Sudan: Darfur

Primeramente, queremos agradecer al Sr. Lacroix y al Sr. Gilmour sus exposiciones informativas.

La República Dominicana se identifica plenamente con la declaración de prensa del Presidente de la Comisión de la Unión Africana, Sr. Moussa Faki, del día 3 de junio, en ocasión de los recientes sucesos y la tensa situación en el país. El mandato de la Operación Híbrida de la Unión Africana y las Naciones Unidas en Darfur (UNAMID) indica que su prioridad es la responsabilidad de proteger a la población civil. Partiendo de esta premisa y de acuerdo con el último informe del Secretario General (S/2019/445), en el cual se indica el impacto moderado que han tenido los incidentes de Jartum en la situación de seguridad en Darfur, se entendería que este mandato se está cumpliendo.

Desafortunadamente, Darfur continúa siendo una zona plagada de injusticias, de violaciones de los derechos humanos —principalmente de los derechos de los niños y las mujeres— y de conflictos intercomunales no resueltos. Con más de dos millones de desplazados internos, Darfur es una zona en la que habitualmente se restringe el acceso a la asistencia humanitaria y la información. Se reporta, además, que las fuerzas del Gobierno y las milicias a ellas asociadas han destruido y quemado poblados en el área de Yebel Marra. Se han documentado homicidios, violencia sexual, saqueos sistemáticos y desplazamientos forzosos.

Frente a esta realidad, estamos a las puertas de la renovación del mandato de UNAMID y muchas y muy frecuentes son las preguntas acerca del futuro de la misión y sobre cuándo y cómo saldrá. Es claro, que para algunos ese momento ha llegado. Pero para otros como Adam, un desplazado de 54 años, en el área de Sortony, la existencia de UNAMID es una amenaza para las fuerzas de seguridad que quieren maltratar al pueblo y cometer atrocidades. En ciertas zonas de Darfur, como Yebel Marra, la necesidad de la protección de UNAMID es urgente e indispensable.

Esta urgencia se ve agravada por los recientes eventos en Jartum, donde las Fuerzas de Apoyo Rápido atacaron los sitios donde se llevaban a cabo protestas y abrió fuego contra los protestantes, matando a más de 100 personas. Nos preocupa que esta misma milicia, responsable de las atrocidades cometidas en Darfur, forme parte del Consejo Militar de Transición.

El Sudán se encuentra en medio de una crisis política que requiere que actuemos con cautela y que no descartemos la posibilidad de un aumento de la violencia contra los civiles en Darfur. Una muestra clara de que los arquitectos de la violencia en el conflicto darfurí aún retienen poder político y militar, es la promulgación por parte del Consejo Militar del decreto 102, que instruye a que se entreguen las bases de operaciones a las Fuerzas de Apoyo Rápido, en violación a los compromisos asumidos por Jartum, incluido el acuerdo sobre el estatuto de las fuerzas entre la UNAMID y el Gobierno del Sudán. En este sentido, acogemos con beneplácito la decisión por parte de las Naciones Unidas de suspender la entrega de estas facilidades, la cual debe realizarse a las instituciones adecuadas, para fines pacíficos y en beneficio de la población civil.

Luego de 12 años desde el despliegue de UNAMID, el conflicto en Darfur parece no cesar, a pesar de la relativa calma lograda, los últimos eventos en Jartum han acrecentado los retos políticos y logísticos en el terreno. La cantidad de muertos, las violaciones de los derechos humanos, los desplazamientos humanos, la inseguridad alimentaria y los efectos del cambio climático siguen reclamando una respuesta internacional fuerte, que cumpla con el mandato de proteger a la población civil y por un compromiso efectivo del Gobierno con el bienestar del pueblo sudanés.

A este respecto, nos preocupan, por un lado, los devastadores efectos del cambio climático y la degradación ambiental como agente multiplicador de conflictos. En el caso del Sudán, si la tendencia de sequía continúa, se enfrentaría a significativas deficiencias alimentarias y numerosas migraciones por la pérdida de medios de subsistencia, que agravará la ya difícil situación que enfrentan los sudaneses.

Por otro lado, nos alarma la tendencia creciente de los hechos de violencia sexual relacionada con el conflicto, muchos de los cuales no son reportados, y de los que sí lo son, el 80 % constituyen violaciones, de las cuales un 30 % son perpetradas por miembros de la milicia de las Fuerzas de Apoyo Rápido y de las fuerzas armadas. Es imperativo que se asegure el monitoreo, análisis y reporte de estos casos, aun después de la salida de la UNAMID de Darfur, con el despliegue de asesoras para la protección de las mujeres en el terreno.

Es necesario que replanteemos la estrategia de salida y nos enfoquemos en preservar las capacidades de la misión para proteger civiles y monitorear los abusos de los derechos humanos y, luego de un tiempo razonable, reanudar las conversaciones sobre una retirada gradual de la UNAMID.

Los recientes acontecimientos en Jartum abren un abanico de oportunidades para llevar a cabo una negociación política transparente, liderada por civiles, a través del diálogo abierto, con la participación de todos los actores, en aras del restablecimiento del orden y la paz del pueblo sudanés —una negociación que facilite, sobre todo, un proceso de rendición de cuentas que lleve a la justicia a los responsables de hechos violentos contra la población civil y que posibilite una investigación independiente de los mismos.

Para que resurja un Sudán en paz es necesario que los responsables de atrocidades sean llevados a la justicia, que se asegure la dignidad, el respeto y las aspiraciones democráticas de los sudaneses, pero, sobre todo, es preciso que se reivindique a la mujer sudanesa y se asegure su participación en la toma de decisiones.