El Regreso de Monroe: República Dominicana ante la Estrategia de Seguridad Nacional 2025 de Trump

Introducción

Cuando una gran potencia cambia de idea sobre sí misma, todo el mapa se mueve. La Estrategia de Seguridad Nacional (NSS — National Security Strategy) de 2025[1] no es un documento más en la burocracia de Washington: es el relato de un país que deja de presentarse como arquitecto del orden liberal global y se asume como potencia hemisférica enfocada en “defender la casa” y ordenar su vecindario inmediato. Y en ese vecindario estamos nosotros.

Para República Dominicana (RD), ese giro no es teórico. Redefine nuestro valor como nodo hemisférico: frontera, puertos, turismo, cadenas de suministro, energía y datos pasan a leerse como variables de seguridad y no solo como capítulos sectoriales. En ese marco, la ambigüedad cuesta más. La improvisación cuesta más. La falta de un relato propio cuesta más.

Este escrito se organiza alrededor de una disyuntiva simple y exigente: RD puede consolidarse como socio preferente de un Washington que re-centra su seguridad en el hemisferio occidental, o puede deslizarse hacia una relación de satélite sin voz propia. La diferencia dependerá menos de la Casa Blanca que de nuestra capacidad de combinar alineamiento selectivo con diversificación inteligente. En otras palabras: ya no basta con ser aliados; hay que ser aliados lúcidos.

Lo que complica este desafío es que RD llega a esta coyuntura con el capital diplomático tensionado. Episodios recientes —la suspensión de la X Cumbre de las Américas prevista en suelo dominicano, la cesión de espacios para aeronaves militares estadounidenses, la crisis del canal sobre el río Dajabón/Masacre— han estrechado el margen de maniobra justo cuando más se necesita credibilidad. Negociar con inteligencia requiere standing; recuperarlo no es tarea fácil. Es la tarea más urgente antes de cualquier negociación táctica.

La NSS 2025 introduce tres rupturas que explican el nuevo clima. Primero, la primacía del interés nacional medido en resultados. Segundo, el retorno de una lógica tipo Monroe, con vigilancia de activos estratégicos y expectativa de exclusividad en el hemisferio. Tercero, una retórica civilizatoria que incorpora criterios identitarios —incluida la noción de “salud espiritual y cultural”— como lenguaje de seguridad, con efectos directos sobre migración, narrativas internas y pruebas de confiabilidad política entre aliados.

A partir de ahí, la presión se concentrará donde Washington vincula seguridad interna y política exterior: migración, narcotráfico, control de infraestructura crítica y tecnologías estratégicas. En tecnología, el caso de la quinta generación (5G) resume la tensión: se exige “infraestructura limpia” y exclusión de ciertos proveedores, pero el sobrecosto y restricciones pueden hacer inviable el alineamiento sin instrumentos financieros concretos. Ese es el tipo de mandato que, sin medios, se convierte en fricción estructural.

En comercio, Haití, turismo y energía, el diagnóstico converge: la NSS empuja a tratar cada sector como vector de seguridad hemisférica. El Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-CAFTA)—con el arroz como caso emblemático— debe gestionarse como asunto político y de estabilidad, negociando plazos y fondos de transición con contrapartidas claras; la Organización Mundial del Comercio (OMC) sirve como ancla de legalidad y legitimidad, pero el terreno decisivo será Washington. En Haití, aunque la NSS sea breve, la frontera no lo es: HOPE (Haitian Hemispheric Opportunity Through Partnership for Encouragement) y HELP (Haiti Economic Lift Program), junto con el corredor binacional (incluida CODEVI (Compañía de Desarrollo Industrial)), deben convertirse en conversación de instrumentos, porque el empleo formal haitiano reduce migración y violencia. En turismo, con más de diez millones de visitantes al año y una contribución relevante al producto interno bruto (PIB), la vulnerabilidad reputacional ante avisos de viaje exige estándares verificables, auditorías y trazabilidad. Y en energía, la transición debe leerse como resiliencia estratégica: diversificar fuentes, mitigar dependencia y medir costo real con costo nivelado de la energía (LCOE) más robustez operativa.

En consecuencia, el método es tan importante como el diagnóstico: seguir presupuesto, contratos y condiciones, no solo discursos. La postura recomendada es práctica: paquetes de soluciones (financiamiento para 5G, transición arrocera, empleo en Haití) a cambio de compromisos verificables, manteniendo relación comercial normal con China fuera de sectores sensibles, sin provocaciones innecesarias y sin renunciar a reglas claras en infraestructura crítica.

Las líneas rojas deben fijarse antes de negociar: no “Tercer País Seguro”; no desmantelamiento productivo sin compensación real; y no política multilateral como cheque en blanco. La NSS fija el tablero; la tarea dominicana es negociar con precio y límites.

