29 de septiembre de 2020
Sesión extraordinaria
Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, Washington, D. C.
CP/ACTA 2301/20
Orden del día
- Aprobación del orden del día
- Seguimiento de la Situación en Venezuela
- Presentación de expositores
- o Señor Joel Hernández, Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
- o Señora Marta Valiñas, Presidenta de la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos del Consejo de Derechos de las Naciones Unidas sobre la República Bolivariana de Venezuela
- o Señor Francisco Cox, Miembro de la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos del Consejo de Derechos de las Naciones Unidas sobre la República Bolivariana de Venezuela
- o Señor Paul Seils, Miembro de la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos del Consejo de Derechos de las Naciones Unidas sobre la República Bolivariana de Venezuela
- o Señor Leandro Querido, Director Ejecutivo de Transparencia Electoral
- o Señor Eugenio Martínez, Experto Electoral
- Comentarios y observaciones de las delegaciones de los Estados Miembros
Acta de la sesión
Acta textual, en los idiomas originales. Las intervenciones de la delegación dominicana van señaladas al margen.
CONSEJO PERMANENTE DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL
29 DE SEPTIEMBRE DE 2020
Nómina de los miembros que asistieron a la sesión
En la ciudad de Washington, D. C., a las dos y cuatro minutos de la tarde del martes 29 de septiembre de 2020, celebró sesión extraordinaria el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos con el objeto de tratar el tema “Seguimiento de la Situación en Venezuela”. Presidió la sesión el Embajador Luis Fernando Cordero Montoya, Representante Permanente de Honduras y Presidente del Consejo Permanente. Asistieron los siguientes miembros:
Embajador Anthony Phillips-Spencer, Representante Permanente de Trinidad y Tobago
Embajador Anton E. Edmunds, Representante Permanente de Santa Lucía
Embajadora Niermala Badrising, Representante Permanente de Suriname
Embajador Daniel Gutierez, Representante Permanente de Belize
Embajador Carlos Trujillo, Representante Permanente de los Estados Unidos
Embajador Hernán Salinas Burgos, Representante Permanente de Chile
Embajadora Rita Claverie de Sciolli, Representante Permanente de Guatemala
Embajador Alejandro Ordoñez Maldonado, Representante Permanente de Colombia
Embajador Carlos Alberto Játiva Naranjo, Representante Permanente del Ecuador
Embajadora Yolande Yvonne Smith, Representante Permanente de Grenada
Embajadora Luz Elena Baños Riva, Representante Permanente de México
Embajador Hugh Adsett, Representante Permanente del Canadá
Embajadora María del Carmen Roquebert, Representante Permanente de Panamá
Embajador Josué Antinoe Fiallo, Representante Permanente de la República Dominicana
Embajadora María Lorena Sol de Pool, Representante Permanente de El Salvador
Embajador Jaime Alonzo Aparicio Otero, Representante Permanente de Bolivia
Embajador Léon Charles, Representante Permanente de Haití
Embajador Vicente Antonio Zeballos, Representante Permanente del Perú
Embajador Carlos Alberto Raimundi, Representante Permanente de la Argentina
Embajador Luis Alvarado, Representante Interino de Nicaragua
Embajador Fernando Sotelo, Representante Interino del Uruguay
Ministro Consejero Gabriel Boff Moreira, Representante Interino del Brasil
Embajador Olger Ignacio González, Representante Interino de Costa Rica
Ministra Consejera Saira Esmeralda Ponce Rosales, Representante Alterna de Honduras
Ministra Consejera Lesley Alice Dowridge-Collins, Representante Alterna de Guyana
Ministro Deon L. Williams, Representante Alterno de Jamaica
Ministro Raúl Mariano Martínez, Representante Alterno del Paraguay
Primer Secretario Rafael Castillo, Representante Alterno de Venezuela
Ministra Consejera Christobelle Elaine Reece, Representante Alterna de Barbados
Estuvieron también presentes el Secretario General, señor Luis Almagro Lemes, y el Secretario General Adjunto, Embajador Nestor Mendez, Secretario del Consejo Permanente.
Aprobación del orden del día
El PRESIDENTE: Buenas tardes, distinguidos colegas. Me permito declarar abierta la presente sesión extraordinaria virtual del Consejo Permanente que ha sido convocada por solicitud de las Misiones Permanentes de Colombia, Brasil, Estados Unidos y Venezuela, de acuerdo con el documento CP/INF. 8754/20, con el propósito de considerar el tema “Seguimiento de la Situación en Venezuela”.
En virtud de lo establecido en el artículo 43 del Reglamento del Consejo Permanente, procederemos a aprobar el orden del día para esta sesión, bajo el documento CP/OD-2301/20.
[El proyecto de orden del día contiene los siguientes puntos:
1. Aprobación del orden del día (CP/OD-2301/20)
2. Seguimiento de la Situación en Venezuela
- Presentación de expositores:
- Señor Joel Hernández, Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
- Señora Marta Valiñas, Presidenta de la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos del Consejo de Derechos de las Naciones Unidas sobre la República Bolivariana de Venezuela
- Señor Francisco Cox, Miembro de la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos del Consejo de Derechos de las Naciones Unidas sobre la República Bolivariana de Venezuela
- Señor Paul Seils, Miembro de la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos del Consejo de Derechos de las Naciones Unidas sobre la República Bolivariana de Venezuela
- Señor Leandro Querido, Director Ejecutivo de Transparencia Electoral
- Señor Eugenio Martínez, Experto Electoral
- Comentarios y observaciones de las delegaciones de los Estados Miembros]
De no haber observaciones, damos por aprobado el orden del día.
Seguimiento de la Situación en Venezuela
Presentación de expositores
Señor Joel Hernández, Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
El PRESIDENTE: De acuerdo con el orden del día que acabamos de aprobar, me permito en este momento ofrecer una cordial bienvenida al doctor Joel Hernández, Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Señor Presidente de la CIDH, tiene usted la palabra.
El PRESIDENTE DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS: Muchas gracias. Muy buenas tardes. Saludo con mucho afecto al Presidente del Consejo Permanente, al Secretario General Luis Almagro, al Secretario General Adjunto Nestor Mendez, a los representantes permanentes y alternos de los Estados Miembros, así como a las misiones observadoras y a representantes de la Misión Internacional Independiente para la determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, establecida por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Agradezco esta invitación para participar de esta sesión extraordinaria del Consejo Permanente en representación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Como saben, desde hace años la Comisión ha monitoreado de forma cercana la situación de los derechos humanos en Venezuela y ha advertido sobre su vertiginoso deterioro. Prueba de ello es que Venezuela ha sido incluida en el año 2005 en el capítulo IV, b), del Informe Anual dedicado a países con graves situaciones de derechos humanos. Entre el 2009 y el 2017 la CIDH emitió informes específicos sobre Venezuela, en donde se documentaron graves retrocesos en materia de derechos humanos y el cierre de espacios democráticos.
Más recientemente, en febrero de este año, la Comisión visitó la frontera colombo-venezolana y desde allí vio de primera mano el impacto de la crisis de derechos humanos en la vida de millones de personas que se han visto forzadas a migrar en condiciones precarias. La Comisión presentó sus observaciones de dicha visita ante este honorable Consejo Permanente el 27 de mayo.
Con la llegada de la pandemia del COVID-19, la Comisión ha acompañado la dramática situación de miles de personas venezolanas en la región que han visto sus vidas profundamente afectadas, lo que los ha llevado a tomar la decisión de regresar a Venezuela por vías terrestres en condiciones precarias. En este contexto, el Estado de Venezuela ha adoptado medidas de militarización de fronteras y cierre de pasos fronterizos con Colombia y Brasil agravando la situación de las personas retornantes que se han visto obligadas a pernoctar en la intemperie sin poder cumplir con medidas de aislamiento y autocuidado. La Comisión ha sido informada de las personas que consiguen pasar la frontera por pasos regulares e irregulares y que son obligadas a cumplir con medidas de aislamiento en albergues improvisados sin agua o comida suficiente, en estados como Táchira y Apure. Asimismo, la CIDH pudo acompañar a través de información pública que altos dirigentes del Gobierno venezolano han incurrido en declaraciones estigmatizantes hacia las personas que retornan a Venezuela en el contexto de la pandemia del COVID-19 señalando que regresan por una suerte de karma o que se trata de fascistas o golpistas camuflados, por lo cual no merecen facilidades. La CIDH rechaza categóricamente estos mensajes discriminatorios que contribuyen a agravar la situación de las personas que retornan, que de por sí es delicada.
La Comisión reitera igualmente que los desafíos que plantea la pandemia deben abordarse primordialmente como un asunto de salud pública y bajo un enfoque de derechos humanos. El informe elaborado por la Misión Internacional Independiente para la determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, establecida por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, fue presentado el pasado 16 de septiembre, pone de relieve varias circunstancias advertidas por la Comisión a través de sus diferentes mecanismos. Entre otros aspectos de preocupación se encuentra el cierre de espacios democráticos, la persecución con fines políticos y la ocurrencia impune y sistemática de torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.
El informe relaciona la ocurrencia de graves violaciones a los derechos humanos con fenómenos como la falta de independencia judicial y la corrupción, al tiempo que se señalan las responsabilidades por cadena de mando. Asimismo, sobresale la recomendación hecha a los países de la comunidad internacional que investigan dentro de sus jurisdicciones las violaciones y los crímenes identificados en el informe. En este punto, como Relator de Personas Defensoras de Derechos Humanos de la CIDH, deseo expresar mi profunda preocupación por la información recibida sobre el desarrollo de una grave campaña de criminalización, ataque de estigmatización en contra de varias ONG y personas defensoras de derechos humanos luego de la difusión del informe elaborado por la Misión Internacional. Instamos a las autoridades venezolanas a poner fin a todo tipo de ataques y hostigamiento contra ONGs y personas defensoras de derechos humanos, así como contra periodistas y medios de comunicación en Venezuela.
Debido al tiempo, quiero llamar la atención a cuatro puntos: Primero, la ocurrencia persistente de graves violaciones responde en buena medida a una profunda crisis institucional. La prolongación indefinida del estado de excepción, la suspensión de los poderes de la Asamblea Nacional democráticamente electa, la falta de independencia judicial y la extralimitación de funciones de la Asamblea Nacional Constituyente evidencian una clara alteración del orden constitucional. Si bien la celebración de elecciones periódicas es una condición imprescindible para la superación de la crisis, la Comisión observa que persisten circunstancias que minan la confianza en las elecciones parlamentarias programadas para el próximo 6 de diciembre.
En segundo lugar, la Comisión coincide con los hallazgos de la Alta Comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela. Esta circunstancia nos alienta a buscar alianzas y crear sinergias para poner a disposición de los mecanismos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el trabajo realizado por la Comisión.
En tercer lugar, la Comisión saluda que el informe que presentó la Misión Internacional Independiente haga referencia a las medidas cautelares dictadas por la Comisión. Saludamos muy especialmente que se haya recomendado al Estado de Venezuela a cooperar con la Comisión y a dar cumplimiento a las medidas cautelares.
Finalmente, desde la Comisión observamos con preocupación que continúa el deterioro de la situación de derechos humanos y el cierre de espacios democráticos. La Comisión es consciente de que el Estado es cada vez más renuente al escrutinio internacional. A pesar de esa circunstancia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos mantiene su compromiso indeclinable con las víctimas de violaciones de derechos humanos en Venezuela.
Muchas gracias.
El PRESIDENTE: Muchas gracias al Presidente Hernández.
Señora Marta Valiñas, Presidenta de la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos del Consejo de Derechos de las Naciones Unidas sobre la República Bolivariana de Venezuela
El PRESIDENTE: Ahora me permito darle la palabra y la bienvenida a la señora Marta Valiñas, Presidenta de la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La señora Valiñas es una abogada experta en derechos humanos, especializada en justicia penal internacional, más específicamente en materia de delitos sexuales y de género. Es graduada en Derecho de la Universidad de Oporto y cuenta con una Maestría en Derechos Humanos y Democratización. La señora Valiñas posee una larga experiencia como asesora legal en ámbitos nacionales como internacionales. Más recientemente, trabajó en uno de los equipos de investigación de la Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional.
Señora Valiñas, tiene usted la palabra.
La PRESIDENTA DE LA MISIÓN INTERNACIONAL INDEPENDIENTE DE DETERMINACIÓN DE LOS HECHOS SOBRE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEL CONSEJO DE DERECHOS DE LAS NACIONES UNIDAS: Muchas gracias, señor Presidente.
Excelencias, es un gran honor poder participar en esta sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y poder presentar a sus excelencias las conclusiones de las investigaciones llevadas a cabo durante el último año por la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela.
Esta Misión, como ustedes saben, fue creada el 27 de septiembre de 2019 por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, con el mandato específico de investigar ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos desde 2014, a fin de asegurar la plena rendición de cuentas de los autores y justicia para las víctimas.
El pasado día 16 de septiembre, efectivamente, hemos publicado nuestro informe y lo hemos presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el 23 de septiembre. Juntamente con el informe oficial, hemos publicado un informe de cuatrocientas veintitrés páginas con conclusiones y hallazgos detallados. Los dos informes se encuentran en nuestra página web, junto con toda la correspondencia que hemos enviado a las autoridades venezolanas y a la cual, desafortunadamente, no tuvimos ninguna respuesta.
Con base en la información que recolectamos, hemos concluido que graves violaciones a los derechos humanos ocurrieron en Venezuela durante el período entre 2014 y el presente, las cuales fueron perpetradas directamente por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado y de los servicios de inteligencia, tanto civiles como militares. Estas violaciones dan lugar a la responsabilidad del Estado y a la responsabilidad penal individual porque constituyen crímenes, ya sea en virtud del derecho penal nacional o internacional o de ambos.
Tenemos motivos razonables para creer que algunas de estas violaciones constituyen crímenes de lesa humanidad porque fueron cometidas como parte de una línea de conducta generalizada y sistemática y de conformidad con políticas de estado. Autoridades de alto nivel de las fuerzas de seguridad del Estado y servicios de inteligencia, así como autoridades de alto nivel del gobierno que ejercen autoridad y control sobre esas fuerzas, adoptaron dichas políticas y contribuyeron a su implementación, lo cual resultó en la comisión de los crímenes documentados.
Una de estas políticas es una política de lucha contra la delincuencia que incluye la eliminación de las personas consideradas como delincuentes mediante su ejecución extrajudicial. Fuerzas de seguridad cometieron ejecuciones extrajudiciales durante operaciones de seguridad tanto en el contexto de las Operaciones de Liberación de Pueblo (OLP) y las Operaciones de Liberación Humanista del Pueblo (OLHP), así como en otras operaciones de seguridad llevadas a cabo por agentes de dos cuerpos de Policía, en específico las Fuerzas de Acción Especiales de la Policía Nacional Bolivariana (FAES) y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC). En los ciento cuarenta casos de OLP u OLHP examinados por la Misión, cuatrocientas trece personas fueron asesinadas. La Misión investigó detalladamente también once casos en los cuales las FAES y el CICPC fueron responsables por dieciocho ejecuciones extrajudiciales y examinó cerca de dos mil quinientos incidentes en los que se produjeron aproximadamente cuatro mil seiscientas muertes por parte de las fuerzas de seguridad, fuera del contexto de las OLP u OLHP.
Las víctimas eran en su gran mayoría hombres jóvenes. Documentamos un patrón claro de que el gobierno afirme que las muertes ocurrieron como resultado de enfrentamientos o que las víctimas se resistían a la autoridad en el momento de su muerte, pero la información recopilada demuestra que los miembros de las fuerzas de seguridad ingresaron a las casas sin presentar una orden judicial y, para asegurarse de que no hubiera testigos, sacaban de las casas a los familiares de las víctimas. La Misión documentó un patrón de disparos a quemarropa en áreas vitales y que las víctimas fueron vistas u oídas por última vez bajo el control de los agentes de Policía. Una fuente con conocimiento interno de las operaciones de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) —de las FAES, más específicamente— dijo a la Misión que, después de la verificación de antecedentes, el jefe de la operación en comunicación directa con sus superiores podría solicitar y recibir “luz verde para matar”. La Misión documentó también un patrón de denuncias de que la Policía intentaba encubrir los asesinatos simulando enfrentamientos o que falsificaron pruebas. Funcionarios de las FAES corroboraron estas denuncias confirmando prácticas de simulación de un aparente enfrentamiento.
