La carrera por la Secretaría General de la ONU

Cómo se elige el próximo Jefe de la ONU, qué ha cambiado en el proceso y por qué América Latina -y República Dominicana- tienen mucho que decir.

En 2026, mientras sigamos leyendo titulares sobre guerras, olas de calor extremas, crisis de refugiados y democracias a la defensiva, en Nueva York se estará decidiendo algo que rara vez entraba en el radar de la opinión pública: quién será la próxima persona al frente de la ONU.

No es un detalle menor. El Secretario General es, en la práctica, la cara del multilateralismo: quien llama a la calma cuando estalla una guerra, quien pide más ambición climática, quien intenta mediar cuando todos los demás se levantan de la mesa. Y esta vez, el proceso para elegirlo llega con reglas nuevas, expectativas más altas… y una América Latina que siente que “le toca”.

El 25 de noviembre de 2025, la Presidenta de la Asamblea General, Annalena Baerbock, y el Presidente del Consejo de Seguridad enviaron una carta conjunta a todos los países anunciando el inicio formal de la “carrera” para suceder a António Guterres el 1 de enero de 2027. Esa carta no es un mero formalismo: es el resultado de una década de reformas impulsadas por la Asamblea General para abrir una selección que durante años fue casi un asunto de backroom entre las grandes potencias.

1. Primero, lo básico: ¿quién elige al Secretario General?

La Carta de las Naciones Unidas lo dice en una sola línea: el Secretario General “será nombrado por la Asamblea General a recomendación del Consejo de Seguridad”. Traducido a lenguaje llano, el proceso tiene dos pasos:

1. El filtro del Consejo de Seguridad. Los 15 países del Consejo discuten nombres y, cuando hay un consenso suficiente, recomiendan a una sola persona. Aquí pesan mucho los cinco miembros permanentes (Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido), que pueden vetar cualquier candidatura.
2. El nombramiento por la Asamblea General. Los 193 Estados se reúnen en sesión plenaria y, salvo sorpresa mayúscula, aprueban por aclamación al candidato recomendado. En la práctica esto ha significado que el verdadero pulso se juega en el “club de los cinco”, y que la Asamblea General ha funcionado más como notario que como protagonista. Durante décadas, los nombres surgían de negociaciones discretas entre grandes capitales, y el resto del mundo se enteraba cuando el humo blanco ya había salido en Nueva York.

2. De los cuartos cerrados al escrutinio público

Eso empezó a cambiar en 2015. Ese año, la Asamblea General aprobó la resolución 69/321, que muchos diplomáticos califican de “histórica” porque fue la primera en decir claramente: la elección del Secretario General debe ser más transparente e inclusiva. Allí se decidió, entre otras cosas, que el Presidente de la Asamblea y el del Consejo enviarían una carta conjunta invitando a los Estados a presentar candidatos y que se organizarían diálogos informales con los aspirantes ante todos los países miembros.

En 2016 vimos por primera vez el efecto de esas reglas: se publicó una lista oficial de candidatos, se compartieron sus currículos, y la Asamblea organizó audiencias transmitidas por internet en las que cada uno expuso su visión y respondió preguntas. Las resoluciones posteriores –70/305, 71/323, 72/313– consolidaron esas prácticas y añadieron un mensaje político fuerte: hay que prestar atención tanto a la rotación regional como al equilibrio de género cuando se elige a quien liderará la ONU.

En 2023, otra resolución clave (77/335) reconoció abiertamente lo que todo el mundo veía: nunca ha habido una mujer al frente de la ONU y eso debe cambiar, “alentando enérgicamente” a los Estados a nominar candidatas.

Y en 2025, la resolución 79/327 dio un paso más: fijó que el proceso debe iniciarse en el último trimestre del año anterior al fin del mandato en curso mediante una carta conjunta; exige que cada candidatura sea presentada por al menos un Estado miembro; ordena mantener una lista pública de candidatos en una página web de la ONU; y pide que los aspirantes revelen sus fuentes de financiación y, si trabajan dentro del sistema ONU, consideren suspender sus funciones durante la campaña para evitar conflictos de interés.

