La Carta Democrática Interamericana y sus desafíos

Le agradecemos a usted señor Presidente por disponer la celebración de esta reunión, a las misiones permanentes que han propuesto el tema que nos convoca y a quienes han intervenido.

Debo iniciar mi intervención indicando que para República Dominicana la Carta Democrática Interamericana es un documento valioso, y hoy en día, fundamental. Los principios y estándares que contiene son el resultado evolutivo de décadas de aprendizaje, y del compromiso colectivo histórico de nuestra región por fortalecer y preservar la democracia.

Desde nuestro país, lo que hemos vivido y aprendido, nos lleva a ser críticos, pero también optimistas y constructivos de cara al futuro. Reitero el compromiso de que la voz de la República Dominicana en los organismos internacionales será sonora y justa, reposada y valiente en favor de la democracia y los derechos humanos.

Permítanme dividir esta intervención en dos partes. Un necesario repaso histórico del compromiso colectivo no abordado por los y las distinguidas panelistas y la segunda donde revisaremos la crítica existente a la Carta Democrática, las posibles acciones a futuro y avanzaremos una propuesta concreta.

Embajadores y embajadoras,

Desde que las repúblicas americanas nos fuimos independizando, comenzó una conversación interconectada sobre el sistema de gobierno que adoptaríamos. Es de esta manera que la relación de la democracia con el ámbito internacional ha quedado registrada en la historia de América.

Haremos referencia a varios actores estelares y señalaremos momentos que han impulsado y sostenido esa conversación en nuestro hemisferio.

En primera instancia debemos remontarnos a 1837, cuando el chileno Pedro Félix Vicuña (padre del ilustre Benjamín Vicuña Mackenna) propuso la creación de un Congreso Americano que se opusiera a los gobiernos tiránicos y promoviera la democracia. Unos años después, en 1853 el argentino Juan Bautista Alberdi planteó una Corte Americana con derecho a la intervención colectiva para proteger la libertad individual, fundamentalmente amenazada según él, por el estado omnipotente.

En 1907, los Estados centroamericanos reunidos en la Conferencia de Washington introdujeron convencionalmente el principio de la democracia en la región. Se comprometieron a no reconocer a los gobernantes que no accedan al poder a través de elecciones libres. En 1923 irían más allá y ampliarían la operatividad del principio.

En 1936 los Estados del hemisferio reconoceríamos oficialmente, por primera vez la existencia de la democracia como causa común en América en la Declaración Interamericana de Principios de Solidaridad y Cooperación.

En 1945 el Canciller Uruguayo, Eduardo Rodríguez Larreta sustentaría que no podía alegarse el principio de no intervención con el fin de transgredir con impunidad otros principios. Su propuesta defendía, entre otras ideas, que la democracia y la paz eran indisolubles, que los derechos humanos debían ser protegidos internacionalmente y que la acción colectiva a favor de la democracia y los derechos humanos no podía ser considerada una intervención en los asuntos internos.

Ese mismo año durante la Conferencia Interamericana sobre Problemas de la Guerra y la Paz, la Declaración de México señaló que la paz y la democracia, son principios esenciales que norman las relaciones entre los Estados de la comunidad americana.

En 1947, reunidos en Río, los Estados Americanos incorporaron en el preámbulo al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca postulados sobre valores democráticos. Me detengo aquí porque la historia desde 1948 la tenemos más fresca. la Carta constitutiva en Bogotá, la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, Declaración de Santiago de 1959, el “Protocolo de Cartagena de Indias” de 1985, el “Compromiso de Santiago con la Democracia y la Renovación del Sistema Interamericano” de 1991, la Resolución 1080 denominada “Democracia representativa”, y el “Protocolo de Washington” de 1992.

Nuestro país fue el primero en ser sometido a medidas colectivas por vulnerar el sistema democrático. En 1960, este mismo Consejo Permanente de la OEA decidió suspender relaciones diplomáticas con República Dominicana y decretó sanciones económicas parciales contra el gobierno del dictador Rafael Trujillo. El régimen de Trujillo, con toda razón, fue considerado un peligro para la democracia en la región.

Señor presidente, estimados y estimadas colegas,

Luego de ese repaso histórico necesario y pertinente para enmarcar cualquier conversación sobre la democracia en las Américas, permítanme ahora revisar la crítica a la Carta Democrática iniciando por responder ¿Cuáles son algunos de los desafíos que presenta la Carta hoy?

PRIMERO,

Imprecisión conceptual: Los Estados podemos tener interpretaciones divergentes sobre los criterios para definir cuándo y en qué medida se han alterado las instituciones democráticas de un país.  La carta no define ni brinda las directrices necesarias para interpretar qué tipo de acontecimientos podrían encajar en el concepto de alteración o de interrupción inconstitucional del orden democrático.

SEGUNDO,

La tensión aparente entre el principio de no-intervención y la posibilidad de proteger la democracia a través de mecanismos colectivos. La soberanía de los Estados miembros puede ser un obstáculo en la implementación de la Carta.  Para algunos parecerá que existe un choque entre normas pro-democracia y normas establecidas de la soberanía. La clave para solucionar este conflicto es la palabra “colectiva”, ya que en la Carta de la OEA se prohíbe claramente a “Todo Estado...”, y en el caso de las acciones en defensa de la democracia que se contemplan en la CDI, no es un Estado el que las adopta.