La Misión concluyó, con motivos razonables para creer, que ciertas autoridades de alto nivel, incluyendo los directores de las fuerzas involucradas y los ministros que ejercían control y autoridad sobre ellos, tenían conocimiento de esos delitos y contribuyeron a su comisión mientras que otras, en su calidad de comandantes y superiores, sabían o deberían haber sabido de su comisión y, teniendo un mando y control efectivo, no adoptaron medidas para prevenirlos o reprimirlos.
Le voy a dar la palabra a mi colega para que siga explicando lo que documentó la Misión.
Muchas gracias.
El PRESIDENTE: Muchas gracias a la señora Valiñas por su presentación.
Señor Francisco Cox, Miembro de la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos del Consejo de Derechos de las Naciones Unidas sobre la República Bolivariana de Venezuela
El PRESIDENTE: Ofrezco ahora la palabra al señor Francisco Cox, miembro de la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos del Consejo de Derechos Humano de las Naciones Unidas sobre la República Bolivariana de Venezuela.
El señor Cox es un destacado abogado penalista chileno, graduado de la Universidad Diego Portales quien cuenta igualmente con una maestría de la Universidad de Columbia. Fue designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Gobierno mexicano para dirigir el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes encargado de investigar el caso de los cuarentaitrés estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, México.
Ha litigado ante la Corte Penal Internacional y recientemente ha sido nominado por el grupo de países de América Latina y el Caribe para asesorar en la elección del próximo fiscal de la Corte Penal Internacional.
Señor Cox, bienvenido al Consejo Permanente. Tiene usted la palabra.
El MIEMBRO DE LA MISIÓN INTERNACIONAL INDEPENDIENTE DE DETERMINACIÓN DE LOS HECHOS SOBRE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS DE LAS NACIONES UNIDAS: Muchas gracias, señor Presidente. Con su venia y muchas gracias a sus excelencias.
La otra política de estado —que concluimos que existían motivos razonables para creer que existía— fue la de: “Aplastar a la oposición”. Quienes implementaron esta política fueron agentes de SEBIN (la Agencia de Inteligencia Civil) y de la DGCIM (la Agencia de Inteligencia y Contrainteligencia Militar). Las víctimas de estos delitos y violaciones eran frecuentemente críticos del gobierno con un perfil público prominente o aquellas personas que adquirían notoriedad y eran percibidos como una amenaza para el gobierno por sus acciones. Incluyen, entre otros: opositores, personas que participaban en protestas, militares disidentes acusados de rebelión o de planear golpes de Estado; incluso a veces eran víctimas los amigos, familiares, colegas de estas personas e incluso defensores de derechos humanos.
SEBIN llevaba a los detenidos a la plaza Venezuela o al Helicoide. Una vez ahí, funcionarios del SEBIN interrogaban a los y las detenidas sin la presencia de sus abogados o abogadas. En tanto que DGCIM, los arrestos se producían a lo largo de todo el país. Los detenidos eran trasladados a Caracas, directamente a Boleita, o a veces pasando antes por casas de seguridad clandestinas o no oficiales. Permanecían ahí a veces por días u otras veces por horas. Los crímenes de lesa humanidad –porque fueron cometidos como parte de una línea de conducta generalizada y sistemática y de conformidad con esta política de estado– son los siguientes: detenciones arbitrarias, tortura incluyendo violencia sexual y basada en violencia de género. También tenemos motivos razonables para creer que se comete la violación de desaparición forzada de corto tiempo.
La Misión también investigó más de cien protestas y concluimos que hay motivos razonables para creer que muchos detenidos y detenidas fueron víctimas de tortura, trato cruel, inhumano y degradante. La Misión considera que estos delitos no fueron el resultado de elementos actuando a iniciativa propia de fuerzas descarriladas, sino que el trato recibido era parte de una política y de un ataque a la población civil. Por lo tanto, tiene motivos razonables para creer que constituyen crímenes de lesa humanidad. Los responsables por los actos de tortura en el contexto de protesta y las detenciones que ocurrían posteriormente incluyen a la Policía Nacional Bolivariana, la Guardia Nacional y el SEBIN.
La Misión determinó que un número de los detenidos en el contexto de protestas fueron víctimas de detenciones arbitrarias. Sin embargo, el nivel y magnitud de las detenciones arbitrarias requieren mayor investigación. La Misión en muchas oportunidades no tuvo información suficiente para determinar la legalidad de muchas detenciones o la legalidad de los límites a la protesta social que ha impuesto el Estado. Pero las exigencias de autorizaciones y declaración de zonas de seguridad hacen muy difícil una protesta legítima. Es por los argumentos anteriores que no se pudo concluir acerca del carácter masivo o sistemático de las detenciones arbitrarias en contexto de protesta social.
Muchas gracias por su atención quedamos atentos y atentas a cualquier consulta.
El PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cox, por su presentación.
Señor Paul Seils, Miembro de la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos del Consejo de Derechos de las Naciones Unidas sobre la República Bolivariana de Venezuela
El PRESIDENTE: Ofrezco ahora una cálida bienvenida al señor Paul Seils, miembro de la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El señor Paul Seils es abogado. Actualmente se desempeña como Director de Prácticas de Paz e Innovación en el Instituto Europeo de la Paz. Fue Director Legal del Consejo Escocés de Refugiados y ha ocupado varios cargos internacionales de alto nivel, incluido el de Jefe de Análisis de Situación en la Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional, Jefe de Análisis en la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, Jefe de la Unidad de Estado de Derecho y Democracia en la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y Vicepresidente del Centro Internacional para la Justicia Transicional. Ha escrito sobre derechos humanos, justicia penal y justicia transicional y ha ejercido como profesor visitante en diferentes universidades.
Señor Seils, tiene usted la palabra.
El MIEMBRO DE LA MISIÓN INTERNACIONAL INDEPENDIENTE DE DETERMINACIÓN DE HECHOS SOBRE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS DE LAS NACIONES UNIDAS: Muchas gracias, señor Presidente; sus excelencias.
Yo voy a referirme más al futuro y la cuestión del trabajo; sí, el mandato de la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela está extendida por el Consejo de Derechos Humanos. Yo creo que básicamente hay cinco temas que nos interesan y que pueden ser importantes.
Uno es el tema de cooperación. Como ustedes saben, no recibimos ninguna cooperación por parte del Estado de Venezuela y, como ha dicho mi colega Marta Valiñas, ni siquiera recibimos una respuesta a las cartas que escribimos al Estado. Nosotros creemos que es en los intereses del Estado que coopera, obviamente para el trabajo de la Misión sería, por supuesto, preferible que haya cooperación entre la Misión y el Estado. Pero a la vez es importante destacar que es posible hacer el trabajo sin esta cooperación y es, de hecho, más o menos lo que ocurre en la mayoría de las misiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ahora. La mayoría de estas misiones y comisiones de investigación no reciben la cooperación del Estado quien es sujeto a la investigación; por eso, preferimos y creemos que sería muy bueno y mucho más preferible para el Estado que haya cooperación.
Segundo, lo que nos interesa en una próxima investigación, yo creo, hay por lo menos dos o tres temas que pueden ser interesantes e importantes. Uno es el análisis más profundo de las estructuras de las instituciones que están metidas en las violaciones que hemos detallado en el informe. Es importante investigar más e indagar más precisamente cómo está funcionando en las instituciones que están haciendo las violaciones que hemos mencionado.
Creemos que también sería muy útil e importante analizar el sistema de justicia. Hemos visto en las respuestas del Estado desde la publicación y la emisión del informe las noticias de que hayan sido muchas investigaciones, que hay muchos procesos penales, que hay más de quinientos casos, que hay más de cuatrocientos detenidos bajo investigación, etcétera. Como hemos dicho en el informe, mencionamos lo que recibimos, lo que pudimos investigar en cuanto a esta investigación, pero es muy importante que analicemos bien y entender bien, precisamente, cómo está funcionando el sistema de justicia, si o no están investigando, si pueden investigar bien.
Yo creo que también el Presidente de la Corte Penal Internacional ya mencionó el cierre del espacio democrático. El mandato que tuvimos no nos permitía investigar la cuestión de la represión del derecho de expresión o de la Asamblea y, como mencionó mi colega Francisco Cox, no pudimos investigar en algunas situaciones, realmente, la forma de represión en cuanto a la detención arbitraria, en cuanto a las protestas, y sería bueno tener la capacidad de investigar más el cierre de estos espacios democráticos.
Y finalmente hay un tema de la Corte Penal Internacional. Es obvio que es importante entender que la Corte, como todo el mundo ya sabe, está paralizando la posibilidad bajo su examen preliminar de abrir una investigación. El espacio de tiempo que existe ahora es una ventana limitada que puede ser importante para el Estado de Venezuela para tomar las medidas necesarias de, primero, parar las violaciones que están ocurriendo y, segundo, investigar genuinamente lo que está ocurriendo, pero esta ventana sí es limitada y obviamente esperamos que tome la oportunidad en serio y que haga las investigaciones que debe haber.
Muchas gracias, señor Presidente.
El PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Seils, por su presentación.
Señor Leandro Querido, Director Ejecutivo de Transparencia Electoral
El PRESIDENTE: Ofrezco ahora un atento saludo al señor Leandro Querido, Director Ejecutivo de Transparencia Electoral.
El señor Querido es Politólogo de la Universidad de Buenos Aires en Argentina y es Magíster en Derecho Electoral por la Universidad de Castilla-La Mancha, España. Actualmente es Director Ejecutivo de Transparencia Electoral de América Latina. Ha participado en varias misiones de observación electoral de la Organización de los Estados Americanos. Es autor del libro Así se vota en Cuba y coautor de Así se vota en Venezuela.
Señor Querido, tiene usted la palabra.
El DIRECTOR EJECUTIVO DE TRANSPARENCIA ELECTORAL: Bueno, ante todo, muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Es un placer participar de este encuentro y la idea es, justamente, destacar la situación actual que atraviesa el país, Venezuela, en el marco de una convocatoria realizada para el 6 de diciembre.
Venezuela se aproxima a la celebración de unas elecciones sin garantías, de acuerdo con lo que establece la Constitución y las leyes. En esa fecha a más tardar se deberían celebrar las elecciones para la renovación de la totalidad de los integrantes de la Asamblea Nacional.
Recordemos que, en el año 2015, la Mesa de la Unidad, instancia que aglutinaba a las fuerzas opositoras, ganó de manera contundente y se hizo con la mayoría calificada de dos tercios del cuerpo. A partir de ese momento, las distintas instituciones del Estado fueron usadas por el oficialismo para desconocer esta derrota y usurpar las competencias del Poder Legislativo. De esta manera, el Tribunal Supremo de Justicia, actor fundamental en el desmontaje democrático, consideró que la Asamblea Nacional había entrado en “desacato”, figura inexistente en la legislación venezolana y de esta manera neutralizó sus decisiones y asumió sus facultades.
Desde ese momento se celebraron varios procesos electorales con cada vez menos garantías hasta el punto que en el año 2017, en la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, convocada de forma inconstitucional, la empresa encargada de la automatización del sistema electoral aseguró, una vez que el Consejo Nacional Electoral (CNE) informó los resultados, que “la diferencia entre la cantidad anunciada y la que arrojó el sistema fue de al menos un millón de electores”, confirmando algo que hasta ese momento no se había documentado: un fraude electoral a través de la modificación manual de los resultados registrados por las máquinas de votación.
Esto se repetiría en las elecciones regionales que se celebraron ese mismo año. La noche de la elección el CNE informó en su primer reporte que Andrés Velázquez, candidato opositor, estaba ganando la elección en el Estado Bolívar. Posteriormente, en otro de los reportes anunció como ganador al candidato oficialista, aunque, de acuerdo con las actas impresas por las máquinas de votación, el ganador había sido Velázquez.
En el 2018 se celebraron las elecciones presidenciales, en las que no participó la oposición mayoritaria por falta de garantías. Sus resultados fueron desconocidos por más de cincuenta países y es lo que permitió justamente el reconocimiento del diputado Juan Guaidó, Presidente de la Directiva de la Asamblea Nacional, en el año 2019 como Presidente Encargado de Venezuela. Este breve repaso da cuenta de que, si bien desde hace muchos años no hay condiciones que den garantías electorales a las fuerzas opositoras, a partir del desconocimiento de los resultados del año 2015 se ha transitado de un autoritarismo competitivo a un autoritarismo cerrado.
Ahora bien, ¿qué garantías se requieren para la celebración de elecciones íntegras? De acuerdo con la Comisión Global sobre Elecciones, Democracia y Seguridad en su Informe de 2012, para la celebración de elecciones íntegras es necesario: construir un Estado de derecho que afiance los derechos humanos y la justicia electoral; crear organismos electorales profesionales y competentes que puedan actuar con total independencia en la gestión de procesos electorales transparentes y se ganen la confianza de la población; crear instituciones y normas para la competencia multipartidaria y la división del poder que refuerce a la democracia como un sistema de seguridad recíproca entre los contrincantes políticos; eliminar las barreras jurídicas, administrativas, políticas, económicas y sociales que dificultan la participación política universal e igualitaria; y por último, regular el financiamiento político descontrolado, oculto e indebido. Con solo hacer un rápido ejercicio mental de llevar estos cinco principios a la realidad de Venezuela, advertiremos rápidamente la imposibilidad de realizar un proceso electoral con un umbral mínimo de integridad.
Uno de los puntos fundamentales para la celebración de elecciones libres es una autoridad electoral independiente y profesional. En el caso de Venezuela, es facultad de la Asamblea Nacional nombrar a la Directiva del Poder Electoral. Sin embargo, por quinta vez en las últimas dos décadas ha sido nombrada por el Tribunal Supremo de Justicia controlado por el Poder Ejecutivo violando abiertamente la Constitución que signa esa facultad exclusivamente a la Asamblea Nacional como órgano elector de segundo grado, con la votación de una mayoría de las dos terceras partes de sus miembros y solo en relación con personas exclusivamente nominadas por un comité de postulaciones en el cual estén representados la sociedad civil y que debe recibir y evaluar las credenciales de los candidatos a integrar la Directiva del CNE.
Otro de los puntos fundamentales tiene que ver con el derecho político por excelencia, el de elegir y ser electo. Este principio ha sido vulnerado reiteradamente con acciones que han impedido que los candidatos opositores competitivos se postulen a elecciones. Además de impedir las postulaciones de ciertos liderazgos, se ha diseñado un plan para crear una oposición a la medida, un ecosistema de organizaciones políticas satélites al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) que participen en las contiendas electorales para intentar darles legitimidad, pero sin representar una verdadera amenaza a su hegemonía.
Una muestra de eso han sido las decisiones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) conocidas en junio y julio de este año desconociendo a las directivas nacionales de tres de los cuatro principales partidos de la oposición, como son Acción Democrática, Primero Justicia y Voluntad Popular, y reemplazándolas por juntas ad hoc presididas por dirigentes cercanos al gobierno.
Otro de los grandes golpes contra la participación política universal e igualitaria ha sido la modificación de la forma de votación de los Pueblos Indígenas. El CNE eliminó el voto directo y secreto de los indígenas para la elección de los tres diputados que le corresponden en la Asamblea Nacional, lo que viola lo establecido en la propia Constitución venezolana (artículo 63), la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Interamericano de Derechos Civiles y Políticos y la Carta Democrática Interamericana, basado en la elección de todos los representantes del pueblo mediante votación libre, universal, directa y secreta. El ente comicial resolvió que lo harán a través del voto indirecto de voceros elegidos mediante votación pública a mano alzada en las denominadas asambleas comunitarias y quienes luego elegirán a los tres representantes indígenas a la Asamblea Nacional de forma secreta y manual en las asambleas generales.