La carta del 25 de noviembre de 2025 sintetiza ese espíritu: recuerda el llamado a nominar mujeres, subraya la importancia de la diversidad regional, anuncia que habrá diálogos públicos con los candidatos a lo largo de 2026 y señala que el Consejo de Seguridad intentará hacer su recomendación hacia finales de julio de ese año para permitir una transición ordenada.

Por primera vez, el camino hacia la Secretaría General está lleno de señales visibles: fechas orientativas, documentos de visión accesibles para todo el mundo, audiencias retransmitidas y un registro público de quién respalda a quién.

3. La batalla del E10: rotación, género y transparencia

Nada de este giro hacia la apertura ha sido un regalo de las grandes potencias. Detrás hay años de presión de la mayoría de la membresía, incluidas las diez sillas no permanentes del Consejo (los llamados E10) y el grupo ACT (Apoyo a la Transparencia y Coherencia).

En cuanto a la diversidad geográfica, existe desde hace tiempo la noción no escrita de rotación regional para el cargo de Secretario General. En 2016 se esperaba que fuera el “turno” de Europa del Este (única región nunca antes representada), pero finalmente el elegido fue de Europa Occidental. Para esta próxima elección, muchos países –especialmente del Sur Global– insisten en que debe respetarse la rotación. De hecho, varios gobiernos señalan que le corresponde a América Latina y el Caribe asumir la Secretaría General en esta ocasión, dado que después de un europeo (Guterres, de Portugal) sería el siguiente grupo regional pendiente. Chile, miembro activo en estas discusiones, lo dijo abiertamente: “El principio de rotación regional debe respetarse, y es el turno de la región de América Latina y el Caribe de ocupar este puesto”. Promover la diversidad regional no significa que el mejor candidato no pueda provenir de otra región, pero sí subraya un valor de equidad: todas las regiones del mundo deberían tener la oportunidad de aportar liderazgo al organismo internacional por excelencia. Esto también responde a críticas de dominación de ciertas regiones o potencias en los altos cargos. Gracias a la incidencia de estos países, la carta conjunta de 2025 menciona expresamente la “importancia de la diversidad regional” en las candidaturas, y seguramente el equilibrio geográfico será un tema central en el debate público sobre los aspirantes.

En el terreno de la paridad de género, el avance es evidente y simbólico. Nunca en 80 años la ONU ha tenido a una mujer como Secretaria General, hecho lamentado dentro y fuera de la Organización. En el proceso de 2016 esto cobró visibilidad –hubo 7 candidatas mujeres de 13 postulantes–, pero finalmente nuevamente un hombre resultó electo. La frustración de redes de mujeres líderes globales llevó incluso a hablar de una “mano negra” que mueve hilos en la sombra para impedir a una mujer en la cúspide de la ONU. Más allá de lo gráfico de la expresión, el debate ha servido para galvanizar apoyo a favor de un cambio real.

El grupo ACT, que incluye a muchos E10 y otros Estados, logró que en la resolución 79/327 se “lamentara” oficialmente la ausencia de mujeres en el puesto y se animara con firmeza a presentar candidatas. La carta conjunta reiteró este punto casi textualmente, marcando un fuerte consenso político: ha llegado la hora de una mujer al mando de la ONU. Países de peso medio como Chile lo dijeron sin rodeos: “Después de 80 años, ha llegado el momento de que una mujer lidere esta organización”. Incluso naciones como Brasil han adelantado en foros internacionales que respaldarán que sea una mujer esta vez. Que se nominen mujeres no garantiza que la elegida final lo sea, pero nunca antes había habido un llamado tan claro y compartido a favor de la paridad. Esto crea una expectativa pública y una presión moral para que los miembros del Consejo, al deliberar, den seria consideración a las candidatas.

En materia de transparencia y rendición de cuentas, los logros impulsados por los E10/ACT también son notables. La obligación de presentar una visión estratégica por escrito, de participar en diálogos abiertos y de divulgar los apoyos financieros coloca a los aspirantes bajo el escrutinio de todos los Estados y de la sociedad civil mundial. Un candidato ya no puede surgir de la nada producto de un arreglo entre potencias: ahora deberá articular sus propuestas públicamente (¿qué plan tiene para la ONU en temas de paz, desarrollo, derechos humanos?) y podrá ser cuestionado sobre ellas. Además, con la nueva regla de transparencia financiera, si un Estado poderoso o un actor privado respalda a un candidato, esa información deberá ser conocida, lo que inhibe la “diplomacia de chequera” encubierta. Los E10 también han abogado por igualar el terreno de juego: de ahí la recomendación de que altos funcionarios de la ONU que compitan se aparten temporalmente –evitando que, por ejemplo, un jefe de agencia de la ONU use su cargo como plataforma de campaña aventajada frente a candidatos externos. Todo esto promueve la equidad entre aspirantes y la confianza en que la elección se basará en méritos y no en influencias indebidas.

