El Sudán: la Corte Penal Internacional y Darfur

Damos nuevamente la bienvenida a la Fiscal Fatou Bensouda al Consejo, como de costumbre agradecidos por su trabajo en el terreno, y aplaudimos su interesante ponencia del día de hoy.

La situación en el Sudán es, sin lugar a dudas, muy preocupante. Tal y como ha expresado la Fiscal, los actos de violencia continúan y el diálogo entre las partes relevantes en el conflicto se ha detenido. La continua ocurrencia de incidentes de violencia sexual basada en el género, incluyendo violaciones sexuales de mujeres y niñas internamente desplazadas, ha generado restricciones a la libertad de movimiento de éstas en los centros de acogida y en las zonas de origen.

El coraje y la valentía del pueblo sudanés han quedado probados en los últimos meses, al provocar cambios trascendentales que definitivamente modificarán la historia de dicho pueblo. El pueblo del Sudán tiene ansias de justicia, de un proceso imparcial y de adjudicación de responsabilidades. Se requiere un sistema de justicia seguro, donde la impunidad sea cosa del pasado y la responsabilidad jurídica abra paso a un nuevo presente y a un esperanzador futuro para todas las víctimas de los terribles crímenes que tuvieron lugar durante el régimen de Al-Bashir, que lamentablemente continúan sucediendo.

Para lograr esto, las autoridades del Sudán deben recordar su obligación internacional de cooperar ampliamente con la Corte Penal Internacional, de acuerdo con lo establecido en la resolución 1593 (2005). Por tanto, hacemos un llamado a las autoridades sudanesas a cooperar con la Fiscalía, empezando por permitir el acceso de sus representantes a Darfur, a fin de poder conducir investigaciones efectivas, imparciales e independientes. Además, instamos a las autoridades a entregar a los criminales que están siendo perseguidos por la Corte, sin perjuicio del principio de complementariedad, sobre todo en el caso de que exista una imposibilidad material de no poder juzgarlos de manera justa e imparcial.

La República Dominicana aplaude la reciente decisión de la Sala de Apelaciones, la cual establece que los Estados tienen la obligación de arrestar a los Jefes de Estado perseguidos por la Corte, a pesar de la inmunidad que conlleva su cargo. La impunidad es un mal que corrompe las vías del progreso de una sociedad y que solo puede eliminarse a través del enjuiciamiento de los responsables de actos criminales, sin importar su cargo o posición. Ha llegado el momento de avanzar para el pueblo del Sudán. El nuevo liderazgo debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y la protección de los civiles. Debe haber tolerancia cero frente a los crímenes cometidos en contra de la población civil y los grupos protestantes, como los acontecidos recientemente, cuyos autores también deben ser llevados ante la justicia.

Finalmente, hacemos un llamado a los países miembros del Consejo a mantenerse unidos en la lucha por aliviar al agobiado pueblo del Sudán. Fomentemos la cooperación y animemos al diálogo entre los actores relevantes. Apoyemos el trabajo de la Corte, aliada estratégica en un objetivo común: la lucha contra la impunidad como eje del mantenimiento de la paz y la seguridad.