El CNE, a través de las “Normas Especiales para las Elecciones Parlamentarias período 2021-2026”, estableció “una fórmula en la que se incrementa en un sesentaiséis por ciento el número de cargos a elegir a la Asamblea Nacional, pasando de ciento sesentaisiete diputados a doscientos setentaisiete”, argumentando que de esta manera se lograría “un equilibrio en el sistema electoral entre el voto lista y el voto nominal”. Pero no solo el CNE aumentó inconstitucionalmente el número de representantes, sino que también modificó los porcentajes de representación proporcional y nominal. De acuerdo a la Ley Orgánica de Procesos Electorales se elegía setenta por ciento de los diputados por criterio nominal, y treinta por ciento de manera proporcional en listas regionales pero a partir de estas nuevas normas, el reparto de los curules —o bancas— estará distribuido en un cuarentaiocho por ciento para el sistema nominal y un cincuentaidós por ciento para la votación proporcional incorporando, además, una lista nacional; de manera que de los ciento cuarentaicuatro cargos, noventaiséis serán adjudicados mediante lista regional y cuarentaiocho por intermedio de una lista nacional. Esta última no será electa, entonces, por voto directo.
Las elecciones fueron convocadas el 1 de julio (cinco meses y cuatro días antes) y no fue hasta el 11 de ese mes que fue publicado en la página del CNE. Para cuando esto sucedió, ya se estaban cumpliendo los plazos de algunas actividades. Si comparamos con los últimos tres procesos electorales legislativos, el de este año es que tiene un cronograma más ajustado. Días entre la convocatoria y la celebración de las elecciones: 2005, ciento ochentaisiete días; 2010, ciento sesentaiséis días; 2015, ciento sesentaiocho días; y 2020, ciento cincuentainueve días.
No solo se redujeron los días entre la convocatoria y la elección, sino también el número de actividades contempladas en el cronograma. De acuerdo con la información brindada por el CNE, se prevén ochentaiocho actividades este año, una reducción importante con respecto a las elecciones legislativas anteriores. Vale resaltar que la reducción en los lapsos del cronograma se da en un contexto de pandemia por el COVID-19 que obliga justamente a repensar el proceso para incorporar protocolos sanitarios a decenas de actividades que están contempladas en el cronograma.
De acuerdo con la “Guía para organizar elecciones en tiempos de pandemia” de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la actualización del cronograma para la incorporación de nuevas medidas que contribuyan a evitar los contagios por COVID-19 es fundamental: “En algunos casos podrían ser necesarias la extensión o modificación de plazos”, cosa que no ocurre, como les comentaba, en lo establecido.
En comparación, entonces, con 2015, el cronograma electoral presenta cambios sustanciales. Por ejemplo:
- Reducción de ciento cuarenta días en el lapso para el registro electoral, además del número de locales dispuestos para este fin que pasó de mil quinientos sesentaiocho en 2015 a quinientos cincuentaiún en 2020.
- Reducción en treintaiocho días en el lapso de sustitución y modificación de las postulaciones.
- Reducción de ocho días en la producción de máquinas de votación, pasando de veintisiete días en 2015 a diecinueve en 2020. Esto es particularmente llamativo ya que las máquinas son nuevas y hasta la fecha no hay información oficial de su llegada.
- Solo ocho días para la auditoría del nuevo software de las máquinas de votación.
- Solo siete días para la auditoría del nuevo software de totalización.
- Eliminación de la auditoría de la tinta indeleble que, aunque ya se había eliminado, hoy es desaconsejada por criterios sanitarios.
- Eliminación de la auditoría de la producción del Sistema de Información al Elector, una estación dispuesta en la entrada de los centros de votación con el propósito de informarles a los electores la mesa en la que les corresponde sufragar.
- Reprogramación inconsulta de la auditoría del software y denuncias de existencia de un cronograma paralelo.
Este es el cuadro de situación.
Recordemos que a la salida de Smartmatic del país en el año 2017, luego de denunciar un fraude en la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, se ha sumado el incendio que se produjo el pasado 7 de marzo del presente año en el depósito del CNE, en el que se perdieron cuarentainueve mil quinientas ocho máquinas de votación (noventaiocho punto cinco por ciento del total), cuarentainueve mil trescientas veintitrés Sistemas de Autenticación Biométrica (noventaiocho punto cinco por ciento del stock) y quinientos ochentaidós computadoras del Registro Civil.
Los rectores del CNE aseguran que en las elecciones del 6 de diciembre se usará un sistema automatizado. En un comunicado del 1 de septiembre, informaron que fue presentada al pleno de la institución “la nueva solución tecnológica electoral”. Sin embargo, a sesentainueve días de las elecciones, aún no hay certeza del hardware y el software que se usará en los comicios legislativos.
De acuerdo con lo establecido en el cronograma, se deben realizar las siguientes auditorías: auditoría del software de las máquinas, al software de la totalización, a los archivos de máquinas de votación, a la infraestructura tecnológica electoral y a la producción de máquinas de votación. Sin embargo, ya se han anunciado reprogramaciones lo que hacen dudar de la capacidad institucional del actual CNE para poder cumplir, aunque más no sea en tiempo, ya no en cuestiones de forma.
En un contexto de cambio en el sistema automatizado, se requieren al menos veinte días para que los técnicos y proveedores celebren reuniones que les permitan diseñar un esquema de auditorías al nuevo sistema, y que una vez este sea definitivo, se requieren al menos de seis meses para realizarlas. Adicional a las auditorías, algunas de las preguntas que debe responder el ente electoral sobre la adquisición del nuevo sistema automatizado, son: ¿Cómo fue el proceso de licitación y adjudicación para la adquisición de las máquinas? ¿Qué empresas participaron en la licitación? ¿Cuántas máquinas de votación se adquirieron y a qué costo? ¿Qué tipo de características presentan estas soluciones tecnológicas? A sesentainueve días de las elecciones nada se sabe sobre este aspecto central.
Para ir cerrando, para que se celebren elecciones democráticas en Venezuela, es necesario:
- Que la Asamblea Nacional electa en 2015 designe a los rectores del Consejo Nacional Electoral, de acuerdo con lo establecido en la ley que rige al Poder Electoral;
- Que se restituyan las directivas legítimas de los partidos políticos intervenidos por el TSJ;
- Que queden sin efectos las inhabilitaciones que pesan sobre los líderes opositores;
- Que liberen a todos los presos políticos;
- Que se respete lo que establece la Constitución sobre el número de diputados que deben ser electos de acuerdo con el criterio poblacional, así como la fórmula de proporcionalidad;
- Que se facilite la inscripción y actualización en el registro electoral en Venezuela y en el exterior;
- Que se garantice y facilite el voto de los venezolanos en el exterior. Es inexplicable a esta altura cómo no se ha dado respuesta institucional en este sentido cuando es de público conocimiento el masivo éxodo de venezolanas y venezolanos de los últimos años, lo cual representa una clara vulneración a los derechos políticos de los millones de venezolanos de la diáspora;
- Que se seleccione y capacite oportunamente a los miembros de los organismos electorales subalternos;
- Que se realicen todas las auditorías al sistema de votación automatizado;
- Que se desmantelen los llamados colectivos, grupos civiles armados que cumplen un papel de condicionamiento y amedrentamiento a las y los electores;
- Dada la improcedente presencia militar en todo el proceso electoral, pero sobre todo durante la jornada de votación, es necesario que se desmilitaricen los centros de votación;
- Que se garanticen las condiciones para la observación electoral nacional y la internacional, de acuerdo con los estándares establecidos en la Carta Democrática Interamericana y en la Declaración de Principios para la Observación Internacional de Elecciones.
En definitiva, estos son los puntos que proponemos luego de hacer un diagnóstico de la situación y podemos traer las palabras de Guy Hermet, un politólogo reconocido y que utilizó un ejemplo muy didáctico. Dijo que: “podemos considerar que las elecciones libres son aquellas en las que el cuerpo electoral no está diseñado a la medida del poder”. Todo lo que hemos dicho y todo lo que no dijimos y sabemos —por una cuestión de tiempo no hemos podido desarrollar—, tiene que ver con un determinado esquema diseñado desde el poder para eliminar definitivamente la competitividad electoral en el país para desmantelar la institucionalidad democrática.
En definitiva, este es el diagnóstico y esperemos que haya algún tipo de respuesta por parte del gobierno, aunque a esta altura hay que decir que todos los gestos han sido muy escasos y hoy no hay ningún tipo de condición para poder realizar las elecciones del 6 de diciembre.
Muchas gracias.
El PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Querido, por su presentación.
Señor Eugenio Martínez, Experto Electoral
El PRESIDENTE: Ofrezco una amable bienvenida al señor Eugenio Martínez, Experto Electoral.
El señor Martínez es periodista especializado en la cobertura y análisis de temas políticos y electorales. Tiene una vasta experiencia en diversos medios de comunicación como articulista y periodista. Es miembro del Consejo Editorial de la publicación de análisis político regional Diálogo político e integrante del Consejo de Expertos Electorales de Transparencia Electoral. El señor Martínez es Licenciado en Comunicación Social y Magíster en Desarrollo Organizacional de la Universidad Católica Andrés Bello.
Señor Martínez, tiene usted la palabra.
El EXPERTO ELECTORAL: Buenas tardes. Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA); ciudadanos cancilleres y embajadores de las distinguidas representaciones diplomáticas ante el Consejo Permanente de la OEA; integrantes de la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela; público en general que nos acompaña durante esta jornada; y medios de comunicación.
El proceso electoral convocado para el 6 de diciembre tiene las condiciones más restrictivas de los últimos veinte años. Voy a pasar a explicar por qué. Quien me precedió, Leandro Querido, explicó muy bien los aportes y análisis que han hecho las organizaciones que hacen monitoreo electoral en Venezuela, como Asamblea Educación, Observatorio Electoral Venezolano, Súmate y el GST (Grupo de Seguimiento Técnico). Para ampliar algunos de los argumentos expuestos por Leandro Querido, pueden visitar los sitios de estas organizaciones para tener un desarrollo mucho más amplio que el tiempo actual no lo permite.
Es evidente que ningún sistema de votación por sí solo puede garantizar la confianza de la población y de la comunidad internacional en el proceso electoral y en sus resultados. La confianza en los procesos electorales comienza con una serie de factores como el arbitraje imparcial e institucional, seguridad jurídica y un marco regulatorio con reglas claras de competitividad. Venezuela y su sistema político-electoral carecen de estos factores convirtiendo a las elecciones convocadas para el 6 de diciembre, como ya les mencioné, en el evento con las peores condiciones políticas y técnicas, a las que ahora se une el riesgo sanitario provocado por el COVID-19.
En un resumen rápido, se puede decir que para este evento se cuenta con una nueva autoridad electoral, un nuevo sistema de adjudicación de cargos, un nuevo ecosistema de partidos políticos y un nuevo sistema automatizado de votación. Cuatro nuevos elementos; sin embargo, ninguno de estos factores garantiza la celebración de elecciones justas, libres y transparentes.
La autoridad electoral venezolana fue renovada parcialmente. Esta renovación fue impuesta por los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia asumiendo las facultades exclusivas y excluyentes que tiene la Asamblea Nacional electa en el año 2015. Algo que no les mencionó Leandro Querido es que entre los nuevos rectores electorales se incluyen a dos magistradas del propio Tribunal. Una de estas magistradas, Indira Alfonzo, fue impuesta como Presidenta del organismo comicial. Esta Magistrada fue la ponente y quien dictó la sentencia nº 260 del 30 de diciembre de 2015 de la Sala Electoral que impidió incorporarse a la Asamblea Nacional a los tres diputados del estado Amazonas y el representante indígena por la Región Sur (Amazonas–Apure). A pesar de que la actual Presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), siendo Presidenta de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, dictó ese amparo el 30 de diciembre de 2015, casi cinco años después no dio respuesta a la resolución de ese juicio.
De hecho, la Magistrada Indira Alfonzo, hoy Presidenta del CNE, es también la responsable de imponer la tesis del desacato del actual Parlamento. A partir de su decisión, se han emitido en los últimos cinco años más de cien sentencias para limitar las competencias del Parlamento electo en el año 2015; entre esas competencias, la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral.
Como ya escucharon, hay un nuevo sistema de adjudicación de cargos. La usurpación de las competencias legislativas de la Asamblea Nacional por parte de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) provocó que se asignara al directorio impuesto por el Consejo Nacional Electoral la potestad de modificar quince artículos de la Ley Orgánica del Poder Electoral. Esto es importante tenerlo en cuenta porque uno de los principales argumentos para decir que no se puede posponer la elección del 6 de diciembre es que eso violaría la Constitución. Pues bien, para convocar el proceso del 6 de diciembre, se ha violado la Constitución reiteradamente. Entre otros aspectos, con el nuevo sistema de adjudicación de cargos, se desconoce la base poblacional del uno punto uno por ciento (1,1%) y lleva el Parlamento a un tamaño de doscientos setentaisiete parlamentarios, manteniendo un sistema de sobrerrepresentación de mayorías, aunque taxativamente la Constitución venezolana exige tener un sistema de representación proporcional.
Es importante además decir que se mantiene la tendencia de eliminar el voto directo y secreto para la escogencia de los diputados indígenas. No es la primera vez que se elimina el voto directo y secreto para escoger a los representantes de los Pueblos Indígenas, ya esto se realizó en julio del año 2017 cuando se escogieron a algunos representantes de Pueblos Indígenas para la Asamblea Nacional Constituyente.
Como bien escucharon, hay un nuevo ecosistema de partidos políticos. Según el actual Consejo Nacional Electoral, treinta organizaciones políticas nacionales van a participar en el evento del 6 de diciembre. No obstante, esta participación está condicionada por la intervención judicial en los últimos dos años de las direcciones nacionales de nueve organizaciones políticas, entre ellas, los partidos emblemáticos de la oposición venezolana: Acción Democrática (AD), Primero Justicia (PJ) y Voluntad Popular (VP). Sin embargo, este procedimiento de intervenir las organizaciones políticas no se limita al año 2020. Es una práctica que comenzó en el año 2012. Hasta la fecha, si contamos desde el año 2012 hasta este momento, son casi veinte las organizaciones políticas que han sufrido algún tipo de intervención judicial. Algunas de ellas, incluidas en estos veinte casos, han sufrido intervenciones judiciales reiteradas, cuatro o cinco directivas ad hoc en los últimos ocho años.
El nuevo sistema automatizado de votación merece un comentario amplio. La principal fortaleza de los procesos electorales en Venezuela es ahora una de sus más notorias debilidades. Hay que recordar que, en Venezuela, el sistema electoral que se dejó de utilizar en el país fue implementado exitosamente durante más de doce años. Fue utilizado en más de dieciséis elecciones nacionales, regionales y locales y, entre 2005 y 2007, se realizaron estrictas auditorías técnicas. De hecho, lo que han escuchado en la presentación anterior y los argumentos que van a escuchar en esta, corresponden a los integrantes del grupo de técnicos electorales de la oposición que participaron activamente en las auditorías entre los años 2005 y 2017.
Como ya escucharon, en el año 2017 la empresa proveedora del sistema automatizado, Smartmatic, decidió abandonar el país después de denunciar que la entonces Presidenta del CNE manipuló el resultado de participación de la elección a la Asamblea Nacional Constituyente celebrada en julio de ese año; y en marzo, como bien escucharon, no solamente se perdió el noventaiocho por ciento de equipos de votación, sino que se destruyó toda la infraestructura física, la infraestructura tecnológica instalada, líneas de producción y auditoría y noventaiocho por ciento de los equipos de votación. Smartmatic, como proveedor del software venezolano, ha dicho que sus programas no pueden correr en equipos que no sean homologados por esta empresa y aquí comienzan las dudas que se tienen sobre el sistema automatizado para el 6 de diciembre.
