Guatemala: resolución sobre las acciones contra el proceso electoral

Muchas gracias, señor Presidente.

Distinguidos embajadores y embajadoras, representantes de los Estados Miembros y observadores permanentes, señor Secretario General, señor Secretario General Adjunto, damas y caballeros, en este día, la República Dominicana celebra la adopción de esta resolución con un espíritu de solidaridad y de convicción.

Parece que hoy nos inspiramos en las enseñanzas atemporales del Popol Vuh: “Que todos se levanten, que se llame a todos, que no haya un grupo, ni dos grupos de entre nosotros que se quede atrás de los demás”. Este ancestral precepto arraigado en la historia nos recuerda que nuestra verdadera fortaleza reside en la unión. En tiempos de desafío, como los que ahora se enfrentan, es crucial que la unidad de este Consejo Permanente nos haga más poderosos y resilientes. Juntos, con la adopción de esta resolución, reafirmamos nuestro compromiso inquebrantable con los principios de justicia y democracia.

Así, deseamos expresar nuestro firme apoyo a la resolución adoptada en relación con la situación actual en Guatemala. Pero, estimados y estimadas colegas, este apoyo no es solo un acto de solidaridad regional, sino también una manifestación de nuestro compromiso inquebrantable con los principios de democracia, justicia y respeto por los derechos humanos, valores que consideramos fundamentales para la convivencia pacífica y el desarrollo integral de nuestras naciones.

La situación en Guatemala, marcada por acciones que se perciben como un desafío al Estado de derecho y al proceso democrático, nos insta a reflexionar profundamente sobre la fragilidad de las instituciones y la necesidad imperativa de salvaguardarlas. Al ver las recientes acciones del Ministerio Público de Guatemala en sus investigaciones contra el Presidente electo Bernardo Arévalo, surgen una serie de preocupaciones que apuntan a faltas importantes en el razonamiento lógico y la aplicación de principios fundamentales.

Más allá de la búsqueda de una legítima justicia, debemos reconocer que estas acciones, lejos de ser muestra de firmeza o fortaleza, parecen estar marcadas por una notable falta de rigor en la imputación de delitos graves. En lugar de reflejar una aplicación imparcial y equitativa de la ley, estos procesos emulan más una persecución dirigida contra adversarios políticos. Esta situación no solo socava la confianza en las instituciones, sino que también desvirtúa el principio de justicia, esencial en toda democracia sólida y resiliente.

Preocupa también la construcción de narrativas oficiales sin una base sólida de evidencias. El principio de presunción de inocencia parece haber sido ignorado. Los argumentos e hipótesis no solo carecen de coherencia lógica para una acusación justa, sino que también se perciben como politizados antes que basados en hechos y pruebas contundentes.

Además, la forma en que se han involucrado diversas figuras en estos procesos resultaría, para cualquier observador conspicuo, una distorsión del propósito de la ley. En lugar de ser un instrumento para proteger derechos y promover justicia, esta se puede convertir fácilmente en una herramienta para embestir contra opositores políticos o para irresponsablemente generar dudas sobre las elecciones.

Esta aplicación sesgada de la ley es extremadamente alarmante. Es crucial que todo proceso se apegue a los más altos estándares de integridad y objetividad. Cualquier desviación no solo compromete la credibilidad de las instituciones, sino también la confianza pública en el sistema de justicia.

En resumen, la lógica y la justicia parecen haberse sacrificado en aras de conveniencias políticas. El efecto en la conciencia colectiva puede ser una afectación de la confianza pública en la autoridad, difícilmente reparable en el corto plazo. Esto representa un desafío no solo para Guatemala, sino para quienes creemos en la democracia y en un sistema judicial imparcial.

Es imperativo retomar el camino de la razón y la justicia para garantizar el respeto a los derechos humanos y el fortalecimiento democrático. Porque cuando las instituciones llamadas a proteger la justicia y los valores democráticos se ven debilitadas, no solo se altera el curso de una nación, sino que se pone en riesgo el tejido mismo de nuestra convivencia.

Señor Presidente, para nosotros, la democracia no es un mero mecanismo de gobierno; es la música de la libertad, la poesía del autogobierno y la narrativa que permite a un pueblo escribir su propio destino. En ese sentido, la República Dominicana, consciente de su historia y de sus propios desafíos democráticos, entiende la importancia de defender estos principios no solo dentro de nuestras fronteras, sino también en toda nuestra región. Al apoyar esta resolución, reafirmamos nuestra convicción de que el respeto por los procesos democráticos, incluida una transición de poder transparente y legítima, es esencial para la estabilidad y el progreso de Guatemala y, por extensión, de toda la región.

Es nuestro deber, como Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos, abogar por el respeto a la voluntad del pueblo guatemalteco expresada en las urnas. Estamos aquí hoy no solo como representantes de nuestras naciones, sino como guardianes de los ideales democráticos: cada voz merece ser escuchada, cada voto contado y cada persona respetada dentro del marco de una democracia funcional.

Sabemos que la soberanía de un Estado es sagrada, pero no es un escudo para evadir las responsabilidades internacionales. Cuando se usa la soberanía para justificar acciones antidemocráticas, no solo se traiciona el espíritu del orden internacional, sino también la confianza del pueblo.

La vocación de este Consejo Permanente al adoptar esta resolución es una señal de que, como comunidad de naciones, tenemos intereses compartidos y una responsabilidad colectiva en el mantenimiento de la democracia y el respeto a los derechos humanos en nuestra región.

Para concluir, la lucha por la democracia en la República Dominicana es un testimonio del poder del pueblo y de la resistencia contra la opresión. Nuestra historia es un recordatorio de que, aunque el camino hacia la libertad puede ser largo, la luz de la democracia nunca se apaga completamente. La posición de la República Dominicana en este Consejo Permanente se arraiga en nuestra propia experiencia como nación, una experiencia que nos enseña que la lucha por la democracia es continua y nos recuerda que nuestra región anhela un futuro donde la justicia y la libertad guíen nuestras acciones.

La República Dominicana permanecerá vigilante y comprometida en apoyar a Guatemala en su camino hacia una democracia más sólida y resiliente.

Muchas gracias, señor Presidente.