La distribución equitativa de vacunas contra la COVID-19

(Aprobada por el Consejo Permanente en la sesión ordinaria virtual celebrada

el 17 de febrero de 2021)

EL CONSEJO PERMANENTE DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS,

REAFIRMANDO su resolución CP/RES. 1151 (2280/20), “Respuesta de la OEA a la pandemia de COVID-19”, del 16 de abril de 2020;

RECORDANDO la resolución CDSS1.R1, “Actualización sobre la pandemia de COVID-19 en la región de las Américas, preparación para el COVAX y acceso equitativo a las vacunas contra la COVID-19”, adoptada en la sesión especial del Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el 10 de diciembre de 2020, y las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas A/RES/75/130, “Salud mundial y política exterior: fortalecer la resiliencia de los sistemas de salud proporcionando atención médica asequible a todas las personas”, del 14 de diciembre de 2020, y A/RES/74/306, “Respuesta integral y coordinada a la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19)”, del 11 de septiembre de 2020;

RECORDANDO ASIMISMO que los Estados Partes del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconocen el derecho de todos a gozar del grado más alto posible de salud física y mental, y que una de las medidas que deben tomarse para lograr el pleno ejercicio de este derecho consiste en crear condiciones que aseguren que todos cuenten con atención y servicios médicos en caso de enfermedad;

CONSCIENTE de que en la Carta Social de la Organización de los Estados Americanos se reconoce que un ambiente seguro es esencial para el desarrollo integral;

TENIENDO EN CUENTA la declaración especial de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), del 2 de febrero de 2021, sobre la restricción de las exportaciones de vacunas e insumos contra la COVID-19, en la cual se expresa preocupación por la creación de mecanismos que limitan la exportación a terceros países de vacunas, así como de sustancias y artículos de uso médico para combatir la pandemia;

ALARMADO porque, al 16 de febrero de 2021, más de un millón cien mil personas habían muerto a consecuencia de la COVID-19 en las Américas, cifra que representa la tasa de mortalidad más alta en el mundo;

OBSERVANDO CON PREOCUPACIÓN que las economías de todas las naciones del mundo, y en particular las de nuestro Hemisferio, han sufrido una contracción desastrosa como consecuencia de la COVID-19, situación que tiene efectos adversos en los medios de subsistencia de los pueblos, aumenta la inseguridad alimentaria y nutricional, el desempleo y la pobreza y revierte los avances sociales y económicos realizados en el Hemisferio durante las dos últimas décadas;

RECONOCIENDO que los efectos perniciosos de la pandemia han empeorado la situación en países que experimentan repetidas veces desastres naturales devastadores;

CONSIDERANDO el impacto desproporcionado de la COVID-19 en las economías de la región y que este grave deterioro económico presenta obstáculos para el desarrollo de los países del Hemisferio y la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de las Naciones Unidas, acordados por nuestras naciones;

CONSCIENTE de que, en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, se reafirma que “[l]a justicia y la seguridad sociales son bases de una paz duradera”;

RECONOCIENDO que es esencial poner fin a la fase aguda de la pandemia de COVID-19 en el mundo, que los Estados americanos tienen la responsabilidad común y compartida de controlar esta enfermedad en el hemisferio occidental y que este control es crucial para el desarrollo sostenible, la seguridad y la estabilidad de dichos Estados;

RECONOCIENDO ASIMISMO con gratitud que la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la OPS no han escatimado esfuerzos para controlar la propagación de la COVID-19 y proteger la salud de los pueblos de las Américas durante la pandemia;

RECIBIENDO CON BENEPLÁCITO, como ejemplo para otras instituciones financieras internacionales, el anuncio de que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) está movilizando $1.000 millones para ayudar a sus países miembros de América Latina y el Caribe a adquirir y distribuir vacunas contra la COVID-19, teniendo en cuenta en particular que varios países del Caribe no son miembros del BID y tienen que pedir asistencia de otras instituciones financieras internacionales;

TOMANDO NOTA de la declaración del Secretario General de las Naciones Unidas de que las vacunas son bienes públicos mundiales y de que se necesita pleno financiamiento para el Acelerador del Acceso a las Herramientas contra la COVID-19 y el Mecanismo COVAX encabezado por la OMS;