A sesentaiocho días de la elección, se desconocen las principales características del software y hardware que se utilizará y los técnicos electorales que participaron en las anteriores auditorías calculan que se necesita, en un escenario ideal, seis meses. ¿Cómo se distribuyen esos seis meses que se necesitan para tener pleno respeto de los resultados que se van a anunciar? Se necesitan al menos veinticinco días entre reuniones técnicas con los proveedores del sistema —que no se conocen—, reuniones técnicas con el Consejo Nacional Electoral para poder entonces decidir la auditoría necesaria para el nuevo software y para el nuevo hardware. En líneas generales, las auditorías que están previstas en el actual cronograma no responden a las dudas que pueden tenerse sobre un nuevo sistema automatizado de votación.
La Jornada Especial del Registro Electoral que fue aprobada por el directorio del Consejo Nacional debía dar atención a cuatro punto dos (4,2) millones de ciudadanos: dos punto seis (2,6) millones en edad para inscribirse (mayores de dieciocho años y que deben inscribirse en el Registro Electoral) y uno punto seis (1,6) millones de venezolanos que debían cambiar su centro de votación. Ese uno punto seis millones que deben cambiar su centro de votación, están motivados esos cambios de residencia al desplazamiento interno que se ha sufrido en el país a causa de la crisis humanitaria compleja que se vive desde hace un par de años. Tampoco se ha discutido sobre cómo actualizar y garantizar, primero, el registro de la identidad de los más de cinco millones de venezolanos que han abandonado el país y, después de garantizar el derecho a la identidad de esos venezolanos, garantizar que al menos tres punto ocho (3,8) millones de electores potenciales que se encuentran en ese grupo de cinco millones, puedan, primero, inscribirse en el Registro Electoral y después, votar.
Las normas sanitarias. El actual Consejo Nacional Electoral no ha tomado nota de la mayoría de las recomendaciones internacionales de normas sanitarias para evitar que la elección se convierta en un foco de contagio, en un foco de rebrote significativo de casos de COVID-19 el 6 de diciembre. Las proyecciones que hace la Academia de Ciencias Físicas y Matemáticas de Venezuela sugieren que en el mes de diciembre el país, a diferencia del resto de la región, va a estar entrando en el peor escenario de contagios comunitarios. El peor escenario puede llegar a ser de catorce mil casos de contagios diarios antes del evento electoral. Las únicas normas sanitarias aprobadas por el Consejo Nacional Electoral hasta hoy, 29 de septiembre, implican solo el uso de tapabocas y la distancia física. Sin embargo, ni siquiera se ha tomado en consideración colocar parabanes de acrílico para distanciar a los miembros de mesa de los electorales, como tampoco se ha tomado en consideración las continuas recomendaciones internacionales de eliminar o restringir al máximo el intercambio de material físico.
En Venezuela es necesario luchar por el restablecimiento de condiciones electorales que permitan la celebración de elecciones justas donde las reglas sean iguales para todos; transparentes, donde se cuenten los votos de manera exacta y se respete el principio de un elector–un voto; y libres, donde se respete el derecho a elegir, a ser elegido y a votar sin intimidación ni coacción.
Para lograr elecciones justas, transparentes y libres se necesita:
1. Concretar un arbitraje electoral institucional e imparcial y esto es mucho más que lograr un nuevo Consejo Nacional Electoral, como pueden haber escuchado en el pasado. Concretar un arbitraje electoral institucional, desde la perspectiva de todas las organizaciones que hacen veeduría electoral en Venezuela, implica la reinstitucionalización de los poderes públicos, que permitan lograr, evidentemente, un Consejo Nacional Electoral justo y transparente que respete la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Electoral; un Tribunal Supremo de Justicia independiente y un Poder Ciudadano imparcial.
2. Observación internacional calificada, lo cual supone postergar la elección para que pueda dar tiempo de organizar misiones internacionales. Y aquí hay que ser suficientemente claro: no se trata de posponer la elección por posponerla; se necesita posponerla para que en ese tiempo de posposición se logren corregir las distintas deficiencias que han escuchado en las presentaciones del día de hoy. Alternativamente se deben contar con misiones de estudios que puedan acudir al país para valorar las condiciones electorales, políticas, técnicas y sanitarias que existen para un proceso electoral.
Vale destacar que se argumenta que la elección del 6 de diciembre no puede posponerse porque existe un límite constitucional que indica que el próximo 5 de enero de 2021 debe instalarse un nuevo Parlamento. Esto es cierto, sin embargo en el análisis no puede obviarse que, para convocar el proceso del 6 de diciembre, se han violado varias disposiciones constitucionales no solo con la designación del nuevo CNE, quitándole esa facultad al Parlamento venezolano, sino con la modificación de la norma constitucional que regula que el Parlamento venezolano no pueda estar integrado por más de ciento sesentaisiete diputados, adicionalmente a todo el resto de problemas que han escuchado en las distintas intervenciones.
3. Para acudir a un proceso electoral justo y transparente en Venezuela se necesita dar solución al secuestro judicial de los partidos políticos, acceso equilibrado a los medios de comunicación y especialmente se necesita garantía de cumplimiento a ese compromiso. El acceso equilibrado a los medios de comunicación es un aspecto que reiteradamente ha existido en los pactos electorales que se hacen antes de cada proceso en Venezuela, sin embargo, siempre queda en letra muerta.
4. Se necesitan unas auditorías técnicas a fondo del proceso para poder comprobar que los programas de escrutinio, transición y totalización de resultados funcionan como se espera que deben hacerlo.
5. Es necesaria la suspensión de las inhabilitaciones.
6. Se requiere la suspensión de los llamados “puntos rojos” que son estructuras partidistas que se colocan en las entradas de los centros de votación para influir o condicionar el voto de las personas que son beneficiarias de algún programa social.
7. Es necesaria la suspensión de la Asamblea Nacional Constituyente, con garantía que no existe una modificación exprés de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Recordemos que la Asamblea Nacional Constituyente que se eligió en el año 2017, se convocó ese proceso sin convocar previamente el referéndum para consultar a los ciudadanos si estaban de acuerdo o no con la convocatoria de esa Asamblea Nacional Constituyente.
8. Se necesita, como ya mencioné anteriormente, la actualización del Registro Electoral, especialmente considerando la necesidad de devolver a los venezolanos en el exterior su derecho a la identidad.
9. Se necesita, además, garantizar el cese del uso de medios públicos como aparato de propaganda del gobierno.
10. Garantizar normas sanitarias que eviten que una elección se convierta en un foco de contagios o repunte del COVID-19. Lo peor que puede ocurrir es que se logren todas las condiciones que anteriormente he descrito y entonces se coloque a los ciudadanos a escoger entre su derecho político de participar en las elecciones y su derecho a la salud porque no existen normas sanitarias lo suficientemente claras para evitar la propagación del COVID-19.
Muchas gracias y quedo atento a todos los comentarios o preguntas que tengan a bien formular.
Gracias.
El PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez, por su presentación.
Comentarios y observaciones de las delegaciones de los Estados Miembros
El PRESIDENTE: Siguiendo con el orden del día, ofrezco la palabra a los representantes de los Estados Miembros.
Reconozco y doy la palabra a la Delegación de Venezuela, que está representada por el Comisionado Presidencial para las Relaciones Exteriores de Venezuela, el señor Julio Borges.
Señor Borges, tiene usted la palabra.
El COMISIONADO PRESIDENCIAL PARA LAS RELACIONES EXTERIORES DE VENEZUELA: Muchas gracias. Buenas tardes y muchas gracias.
Quisiera comenzar estas palabras agradeciendo a la Organización de los Estados Americanos (OEA), a todos los países miembros y especialmente al Secretario General Luis Almagro porque siempre ha sido una persona que con el corazón se ha empeñado en recoger todos estos testimonios de violaciones de derechos humanos, de impulsar que se pueda hacer valer los derechos humanos en el caso de Venezuela y ha estado verdaderamente en la vanguardia de esta lucha junto con el pueblo venezolano.
Quiero agradecer también a los distintos países que nos han apoyado, a todas las organizaciones de nuestra sociedad civil porque han sido ellos también los héroes en la recolección de los datos, en el acompañamiento de las víctimas, en todo el trabajo silencioso pero heroico. Y, por supuesto, también quiero agradecer a nuestro equipo internacional, al Embajador Gustavo Tarre, nuestro Embajador ante la Organización de los Estados Americanos, al Embajador Miguel Pizarro por todo lo que ha sido su trabajo; y agradecer a los expertos que han hablado el día de hoy y que han podido sustanciar esta Comisión de Verificación de Datos.
Yo quiero ser muy concreto en estas palabras. Hace exactamente dos años nos encontrábamos un pequeño grupo de venezolanos en las Naciones Unidas, en Nueva York. Estábamos haciendo todo un trabajo intenso de cabildeo, de lobby, en la medida de lo posible para lograr que se pudiera entender que el proceso que se había vivido en Venezuela ese año de elecciones presidenciales era absolutamente fraudulento y que, por lo tanto, la legitimidad de Nicolás Maduro moría en los siguientes meses.
Terminando las sesiones de las Naciones Unidas, una de las personas que estábamos en ese grupo, amigo personal, mi mano derecha, mi compañero de partido, una persona cercana a él, su esposa, sus hijos, Fernando Albán, tomó un avión y se fue a Venezuela y yo tomé otro avión y me vine para Colombia porque tengo medidas judiciales en Venezuela en contra de mi persona. Fernando Albán llegó el 5 de octubre y desapareció en el propio aeropuerto y luego supimos, dos días después, que se encontraba en la Policía Política. Supimos también que había sido brutalmente interrogado, que le pedían a Fernando Albán que incriminara a distintos miembros de la oposición venezolana, a los que habíamos estado en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a personas que estaban adentro, que hablara de planes para acabar con la vida de Nicolás Maduro. Y luego, el 8 de octubre, Fernando Albán apareció muerto. Según la versión oficial, suicidado, pero luego todas las contradicciones, todas las mentiras y todas las torturas hoy aparecen a la luz pública a través de este informe que nos presenta la Comisión de Verificación de Hechos.
Para mí y para todos los venezolanos, este informe es una especie de terremoto interno que sufrimos todos porque, en cada familia venezolana, hay un Fernando Albán. Yo tengo otro Fernando Albán que se llama Juan Requesens, Diputado de nuestra Asamblea Nacional, que fue preso sin ningún tipo de juicio por su condición de diputado, ni antejuicio ni ningún respeto a lo que significa su investidura y estuvo más de setecientos cincuenta días preso, en los cuales no hubo ningún tipo de seguimiento o debido proceso y donde el mundo entero sabe ahora, por lo que es la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, que todo se trató de nuevo, en este caso de Juan Requesens, de buscar a una persona para secuestrarla, tratar de doblegarla y buscar que eso fuera una señal para el Parlamento venezolano de sometimiento.
Juan Requesens, hombre valiente, nunca se ha doblegado ni se doblegará, pero, también, como Juan Requesens, hay otros diputados, periodistas, activistas sociales que están presos, que han sido torturados o que han sido muertos, como es el caso también de funcionarios militares, como el Capitán Acosta Arévalo. Su esposa Waleswka y sus hijos están hoy protegidos, pero nos han contado lo que ha sido la tragedia que ellos vivieron por el asesinato de su esposo, también por parte de lo que significa la justicia militar.
Si algo vale este esplendor de la verdad que implica esta misión del Fact-Finding Mission on the Bolivarian Republic of Venezuela es que para nosotros nos permite que verdaderamente dentro y fuera de Venezuela quede claro, como lo han dicho los expertos, que no se trata de casos aislados, sino que es un patrón, que es un sistema, que es un régimen que tiene como política el miedo, la tortura, la destrucción humana. Las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), que se ha convertido en un organismo paramilitar, criminal y esperamos que sea calificado de terrorista, ha matado desde su creación a más de siete mil personas, como lo establecen los estudios y este año solamente han asesinado a más de dos mil venezolanos, dos mil Fernandos Albán. Todos los días, una persona es asesinada por el régimen. Tienen, además, licencia para matar. Tienen el famoso “código 80” que la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela ha dejado claro y toda una serie de patrones en la tortura que verdaderamente sacuden nuestra dignidad humana. Por eso, el mensaje principal que yo quisiera decirles, en nombre del pueblo venezolano, en nombre del Presidente Guaidó, en nombre del Parlamento, es que los países miembros de la Organización de los Estados Americanos tienen que entender que el problema no es si se apoya o no se apoya a Juan Guaidó, que el problema no es si se apoya al Parlamento venezolano o no se apoya al Parlamento venezolano, que el problema no es si este es un tema de izquierdas o derechas, sino que si algo vale este esfuerzo que se ha hecho, con el dolor, con la vida, con la tortura y con la investigación de la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, es que entendamos que el drama venezolano no es ni biológico, no es ni un drama de izquierdas o un drama de derechas, no es un tema de si apoyamos o no apoyamos a Juan Guaidó, sino que es de manera profunda un problema y una tragedia y una hecatombe y un genocidio humano que necesita que pongamos de lado y nos despojemos de todo ese ruido y de toda esa cantidad de vestimentas políticas, ideológicas y de agenda y entendamos que un país como Venezuela se encuentra hoy en fase terminal y eso tenemos que entenderlo con claridad y por eso nosotros queremos pedirle de nuevo a la región que entienda, que comprenda y que nos apoye para que se vea con claridad que este genocidio venezolano no es solamente un problema venezolano, sino que es una amenaza total para la libertad y para el mundo libre; no solamente en la región, sino para todo el mundo libre.
Maduro, hoy por hoy, está soportado por un trípode muy claro. El trípode tiene un primer soporte que se llama Cuba, que se sigue aprovechando de la gasolina, el dinero, el diésel de los venezolanos para transformarlo en inteligencia, tortura, opresión. El segundo soporte de ese trípode, ahora nuevo, es Irán. Veíamos ayer al Mayor General de la jerarquía iraní declarando políticamente que ellos se llevaban en aviones el oro venezolano para cambiarlo por gasolina y que, más allá de lo económico, decía este mayor general, había un proyecto político, cultural que tenía en Venezuela la punta de playa para seguir propagando lo que es la visión radical, no democrática y extremista que representa Irán. Y el tercer soporte es el crimen organizado, es el soporte de grupos paramilitares, es el soporte de grupos narcoterroristas como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) o los ex-FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), es el uso del tráfico de drogas, es el uso de todo lo que tiene que ver con la manipulación humana. Y esos tres soportes son hoy lo que le dan a Maduro su único sostén. Por eso es importante que este informe sea, no solamente como la oportunidad para verle el rostro y ver la carne y hueso de los Fernandos Albán, de los Juan Requesens y de los miles y miles de venezolanos asesinados, emigrados, exiliados o presos, sino que podamos ver que esto no va a tener freno hasta que no cortemos de raíz el drama que ocasiona todo esto que es la crisis y el caos personalizado que se llama Nicolás Maduro.
No solamente quiero hacer y subrayar lo que significa la violación de los derechos humanos de los venezolanos, de los diputados, de los periodistas, de los activistas, de la sociedad civil, sino también lo que tiene que ver con el tema político, con el tema relacionado a una democracia ya muerta en Venezuela. Por eso los comentarios que hacía Leandro Querido y Eugenio Martínez los hacemos propios, los tomamos como propios: No puede haber elecciones en Venezuela hasta que no podamos revertir todas esas medidas unilaterales que está construyendo Maduro con la única intención de terminar de aniquilar y asesinar el voto y el sentimiento del voto en Venezuela. Se aproxima en los próximos días un fraude monumental que no puede ser indiferente a la región y nosotros pedimos también y aprovechamos en este momento, señor Secretario General, en nombre de Venezuela, que, acompañando este informe de derechos humanos, se puedan prender todas las alarmas y tomar todas las decisiones para que el mundo libre no reconozca ese fraude electoral que quiere cometer Nicolás Maduro.