I. Las tres rupturas

La NSS de 2025 rompe con tres inercias que marcaron la política estadounidense desde el fin de la Guerra Fría.

Primera ruptura: el fin de la hegemonía universal. Washington ya no se presenta como arquitecto de un orden liberal global, sino como un Estado que solo se involucra en aquello que percibe como amenaza directa a su seguridad, su prosperidad o su poder. El universalismo cede paso al cálculo de interés nacional en estado puro. Los compromisos multilaterales, las alianzas institucionales, los regímenes internacionales construidos durante siete décadas quedan subordinados a una pregunta más cruda: ¿qué gana Estados Unidos?

Ese giro tiene una consecuencia ética que conviene nombrar sin dramatismos: cuando la vara principal deja de ser el tipo de régimen, la calidad democrática o el respeto a reglas compartidas, la política exterior se vuelve más transaccional y menos normativa. Dicho de otro modo, la amistad deja de describirse como compromiso de largo plazo y pasa a medirse por resultados: comercio, control migratorio, control de drogas, alineamiento tecnológico, aun cuando eso multiplique contradicciones frente a Ucrania, Taiwán o el sistema multilateral. Para un país pequeño, el costo de ese mundo no es abstracto: es que el “los principios” dejan de funcionar como escudo diplomático y se convierten, muchas veces, en lujo retórico. Por eso la advertencia inicial cobra otra dimensión: ser aliado lúcido no es solo calcular; es proteger un mínimo de coherencia para no terminar defendiendo, con nuestra reputación, una lógica que mañana podría volverse contra nosotros.

Segunda ruptura: el retorno de Monroe. El hemisferio occidental vuelve a concebirse como esfera de influencia exclusiva, ahora bajo lo que podríamos llamar un “Corolario Trump” a la vieja doctrina decimonónica. El mensaje es inequívoco: en las Américas no habrá espacio cómodo para bases, puertos, cables, redes o minas bajo influencia de potencias extrahemisféricas, especialmente China. La competencia estratégica con Pekín, que en otras latitudes se libra con cautela y matices, en el hemisferio occidental se plantea como juego de suma cero.

Hay un matiz adicional que vuelve esta ruptura más exigente: la alianza ya no se presenta únicamente como preferencia, sino como exclusividad. Cuando un documento estratégico afirma que Estados Unidos quiere ser “socio de primera elección” y, al mismo tiempo, sugiere que desalentará colaboraciones con otros, la relación deja de ser un abrazo y se convierte en un cerco: la potencia no solo pide alineamiento; pide limitar el derecho del aliado a diversificar compras, proveedores y asociaciones. La implicación práctica es dura: incluso decisiones normales de un Estado soberano —comprar equipo europeo, firmar contratos con Asia en sectores no sensibles, explorar financiamiento alternativo— pueden pasar a interpretarse como señales de deslealtad. Esta es la frontera psicológica entre socio y vasallo: el vasallo no decide; el vasallo administra permisos.

Tercera ruptura: la retórica civilizatoria. El documento incorpora un lenguaje identitario que trasciende la geopolítica convencional. Habla de “borrado civilizatorio”, de la necesidad de que Europa siga siendo “europea”, de rescatar una “identidad occidental” supuestamente amenazada por migraciones, minorías y burocracias supraestatales. Es ideología en sentido estricto: una definición de quién pertenece al “nosotros” y quién queda en la periferia de ese Occidente que el texto dice defender. Este giro no es solo un problema retórico para Bruselas o Berlín: tiene implicaciones directas para países como el nuestro, cuya composición demográfica, historia de mestizaje y vecindad con Haití no encajan fácilmente en las categorías que la Estrategia parece valorar. La preocupación por la “identidad occidental” se traduce, en la práctica, en una expectativa de mano dura migratoria, de controles fronterizos drásticos y de discursos que marquen distancia frente a cualquier flujo humano percibido como amenaza cultural.

Hay un detalle que intensifica esa tercera ruptura y la vuelve casi doctrinal: la NSS no se limita a hablar de fronteras, crimen o competencia; introduce como interés a proteger algo parecido a la “salud espiritual y cultural” de la nación. Eso desplaza el centro de gravedad: la política exterior ya no es solo gestión de amenazas, sino custodia de una identidad. El problema es que, cuando una potencia convierte identidad en seguridad, tiende a exportar esa ansiedad. Se vuelve más fácil justificar mano dura migratoria, presiones simbólicas a aliados “culturalmente desviados”, y políticas internas que, paradójicamente, erosionan el principal activo histórico de Estados Unidos: su capacidad de atraer talento, estudiantes, inversión, y admiración por instituciones abiertas. En otras palabras: se declara “poder blando” y se practica hostilidad; se invoca ejemplo moral y se produce miedo. Para un país como el nuestro, eso no es un comentario sociológico: es un aviso de que en la era Monroe el lenguaje cultural puede ser usado como prueba de confiabilidad.

