La protección de los civiles en los conflictos armados

Sra. Presidenta: Quisiéramos saludar la convocatoria de esta importante reunión, al tiempo que agradecemos a los expositores por sus valiosos informes. Agradecemos particularmente al Ministro Annen y a usted, Sra. Ministra, por su presencia en el día de hoy.

Setenta años después de la aprobación de los Convenios de Ginebra y 20 años después de que el Consejo colocara la protección de los civiles en el centro de su agenda, sigue siendo relevante —tal vez más que nunca— abordar el impacto de los conflictos armados en la población civil, así como las graves consecuencias humanas que se derivan de las violaciones al derecho internacional humanitario. Lo es porque, en demasiados contextos actuales, poblaciones indefensas se ven atrapadas en medio de enfrentamientos entre grupos armados no estatales o bajo el yugo de grupos terroristas que no responden a ninguna otra norma que no sea la de utilizar a esas poblaciones para el beneficio ulterior de sus nefastas aspiraciones.

También, y con mucha frecuencia, los Estados afectados vulneran sus obligaciones en virtud del derecho internacional y emprenden ofensivas militares que eluden su rol prioritario de proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas dentro de su territorio y su jurisdicción. Lo anterior ha dado como resultado que la mayoría de las víctimas mortales de los conflictos de hoy son civiles y que grupos vulnerables, como las mujeres, los niños y las niñas y las personas con discapacidad, se convierten en objeto de tácticas aberrantes de guerra como la inanición, la trata y la violencia sexual. Por ejemplo, en estos mismos momentos, en el Yemen, los impedimentos al acceso humanitario están poniendo en riesgo de hambruna a más de 12 millones de personas, en su mayoría niños. Esto debe parar.

Destacamos que la ausencia de soluciones políticas y la incapacidad de la comunidad internacional a todos los niveles de abordar de manera efectiva las causas raigales de los conflictos continúan siendo factores decisivos en el aumento de la inseguridad, la inestabilidad social y la proliferación de la violencia. Todo ello nos indica que aún queda mucho por hacer.

Quisiéramos destacar los importantes avances del Consejo de Seguridad al adoptar mandatos de protección para las misiones de mantenimiento de la paz acordes a la población civil a la que sirven. También consideramos que el Consejo ha logrado avances hacia una mejor coordinación del sistema de las Naciones Unidas en materia de protección, al subrayar que la protección de los civiles atañe no solo al ámbito humanitario, sino también a los del mantenimiento de la paz, los derechos humanos, el estado de derecho, la seguridad, el desarme y el desarrollo. Igualmente reconocemos que la protección de los civiles también requiere la reducción de la prevalencia y el riesgo de guerra y, en tal sentido, enfatizamos la importancia de la calidad de la educación, así como el rol de los jóvenes en la construcción de una cultura de paz, tolerancia y cohesión social.

No podemos dejar de reconocer como un paso significativo el establecimiento por el Consejo de mecanismos de monitoreo en el cumplimiento de los mandatos de protección de las misiones de paz, con lo cual, por un lado, se reconoce la necesidad de que los mecanismos deben adaptarse a la realidad muchas veces cambiante sobre el terreno y, por otro lado, se fortalece el enfoque preventivo con el que muchas vidas pueden ser salvadas.

Las necesidades particulares de las mujeres y las niñas en los conflictos armados deben continuar en el centro de la acción humanitaria, así como de las decisiones y los mandatos del Consejo de Seguridad de manera sistemática. Es por ello que el despliegue de asesores de la protección de las mujeres y los niños en las misiones es elemental, así como el mecanismo de monitoreo e informe mencionado.

Las personas con discapacidad están dentro de los grupos de la comunidad menos accesibles y en necesidad de asistencia, con movilidad restringida y barreras comunicativas e informativas. Asegurar la adecuada protección de las personas con discapacidad en los conflictos armados requiere un enfoque de políticas bien integradas e implementadas que den lugar a soluciones basadas en la realidad del terreno. Creemos también que se hace crucial la recolección de datos poblacionales por discapacidad y otras informaciones que pudiesen informar mejor la respuesta humanitaria y las actividades de protección.

Los jóvenes en conflicto están expuestos a numerosos riesgos y formas de violencia, aún más tomando en cuenta que no existe un mecanismo o marco jurídico que vele por los derechos y necesidades específicas de los jóvenes. El Consejo de Seguridad podría llenar esta brecha. Los jóvenes tienden a ser los primeros blancos de grupos armados o grupos extremistas y al mismo tiempo sufren de exclusión e injusticias sociales. Por sus derechos humanos debe ser prioridad, incluyendo los jóvenes consolidadores de la paz, los defensores de los derechos humanos y las organizaciones de juventud, los cuales tienden a enfrentar represalias por su labor. Esperamos así que los informes del Secretario General, tanto los relativos a la protección de los civiles como a países específicos, incluyan provisiones relativas a la situación de la juventud en el terreno.

De cara a un panorama humanitario global de crecientes y variadas necesidades, muchos actores humanitarios deben brindar asistencia bajo condiciones de extrema inseguridad, limitando así su acceso a las poblaciones afectadas. Muchos de ellos han perdido la vida al servicio de los más vulnerables. Por ello, reiteramos que es esencial garantizar su protección, seguridad y libre movimiento en el ejercicio de sus funciones. Quisiéramos resaltar de manera específica la necesidad de tomar todas las medidas posibles para la protección del personal médico y la infraestructura médica en los conflictos armados y de que quienes realicen ataques indiscriminados a éstos sean debidamente sometidos a la justicia. En ese mismo contexto, resaltamos que el flagelo de la impunidad y la falta de rendición de cuentas son factores determinantes en el avance de la agenda de protección de los civiles. Debemos ser firmes en demandar que los perpetradores de violaciones del derecho internacional humanitario, el derecho de los derechos humanos y el derecho de los refugiados sean enjuiciados y paguen por sus hechos.

Para concluir, la República Dominicana considera que toda acción tendiente a proteger a las poblaciones civiles en conflicto armado deberá enmarcarse en el pleno respeto de la dignidad humana y sobre la base de la imparcialidad, la inclusión y las necesidades específicas de las poblaciones a las que sirven, y así contribuir al bienestar de los más vulnerables para viabilizar su recuperación y la construcción de un futuro por sí mismos.