Otro avance importante es el compromiso de mantener informada a toda la membresía durante el proceso. Tradicionalmente, una vez iniciadas las deliberaciones en el Consejo, los demás Estados quedaban a la expectativa sin saber nada hasta el humo blanco. Ahora, gracias a la presión de los electos y al respaldo de resoluciones, se espera que el Presidente del Consejo y la Presidenta de la Asamblea emitan comunicaciones conjuntas periódicas con actualizaciones: cuántos candidatos siguen activos, en qué fase se está, qué pasos vienen. Esta transparencia interna permite a los países seguir el progreso y, llegado el caso, ejercer también su influencia diplomática de manera informada.

4. América Latina dice: “Es nuestro turno”

En este contexto, la idea de que “toca” un Secretario General latinoamericano y caribeño ha ido ganando terreno. No existe una norma escrita que obligue a respetar la rotación regional, pero sí una lógica política difícil de ignorar: después de África, Asia y Europa, América Latina y el Caribe ha estado poco representada en la cúspide de la ONU. El único latinoamericano que ocupó el cargo fue Javier Pérez de Cuéllar (Perú), entre 1982 y 1991.

Hoy, con una región que se reivindica como actor clave frente a la crisis climática, las migraciones y la desigualdad, la demanda tiene más fuerza. Que el propio Consejo de Seguridad tenga dos asientos reservados para América Latina y el Caribe, y que países de la región estén asumiendo responsabilidades en temas tan delicados como Haití o la paz en Ucrania, refuerza la idea de que no se trata solo de un reclamo simbólico, sino de liderazgo real en la agenda global.

5. ¿Y República Dominicana qué?

Para República Dominicana, todo esto no es ajeno ni debería serlo. El país lleva años incrementando su perfil en la ONU y en la política regional:

• Fue miembro no permanente del Consejo de Seguridad en 2019–2020 y llegó a presidirlo, ganando experiencia directa en la sala donde se decide el nombre del Secretario General.
• Es miembro del Consejo de Derechos Humanos para el periodo 2024–2026, lo que le da voz en debates clave sobre derechos y democracia.
• Está en la primera línea de la crisis haitiana y ha reclamado, junto a Kenia, más apoyo internacional para la misión de seguridad autorizada por la ONU en Haití, en un momento en que la violencia de las pandillas tiene al país vecino al borde del colapso.

La suspensión de la Cumbre de las Américas prevista para diciembre de 2025, que iba a celebrarse en Punta Cana, ha sido sin duda un golpe: se perdió una vitrina importante para proyectar liderazgo y para reunir en casa a los jefes de Estado del hemisferio. Pero también abre una ventana distinta. 2026 seguirá lleno de espacios de diplomacia silenciosa –reuniones ministeriales, visitas oficiales, foros regionales– en los que la región puede volver sobre el tema y, en los pasillos, ir amarrando posiciones sobre la elección del próximo Secretario General.

Todo esto coloca a República Dominicana en una posición singular: país caribeño, puente natural entre América del Norte y del Sur, entre el mundo hispano y el anglófono, y con credenciales recientes en seguridad, derechos humanos y diplomacia regional.

En un momento en que América Latina y el Caribe reclaman su turno para liderar la ONU, sería casi un contrasentido que República Dominicana se mire el proceso desde la grada. Al contrario: tiene todo el sentido que sea una de las voces activas en las discusiones sobre candidaturas, tanto dentro del Grupo de América Latina y el Caribe (GRULAC) como en Nueva York.