Estas tres rupturas configuran un escenario cualitativamente distinto al de administraciones anteriores. La Estrategia de Seguridad Nacional de 2017, también bajo Trump, mantenía un lenguaje de competencia con China y Rusia, pero preservaba referencias al orden internacional basado en reglas y a las alianzas tradicionales. La de 2022, bajo Biden, reafirmaba el liderazgo global estadounidense y el compromiso con instituciones multilaterales. El documento de 2025 representa un quiebre más profundo: no solo cambian las prioridades, cambia la concepción misma de lo que Estados Unidos quiere ser en el mundo.

Hay, además, una mutación silenciosa: en la nueva narrativa, la seguridad económica deja de ser soporte y pasa a ser esqueleto. La vieja idea de la competencia como duelo principalmente militar se repliega y es reemplazada por una lógica de control: quién controla cadenas de suministro, chips, puertos, cables, centros de datos, minas, financiamiento. Vista así, la segunda ruptura —Monroe— no es solo veto geopolítico; es auditoría permanente de activos estratégicos en el hemisferio. El hemisferio se vuelve una arquitectura logística a proteger, no un espacio a inspirar, y el instrumento central ya no es la guerra sino la capacidad de imponer costos, condicionar inversiones y reorientar comercio. Para países como el nuestro, esto cambia la pregunta de Washington: no será “¿qué dices?”, sino “¿qué infraestructura permites, quién la opera, y bajo qué reglas?”.

II. El espejo europeo

La advertencia más clara de cómo puede desplegarse esa mezcla de cálculo estratégico y retórica civilizatoria no viene de América Latina, sino de Europa. La sección europea de la NSS funciona como espejo adelantado de lo que podría ocurrir en otras regiones.

El documento no describe a Europa como socio estratégico, sino como paciente enfermo. Le reprocha supuestas traiciones democráticas por marginar a la extrema derecha, denuncia una Unión Europea que estrangularía la libertad con regulaciones excesivas y alerta sobre una Europa “irreconocible” por la migración y el declive demográfico. Simultáneamente, celebra el ascenso de los llamados “partidos patrióticos” y propone explícitamente “cultivar resistencia” dentro de los países europeos a la trayectoria actual de integración. Es decir: intervencionismo político abierto en democracias aliadas, en favor de fuerzas nacionalistas afines, utilizando la ansiedad sobre la identidad y la migración como palanca de presión.

El punto más disruptivo aquí no es el diagnóstico sobre Europa, sino el método: la normalización de la injerencia política en democracias aliadas como instrumento legítimo de política exterior. Si el texto se permite hablar de “cultivar resistencia” dentro de sociedades europeas, apoyar fuerzas políticas afines y usar ansiedad cultural como palanca, entonces la frontera entre diplomacia pública y operación política se vuelve deliberadamente borrosa. Y cuando esa frontera se borra, la coerción económica deja de ser un recurso excepcional para dictaduras y pasa a ser una herramienta disponible también contra democracias: aranceles, restricciones de visado, acceso preferencial a mercados, y señales de “beneficios” condicionados a resultados electorales o a la derrota de determinados gobiernos. El mensaje para el Caribe es sencillo y peligroso: si esto se ensaya con Berlín y París, puede aplicarse con mucha más facilidad —y con menos costos reputacionales para Washington— en países más pequeños.

Más que el regaño, lo que inquieta a los aliados es la ambigüedad: cuando una potencia exige más gasto, más disciplina y más alineamiento, pero evita describir con nitidez qué garantiza a cambio, se abre un espacio de ansiedad que los adversarios explotan sin disparar un tiro. En el debate estadounidense reciente se percibe una transición peligrosa: de compartir cargas a trasladarlas, no solo pedir más, sino insinuar que la protección será más condicional y más transaccional. Esa lógica, trasladada al Caribe, puede ser aún más cruda: si Europa siente duda, un país pequeño siente factura. Por eso conviene leer la sección europea como advertencia metodológica: la presión no llegará solo por temas militares; llegará por identidad, migración, regulación y narrativa interna.