CONSIDERANDO que, en la resolución WHA73.1, “Respuesta a la COVID-19”, de la Asamblea Mundial de la Salud, del 19 de mayo de 2020, también se reconoce “la función de la inmunización extensiva contra la COVID-19 como bien de salud pública mundial en la prevención, la contención y la detención de la transmisión con miras a poner fin a la pandemia”;

APOYANDO la iniciativa de Financiamiento para el Desarrollo en la Era de la COVID-19 y más allá, encabezada conjuntamente por Canadá, Jamaica y el Secretario General de las Naciones Unidas, encaminada a fomentar debates incluyentes sobre la forma de obtener un financiamiento mayor y más eficaz para el desarrollo en el contexto de la crisis de la COVID-19, incluso para el acceso a vacunas;

AGRADECIDO al Gobierno de la India por el generoso suministro de cantidades beneficiosas de la vacuna de Oxford/AstraZeneca a varios países del Caribe;

CONVENCIDO de que una recuperación incluyente y sostenible de la COVID-19 en todo el mundo dependerá, como primer paso vital, de la disponibilidad y la distribución de vacunas para todos;

PROFUNDAMENTE PREOCUPADO porque los países desarrollados, que representan menos de 15 % de la población mundial, ya han comprado más de 50 % de las vacunas candidatas más prometedoras;

OBSERVANDO CON PREOCUPACIÓN la posibilidad de que, según se informa, el 90% de las personas en los países en desarrollo no tendrán acceso a ninguna vacuna contra la COVID-19 en 2021;

CONSCIENTE de que la OPS ha afirmado que las tres nuevas variantes de interés del SARS-CoV-2, que plantean interrogantes sobre la posibilidad de un aumento en la transmisibilidad de la COVID-19, se han detectado en 20 países de la región de las Américas;

OBSERVANDO ASIMISMO que ningún país estará a salvo hasta que todos lo estén;

CONDENANDO toda medida que socave intencionalmente los esfuerzos mundiales para que se pueda proteger a todos, en todas partes, contra la COVID-19;

REAFIRMANDO la importancia de la solidaridad y la cooperación interamericanas para eliminar la COVID-19 del Hemisferio y del mundo; y

RECONOCIENDO los principios fundamentales establecidos en el marco de asignación de la OMS para el acceso justo y equitativo a productos para la salud utilizados para combatir la COVID-19,

RESUELVE:

1. Expresar grave preocupación por toda medida cuya finalidad o resultado sea la inequidad y la discriminación en el acceso a vacunas y en su distribución entre países desarrollados y en desarrollo, lo cual crea el riesgo de que la pandemia actual continúe, en perjuicio de los medios de subsistencia, de la preservación de la salud y del bienestar de los pueblos de América Latina y el Caribe y del respeto del principio de la cooperación y la solidaridad internacionales.

2. Exhortar a los fabricantes de vacunas a que, como muestra de buena fe con la humanidad, aumenten la producción y cooperen plenamente con los Estados, en particular con los países en desarrollo, así como con organizaciones internacionales y otras partes interesadas, en el fomento de la concesión voluntaria de licencias de patente a compañías farmacéuticas locales y regionales, de conformidad con las normas internacionales, con miras a acelerar la distribución de vacunas en todo el mundo y el acceso de todos a las mismas.

3. Instar a las instituciones financieras internacionales a que proporcionen financiamiento de bajo costo a todos los países en desarrollo, en particular los pequeños Estados, para ayudar a contener y suprimir la pandemia de COVID-19.

4. Solicitar a los Estados Miembros y a los observadores permanentes que estén en condiciones de hacerlo que tomen medidas para facilitar la distribución equitativa de vacunas en todo el mundo y en el Hemisferio.

5. Exhortar a la Organización Panamericana de la Salud a que siga asistiendo a los Estados Miembros, a petición, para superar las barreras polifacéticas a la introducción y el lanzamiento de vacunas contra la COVID-19, como las restricciones de la oferta y otras dificultades logísticas y regulatorias.

6. Solicitar al Secretario General que haga estas declaraciones en nombre del Consejo Permanente en todos los foros apropiados y que se dé la más amplia publicidad posible a tales declaraciones.

Resolución aprobada

CP/RES. 1166 (2312/21): “Fecha de la Tercera Reunión del Grupo Técnico Subsidiario sobre Gestión de la Policía del proceso MISPA, convocada por la resolución AG/RES. 2950 (L-O/20)”