática que se vive hoy en Bolivia, esta resolución contaría …

3. Estados Unidos se opone a esta resolución a pesar de nuestra firme oposición al racismo y nuestro apoyo a los derechos de los pueblos indígenas. Estados Unidos se opone a la resolución porque …

4. La República Oriental del Uruguay deja expresa constancia de sus diferencias respecto a la redacción del párrafo operativo 2, relativo a símbolos, tradiciones y prácticas religiosas, por entender que …

5. El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de la República de Nicaragua apoya de manera firme la condena a toda forma de racismo en contra de la población del Estado Plurinacional …

6. Bolivia lamenta la aprobación de una resolución que, utilizando los principios compartidos de respeto a la Convención Americana de Derechos Humanos, emite criterios políticos infundados y no …

7. México entiende que el término “autoridades”, que figura en la presente resolución, incluye al actual poder ejecutivo interino en el Estado Plurinacional de Bolivia.

8. El Ecuador apoya como única salida para el restablecimiento de la convivencia pacífica en Bolivia, tras el fraude electoral habido, el pleno respeto a los derechos humanos, la institucionalidad …

9. Colombia es un país multiétnico, Colombia se caracteriza por ser un país que tiene una amplia diversidad cultural y étnica y es por eso que nuestra Constitución Política es muy clara en atender …

10. Venezuela deja constancia de su posición expresada en el marco de la reunión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos celebrada el día 18 de diciembre de 2019. …