La reacción más inteligente que se escucha en varias capitales europeas no es el grito, sino la disciplina: no atender cada estridencia, sino recalibrar intereses propios y construir capacidad material. El mensaje, traducido a nuestro lenguaje, sería: no perseguir cada frase; perseguir capacidades. Europa entiende que la discusión verdadera no es si la retórica es ofensiva, sino qué dependencias quedan expuestas y cuáles deben reducirse en cinco o diez años. Esa sobriedad es una lección para República Dominicana. Si la era Monroe convierte cada semana en una tormenta de señales —un discurso, un arancel, una amenaza, una sanción puntual—, el país necesita un método de estabilidad: filtrar el ruido, identificar lo que se vuelve norma, y fortalecer aquello que impide que una presión coyuntural se convierta en rendición estructural.

Si ese es el tono con Alemania, Francia o la Comisión Europea —aliados de siete décadas, socios de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), democracias consolidadas—, cuesta imaginar que América Latina escape a presiones similares, probablemente menos sofisticadas.

¿Qué se esperará de un país caribeño como el nuestro? Que adopte una narrativa de mano dura migratoria, de rechazo sistemático a ciertos actores externos, de sintonía con un discurso cultural conservador, y que se presente ante la opinión pública estadounidense como un “muro” confiable ante los flujos haitianos y caribeños. Que se convierta en vitrina de “orden” en un vecindario que Washington percibe como potencial foco de caos. Que sus elecciones, sus debates, sus leyes, no contradigan de manera ostentosa el relato que la NSS quiere proyectar hacia adentro del electorado norteamericano.

III. República Dominicana como nodo

El giro doctrinal cambia los códigos de lectura. Estados Unidos ya no se ve a sí mismo como árbitro de valores universales, sino como potencia que cuida su casa, sus fronteras, sus cadenas de suministro, sus símbolos. Y la casa ya no es el planeta: es el hemisferio occidental. Desde esa óptica, RD deja de ser un punto menor en el mapa y se convierte en nodo: un país que controla bocas de puerto, rutas de tránsito, flujos migratorios, zonas francas, redes de energía y datos. Un país que bordea la crisis de Haití y, por tanto, una frontera de desorden potencial que preocupa a Washington. Un país que puede servir como plataforma para el nearshoring de empresas norteamericanas que buscan salir de Asia.

Hay una ironía histórica que conviene rescatar porque ayuda a leer la NSS con frialdad: durante décadas, la doctrina Monroe fue, en la práctica, una doctrina barata para Estados Unidos. En el siglo XIX, buena parte del “orden” hemisférico lo garantizaba la marina británica, y Washington podía enunciar principios sin pagar todo el costo de ejecutarlos. El retorno de Monroe en 2025 es distinto: pretende que Estados Unidos sea, de nuevo, el guardián activo de su vecindario, pero en un hemisferio mucho más poblado, más interdependiente y con actores extrahemisféricos ya instalados en puertos, energía, telecomunicaciones y financiamiento. Eso vuelve a la doctrina más exigente y, por tanto, más selectiva: cuando el centro no puede vigilarlo todo, prioriza nodos. Ahí RD aparece como punto de control: no porque sea grande, sino porque es útil para ordenar flujos, cadenas de suministro y narrativas domésticas en Washington.

Esa centralidad geográfica y económica es una oportunidad, pero también una trampa. Porque en el diseño de la NSS, los aliados “útiles” tienen una función muy concreta: asumir más carga, alinearse en temas clave, no complicar las narrativas del centro. El margen para la heterodoxia disminuye. Lo que se espera de un gobierno amigo es previsibilidad y disciplina.

Una Cancillería identificada como “de confianza” por la Casa Blanca es puerta abierta a reuniones, llamadas, acceso. RD podría posicionarse como “socio preferente” en proyectos de infraestructura portuaria, de seguridad fronteriza, de telecomunicaciones seguras, de expansión de zonas francas orientadas al mercado estadounidense. En momentos de crisis, un país claramente alineado tiene mayor probabilidad de recibir rescates financieros, líneas de crédito de emergencia, apoyo militar o de inteligencia. Cuando la burocracia de Washington busca ejemplos para mostrar que la NSS funciona, el aliado que “hace la tarea” recibe reconocimiento, recursos, fotografías.

Pero ese mismo alineamiento entraña riesgos estructurales. Una política exterior que se acostumbra a mirar primero hacia Washington y solo después hacia la propia brújula corre el riesgo de perder voz autónoma. Se vuelve más difícil, en ese esquema, mantener una relación pragmática con China en áreas no sensibles, o preservar canales fluidos con la Unión Europea cuando Bruselas discrepa de Washington en Ucrania, en clima, en migración. RD deja de ser percibida como un actor capaz de hablar con todos y se convierte, a ojos de muchos, en un eco. Y un eco no media, no arbitra, no construye coaliciones: simplemente repite.