Nosotros tenemos que lograr cerrar el círculo, rematar la faena, lograr que nosotros podamos tener, después de tanta lucha, tanto sacrificio y tanto dolor, que no sea en vano y que los venezolanos tengamos la oportunidad de lograr reconstruir la democracia en nuestro país, de lograr reconstruir la dignidad, el progreso y el futuro para todos los venezolanos. Un futuro para todos por igual, sin exclusiones, sin venganza, y allí el papel de la Fuerza Armada venezolana es y será fundamental y a ellos el tiempo se les está acabando también. En todo caso, celebro esta sesión extraordinaria del Consejo Permanente, señor Secretario General.
Agradezco a todos los países miembros la oportunidad de poder dirigirme a todos ustedes. Venezuela lo que quiere es un camino a la justicia y lo que pedimos es que todos los países nos ayuden a renovar los mandatos y actuar, incluso, como lo mencionó alguno de los expertos, en la posibilidad cierta de abrir procesos judiciales en base a la jurisdicción universal en sus distintos países para que la lucha contra la violación sistemática de los derechos humanos no sea un tema solamente de la Corte Penal Internacional, sino que nuestra justicia pueda, autónomamente, universalmente, con base en los distintos tratados, comenzar a investigar, comenzar a castigar, comenzar a perseguir a tantos autores intelectuales y materiales que aparecen en el informe.
Estamos hablando de más de cuarenta personas con nombres y apellidos, sindicados a hacer los crímenes más abominables contra mujeres, contra jóvenes, contra hombres pero lo importante es que esto nos tiene que llenar a nosotros de fuerza para seguir adelante con la lucha, para seguir adelante en nombre de los familiares de las víctimas, en nombre de las víctimas que han sufrido tanto, en nombre del pueblo venezolano donde nadie es ajeno a este dolor y convertir este dolor en energía, en futuro, en democracia. Eso lo vamos a lograr gracias a muchas personas en el mundo, pero especialmente a la Organización de los Estados Americanos, al Secretario Luis Almagro y a todos los países de buena voluntad que entiendan que esto más que un problema político es un problema profundamente humano, sin colores, sin sabores ideológicos, sino de más de treinta millones de venezolanos que aspiran, merecen y deben tener un futuro para todos por igual.
Muchas gracias.
El PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Borges.
Ofrezco la palabra al Embajador de los Estados Unidos. Embajador Carlos Trujillo, tiene usted la palabra.
El REPRESENTANTE PERMANENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS: Mr. Chair, the United States thanks the presenters for their work and their insightful and persuasive presentations.
After these presentations, there can be no doubt that the brutal control by the illegitimate Maduro regime has resulted in massive human rights violations. Their report notes the illegitimate Maduro regime’s systematic decimation of Venezuela’s democratic institutions and disregard for rule of law fomented an environment of impunity. Similarly, the evidence is also clear that Maduro has engaged in ongoing electoral fraud to undermine the last democratic institution in Venezuela, the National Assembly.
The only real question is what the member states of the Organization of American States (OAS) are going to do about it. In the words of Pete Townsend, we hope that the OAS “won’t get fooled again.”
Let us briefly review just a few of the reports of massive and systemic human rights violations in Venezuela perpetrated by the Maduro regime. In 2018, the OAS Panel of Independent International Experts concluded, “the development of a policy that turned the country into a theater of military operations. The opposition, and those identified as such, were branded the “internal enemy” of the state, turning large segments of the civilian population into targets for the military, paramilitary, and regular security forces. At least since February 12, 2014, widespread and systemic attacks against the civilian population in Venezuela have been carried out according to a state policy to suppress views and opinions that dissent from those of the Government of Nicolas Maduro.”
We are proud to recall that the OAS was at the forefront of international efforts to hold the Maduro regime to account for its abuses, and that many of the elements detailed in the OAS Panel’s report have been validated over the past two years. The ongoing work of the Inter-American Commission on Human Rights has also served to amplify many of the claims and facts presented in the 2018 report.
Similarly, in July 2020, the United Nations High Commissioner for Human Rights, Michelle Bachelet, reported at least 6856 suspicious deaths and extra-judicial executions by government security forces that occurred between January 2018 and May 2019. Indeed, the Bachelet report also states that there have been at least 1324 deaths by Maduro’s security operations in the first five months of just this year. Furthermore, the 2020 Bachelet report notes nearly all 2019 report recommendations went unaddressed. The regime’s tragic pattern of abuses leaves no doubt Maduro has and will continue to flagrantly ignore international calls for a peaceful, democratic transition and will continue to kill, torture, and terrorize those who stand in his way.
Finally, we have heard the carefully documented evidence presented here to the Special Permanent Council today by members of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) Fact-Finding Mission on the Bolivarian Republic of Venezuela that there are reasonable grounds to believe these killings and human rights violations can be directly tied to Maduro and his top officials. This report has once again underscored the brutal nature of the Maduro regime.
Mr. Chair and colleagues, do this sound like the actions of someone who is interested in putting the Venezuelan people first and upholding one of the pillars of democracy—the conducting of free and fair elections? Why would anyone expect that Maduro would accept defeat in a free and fair election? Just as the regime has refused visits by numerous credible human rights experts and bodies, it would be preposterous for us to think that it would accept credible international election observation.
Now let us turn to Maduro’s ongoing election fraud. The United States again thanks the experts for their timely and persuasive presentations. Let us look at the facts. Maduro claims he was re-elected in a thoroughly fraudulent 2018 presidential election, which the OAS member states rightfully refused to recognize. Since then, Maduro created an extra-constitutional alternative to the National Assembly, the so-called Constituent Assembly, packed with his supporters. He now controls the National Electoral Council to make sure that the vote goes his way. He controls the Supreme Court to ensure that they vote to support him, no matter what fraud he commits. He even infiltrated the opposition parties, coopting them so that the Venezuelan people have no democratic choices. In response, the OAS took the historic decision to declare a clear violation of the Inter-American Democratic Charter, which continues to inform our actions today and, in the lead up to our next regular session of the General Assembly.
Mr. Chair and colleagues, are these the actions of someone who is open to improving electoral conditions? Or is this the endgame of an illegitimate regime which has spent years undermining Venezuela’s democracy, and now they are squared aimed at subverting the last democratic institutions in Venezuela?
There has been some discussion over the possibility of postponing the parliamentary elections, currently scheduled for December 6. A mere postponement would not make the elections any less fraudulent. Quite frankly, it is hard to understand how, in the face of such evidence, some people with the best of intentions still advocate for discussing this with the Maduro regime. How can they believe that he has any interest in holding free and fair elections, let alone accept the result if he loses? I think that it is because they think that he is like them, valuing democracy and caring about the welfare of his people. The evidence shows he is not. He simply is not, and no amount of hope will change that. So, what can we do?
The OAS can follow the same policy of diplomatic pressure and support for the brave democratic opposition inside Venezuela. The OAS and its member states can be proud of our actions supporting democracy in Venezuela. We rightly reject the fraudulent 2018 presidential elections. We have condemned the harassment and arrest of opposition deputies in the National Assembly. We have decried the failed policies that have forced millions of Venezuelans to flee their country. We have called for the protection of the courageous Venezuelan opposition. Best of all, at last year’s OAS General Assembly we rejected the illegitimate Maduro regime’s representatives from our democratic institution, welcoming instead the representatives appointed by the democratically elected National Assembly.
The OAS must maintain our strong support for Venezuelan democracy. The hour is getting late. Maduro has increased his violence and repression. This is no time for the OAS to back off or get soft. We must not get fooled again. We must approve a resolution in next month’s regular session of the General Assembly every bit as strong as last year’s, when we accepted the National Assembly representatives “until new presidential elections are held and the results of the appointments of a democratically elected government.”
Thank you for your time.
El PRESIDENTE: Muchas gracias, Embajador Trujillo, por su presentación.
Ofrezco la palabra ahora al Representante Interino del Brasil. Señor Gabriel Moreira, tiene usted la palabra.
El REPRESENTANTE INTERINO DEL BRASIL: Muito obrigado, Senhor Presidente. Gostaria, inicialmente, de agradecer a convocação desta sessão extraordinária para tratar da situação na Venezuela.
O Brasil foi um dos copatrocinadores deste pedido e está convencido de que a evolução preocupante dos acontecimentos no país vizinho, demanda, uma vez mais, a atenção de todo o Hemisfério.
Agradecemos, igualmente, ao Presidente da CIDH, aos membros da Missão Internacional de Verificação de Fatos sobre a Venezuela, do Conselho de Direitos Humanos, e aos dois especialistas eleitorais que compartilharam sua visão sobre o drama vivido pelo povo venezuelano e sobre a visível deterioração das condições institucionais do país, sobretudo tendo em vista as planejadas eleições parlamentares.
Mesmo depois de anos de flagrantes, sistemáticas e generalizadas violações de direitos humanos na Venezuela, seguem nos surpreendendo as revelações das atrocidades cometidas pelo regime ilegítimo de Nicolás Maduro, atrocidades essas que, há que se reconhecer, esta Organização denuncia há anos.
Senhor Presidente, a publicação do Relatório da Missão das Nações Unidas, em 16 de setembro, apresenta informações devastadoras sobre os crimes de Maduro e seus comparsas. Execuções extrajudiciais, desaparecimentos forçados, detenções arbitrárias, tortura e outros tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes foram cometidos naquele país desde, pelo menos, 2014.
A Missão concluiu que Maduro e seus Ministros da Defesa, do Interior e da Justiça ordenaram ou contribuíram para a prática dos crimes que foram documentados no Relatório. O Relatório aponta seu envolvimento, bem como de outros representantes do regime, em crimes contra a humanidade a serem investigados por um tribunal competente e, na falta de disposição ou capacidade da justiça nacional, pelo Tribunal Penal Internacional.
O Brasil entende que o trabalho desenvolvido pela Missão Internacional de Verificação de Fatos sobre a Venezuela em muito contribui para a responsabilização do regime ditatorial de Nicolás Maduro, que continua a sufocar a democracia e a oprimir o povo venezuelano. O Governo brasileiro exorta que 65 recomendações do Relatório sejam observadas.
Senhor Presidente, além desse importante trabalho da Missão das Nações Unidas, há poucos dias pudemos, também, escutar a atualização oral ao Conselho de Direitos Humanos, da Alta Comissária Michel Bachelet, que continua a documentar restrições à liberdade de expressão e casos de repressão a protestos pacíficos, incluindo a prisão de manifestantes que clamam contra baixos salários e pensões, serviços públicos precários e escassez de gasolina.
Acreditamos que este não pode ser o destino do povo venezuelano que anseia, mais do que nunca, pelo apoio decisivo das democracias do continente americano e de toda a comunidade internacional. Por esta razão, o Brasil, um dos países Amigos do Grupo de Lima, propôs ao Conselho de Direitos Humanos uma nova resolução sobre a situação na Venezuela, que renova o mandato da Missão Internacional de Verificação de Fatos sobre a Venezuela por mais dois anos.
Se estamos, hoje, discutindo na OEA este Relatório é porque acreditamos que o documento tem o potencial de mobilizar toda a comunidade internacional a trabalhar pela extinção do regime ditatorial de Maduro e pela libertação da Venezuela.
É inacreditável, e sempre nos surpreende, que, mesmo depois de tantos anos de denúncias e relatórios sobre a situação na Venezuela, alguns países e organizações internacionais seguem coniventes com a natureza tirânica, criminosa e assassina do regime ilegítimo de Nicolás Maduro.
Senhor Presidente, o regime ilegítimo de Maduro foi capaz de cometer os hediondos crimes acima mencionados também porque não encontra limites nas instituições estatais venezuelanas. Elas foram cooptadas e controladas pelo regime, com a importante exceção da Assembleia Nacional. Com fraudulento processo eleitoral, que já colocou em marcha e pretende concluir em dezembro, Maduro terminará por eliminar os últimos resquícios da institucionalidade democrática da Venezuela.
E é em face do teor do Relatório acima mencionado e das exposições realizadas hoje que o Brasil considera que um regime como o de Maduro não tem quaisquer condições ou legitimidade para convocar ou conduzir um processo eleitoral limpo e justo.
As eleições parlamentares convocadas pela ditadura para o mês de dezembro não devem ser apoiadas pela comunidade internacional. Sua preparação, nas atuais condições, já significa uma fraude à democracia. Essa fraude já posta em andamento por aquele regime ilegítimo, não pode ser tolerada pelos Estados membros que comungamos dos mais altos padrões democráticos inscritos na Carta Fundacional desta Organização e na Carta Democrática Interamericana.
Entrar hoje em negociação com o regime ilegítimo de Maduro sobre a organização ou reconhecimento daquelas eleições equivaleria a empregar uma política de apaziguamento. A história nos mostra que adotar uma política de apaziguamento por regimes totalitários não termina bem.
Senhor Presidente, a contundência do Relatório da Missão do Conselho de Direitos Humanos e suas estarrecedoras constatações, levam-nos à imperiosa necessidade da devida discussão sobre a situação na Venezuela na próxima Assembleia Geral da OEA e da tomada de decisões concretas.
Diante do aprofundamento das ações antidemocráticas do regime e do persistente quadro de violações de direitos humanos, os Estados membros não temos outra escolha que renovarmos nossa determinação contra a ditadura de Nicolás Maduro e a favor da liberdade do povo venezuelano.
Muito obrigado, Senhor Presidente.
El PRESIDENTE: Muchas gracias al Representante del Brasil.
Ofrezco la palabra al Embajador del Ecuador.
Embajador Carlos Játiva, tiene usted la palabra.
El REPRESENTANTE PERMANENTE DEL ECUADOR: Gracias, señor Presidente. Agradezco a las Misiones Permanentes del Brasil, Colombia, Estados Unidos y Venezuela por haber solicitado la convocatoria a esta sesión extraordinaria del Consejo Permanente a fin de examinar, una vez más, la preocupante evolución de la situación de los derechos humanos en Venezuela, así como su cada vez mayor notoria fragilidad institucional.
Han resultado muy ilustrativas y oportunas las intervenciones de los expertos, Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Presidenta y miembro de la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela del Consejo de Derechos Humanos, así como los expertos electorales a los que se han sumado los valientes testimonios del Comisionado para Relaciones Exteriores de Venezuela en torno a las flagrantes y masivas conculcaciones de los derechos humanos y libertades fundamentales por parte del régimen ilegítimo de Maduro. Esas violaciones, como muchos hemos advertido en el pasado, conspiran contra el empeño por la instauración de una sólida y genuina institucionalidad democrática, la única capaz de asegurar el pleno disfrute y protección a los derechos humanos en Venezuela en consonancia con la Carta Democrática Interamericana. De ahí que el Ecuador suscribe a la enérgica condena a la administración de facto de Caracas por la sucesión de acciones repudiables de acoso y violencia en aumento contra los partidos políticos e instituciones democráticas.
Preocupa en particular los hallazgos que ya fueron denunciados en su momento en el Informe del Secretario General Luis Almagro y del panel de expertos internacionales sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela en mayo de 2018 que, como el informe de la CIDH y el propio Consejo de Derechos Humanos, ha servido como un importante insumo para el Informe de la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela de septiembre pasado. Ambos informes documentan los hechos para sostener que en Venezuela se habrían cometido crímenes de lesa humanidad. Por ello, mi país apoya la demanda de la Misión Internacional Independiente para que se proceda inmediatamente con las investigaciones tendientes a que los perpetradores rindan cuentas de sus actos en conformidad con las normas internacionales.
En la última reunión del Grupo Internacional de Contacto, efectuada el 17 de septiembre de 2020, el Canciller Luis Gallegos reiteró la voluntad del Ecuador de hallar una solución viable, creíble y transparente a la crisis venezolana con garantías para la expresión libre del pueblo en futuras elecciones, que lleve la restauración de la democracia y la vigencia de los derechos humanos que están indisolublemente vinculados. Para alcanzar dicho objetivo, es necesario que el régimen de Nicolás Maduro respete las prerrogativas de la Asamblea Nacional cesando la usurpación de sus funciones y absteniéndose de interferir en las labores de los partidos políticos independientes.
