Los niños y los conflictos armados

Agradecemos la convocatoria de esta importante sesión, así como a los expositores por sus comparecencias. Reconocemos la labor de la Representante Especial del Secretario General para la Cuestión de los Niños y los Conflictos Armados, la representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y los demás actores relevantes en el terreno, y reiteramos el apoyo de la República Dominicana a la agenda sobre los niños y los conflictos armados, en el marco del Consejo. Los testimonios de la Sra. Mariatu Kamara y del Sr. Majok Petek Awan confirman no solo la relevancia de esta agenda, sino que nos impulsan a tomar más acciones para promoverla aún más.

Para nosotros, es fundamental aumentar las capacidades de las misiones de paz y las misiones políticas de las Naciones Unidas, otorgándoles las capacidades y recursos necesarios para proteger a los niños en situaciones de conf licto. Esto incluye dotarlas de asesores para la protección infantil, así como la priorización de acciones en conjunto con las comunidades afectadas, que promuevan mecanismos de alerta temprana y de protección. Consideramos que el Grupo de Trabajo sobre los Niños y los Conf lictos Armados es un instrumento de gran valor para mantener una retroalimentación con los actores en el terreno, así como en el abordaje de países específicos.

La República Dominicana expresa su preocupación por la cantidad de niños, cuyas vidas se ven amenazadas por ataques indiscriminados en zonas e infraestructuras civiles. El año pasado, solo en el Afganistán, las Naciones Unidas pudieron verificar 3.062 víctimas infantiles, 927 de ellas murieron y 2.135 fueron mutiladas.

Los efectos psicológicos en un niño o una niña cuando es víctima de violencia sexual tienen consecuencias inimaginables. Por ende, es prioritario avanzar con medidas concretas que permitan la prevención, la respuesta e identificación de responsabilidades en casos de violencia sexual en los conflictos, y que los autores paguen por sus horrendos actos.

En el informe del Secretario General se resalta, por ejemplo, que en el Yemen se verificaron 275 incidentes de denegación de acceso humanitario en 2018, incluidas restricciones de movimiento, interferencia en la implementación de asistencia, violencia contra personal humanitario y ataques a instalaciones de agua. Tales hechos pusieron en riesgo la subsistencia de más de 7 millones de niños en una de las crisis humanitarias más catastróficas de la historia.

En el informe también se resalta que, en Somalia, por la vía de la intimidación, un total de 2.228 niños y 72 niñas, fueron reclutados y utilizados por las partes en conflicto. Ese patrón, se repite en muchos otros contextos, no solo en África sino también en el Oriente Medio y es usado como una forma de perpetuar el odio y la exclusión.

Para romper con ello, abogamos por una mayor protección de los niños y las niñas y por la posterior reintegración de aquellos reclutados por grupos armados. Ello requiere mayor inversión en programas de educación, entrenamiento, consejería y reunificación familiar. Con demasiada frecuencia, los niños siguen siendo estigmatizados y criminalizados por actos que fueron forzados a cometer.

Todo lo anterior nos indica que aún es largo el camino que queda por recorrer hacia la erradicación de los abusos y horrores que enfrentan los niños en los conflictos y que tanto daño ejercen sobre sus vidas, bienestar y desarrollo. En ese contexto, endosamos, el pasado mes de febrero, los Principios y Directrices sobre los Niños Vinculados a Fuerzas o Grupos Armados y los Principios de Vancouver sobre el Mantenimiento de la Paz y la Prevención del Reclutamiento y la Utilización de Niños Soldados.

Para finalizar, diré que la educación de los niños es uno de los principales derechos afectados y que con mucha frecuencia es el último en ser recuperado. En Siria, los cientos de ataques verificados contra escuelas han forzado a más de 2 millones de niños a interrumpir sus estudios para poder preservar sus vidas. La República Dominicana es signataria de la Declaración sobre Escuelas Seguras como una iniciativa para elevar la conciencia sobre la condenable práctica de guerra de utilizar recintos escolares con fines militares. Abogamos por la inmediata y completa eliminación de esa práctica.