No obstante, conviene decirlo con precisión: para RD, China no es solo “competidor extrahemisférico”. Es un socio comercial relevante, un posible proveedor de financiamiento y, aun cuando no se active, una opción que existe y por eso pesa. La pregunta no es si se “tiene” o “no se tiene” relación con Pekín, sino cómo se administra: dónde se coloca el límite y bajo qué reglas.

Dicho de otro modo: comercio normal en sectores no sensibles puede ser compatible con la alianza; la captura de activos estratégicos no lo es. El país puede sostener intercambio y relaciones comerciales ordinarias, pero debe evitar inversiones chinas en infraestructura crítica (puertos, cables submarinos, centros de datos, telecomunicaciones troncales y software de control). Ahora bien, aquí está la dificultad real: en la nueva etapa, la definición de “infraestructura crítica” es móvil. Hoy el foco son puertos y redes; mañana pueden ser farmacéuticas, almacenamiento energético, vehículos eléctricos, plataformas de pago, logística fría o incluso ciertas cadenas de suministro. La línea es borrosa y, a veces, deliberadamente borrosa, porque permite convertir cualquier sector en prueba de confiabilidad. Por eso, el criterio dominicano no debe depender solo de listas fijas, sino de un método: evaluación de riesgo, trazabilidad de propiedad, gobernanza, auditorías técnicas, y cláusulas de control nacional en los nodos más sensibles.

En este contexto, la coherencia doméstica importa. Si desde 2020 se ha optado por una invisibilización política de China y en fechas recientes se han tomado medidas administrativas que afectan negocios chinos —incluidas acciones desde la Dirección General de Aduanas—, el Estado debe explicar el criterio con sobriedad: no xenofobia, sino gestión de riesgos en sectores sensibles. Esa claridad reduce fricción con Washington y, al mismo tiempo, evita errores innecesarios frente a Pekín, porque impide que la relación se convierta en improvisación punitiva sin brújula.

Peor aún: quien se ata demasiado a una facción del poder estadounidense se expone al péndulo. Una Cancillería identificada exclusivamente con la corriente trumpista puede quedar descolocada ante un giro en la política interna norteamericana. Hoy el lenguaje de “America First” gobierna; mañana podría dominar un discurso más multilateral, más europeísta, más tecnocrático. Un país que apostó todo a un solo caballo quedaría, de pronto, desfasado y sin interlocutores. La gestión madura del riesgo China, por tanto, debe ser doble: reducir exposiciones en sectores móviles de alta sensibilidad, sin caer en una guerra simbólica que nos cierre opciones y nos deje prisioneros del humor político de Washington.

3.1 El dilema del 5G: alineamiento sin alternativas

La NSS coloca a las tecnologías de la información y las comunicaciones en el centro de la competencia geopolítica. Ser “la nación científicamente más avanzada” ya no es un orgullo nacional; es un objetivo de seguridad. La inteligencia artificial, la biotecnología, las tecnologías cuánticas y las redes de telecomunicaciones de quinta generación (5G) quedan al nivel de la disuasión nuclear o de la superioridad militar convencional. En ese marco, los proveedores chinos de infraestructura digital —Huawei, ZTE— no son simples competidores comerciales: son, en la narrativa de Washington, extensiones del aparato de inteligencia de Pekín, vectores de penetración estratégica, amenazas a la soberanía de datos de cualquier país que los adopte.

Ese diagnóstico puede tener elementos de verdad. Pero plantea un problema práctico que la Estrategia no resuelve: ¿con qué recursos desarrollará un país como RD su infraestructura “limpia” de banda ancha y 5G si se le cierran las puertas del proveedor más barato?

Los números son implacables. La diferencia de costo entre un 5G “limpio” occidental —Ericsson, Nokia, Samsung— y las soluciones chinas representa un sobreprecio del orden de hasta ~30 %[2], que en términos absolutos puede oscilar en cientos de millones de dólares para un despliegue nacional completo. Para un país que todavía tiene brechas significativas de acceso a internet en zonas rurales, que aspira a digitalizar servicios públicos, que necesita conectar escuelas, hospitales y comunidades remotas, esa diferencia de precio no es un detalle técnico: es la diferencia entre digitalizar el país en esta década y condenar a generaciones al retraso.

Las alternativas europeas y coreanas son tecnológicamente sólidas, pero sus estructuras de costos reflejan economías de altos salarios y márgenes de ganancia occidentales. Estados Unidos, por su parte, carece de un campeón nacional en infraestructura 5G comparable a Huawei; sus fortalezas están en el software, en las plataformas, en los semiconductores, no en las torres ni en los equipos de red.