Eso no significa necesariamente presentar un candidato propio a la Secretaría General (aunque nada lo impediría), pero sí:

• Participar en la construcción de un consenso regional sobre nombres capaces, con visión, y que entiendan las realidades del Caribe, del cambio climático y de las desigualdades.
• Exigir públicamente transparencia y equidad en el proceso, reforzando los avances logrados por las resoluciones de revitalización.
• Aprovechar cada plataforma regional y global en 2026 –desde reuniones hemisféricas hasta debates en Ginebra y Nueva York– para poner el tema en la agenda, aunque sea en conversaciones informales: que la elección del Secretario General deje de ser un asunto de élites diplomáticas y empiece a percibirse como un debate que importa a las sociedades.

República Dominicana, como país mediano con presencia en distintos tableros, puede jugar un papel de bisagra: tender puentes entre visiones del Norte y del Sur, amplificar la voz caribeña –tan afectada por el clima y la inseguridad– y recordar que la legitimidad de la ONU se juega también en quién la dirige.

Y, de paso, esta implicación activa alimenta otra discusión que ya algunos empezamos a tener en voz alta: si el país quiere consolidar su papel como actor global responsable, no basta con “haber pasado” por el Consejo de Seguridad una vez. Sería razonable que Santo Domingo se plantee lanzar, para finales de esta década, una nueva candidatura a un asiento no permanente. Volver a la mesa del Consejo antes de 2030, con más experiencia y una agenda clara, reforzaría el mensaje de que República Dominicana no solo opina sobre el futuro de la ONU, sino que está dispuesta a asumir de nuevo las responsabilidades que eso implica.

6. Lo que le espera al próximo Secretario General: una ONU en trauma

El debate sobre reglas, regiones y género no debe hacernos olvidar algo esencial: el próximo Secretario General no llegará a una hoja en blanco, sino a una ONU que ya hoy atraviesa una crisis profunda. Cuando los jefes de Estado se reunieron en la Asamblea General de septiembre de 2025, muchos se encontraron con una Organización en modo trauma, como lo describe sin rodeos un reciente informe de International Crisis Group.

El diagnóstico tiene dos capas. La primera es financiera y de gestión. Los recortes masivos de Estados Unidos –históricamente el mayor contribuyente– han “eviscerado” partes del sistema de la ONU, especialmente sus operaciones humanitarias. Agencias como el Programa Mundial de Alimentos y ACNUR están reduciendo personal y recortando raciones justo cuando las necesidades se disparan. António Guterres ha respondido empujando la iniciativa de reforma UN80, que ya está en marcha y que, de aquí a 2026, debe reducir en torno a una quinta parte el personal de la Secretaría y revisar miles de mandatos encargados por los Estados miembros. Una frase resume el ambiente en la casa de cristal: hacer “menos con menos”.

La segunda capa es política y de credibilidad. En Gaza, Israel ha mantenido deliberadamente a la ONU al margen tanto de la negociación política como de la respuesta humanitaria en una guerra que ha derivado en catástrofe, con hambruna declarada en partes de la Franja. UNRWA, la agencia para los refugiados palestinos, sufre una ofensiva política y financiera sin precedentes: ha perdido centenares de trabajadores, instalaciones y donantes clave desde 2023, y su supervivencia está en duda.

Al mismo tiempo, las alarmas no paran de sonar en Sudán y Haití: guerras prolongadas, violencia sexual masiva, Estados casi colapsados y sistemas humanitarios desbordados. La guerra entre Rusia y Ucrania sigue empantanada, la situación de los rohingya en Bangladesh y Myanmar permanece estancada y el Consejo de Seguridad, atravesado por vetos cruzados, ha sido incapaz de ofrecer respuestas coherentes en varios de estos frentes.

A estos focos se suman los impactos concretos de los recortes en áreas especialmente sensibles. El informe de Crisis Group subraya que los servicios de salud sexual y reproductiva en contextos de conflicto están entre los más golpeados: el Fondo de Población (UNFPA) ha tenido que cerrar espacios seguros para sobrevivientes de violencia sexual en Sudán y recortar el apoyo a parteras en Afganistán, mientras sus llamamientos de fondos para mujeres y recién nacidos en Gaza han recibido solo una fracción de lo necesario.

En paralelo, la ONU intenta sacar adelante una revisión de todas sus operaciones de paz, encargada por el Pacto por el Futuro adoptado en 2024, al tiempo que sostiene como puede misiones políticas y humanitarias en Siria, Afganistán, Haití, el Sahel y otros contextos frágiles. Pero, como admite el propio informe, la Organización ya no puede estar en todo con la misma intensidad: reforzar la presencia en ciertos conflictos implicará recortar en otros.

