30 de septiembre: Haití al borde del abismo

El 12 de septiembre, cuarenta y dos haitianos fueron masacrados en Cabaret. Sus cuerpos — algunos devorados por perros callejeros — quedaron abandonados mientras las familias huían hacia la nada. La coalición armada Viv Ansanm lo llamó venganza. En realidad, fue la confirmación de que en Haití el Estado ya no existe y que la violencia es hoy el único lenguaje político funcional.

El 30 de septiembre, a las 10 de la mañana, el Consejo de Seguridad de la ONU decidirá si convierte la tambaleante Misión Multinacional de Seguridad en una Fuerza de Supresión de Pandillas con 5,550 efectivos. No será otra resolución más. Será la prueba de si el mundo está dispuesto a comprometerse durante décadas o si, una vez más, se limitará a administrar la decadencia hasta que resulte insoportable.

La economía del colapso

La matemática es implacable. La misión actual — menos de 1,000 efectivos en lugar de los 2,500 prometidos — ya ha consumido 110.8 millones de dólares en contribuciones voluntarias. António Guterres advirtió que incluso esa fuerza reducida requería 600 millones anuales. Ampliarla a 5,550 efectivos, con un mandato más amplio y estructuras de mando complejas, elevaría los costos a más de 3,000 millones al año.

¿Quién asumirá esa carga? En Washington, un Congreso cada vez más hostil no aprobará otro compromiso externo sin certezas de éxito. Europa está absorbida por Ucrania y sus propias crisis económicas. China y Rusia consideran la misión un proyecto occidental y no pondrán recursos. Con este modelo de financiamiento voluntario, la operación está condenada a colapsar en un año, tal vez menos. Los haitianos ya conocen ese ciclo: intervenciones lanzadas con fanfarria y abandonadas a mitad de camino, dejando vacíos que las pandillas llenan con sangre.

Y aunque se consiguiera el dinero, la inversión sigue desviada: casi nada se destina al desarme, desmovilización y reintegración (DDR), el proceso indispensable para recoger armas, desarticular estructuras y dar a los combatientes — en particular a los miles de niños reclutados — una salida digna de regreso a la sociedad. Sin DDR, más tropas significan apenas una represión temporal, no una paz duradera.

El abismo legal

La propuesta de otorgar autoridad para “detener y arrestar haitianos” es una bomba de tiempo jurídica. El sistema judicial de Haití ha colapsado. Sus cárceles están bajo control de las pandillas. ¿En qué tribunales serán juzgados los detenidos? ¿En qué prisiones serán recluidos?

Las reglas de enfrentamiento en barrios densamente poblados plantean dilemas imposibles. Las pandillas están incrustadas en las mismas comunidades donde las familias cocinan y los niños juegan. El derecho internacional humanitario exige distinguir combatientes de civiles, pero en Puerto Príncipe esas líneas han desaparecido. Un soldado que no hable créole no puede discernir quién es un pandillero armado y quién un vecino aterrorizado.

La historia pesa como advertencia. Las misiones anteriores dejaron tras de sí escándalos de violaciones y una epidemia de cólera que mató a 10,000 haitianos. Los mecanismos de rendición de cuentas siguen siendo vagos, no vinculantes y poco creíbles. Sin un marco legal sólido, con supervisión independiente y consecuencias reales, los abusos se repetirán, y con ellos, la indignación contra las fuerzas extranjeras.

Y otra vez, el DDR es el gran ausente. Arrestos y redadas no significan nada si no existe un plan creíble para desarmar pandillas, desmontar sus redes e integrar a sus miembros en la vida civil. De lo contrario, cada pandillero detenido será reemplazado por un recluta nuevo, cada célula desarticulada renacerá con armas frescas.

La ilusión electoral

El mito más peligroso es la presión para celebrar elecciones en 2025 o 2026. Varias capitales insisten en colocar urnas junto a las balas, como si los comicios pudieran producir legitimidad en medio del caos. Pero no puede haber democracia en estas condiciones.