La NSS exige alineamiento tecnológico, pero no ofrece un mecanismo de financiamiento que haga viable ese alineamiento para países de ingreso medio. No hay un “Plan Marshall digital” para las Américas. No existe una línea de crédito concesional del Banco de Exportaciones e Importaciones de Estados Unidos (Eximbank) dedicada a subsidiar la adopción de redes 5G “seguras” en el Caribe. La Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos (DFC), creada precisamente para competir con la financiación china en el mundo en desarrollo, opera con criterios de rentabilidad que difícilmente pueden igualar las condiciones que ofrece Pekín.

Dicho de otro modo, exigir “infraestructura limpia” es fácil; hacer que la alternativa llegue a tiempo y a precio razonable depende de reglas. Mientras persistan trabas de licenciamiento y controles de exportación diseñados para otro mundo —como ITAR (International Traffic in Arms Regulations — Regulaciones sobre Tráfico Internacional de Armas)— la cooperación tecnológica con aliados seguirá siendo más lenta y más cara de lo que la estrategia necesita.

La paradoja es evidente: se nos pide escoger proveedores occidentales por razones de seguridad, pero el propio andamiaje regulatorio puede impedir que esa elección sea viable. Para un país de ingreso medio, esa fricción no es técnica. Es soberanía digital medida en años perdidos.

El resultado es una asimetría perversa. Washington dice: “No compres a Huawei porque compromete tu soberanía”. Pero no dice: “Aquí tienes cómo pagar la alternativa”. El país que obedece la directriz se encuentra con una factura que no puede cubrir, o con un retraso en su desarrollo digital que tendrá consecuencias económicas y sociales durante décadas. El país que busca una solución pragmática —quizás adoptando proveedores chinos en zonas de bajo riesgo estratégico mientras reserva las redes sensibles para equipos occidentales— se arriesga a ser señalado como “poco confiable” y a perder acceso a otros beneficios de la relación bilateral.

A esto se suma una dimensión que rara vez se nombra en público, pero que define el poder real: el dominio del “stack” tecnológico y financiero. En un mundo donde gran parte del correo corporativo, servicios en la nube, pasarelas de pago, sistemas operativos, licencias empresariales y plataformas críticas dependen de proveedores estadounidenses, una sanción o una designación administrativa puede convertirse en bloqueo funcional: cuentas congeladas, servicios suspendidos, pérdida de acceso a herramientas básicas de trabajo, y aislamiento operativo en cuestión de horas. Esa realidad convierte la discusión del 5G en algo más profundo: no se trata solo de quién pone torres, sino de quién tiene la capacidad de apagar interruptores invisibles. Por eso, cuando Washington habla de “seguridad” en tecnología, no está hablando únicamente de espionaje chino: está hablando también de su propia capacidad de coerción. Un aliado lúcido no ignora ese dato; lo incorpora a su diseño de resiliencia.

Ésta es la diferencia exacta entre ser tratado como aliado estratégico o como cliente cautivo: al aliado se le exigen decisiones difíciles, pero se le dan medios para sostenerlas; al cliente se le dicta qué hacer y se le deja solo con la cuenta. RD necesita plantear esta contradicción con franqueza. No como desafío ni como pretexto para un giro hacia Pekín, sino como problema legítimo de desarrollo que requiere soluciones concretas.

Si Estados Unidos quiere que sus aliados hemisféricos adopten infraestructura digital “limpia”, debe acompañar esa exigencia con instrumentos financieros que la hagan posible. De lo contrario, la NSS se convierte en un mandato sin medios, una orden sin recursos, una expectativa destinada al incumplimiento y al resentimiento.

Ahí la diplomacia dominicana podría, en teoría, aportar valor añadido, pero debe partir de una constatación incómoda: llegamos a esta conversación con bajo crédito acumulado en Centroamérica y el Caribe. Arrastramos dificultades históricas con varios vecinos, y ni siquiera en la Alianza para el Desarrollo en Democracia (ADD) hemos logrado todavía acuerdos de peso más allá de comunicados conjuntos ante crisis imposibles de ignorar. Por eso, hablar de una “coalición regional” como punto de partida sería ilusorio (wishful thinking).

Dicho de otro modo: el camino realista es incremental. RD puede iniciar bilateralmente —con Washington y, en paralelo, con uno o dos socios afines del istmo o del Caribe— una propuesta concreta de financiamiento y estándares para redes 5G seguras para la industria, con componentes verificables (gobernanza, auditoría, cronograma, contrapartidas). Si ese piloto funciona, entonces sí: se convierte en plantilla exportable y ampliable, capaz de atraer a otros países sin exigir un consenso regional previo que probablemente no llegue a tiempo.

Aun así, el objetivo estratégico debe mantenerse: cuando el argumento se formula con claridad, una voz coordinada pesa más que una voz aislada. Un Caribe y una Centroamérica conectados a estándares occidentales son un activo para Estados Unidos; un vecindario que no puede costear esos estándares y termina recurriendo a otras soluciones por necesidad económica describe, precisamente, el escenario que la propia NSS dice querer evitar.