TERCERO,

Déficit procesal: No existen sanciones automáticas ni mecanismos de coerción establecidos en la Carta además de la suspensión del Estado miembro, lo que reduce su capacidad para abordar situaciones de manera contundente. Cuando se comete una infracción, cuál es la sanción correlativa y por medio de qué procedimiento se va a aplicar. Los Estados miembros que quieran implementar otro tipo de penalidad, se ven forzados a realizarlo fuera del ámbito colectivo. Lo mencionado también contradice el principio de gradualidad pues no existen sanciones intermedias que puedan presionar al sujeto en crisis a buscar una solución. En cuanto al procedimiento, en el artículo 21 se señala que se aplicará la sanción de suspensión cuando las gestiones diplomáticas hayan sido infructuosas, sin embargo, no se especifica bajo qué parámetros se puede interpretar ello. Vale decir, se considera infructuosa una gestión según un parámetro de tiempo, o de resultados, o el número de veces que se intentó aplicar. No existe precisión al respecto. Para algunos aquí cabría también incluir los requisitos de quórum para activar el artículo 21.

CUARTO,

Carácter reactivo y exclusivo: la Carta no contiene mecanismos que le permitan a la comunidad internacional actuar de manera preventiva y limita el acceso a su activación a ciertos actores. Al no prever mecanismo de alerta temprana, su función es meramente reactiva. Destaca la incapacidad para dar seguimiento sistemático a los compromisos asumidos por los Estados. Sin ello no se puede establecer gradualidad en el análisis de la acción colectiva para impedir la discrecionalidad de la aplicación de la cláusula democrática, especialmente para discernir entre crisis constitucionales y quiebres institucionales de facto.

Señor presidente,

Estos desafíos destacan la importancia de abordar los aspectos políticos, legales y prácticos de la implementación de la Carta Democrática Interamericana de manera colaborativa y constructiva entre los Estados miembros, con el objetivo de fortalecer la democracia en la región.

De lo anterior se puede desprender el razonamiento de que el siguiente paso evolutivo sería consagrar en un tratado internacional la garantía de defensa de la democracia vinculada a la protección de los derechos humanos, o en su defecto proponer que se modifique la Carta de la OEA y que se incluya un artículo estableciendo esta relación.

Para algunos, afanados, se hace imperioso crear mecanismos institucionales como por ejemplo un “Ombudsperson” para la democracia, creación de relatorías especiales por país, o incluso atribuir competencia a la CIDH para ir subsanando algunas de las debilidades. No fijaremos posición sobre esas propuestas hoy.

Mientras se den las condiciones políticas para discusiones de esta envergadura, somos de opinión que debemos sentar las bases para el desarrollo progresivo del concepto de solidaridad democrática entre los Estados Americanos que garantice un equilibrio entre la acción colectiva y el principio de la no intervención según las posibilidades políticas y prácticas del momento.

Por ende, señor presidente, y para concluir,

Las democracias se caracterizan por fuerzas políticas que están en desacuerdo sobre políticas públicas, pero resuelven sus conflictos a través de un andamiaje institucional comúnmente aceptado. A lo que nos enfrentamos hoy, es a ataques esporádicos y a veces sistemáticos, contra ese andamiaje institucional, que no es igualmente robusto en cada una de nuestras naciones. Esa es la erosión a la que hizo referencia Doña Antonia Urrejola en su intervención.

Sumado a eso, algunos piensan, no sin alguna razón, que muchas de las conversaciones académicas parecen ignorar que no todos los miembros de esta organización estamos en el mismo estado de desarrollo democrático, ni en su masa crítica de liderazgo, ni a nivel institucional.

Es ingenuo partir de la premisa que la calidad de nuestras democracias es la misma, o que en nuestros países entendemos esta conversación de la misma manera, y asumimos los mismos conceptos, o sus implicaciones. Hace falta un diálogo constructivo y respetuoso, con contextos.

Justipreciar que hay procesos incrementales en distintos estados de madurez en cada uno de nuestros países es crucial. De ahí que una receta única y general, no ayudará del todo. Por el contrario, podría ser contraproducente.

Así, mientras aquellas conversaciones estancadas en la polarización y el sinsentido político del momento se mantienen como aspiraciones románticas de algunos, y se logran aquellos inusuales consensos a los que hizo referencia don Hugo de Zela, invitamos a una reflexión que pondere la habilitación de un espacio colectivo de participación voluntaria, que funcione como mecanismo de revisión entre pares de la calidad de aspectos neurálgicos de nuestras democracias.

Un espacio donde participemos quienes tengamos el interés de compartir nuestras fortalezas y aprender de las de los demás.

Con un modesto ejercicio de autocrítica, y una dosis adecuada de humildad y confianza podríamos escuchar activamente, conversar con honestidad, y ver dónde podemos mejorar, de quién podemos aprender y cómo otros sortean los desafíos que enfrentamos nosotros. Me refiero a los Procesos electorales, el Estado de derecho, las Libertades civiles, la Participación política, el Funcionamiento del gobierno, la Cultura democrática, el grado de arraigo y respeto por los valores democráticos, la tolerancia política, la aceptación de la diversidad y la existencia de un ambiente propicio para el ejercicio de los derechos y la participación ciudadana, control de la corrupción… Parametricemos, comparemos y actuemos.

Porque… ¡Embajadores y embajadoras, la suerte no existe! existen el trabajo y el azar.

Mientras más trabajamos la calidad de nuestras democracias, menos dejamos al azar.

¡El destino tampoco existe! existe lo que nosotros construimos.

Ningún Estado nació ni condenado ni predestinado. Tenemos la libertad de escoger el papel que queremos jugar.

República Dominicana apuesta a cada vez más Democracia.

Muchas gracias.