La sociedad en su conjunto de la hermana nación venezolana está llamada a emprender en un proceso decidido de transición pacífica y democrática de conformidad con su Constitución y leyes. Las elecciones que se realicen deberán ser dirigidas por un Consejo Nacional Electoral y un Tribunal Supremo de Justicia renovados y plenamente independientes.
Muchas gracias, señor Presidente.
El PRESIDENTE: Muchas gracias, Embajador Játiva.
Ofrezco la palabra al Representante Interino de la República de Uruguay.
Señor Fernando Sotelo, tiene usted la palabra.
El REPRESENTANTE INTERINO DEL URUGUAY: Muchas gracias, señor Presidente.
Mi Delegación agradece especialmente las presentaciones efectuadas por los expertos expositores, al tiempo que deplora todos los aspectos negativos expuestos en sus respectivos informes que revelan, con meridiana claridad, a la ominosa violación de los derechos humanos en Venezuela. Asimismo, compartimos y expresamos nuestra profunda preocupación por sus conclusiones relativas al ostensible deterioro del sistema democrático e institucional en ese país y el agravamiento de la crisis humanitaria.
Uruguay rechaza de forma contundente las flagrantes violaciones sistemáticas a los derechos humanos y las restricciones inaceptables a las libertades fundamentales que se están cometiendo hoy en Venezuela. Asimismo, condenamos con firmeza la dictadura de Nicolás Maduro y exhortamos a la concreción de una salida a la crisis humanitaria que sufren los venezolanos.
Resultan inadmisibles las detenciones arbitrarias, ejecuciones sumarias y desapariciones forzadas temporales, así como el hostigamiento a las fuerzas de oposición, intimidaciones y amenazas a dirigentes políticos y miembros de la Asamblea Nacional. La notoria injerencia del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial ha socavado de forma grave la independencia del sistema de justicia venezolano.
Reiteramos nuestro rechazo a la forma en que se procedió a la renovación del Consejo Nacional Electoral sin participación de la Asamblea Nacional. Esta situación imposibilita el desarrollo de un próximo proceso electoral legítimo y con todas las garantías. Estos son algunos de los elementos que demuestran que en Venezuela no rige el Estado de derecho.
Uruguay renueva su compromiso con una salida democrática a la crisis venezolana. Reiteramos el llamado a todos los actores políticos en Venezuela para que inicien y lleven a cabo un proceso decidido de transición pacífica y democrática que ponga fin a la crisis que atraviesa el país y, fundamentalmente, que haga posible que el pueblo venezolano se exprese a través de elecciones libres, transparentes y con garantías internacionales.
Nuevamente, muchas gracias, señor Presidente.
El PRESIDENTE: Muchas gracias.
Ofrezco la palabra al distinguido Embajador de Chile.
Embajador Hernán Salinas, tiene usted la palabra.
El REPRESENTANTE PERMANENTE DE CHILE: Muchas gracias, señor Presidente.
En primer lugar, quisiera agradecer a los expositores, quienes nos han entregado un cuadro completo de la grave situación de los derechos humanos en Venezuela. Es una situación que nos preocupa y que hemos venido denunciando desde hace años. En este sentido, queremos señalar sin equívocos que el Gobierno de Chile expresa su condena por las graves violaciones de los derechos humanos en Venezuela que establece el reciente informe de la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Estas graves violaciones incluyen desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes evidenciando que en Venezuela se viola sistemáticamente los derechos humanos. Asimismo, quisiéramos destacar la intervención de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, durante la cuadragésima quinta sesión del Consejo de Derechos Humanos respecto del Informe de la Misión Internacional aludida.
Hacemos un llamado a las autoridades venezolanas del régimen ilegitimo de Nicolás Maduro para que profundicen la cooperación con la Oficina de la Alta Comisionada indicada, con el fin de promover y proteger los derechos humanos en Venezuela. En relación con las elecciones parlamentarias programadas para diciembre de este año, tenemos claridad de que hoy no tiene condiciones de legitimidad al no existir las condiciones mínimas para que estas sean creíbles y aceptadas.
Señor Presidente, el régimen encabezado por Nicolás Maduro es una dictadura y en eso no nos equivocamos. Los hechos están a la vista de todos: la crisis política, económica, social y humanitaria, hoy agudizada por la pandemia del COVID-19, no tiene referentes en nuestra región. Millones de venezolanos han debido dejar su país simplemente para poder alimentarse y, desde luego, para escapar de la represión.
Chile reitera su compromiso con la recuperación de la democracia en Venezuela a través de una solución pacífica, democrática, decidida por el pueblo venezolano y mediante la celebración de elecciones presidenciales y parlamentarias libres, transparentes y sujetas a súper vigilancia internacional.
Muchas gracias, señor Presidente.
El PRESIDENTE: Muchas gracias, Embajador.
Ofrezco la palabra al Representante Interino de Costa Rica.
Embajador Olger González, tiene usted la palabra.
El REPRESENTANTE INTERINO DE COSTA RICA: Gracias, Presidente. Agradecemos la convocatoria de esta sesión extraordinaria para dar seguimiento a la situación en Venezuela, así como las exposiciones presentadas.
Costa Rica deplora y condena, una vez más, las sistemáticas acciones realizadas por el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro para desmantelar las instituciones democráticas, así como las constantes violaciones graves a los derechos humanos.
Agradecemos en particular a la señora Marta Valiñas, Presidenta de la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, designada por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, así como a sus miembros Paul Seils y Francisco Cox, por presentar su informe el día de hoy; un informe que nos ofrece un panorama general sobre ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes cometidos en el país desde 2014.
Si bien el régimen de Maduro no respondió a las solicitudes de visita al país, dicha Misión ha podido identificar patrones y documentar incidentes que establecen motivos razonables para creer que, además de graves violaciones de derechos humanos, se han cometido crímenes de acuerdo con el derecho penal nacional e internacional. Observamos con preocupación que falta aún por investigar la magnitud y alcance de los hechos constatados, particularmente de las estructuras criminales involucradas.
Sobre la situación de Venezuela que prevalece en este momento, Costa Rica reitera tres puntos:
En primer lugar, la falta de transparencia en el proceso de designación de las autoridades electorales, la clara intención de favorecer algunos grupos políticos y el recurso de restringir la participación libre de todos los venezolanos solo disminuyen los espacios para la construcción de condiciones propias de un proceso electoral democrático. La institucionalidad del país está comprometida y en este momento no están dadas las condiciones necesarias, incluyendo las sanitarias, para unos comicios transparentes, inclusivos, libres, participativos y bajo observación internacional.
En segundo lugar, esas son las condiciones mínimas para que las elecciones sean realmente libres y democráticas, que son la salida de la crisis; corresponde a los venezolanos dar el viraje hacia la democracia.
Tercero, se requiere de una oposición seria que busque consensos, que tenga la capacidad de diálogo, que no se vaya a los extremos de las posiciones, que escuche. Si la máxima del régimen es “divide y vencerás”, la de los grupos de oposición, en tanto titulares de fracciones del poder, debe ser “únete, diseña y construye un futuro para Venezuela”. Esa oposición debe trabajar con la Organización de los Estados Americanos (OEA) para lograr realmente una presión democrática hacia el régimen de Nicolás Maduro.
Señor Presidente, Costa Rica insta a los venezolanos a proceder con acciones políticas concretas que permitan a todos los actores en Venezuela sumarse a la construcción de un proceso electoral que fortalezca la institucionalidad del país, concrete las aspiraciones de los venezolanos y que permita la reconstrucción social y la recuperación económica de Venezuela.
Muchas gracias.
El PRESIDENTE: Muchas gracias.
Ofrezco la palabra al Embajador del Canadá.
Embajador Adsett, tiene usted la palabra.
El REPRESENTANTE PERMANENTE DEL CANADÁ: Merci beaucoup Monsieur le Président, bonjour chers collègues, bonjour aussi Monsieur le Secrétaire général, Monsieur le Secrétaire général adjoint.
Let me begin by thanking the presenters for sharing their insights on the dire situation in Venezuela.
Canada is deeply concerned about the ongoing suffering of Venezuelans and the systematic human rights violations that are occurring in the country. This crisis has only been exacerbated by the COVID-19 pandemic.
Canada strongly condemns the efforts of the Maduro regime to use its Supreme Court to undermine Venezuela’s democratic institutions in advance of parliamentary elections. We urge all member states of the Organization of American States (OAS) to join in condemning these latest attacks on Venezuela’s democracy.
Canada continues to support the legitimate democratic authorities led by the National Assembly and Interim President Guaidó. We do not believe that conditions for free and fair elections exist at this time.
Similarly, and as noted at the outset, we are also deeply troubled by the Maduro regime’s continued human rights violations against its own people, as outlined by the United Nations’ recent Fact-Finding Mission on the Bolivarian Republic of Venezuela.
Canada welcomes the ongoing cooperation between the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) and the Office of the UN High Commissioner for Human Rights and encourages efforts to strengthen this cooperation in order to best promote respect for and the defense of human rights in Venezuela and elsewhere in the Americas.
Canada believes that a peaceful political solution is needed more than ever, and we remain fully committed to continuing to support efforts to that end. We will continue to work with our international partners, including the Organization of American States, to achieve a peaceful return to democracy and respect for human rights in Venezuela.
Mr. President, I know our time is limited today. Should there be an opportunity, we would be interested in hearing views from the panelists on a preliminary assessment of the situation if the December 6 parliamentary elections are postponed, and any views on the decision of the High Representative and Vice-President Borrell to send a European Union (EU) delegation to Venezuela to negotiate a delay in the elections.
Thank you very much, Mr. President.
El PRESIDENTE: Muchísimas gracias, Embajador Adsett.
Ofrezco la palabra a la Embajadora de Guatemala.
Rita Claverie de Sciolli, tiene usted la palabra.
La REPRESENTANTE PERMANENTE DE GUATEMALA: Muchas gracias, señor Presidente.
Guatemala agradece a las Delegaciones del Brasil, Estados Unidos y Venezuela por su solicitud de incluir de manera muy oportuna el tema que da seguimiento a la situación en Venezuela. Asimismo, agradece a la Presidencia de este Consejo Permanente por la convocatoria a esta sesión extraordinaria del Consejo Permanente.
Mi Delegación reconoce y agradece las muy valiosas presentaciones especiales del Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como a la Presidenta y miembros de la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre la República Bolivariana de Venezuela. Tomamos nota también de las presentaciones del Director Ejecutivo de Transparencia Electoral y del Experto Electoral. Damos la bienvenida, asimismo, a la cooperación entre la CIDH y la Alta Comisionada de la Organización de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos.
Señor Presidente, Guatemala forma parte del Core Group de países que presentó la resolución 4225, aprobada por el Consejo de Derechos Humanos el 27 de septiembre de 2019, que se refiere a la situación de derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela. Hemos seguido con gran preocupación que la grave crisis económica y social que atraviesa el país tiene repercusiones en el disfrute de derechos humanos del pueblo venezolano. Deploramos los abusos sistémicos cometidos por las instituciones del Estado erosionando el Estado de derecho y las instituciones democráticas.
Es frente a esta situación, que con convicción y responsabilidad Guatemala promovió y acompañó la decisión del Consejo de Derechos Humanos al establecer con urgencia una Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela con el fin de investigar las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias y las torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos por el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro desde el 2014 y, de esta forma, asegurar la plena rendición de cuentas de los autores y la justicia para las víctimas.
Señor Presidente, durante la presentación del Informe de la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela en el marco del 45° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, Guatemala se unió al mensaje de los países del Grupo de Lima en el que reiteró su preocupación por la crisis multidimensional que afecta a Venezuela, profundizada por la pandemia ocasionada por el COVID-19. Guatemala valora el profesionalismo y rigurosidad para la elaboración del informe que basa sus afirmaciones en más de dos mil ochocientos noventaiún casos examinados por la Misión. Ese informe detalla el contexto y patrones de las acciones cometidas por el régimen.
Señor Presidente, Guatemala ha sido un miembro activo en la comunidad internacional, interesado en la búsqueda de apoyos y consensos para facilitar la ayuda humanitaria al pueblo venezolano y el retorno pacífico a la democracia. Mi país condena que agentes estatales del régimen hayan planificado y ejecutado graves violaciones a los derechos humanos, cuyo carácter generalizado y sistemático constituyen motivos razonables para creer que se cometieron crímenes de lesa humanidad. Hemos sido consistentes y consecuentes al considerar que el Estado de derecho se está desarmando sistemáticamente en Venezuela. Tanto el Poder Judicial como las instituciones principales del sistema republicano están cooptadas con el objetivo de perpetuar el poder del régimen ilegítimo.
Como fue mencionado durante la sesión del Consejo de Derechos Humanos el pasado 25 de septiembre de este año, reiteramos que tanto los informes de la Alta Comisionada como de la Misión son claros: las fuerzas del orden cometen los crímenes con el conocimiento, la aprobación y la guía de los más altos niveles políticos.
Señor Presidente, es importante y urgente que el sistema interamericano de derechos humanos y este Consejo Permanente, en particular, cuente con información veraz y tome nota de lo que se ha manifestado hoy en este Consejo Permanente sobre lo que sucede lamentablemente en Venezuela. Guatemala reitera su apoyo y solidaridad al pueblo venezolano, consecuente con lo que reza en la Carta de la Organización de los Estados Americanos y en la Carta Democrática Interamericana. Recordamos, en ese sentido, que los estados del Hemisferio comparten un compromiso fundamental en la protección de los derechos humanos, la democracia representativa y la defensa de las libertades individuales que hoy, lamentablemente, se ven conculcados en Venezuela de manera flagrante por el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro.
Muchas gracias, señor Presidente.
El PRESIDENTE: Muchas gracias, estimada Embajadora.
Ofrezco la palabra a la Embajadora de México.
Embajadora Luz Elena Baños, tiene usted la palabra.
La REPRESENTANTE PERMANENTE DE MÉXICO: Muchas gracias, señor Presidente. México agradece a las y los panelistas la información compartida esta tarde de la cual tomamos nota.
Como lo hemos venido reiterando en diversos momentos y foros, México sigue con atención el desarrollo de la compleja situación en Venezuela, en particular las condiciones de vida de los venezolanos y la situación de sus derechos humanos.
México mantiene su firme compromiso para que la sociedad venezolana encuentre por su propio cauce y por la vía pacífica una solución negociada y duradera. Mi país estima que cualquier acompañamiento internacional debe ser complementario a los esfuerzos nacionales y siempre por la vía del diálogo.
México rechaza cualquier iniciativa, amenaza o acción encaminada al uso de la fuerza que, lejos de resolver la situación, abonaría agudizar el deterioro de la situación.
Muchas gracias, señor Presidente.
El PRESIDENTE: Muchas gracias, Embajadora.
Ofrezco la palabra a la Representante Permanente del Paraguay.
Embajadora Elisa Ruiz Díaz, tiene usted la palabra.
La REPRESENTANTE PERMANENTE DEL PARAGUAY: Muy buenas tardes. Gracias, señor Presidente. Antes de entrar en tema, quiero darle un saludo muy especial y agradecerle a usted todo su trabajo realizado en estos tres meses frente a la Presidencia del Consejo Permanente, atendiendo a que hoy día ya no existe ese encuentro que teníamos anteriormente. Así es que muchas gracias, señor Presidente, y a toda su Delegación por la dedicación prestada en este tiempo. Agradecemos la convocatoria a esta sesión extraordinaria y la presentación de los panelistas.