3.2Standing estresado: diplomacia en déficit

Esa dificultad para articular posiciones regionales no es un accidente aislado, sino síntoma de algo más profundo: la capacidad de un país para negociar con inteligencia depende, en parte, de su credibilidad acumulada. RD —como buena parte de los países de la región— entra en esta coyuntura con un capital diplomático estresado por decisiones difíciles y contextos adversos, a raíz de una serie de episodios que, vistos en conjunto, dibujan un patrón preocupante.

La suspensión de la X Cumbre de las Américas, que debía celebrarse en suelo dominicano, privó al país de una vitrina hemisférica que ya se había dado por segura. No todo fue responsabilidad de Santo Domingo —las cumbres han sido rehenes de la polarización regional durante años—, pero el anfitrión siempre paga un costo reputacional cuando el evento colapsa. La imagen que queda es la de una nación que asumió un compromiso mayor del que podía gestionar, o que no tuvo la cintura suficiente para construir los consensos mínimos que habrían permitido celebrar el encuentro aunque fuera con ausencias notables.

En el contexto de la actual crisis en el Caribe, la cesión de espacios para aeronaves militares estadounidenses en territorio dominicano puede haber sido pragmática. No obstante, abre interrogantes sobre los términos precisos en que se negoció: si hubo contrapartidas claras, límites operacionales definidos, un marco jurídico sólido o si se trató, más bien, de una concesión acordada bajo presión. La percepción en algunos sectores es la de una soberanía operativa cediéndose sin un relato sólido de beneficios recibidos ni transparencia suficiente.

A partir de ahí, Venezuela no puede quedar como nota al pie. RD ha sido sede y facilitador de conversaciones entre actores venezolanos, y esa capacidad de hospedar un proceso —sin controlarlo— dependía de una percepción mínima de neutralidad operativa. Si la crisis regional derivara en operaciones más amplias que involucren a Venezuela, RD, ya integrada a una lógica logística militar estadounidense, deja de ser vista como actor neutral y queda, quizá innecesariamente, en la línea de fuego política de un conflicto para el cual no hemos definido objetivos propios ni límites claros de participación.

La crisis del canal sobre el río Dajabón/Masacre añadió otra capa de complejidad. La construcción unilateral de un canal de irrigación por parte de Haití —que hoy opera a plena capacidad— detonó una escalada rápida hacia el cierre de fronteras, el despliegue militar y una retórica nacionalista en ambos lados. Más allá de la legitimidad de los reclamos dominicanos sobre el río —cuyos méritos jurídicos son sólidos—, el desafío radicó en la calibración de la respuesta. La diplomacia moderna penaliza la desproporción. El despliegue de capacidades militares frente a una contraparte institucionalmente inexistente generó en la comunidad internacional una lectura de asimetría que no favoreció a Santo Domingo. No se trata de cuestionar el derecho a la defensa fronteriza, sino de evaluar el retorno de inversión de cada gesto: la percepción regional de una reacción de 'máxima presión' erosionó puentes con el Caribe anglófono justo cuando necesitábamos aliados, proyectando una imagen de reactividad que contrasta con la tradición de prudencia diplomática del país. En la nueva era de Monroe, la sobriedad estratégica valdrá más que la gesticulación táctica.

Sobre esa base ya frágil, se suma un capítulo que ilustra, de otra manera, el mismo problema de expectativas y realidad. Estados Unidos ha expresado públicamente su interés en que RD nomine a una persona para la dirección ejecutiva de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). La invitación, notable por su inusual carácter público, fue recibida con entusiasmo considerable en Santo Domingo. Conviene, sin embargo, poner las piezas en su sitio: no se trata de una elección en un órgano colegiado de Naciones Unidas, ni de una silla que se gana por mayoría en la Asamblea, sino de una decisión política del secretario general Guterres, una prerrogativa discrecional que puede escuchar sugerencias —incluida, por supuesto, la de Washington—, pero que pasa por un proceso propio de evaluación y selección técnica que va mucho más allá de cualquier invitación bilateral, por entusiasta que sea.