La Comisión de Venecia del Consejo de Europa fue categórica: “ninguna elección o referéndum puede contemplarse mientras no se restablezca un nivel adecuado de seguridad”. Haití está muy lejos de ese umbral. En Puerto Príncipe, donde vive la mitad del electorado, las pandillas dictan quién entra, quién sale, quién habla y quién calla. Allí los partidos no pueden registrar candidatos ni organizar un mitin.

Los desplazamientos agravan el cuadro: 1.3 millones de haitianos, más del 10% de la población, están fuera de sus distritos. La Oficina Nacional de Identificación colapsó, dejando a cientos de miles sin documentos para votar. Reconstruir padrones en campamentos improvisados es logísticamente imposible.

Y sin embargo, Jimmy “Barbecue” Chérizier, líder de la coalición G9, ya ha anunciado que su grupo formará un partido político. Elecciones bajo su control no devolverían legitimidad; consagrarían el poder criminal por la vía institucional.

La comunidad internacional enfrenta una disyuntiva brutal: o posterga la democracia hasta que exista seguridad real y DDR efectivo, o termina legitimando con urnas un narcoestado. Fingir que existe un camino intermedio es el autoengaño más costoso de todos.

El dilema dominicano

La República Dominicana comparte 390 kilómetros de frontera porosa. No podrá contener la crisis con muros más altos y deportaciones masivas. El problema ya desbordó cualquier estrategia unilateral.

Santo Domingo ha anunciado más tropas, más muro, sanciones más duras contra quienes ayuden a migrantes. Pero las pandillas ya están tejiendo alianzas con carteles, perfeccionando rutas y extendiendo redes hacia territorio dominicano.

Esperar no es una opción. En cinco años, el país podría tener un narcoestado consolidado en su frontera, refugios seguros para narcotraficantes a pocas horas de Punta Cana, y flujos migratorios que harán parecer la situación actual una molestia menor. La estabilidad de Haití no es caridad: es supervivencia.

Las preguntas sin respuesta

¿Cuál es el horizonte real: décadas, no años? ¿Está el mundo dispuesto a comprometerse veinte años? ¿Qué definirá el éxito: menos homicidios, más territorio controlado por el gobierno, elecciones aunque sean defectuosas? ¿Dónde está el financiamiento para DDR, cuando todos saben que es la pieza indispensable? ¿Y cómo se evitará que la corrupción capture los recursos, como tantas veces antes?

Si el 30 de septiembre termina con otra resolución vaga, serán las pandillas quienes celebren. Cada día de vacilación es un día de victoria para ellas.

Un llamado a la claridad brutal

Haití exige honestidad. Miles de millones de dólares durante décadas, no cientos de millones durante meses. Un marco legal creíble, con supervisión independiente y consecuencias tangibles. Elecciones solo cuando la seguridad lo permita, no antes. Liderazgo regional real, que asuma que la catástrofe de Haití es una amenaza compartida y no un problema ajeno.

Haití está al borde, y cada día lo acerca más al abismo. Los niños no pueden esperar programas de DDR que nunca llegan. Las familias no pueden esperar ayuda que nunca arriba. Y la República Dominicana no puede esperar a que el colapso cruce la frontera.

El 30 de septiembre, el Consejo de Seguridad no decidirá solo sobre Haití. Decidirá sobre la credibilidad del sistema multilateral para enfrentar las crisis del siglo XXI. Los haitianos merecen más que otra misión fallida, más que un abandono disfrazado de soberanía, más que urnas entregadas a las pandillas.

La historia no juzgará intenciones, sino resultados. Y sin dinero, sin ley y sin DDR, los resultados son previsibles: más muerte, más caos, más desesperanza. Los cadáveres de Cabaret merecen algo más que otra resolución hueca que retrase lo inevitable mientras acelera la catástrofe.