La Delegación del Paraguay se une a los llamados de condena a las graves violaciones de derechos humanos y los delitos investigados por la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela constituida en el Consejo de Derechos Humano de Naciones Unidas. El informe respectivo hace referencia a ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes cometidos en el país desde el año 2014. En consecuencia, nuestro Gobierno se congratula por haber sido uno de los estados que, en su momento, ha denunciado a Nicolás Maduro y a otros representantes de su Gobierno ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional por cometer crímenes de lesa humanidad.
Por otra parte, las elecciones parlamentarias convocadas para diciembre no poseen evidentemente las condiciones para ser consideradas legítimas y transparentes. Vemos con gran preocupación los recurrentes intentos del régimen usurpador dirigidos a acabar con la actual Asamblea Nacional que se constituye hoy día en el último espacio democrático e institucional por el cual se canalizan las demandas de la sociedad venezolana, reflejadas y avaladas por los informes recibidos en la fecha de hoy.
Finalmente, entendemos que desde esta Organización debemos dar un seguimiento permanente a la situación de Venezuela, especialmente ante esta situación de pandemia y ante nuevos intentos de deteriorar su democracia, razón por la cual el Paraguay ha sido una de las delegaciones que solicitó que este tema sea discutido en ocasión de la próxima sesión ordinaria de la Asamblea General en octubre, donde esperamos que la membresía pueda emitir un mensaje claro y contundente de solidaridad con el pueblo de ese hermano país.
Muchas gracias, Presidente.
El PRESIDENTE: Muchas gracias, distinguida Embajadora.
Ofrezco la palabra al Embajador de la Argentina.
Embajador Carlos Raimundi, tiene usted la palabra.
El REPRESENTANTE PERMANENTE DE LA ARGENTINA: Muchas gracias, señor Presidente. Buenas tardes.
Punto número uno, hablo desde la historia de los gobiernos democráticos de mi país, a partir de una profunda defensa de la democracia, de los derechos humanos, de la paz y del principio de no intervención, desde un país que ha sufrido mucho las consecuencias de la dictadura y eso lo hizo colaborar también en la confección de una doctrina seria a nivel internacional de lo que significa el concepto de lesa humanidad.
En segundo lugar, quiero decirle que no hago una lectura ideológica de los derechos humanos. No son los derechos humanos para mi país y para quien habla un instrumento para tomar una posición política. Ya lo he dicho en otras intervenciones; nosotros nos centramos en la persona que sufre las violaciones, el ataque a los derechos humanos y lamentablemente estamos en una región en la que somos varios los países en los que han existido represiones desproporcionadas a las movilizaciones populares, persecución judicial, sistemas de espionaje, una cantidad de problemas con los derechos humanos muy serios; entonces lo que digo es, cuando uno pone el foco en un tipo de situaciones o en un determinado país y no en otros, es ahí donde yo creo que se puede correr el riesgo de hacer una lectura o una interpretación sesgada desde el punto de vista político de lo que son las violaciones a los derechos humanos.
Punto número tres, yo no tengo un gran respeto por la autonomía de cada gobierno; yo no me identifico ni considero perfecto el Gobierno de Venezuela. Conozco perfectamente que hay una situación muy crítica que lleva un número muy importante de habitantes a una situación de muchas dificultades, mucho apremio en lo económico, en lo social. No se me escapa el alto número de personas que han abandonado el país pero lo que no compartimos, probablemente, es cierta perspectiva de cuáles han sido las causas que han coadyuvado a esa situación y cuáles pueden ser los posibles caminos para resolverlo porque indudablemente estamos hablando de un país que ha sufrido y sufre desde hace mucho tiempo un fuerte asedio internacional, amenazas de intervención, operativos frustrados y un corte de energía a la central eléctrica reiterado que ha causado también serios problemas con los derechos humanos de las personas que estaban internadas en el sistema hospitalario, por ejemplo. Y también, es cierto que hay una situación de bloqueo a la renta de su principal recurso, el país que tiene más reservas de petróleo. Hay un bloqueo de sus riquezas en oro que están depositadas en los bancos de Londres.
Entonces, lo que no deberíamos hacer, desde nuestra perspectiva, es eliminar las condiciones de este contexto porque no creemos que, primero, se crean condiciones para que exista una situación de emergencia; después se acusa únicamente al gobierno como si fuera el único responsable de esa situación de emergencia y acto seguido le pide que respete estándares en todos los niveles como si esa situación de emergencia no existiera. Entonces, lo que nosotros sí creemos es que tenemos que abandonar la lógica de la estigmatización y la lógica de la escalada. ¿A qué me refiero con la lógica de la escalada? Es decir, el gobierno toma tal medida porque tuvo una amenaza previa y ese que hizo el acontecimiento previo hizo eso porque el gobierno antes había hecho y el gobierno lo hizo y entonces así llegamos a una lógica de escalada que lo único que ha logrado hasta el momento es perpetuar las condiciones del problema.
Entonces pensamos mucho más en apoyarnos en otro modo de relación y de cooperación de los poderes públicos, tanto de organizaciones internacionales y multilaterales como de los estados, que garanticen salidas pacíficas, negociadas, para la cual creemos que se ha iniciado un camino que han sido reconocidas, inclusive, por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que ha expresado en varias oportunidades en todo su informe que he leído detenidamente, preocupación por muchos aspectos, sin ninguna duda, pero también beneplácito por ciertos niveles de cooperación y entendimiento.
El Informe del Ministerio Público de la República Bolivariana de Venezuela no coincide con muchos de los datos que aquí hemos escuchado. Se ha presentado un informe a la Corte Penal Internacional, también, con ambas caras de la medalla. Lo que se ha sufrido por el bloqueo, por las sanciones, por el desabastecimiento y también las sanciones que han sufrido los funcionarios policiales por supuestas o por comprobadas —depende del caso— violaciones a los derechos humanos.
Se ha iniciado un proceso de libertad a ciento diez personas que estaban acusadas de delitos políticos y que en este camino de diálogo están abriendo un camino. Se ha abierto un camino de negociación con las autoridades de la Asamblea Nacional, con una parte de la oposición que ha aceptado participar en las elecciones y mi país acaba de ingresar al Grupo Internacional de Contacto. Es decir, creo que es el camino de la negociación, de la paz, de la no intervención, el camino adecuado y no la lógica de la estigmatización y de la escalada.
Muchas gracias, señor Presidente.
El PRESIDENTE: Muchas gracias, Embajador.
Ofrezco la palabra al Embajador de Bolivia.
Embajador Jaime Aparicio, tiene usted la palabra.
El REPRESENTANTE PERMANENTE DE BOLIVIA: Muchas gracias, señor Presidente, y también aprovecho para felicitarle por estos meses bajo su Presidencia. El Consejo Permanente ha tenido un liderazgo que todos queremos reconocer hoy día. Felicidades, señor Presidente. Señor Secretario General.
Quiero también, como lo han hecho mis predecesores, agradecer a los representantes de distintas organizaciones y de las Naciones Unidas, de Transparencia Electoral y a todos ellos por los informes estremecedores que han hecho sobre lo que sucede en Venezuela. Yo no voy a enumerar todos esos delitos, torturas, ejecuciones extrajudiciales porque ya lo han hecho todos los embajadores que me han precedido en la palabra.
Yo simplemente quiero decirles que, con la experiencia propia, de mi país, conozco muy bien cómo funcionan este tipo de regímenes. No en vano el ex Presidente de mi país y Maduro eran los mayores aliados en la región junto a la familia Castro. Creo que acá es muy importante decir que estamos ante una experiencia, y ustedes han escuchado el resultado de los informes del tipo de delitos que se cometen en Venezuela, de que estamos ante un gobierno que representa al crimen organizado y mientras no nos demos cuenta de ese factor, del que como he dicho nosotros hemos tenido la experiencia, desde que no entendamos a ese gobierno o a ese régimen ilegítimo como una parte del crimen organizado internacional, va a ser difícil que entendamos por qué no entramos en más diálogos o en más mediación.
Es una de las razones por las que nos hemos retirado del Grupo de Contacto; porque creemos que ya no es posible seguir dialogando con ese régimen. A ese régimen lo único que hay que exigirle es que llame a elecciones con integridad, creíbles e internacionalmente controladas y deje el poder. Estos son, no nos llamemos a engaño, estos son regímenes que llegan democráticamente al gobierno y no se van nunca más por las buenas. Eso no sucede. Las técnicas de fraude, las técnicas de manipulación, como hemos visto en mi propio país, son muy grandes y acá, como lo ha dicho Brasil, no hay condiciones de ningún tipo para que exista siquiera la posibilidad de una elección con un mínimo de integridad.
Creo que el único camino que nos queda es llamar las cosas por su nombre. Llamar a los criminales lo que son: criminales. Criminales, aunque se disfracen de principios ideológicos y de corrientes ideológicas, como sabemos que sucede en Venezuela; no dejan de ser criminales y creo que hay que tratarlos como a tal. Acá lo único que yo creo que cabe es que nos pronunciemos clara y unidamente en exigir que en Venezuela haya elecciones transparentes con observación internacional, con un Tribunal Electoral imparcial y con otras condiciones elementales que garanticen la integridad de esa elección con los estándares que existen en el mundo.
Yo simplemente quiero hacer esa reflexión y pedirles que ya no hay tiempo de más diálogos; ya no se le puede dejar seguir cometiendo este tipo de crímenes ni darle más largas a este tema para que ganen tiempo. Lo único que cabe es que encontremos una manera de exigir que se llamen a elecciones en un tiempo prudencial en el que se pueda garantizar que estas se van a realizar en las condiciones de cumplimiento de los estándares internacionales de elecciones.
Muchas gracias, señor Presidente.
El PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Embajador.
Ofrezco la palabra al Embajador del Perú.
Embajador Vicente Ceballos, tiene usted la palabra.
El REPRESENTANTE PERMANENTE DEL PERÚ: Gracias, señor Presidente del Consejo Permanente. Un saludo también al Secretario General; al Secretario Adjunto; a los señores embajadores presentes y particularmente a nuestros invitados.
En primera instancia, quiero agradecer la información proporcionada por los distinguidos expositores, a quienes expresamos nuestro reconocimiento a la labor que han asumido siendo parte de la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, mecanismo creado el año pasado por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Antes de continuar, yo quería compartir con ustedes algunas atingencias que me parecen pertinentes, dado el tema de fondo que estamos abordando esta tarde. En principio, quiero advertir que mi país, el Perú, ha sido uno de los impulsores de esta Misión Internacional Independiente; ha sido protagonista del llamado Grupo de Lima; ha suscrito la denuncia contra Venezuela ante la Corte Penal Internacional; y, somos uno de los países receptores de un mayor número de inmigrantes venezolanos. Es política de estado y esto se particulariza especialmente en nuestra política exterior, algunos elementos fundamentales de nuestro Gobierno que se acentúan en lo que significa los valores y principios democráticos, lo que es una defensa irrestricta de los derechos humanos, lucha frontal contra la corrupción, especialmente un desarrollo integral para nuestros diversos países.
Hecha esta precisión, yo quiero compartir algunas atingencias, les advertía antes, en tres aspectos muy puntuales. He revisado algunos documentos de las presentaciones que se han dado en el 45° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra y justamente hemos recabado de allí la presentación que hizo el día 14 de septiembre la señora Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Y respecto al caso Venezuela que estamos abordando hoy, anunció que esto no iba a ser parte del informe general, sino iba a ser parte de un informe por separado y efectivamente este informe se dio. En el curso de su participación, la Alta Comisionada manifestó que se habría firmado una carta de entendimiento entre su Oficina; es decir, la Alta Comisionada y el régimen venezolano el año pasado y también informó que se había ya firmado una renovación por un año adicional, lo que está permitiendo que se triplique el número de oficiales de derechos humanos en dicho país.
Es importante también tomar en cuenta esta consideración y eso también me motiva a una segunda atingencia. También en este 45° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, la Presidenta de esta Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, Marta Valiñas, juntamente con los dos integrantes que nos están acompañando esta tarde, manifestaron que dicha misión no era un órgano provisional, más sí destacaban que su labor era complementaria a las actividades de cooperación de la Oficina de la Alta Comisionada. Igualmente, el señor Paul Seils y Francisco Cox, manifestaron en dicho período de sesiones que su labor era complementaria a la cooperación técnica que llevaba a cabo la Oficina de la Alta Comisionada. Lo dejo esto como una observación para buscar alguna compatibilidad porque tanta legalidad y legitimidad tiene la Alta Comisionada como lo tiene en este caso la Misión Internacional.
Y un aspecto también que no deja de ser relevante es que este último fin de semana hemos tomado información de que el Alto Representante para la Política Exterior y la Seguridad Común de la Unión Europea, Josep Borrell, ha enviado a Venezuela a doce altos emisarios, el Director Político del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) Enrique Mora y el Director General para las Américas, Javier Niño, y esto ha sido informado el día 17 al Grupo de Contacto y a los ministros de relaciones exteriores de la Unión Europea. Entiendo que esta visita se ha dado entre el sábado y el día de ayer, lunes. ¿Y cuál es la razón de esta visita, de esta misión? Abordar con el gobierno y la oposición los requisitos necesarios para que las elecciones resulten lo más creíbles y viables posibles. No pasemos por alto que el Gobierno venezolano ha tocado las puertas de la Unión Europea y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que participen en su condición de observadores y entiendo que todavía no hay respuestas de una ni otra entidad. Lo dejo como argumento sobre la mesa para poderlos trabajar y obviamente en el transcurrir de los próximos días, en que tendremos que ir tomando decisiones, necesitamos los insumos necesarios y pertinentes para poder tomar la determinación razonable, justificada y obviamente objetiva.
Volviendo a la razón de esta convocatoria, debo indicarles que este informe de la Misión constata que en Venezuela se ha producido graves violaciones a los derechos humanos donde están comprometidos altos funcionarios, agentes del orden y autoridades de distintos niveles. Se han identificado patrones de violaciones y crímenes coordinados, inclusive —lo que es más grave— como si fueran políticas de estado, algunas de las cuales, por ser generalizados y sistemáticos, constituyen en esta grave calificación de crímenes de lesa humanidad.
El Perú ha estado y siempre estará en primera fila para llamar la atención del sistema internacional por la violación sistemática de los derechos humanos, la represión de quienes se oponen al régimen ilegítimo y el avasallamiento de la democracia. Somos testigos de excepción de la crisis humanitaria que sufre el pueblo venezolano. Somos un país observador de este éxodo migratorio cuyo impacto en la región es intenso y es un desafío para muchos de nuestros países.
Reafirmamos nuestra condena a las violaciones de derechos humanos en cualquier latitud y en particular en nuestra América. Es así como reiteramos nuestro respaldo a todos los esfuerzos dirigidos a lograr una solución pacífica liderada por los propios venezolanos que encamine la restauración de la democracia y el orden constitucional en la República Bolivariana de Venezuela. Todos los actores democráticos venezolanos que buscan crear espacios políticos para lograr ese objetivo y las iniciativas internacionales que tengan ese propósito merecen nuestro reconocimiento.
Reitero, el Perú lidera al grupo de países que ha presentado en Ginebra el proyecto de resolución en el Consejo de Derechos Humanos para la renovación por un período de dos años del mandato de la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, que el día de hoy nos ha hecho una amplia y vasta exposición para que las responsabilidades identificadas no queden impunes y los venezolanos puedan tener la protección del sistema internacional de derechos humanos. En ese, en este y en otros foros, el Perú continuará aportando su mayor esfuerzo para que el pueblo hermano de Venezuela pueda recobrar la democracia a la que tiene legítimo derecho.
Gracias.
El PRESIDENTE: Muchas gracias, Embajador.
Ofrezco la palabra al Embajador de Colombia.
Embajador Alejandro Ordoñez, tiene usted la palabra.
El REPRESENTANTE PERMANENTE DE COLOMBIA: Gracias, señor Presidente. Señor Presidente; señor Secretario General; embajadores. Presidente, agradezco su amabilidad por atender la solicitud que realizamos las Misiones del Brasil, Estados Unidos, Venezuela y Colombia para que se convocara esta sesión extraordinaria del Consejo Permanente.