En este escenario, quien llegue al piso 38 de la sede de la ONU en enero de 2027 no solo tendrá que desplegar discurso inspirador. Tendrá que:

• Gestionar recortes y reformas impopulares sin destruir la capacidad de la ONU para responder a crisis humanitarias y de seguridad.
• Defender el sistema multilateral frente a una oleada de escepticismo y nacionalismos, en particular si grandes potencias siguen apostando por la acción unilateral o minan principios básicos de la Carta, como la prohibición del uso de la fuerza y el respeto a la integridad territorial.
• Mantener vivas agendas sensibles, como la igualdad de género y los derechos de mujeres y niñas en conflictos, justo cuando los retrocesos y los recortes de financiación son la norma.
• Reposicionar la diplomacia de buenos oficios de la ONU para que la Organización vuelva a ser un mediador relevante en guerras donde hoy pesan más las decisiones que se toman en capitales nacionales que las resoluciones que se adoptan en Nueva York.

Dicho de otro modo, el próximo Secretario General será, guste o no, un gerente de crisis permanentes: presupuestarias, políticas, humanitarias y de legitimidad. El proceso de selección que ahora se desarrolla en Nueva York no es solo un ritual institucional; es, de facto, una entrevista global para ese puesto. Y ahí es donde las discusiones sobre transparencia, rotación regional y paridad dejan de ser abstractas y se conectan con lo que de verdad importa: si la ONU va a encarar esta tormenta con alguien que entienda la magnitud del reto… y tenga la voluntad de afrontarlo.

7. ¿Por qué debería importarnos?

Puede parecer que todo esto es remoto, de pasillos y protocolos. Pero la persona que salga de este proceso no solo va a tener un altavoz como pocos; va a pilotear una ONU con menos recursos, más crisis y una reputación en juego. Desde cómo se negocian los compromisos climáticos, hasta qué prioridad se da a los derechos humanos frente a la “realpolitik”, pasando por las decisiones sobre Sudán, Haití o Gaza, su margen de maniobra influirá en cuestiones que nos tocan cada día más de cerca.

Las nuevas reglas no convierten la elección en un voto popular ni eliminan los vetos ni las tensiones geopolíticas. Pero sí abren una ventana para que:

• Haya candidaturas de calidad, que antes ni siquiera habrían entrado en la conversación porque no contaban con el beneplácito previo de las grandes potencias.
• La paridad de género y la diversidad regional dejen de ser un brindis al sol y se conviertan en variables visibles que los Estados tendrán que explicar si deciden ignorar.
• Países como República Dominicana y el resto de América Latina tengan más espacio para influir, en bloque, en una decisión que marcará el rumbo del multilateralismo y la respuesta a crisis que ya golpean fuerte a la región (clima, migración, seguridad).
• Y, sobre todo, que el debate sobre “qué ONU queremos para esta década de crisis” se dé antes de que sea demasiado tarde.

De aquí a finales de 2026 veremos desfilar nombres, declaraciones programáticas y audiencias públicas. Será fácil desconectar y pensar que da igual quién gane, sobre todo cuando el sistema multilateral parece estar siempre a la defensiva. Pero en un momento en que la frase “la ONU no sirve para nada” se repite con ligereza, el modo en que se elija a su líder enviará un mensaje potente: o bien que la organización está dispuesta a mirarse al espejo y reformarse, o bien que las inercias de siempre siguen mandando incluso en plena tormenta.

Por una vez, vale la pena seguir de cerca lo que ocurre en esa “elección global” sin urnas. No porque un buen Secretario General vaya a arreglar el mundo por sí solo –nadie puede hacerlo con los recortes, las guerras y la polarización actuales–, sino porque, en tiempos de desconfianza, cualquier paso hacia una ONU más abierta, representativa y coherente con los valores que predica es una noticia que necesitamos.

Y porque, para América Latina y el Caribe –y para República Dominicana en particular– esta puede ser, de verdad, la oportunidad de hacer valer su voz en la cúspide del sistema internacional: no solo opinando sobre el futuro de la ONU, sino ayudando a decidir quién la conducirá en uno de los tramos más difíciles de su historia.