La importancia de esta convocatoria radica en la necesidad de evitar la indiferencia ante la gravedad de la crisis en Venezuela y donde claramente la pandemia no ha sido más que el factor distractor perfecto para que el régimen de Nicolás Maduro profundice su propósito represor hacia la ciudadanía y pase por encima de los valores del sistema interamericano de derechos humanos, sin ningún reparo.
Quiero extender un saludo y un agradecimiento en nombre del Gobierno de Colombia a la señora Marta Valiñas, Presidenta de la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, así como al señor Francisco Cox y al señor Paul Seils, miembros también de dicha Misión. De igual forma le extiendo un saludo al Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el doctor Joel Hernández.
Muchas gracias a las presentaciones que nos acaban de realizar. Después de escuchar a los miembros de Misión y de haber leído el informe que detalla claramente los hallazgos que abarcan un amplio rango de delitos de lesa humanidad, es muy difícil que alguien aún conserve alguna duda sobre la responsabilidad de Nicolás Maduro y su círculo más cercano. Por ello, es que Colombia se ve obligada en insistir en que no podemos caer en la indiferencia ante la gravedad de la crisis en la hermana República venezolana.
La Misión investigó doscientos veintitrés casos, de los cuales cuarentaiocho se incluyen como estudios de casos exhaustivos. Adicionalmente, la Misión examinó dos mil ochocientos noventaiún casos donde pudo identificar que el régimen de Maduro, sus fuerzas de seguridad y grupos, como los colectivos que trabajan con el régimen, habían cometido violaciones flagrantes a los derechos humanos. Identificó patrones de violaciones a los derechos humanos y que existía plena coordinación con las políticas del régimen demostrando un curso de conducta tanto generalizado como sistemático que permitió que dicha conducta se constituyera claramente en crímenes de lesa humanidad. También, el reporte identifica que las autoridades de alto nivel tenían y ejercían el poder a través de la supervisión de las fuerzas de seguridad y los organismos de inteligencia que fueron identificados como responsables de esas violaciones. Lo que más llama la atención es que el informe afirma que Maduro y los llamados Ministros del Interior y de Defensa tenían conocimiento de los crímenes, dieron las órdenes, coordinaron actividades y suministraron recursos en apoyo de los planes y políticas en virtud de los cuales se cometieron los crímenes.
La Misión encontró motivos razonables para creer que las autoridades del régimen y las fuerzas de seguridad a su servicio han planificado y ejecutado desde el año 2014 graves violaciones a los derechos humanos, algunas de las cuales —incluidas las ejecuciones extrajudiciales y el uso sistemático de la tortura— constituyen crímenes de lesa humanidad, tal como lo afirmó la Presidenta de la Misión. Lejos de ser actos aislados, estos crímenes se coordinaron y cometieron de conformidad con las políticas del régimen de Maduro, con el conocimiento o el apoyo directo de los comandantes y el círculo más cercano al régimen.
Las violaciones a los derechos humanos por parte de la dictadura, que denunciamos ante la Corte Penal Internacional, son las que se confirman por ustedes, señora Presidenta Valiñas y señores Cox y Seils, así como por los reportes de la CIDH. Lo que se busca en Venezuela con los crímenes de lesa humanidad es perpetuar la tiranía y todos, absolutamente todos los miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA), tenemos que rechazar esa situación y evitemos correr el riesgo de que nos inunde la indiferencia frente a la violación de los principios de mayor valor que han sido la base del sistema interamericano como lo son los derechos humanos y la democracia. Los únicos responsables en hacer valer nuestros principios y valores son los Estados Miembros.
Señor Presidente, quiero ahora extender un saludo al Director Ejecutivo de Transparencia Electoral, Leandro Querido, y al experto electoral, Eugenio Martínez. Ambos nos han compartido unas exposiciones muy ilustrativas, gracias al amplio conocimiento que ellos poseen en materia electoral. Al preguntarnos si existen las condiciones mínimas para realizar unas elecciones justas, libres, transparentes y en igualdad de condiciones en Venezuela, la respuesta no es muy difícil de encontrar. Es más que evidente que la respuesta es no y estoy seguro de que ninguno de los que estamos acá reunidos pueda decir hoy que sí existen las condiciones mínimas.
Los expertos ya nos han ilustrado desde el punto de vista técnico. Yo solo quiero recordar unos hechos que han sido recogidos por varias resoluciones que son una evidencia de que el régimen de Maduro ha recorrido un proceso en el que es evidente que el fraude no se comete el día de las elecciones; el fraude se construye cuidadosamente y así el régimen se mantiene en el poder ilegítimamente.
La reconstrucción de los hechos es la siguiente:
1. El 3 de abril de 2017, a través de una resolución del Consejo Permanente, declaramos:
“Las decisiones del Tribunal Supremo de Venezuela de suspender los poderes de la Asamblea Nacional y de arrogárselos a sí mismo son incompatibles con la práctica democrática y constituyen una violación del orden constitucional de la República Bolivariana de Venezuela”. Ese hecho a la fecha no ha cambiado.
2. En la misma resolución declaramos también: “Urgir al Gobierno de Venezuela a actuar para garantizar la separación e independencia de los poderes constitucionales y restaurar la plena autoridad de la Asamblea Nacional”. Ese hecho a la fecha no ha cambiado.
3. En la resolución de la Asamblea General de 2018 declaramos: “que el proceso electoral desarrollado en Venezuela, que concluyó el 20 de mayo de 2018, carece de legitimidad por no cumplir con los estándares internacionales, por no haber contado con la participación de todos los actores políticos venezolanos y haberse desarrollado sin las garantías necesarias para un proceso libre, justo, transparente y democrático”. Este hecho fue evidente y no varió.
4. En la resolución del 10 de enero de 2019 declaramos: “No reconocer la legitimidad del período del régimen de Nicolás Maduro a partir del 10 de enero de 2019”. Este hecho sigue vigente; es decir, consideramos ilegítimo el ejercicio del poder por parte del señor Nicolás Maduro.
5. En la resolución del 3 de mayo de 2019 declaramos: “Rechazar la violación de la inmunidad parlamentaria de los diputados de la Asamblea Nacional de Venezuela, legítimamente constituida a través del voto popular, por constituir una vulneración del Estado de derecho y de la división de poderes”. Este hecho a la fecha no ha cambiado.
6. En la resolución del 10 de enero de 2020, condenamos el uso de la fuerza y tácticas intimidantes por parte del régimen de Nicolás Maduro para obstruir el libre acceso de los diputados de la Asamblea Nacional a la sesión convocada para el 5 de enero de 2020 para elegir democráticamente su Junta Directiva. Este hecho nunca se reparó por parte del régimen.
7. En la resolución del 26 de junio de 2020, condenamos el continuo acoso ejercido por el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro contra las funciones que las leyes venezolanas le otorgan a la Asamblea Nacional y contra el funcionamiento de los partidos políticos e instituciones democráticas en Venezuela, contrario a lo establecido en la Carta Democrática Interamericana. Rechazamos, en los más enérgicos términos, la ilegal designación de los miembros del Consejo Nacional Electoral por parte del Tribunal Supremo de Justicia, así como la ilegal designación de las directivas de los partidos políticos “Primero Justicia” y “Acción Democrática”. Exigimos al régimen ilegítimo de Nicolás Maduro que respete las prerrogativas de la Asamblea Nacional, cese la usurpación de sus funciones y se abstenga de interferir en el funcionamiento de los partidos políticos independientes. Este tipo de acciones constituyen un obstáculo para la restauración de la democracia en Venezuela y el Estado de derecho que solo se pueden conseguir a través de la celebración de elecciones justas, libres y transparentes, con el Consejo Nacional Electoral independiente y un Tribunal Supremo de Justicia imparcial y con observación internacional independiente. Hicimos un llamado a todos los actores políticos en Venezuela para que inicien y lleven a cabo un proceso decidido de transición pacífica y democrática en Venezuela, de conformidad con las leyes nacionales y su Constitución, así como lo establecido en la Carta Democrática Interamericana y la Carta de la OEA.
Este recuento de las resoluciones aprobadas, tanto en el Consejo Permanente como en la Asamblea General, no son más que una prueba de los hechos continuos que el régimen, desde tiempo atrás, viene realizado de manera calculada para poder eliminar el único órgano legítimo que aún sobrevive a través del fraude en proceso que aspira concluir el 6 de diciembre de este año. La OEA, fiel a sus principios, no puede caer en ese engaño y debe pronunciarse de manera firme rechazando ese acto que carece de toda legitimidad.
Aprovecho, para terminar, saludar al Canciller Julio Borges que nos está acompañando en esta sesión.
Gracias, señor Presidente.
El PRESIDENTE: Muchas gracias, Embajador Ordoñez.
Ofrezco la palabra al Representante de la Unión Europea, al señor Michael Curtis.
Tiene usted la palabra.
El REPRESENTANTE DE LA UNIÓN EUROPEA: Apologies for the technical difficulties. Chair of the Permanent Council, Ambassador Montoya; Secretary General Almagro; distinguished permanent representatives and fellow permanent observers and guests.
I wish to thank the Chair of this Permanent Council for the opportunity to take the floor. It is an honor for me to be representing the European Union (EU) Permanent Observation Mission here today. We would also wish to thank today’s speakers for taking the time to brief this audience on the protection of human rights and electoral processes which are core principles promoted by the EU’s external action across the globe.
We take note of the remarks related to the EU’s recent Mission by two officials to Venezuela, and if you allow, I would like to share with you the overall scope of the Mission and its outcomes. The Mission held discussions with a wide range of stakeholders in Venezuela in order to get a direct perspective of the situation on the ground and restate the EU position on the need for a democratic solution to the crisis. The Mission was a natural continuation of the EU’s efforts to talk to all sides, efforts which accelerated in August.
European Union High Representative Josep Borrell has forwarded the opposition’s electoral conditions to the regime, and has received request for electoral observation, but has replied this would not be possible because, firstly, the conditions are not there for a credible electoral process, and secondly, there is not enough time to put together an EU Electoral Observation Mission in December.
These efforts of dialog have been discussed extensively with EU member states and international partners, notably during the International Contact Group Ministerial that took place on September 17. They are also a complement to our work with international partners to support international efforts to investigate human rights violations in Venezuela.
This Mission was a natural development of the aforementioned diplomatic efforts, and in no way represents a shift in the EU position on Venezuela. The aim was to meet with as many stakeholders as possible to get direct input on the situation in the country. The willingness of the different sides to dialog and to reiterate the EU’s willingness to assist in these efforts in the framework of our desire for democratic Venezuelan own solution to the crisis in the country.
The Mission’s first meeting was with National Assembly President Juan Guaidó. Over seventy per cent of the meetings were in fact with groups from the opposition or civil society. The human rights situation in the country and the issue of political prisoners were a key focus of the agenda. There was a widespread support from all sides in Caracas to support the work of the Mission and the EU efforts to find a space for dialog.
Our message to the government was clear and remains unchanged. The conditions are not currently there for a democratic electoral process to take place, and we call for the postponement of elections in order to open a space for dialog and change these conditions. This was not a negotiation, and we did not offer a quid pro quo for our call for postponement. If we perceive a change in the conditions, such as the liberation of political prisoners, rehabilitation of political parties and their leaders, etcetera, we will consider sending an exploratory mission in order to evaluate further down the line the possibility of an electoral observation.
The political and humanitarian crisis in Venezuela will not be solved by a single event. The only immediate issue of legislative elections, the long-term objective remains the path to democracy. There is a need for a negotiation between all stakeholders in Venezuela in order to find a democratic and sustainable solution to the needs and demands of the Venezuelan people.
Thank you very much for your time.
El PRESIDENTE: Muchas gracias al Representante de la Unión Europea.
Tengo una solicitud de palabra del Canciller Borges.
Adelante, Canciller Julio Borges, tiene usted la palabra.
El COMISIONADO PRESIDENCIAL PARA LAS RELACIONES EXTERIORES DE VENEZUELA: Muchas gracias. Gracias de nuevo.
Me permito pedir por segunda oportunidad la palabra solamente para dar un mensaje final en nombre de los venezolanos; un mensaje de agradecimiento a todas las personas y a todas las delegaciones que han intervenido. Recibo con cariño el saludo del Embajador Ordoñez.
Y solamente quisiera decir una reflexión final en este agradecimiento. Yo crecí en una Venezuela, que es la historia de mis padres también, una Venezuela que abrió sus brazos para recibir migración de todas partes del mundo, Europa, América Latina y durante todo este tiempo conocimos el sufrimiento de personas que fueron a Venezuela huyendo de diferentes tragedias, las tragedias de Centroamérica, las tragedias de nuestros países vecinos, las tragedias de Europa, de la posguerra, las tragedias del Cono Sur, de las dictaduras de Chile, de las dictaduras de la Argentina, de las dictaduras del Uruguay. Y si algo les puedo decir, habiendo escuchado en esta Venezuela que le abrió los brazos a tanta gente, es que al final el sufrimiento no tiene colores políticos. No hay dictadores buenos o dictadores malos, hay dictadores. No hay dictadores de derecha o dictadores de izquierda, hay dictadores. No hay totalitarismos de izquierda o de derecha, hay totalitarismos al final. Y por eso las torturas y las persecuciones son las mismas. Las torturas de Pinochet, las torturas de Fidel Castro, las torturas de la Triple A en Argentina, por cierto, las torturas que se vivieron en los procesos de violencia en muchos países son las mismas: electricidad en los párpados o en los testículos, violación de las mujeres, sufrimientos brutales de golpizas. Las torturas no son de derecha o de izquierda.
Termino con una frase de un libro que me golpeó mucho, de Svetlana Aleksiévich, nuestro premio nobel, premio nobel de quienes luchamos por la democracia, por la libertad, y en uno de los testimonios que ella recogía, una persona decía: “Nunca dejamos de hablar del sufrimiento, es nuestra forma de conocimiento. Tenemos la piel curtida; estamos tan machacados, hablamos nuestra propia lengua, la lengua del sufrimiento”.
Les pido a todos que seamos un solo pueblo, un solo hombre, una sola mujer. Busquemos que América Latina no siga siendo la tierra donde se habla la lengua del sufrimiento. No busquemos excusa donde no las hay. No busquemos obstáculos donde no los hay. Esto tiene que unirnos a nosotros en lo más humano, en nuestra dignidad y por eso agradezco a todos el apoyo que nos han dado.
Muchas gracias en nombre del pueblo venezolano.
El PRESIDENTE: Muchas gracias, Canciller Borges.
No reconozco más solicitudes de palabra, así que, de no haber más observaciones, el Consejo Permanente toma nota de las presentaciones de los ilustres expositores, así como de los comentarios y observaciones de las delegaciones de los Estados Miembros, los mismos que se reflejan en el acta correspondiente de la presente sesión extraordinaria del Consejo Permanente.
Estimados colegas, hemos concluido con el orden del día de esta sesión. No habiendo más solicitudes de palabras y agradeciendo a todos por su participación, quiero aprovechar este momento para amablemente recordarles que se ha programado una primera sesión virtual de prueba en preparación del quincuagésimo período ordinario de sesiones de la Asamblea General para este viernes 2 de octubre. La sala virtual estará abierta de 10:00 de la mañana a 1:00 de la tarde y de 2:30 a 5:30 p.m., con el fin de que los representantes permanentes puedan participar en el horario de su preferencia. Esta sesión estará abierta a los delegados de los Estados Miembros, observadores y sus respectivas cancillerías.
Se solicita a todas las delegaciones enviar el nombre, correo electrónico y número de contacto de quienes estarán participando en la prueba. Al correo electrónico se les informará del aviso y de la distribución de las delegaciones a más tardar este jueves 1 de octubre.
A todos, muchas gracias y se levanta la sesión. Tengan muy buena tarde. Bendiciones para todos.
[Se levanta la sesión a las 4:48 p.m.]
AC03672T01
CP44324T01
ISBN 978-0-8270-7268-8