En ese contexto, y mientras el país aún lidia con las cicatrices de la cumbre fallida y del episodio del canal, se acumulan además cambios en posturas históricas en foros multilaterales y silencios estratégicos en momentos cruciales: votaciones y omisiones frente a la situación en Gaza, ambigüedades en el debate global sobre el enfoque al problema de las drogas, ausencia deliberada en torno a condenar el embargo a Cuba, menor empuje en asuntos de mujeres y niñas, entre otros casos donde la línea histórica parecía más nítida que la posición finalmente adoptada. Vistos desde Washington, muchos de estos gestos pueden leerse como guiños de alineamiento, señales de que “estamos de su lado” sin que nadie nos lo haya pedido de forma explícita. El problema es doble. Por un lado, en capitales europeas, asiáticas, caribeñas y latinoamericanas empieza a calar la imagen de un país menos predecible y menos anclado en principios, dispuesto a modular convicciones y votos en función de la coyuntura y del humor de su aliado principal. Por otro lado, al adelantar sin contrapartidas concesiones políticas que podrían haberse usado como moneda de negociación, RD abarata su propio valor ante Estados Unidos: si ya hemos votado, guardado silencio o acomodado posiciones para demostrar lealtad, ¿qué necesidad tendría Washington de conceder algo a cambio? Y cuando la política norteamericana cambie —porque cambiará— corremos el riesgo de haber quemado puentes con otros socios sin haber construido, a cambio, una relación realmente negociada con el aliado principal.

Si sobre ese telón de fondo —ya de por sí cargado de señales contradictorias— la designación en la UNODC no llegara a materializarse en los términos que el propio gobierno ha dejado entrever, la lectura en diversas capitales sería inequívoca: un país que sobredimensionó su capacidad de influencia en un momento de particular exposición multilateral, que apostó fuerte cuando debió medir, que anunció cuando debió gestionar en silencio. Y conviene decirlo con franqueza, sin eufemismos diplomáticos: aunque exista un componente de evaluación técnica, esto no es una elección; es una designación. Se gestiona en las instancias del Secretario General, en los órganos técnicos pertinentes, en los pasillos donde los consensos se construyen antes de que los nombres lleguen a la mesa formal. Eso exige una operación política sostenida y discreta —conversaciones al más alto nivel, construcción paciente de apoyo, alineamiento milimétrico de mensajes, administración anticipada de objeciones— y, al mismo tiempo, un trabajo metódico con la persona propuesta: exponerla a reuniones clave, someterla a preparación rigurosa, entrenarla para paneles y evaluaciones donde cada respuesta será escrutada con lupa institucional. Nada indica, hasta ahora, que esa operación esté ocurriendo con la intensidad que el objetivo demanda. Confiar en la inercia, o esperar que el aliado principal haga por nosotros lo que nos corresponde articular y empujar, no es estrategia: es ingenuidad vestida de optimismo. Y en diplomacia multilateral, la ingenuidad se paga con irrelevancia.

Nada de esto supone un colapso reputacional, pero sí una erosión gradual que reduce el margen de maniobra justo cuando más se necesita flexibilidad. Y aquí conviene detenerse en un patrón que, por repetido, ha dejado de escandalizarnos: RD ha acostumbrado a sus interlocutores —particularmente a Washington— a entregar su voto y sus apoyos antes de negociar, o a cambio de nada en absoluto. Una suerte de temor reverencial se apodera de los tomadores de decisiones cuando el aliado principal formula una petición; la respuesta instintiva no es "qué obtenemos a cambio", sino "cómo evitamos el desagrado". Situaciones que se repiten cada año —votaciones en Naciones Unidas, posicionamientos en foros hemisféricos, alineamientos en cuestiones sensibles— siguen el mismo curso sin revisión, sin evaluación de resultados, sin la pregunta elemental de si lo que dimos produjo lo que esperábamos recibir.

¿Por qué habría Washington de hacer algo distinto? Si nos entregamos antes de que comience la negociación, ¿qué incentivo existe para ofrecer contrapartidas? Un país con alto standing puede permitirse negociar duro en un frente porque tiene crédito acumulado en otros. Puede decir "no" a una demanda estadounidense sabiendo que su historial de cooperación —pero también de firmeza calibrada— le da respaldo. Puede mediar en conflictos regionales porque las partes confían en su imparcialidad, no en su docilidad. Un país con standing erosionado, en cambio, negocia desde la desconfianza y desde el precedente de su propia capitulación: cada concesión parece inevitable porque siempre lo ha sido; cada resistencia, sospechosa porque nunca ocurre. Las demandas se acumulan porque no hay capital político para rechazarlas —y porque la contraparte sabe, por experiencia acumulada, que la resistencia será breve y el alineamiento, seguro.

Recuperar el standing no es tarea de meses, sino de años. Es la tarea más urgente antes de cualquier negociación táctica, y exige algo más difícil que la voluntad: exige romper con la inercia. Requiere consistencia, profesionalismo en el servicio exterior, capacidad de cumplir compromisos asumidos y disposición a invertir en relaciones que no rinden réditos inmediatos. Exige también honestidad institucional sobre las decisiones que no produjeron los resultados esperados —los votos que se dieron sin reciprocidad, los apoyos que se ofrecieron sin condiciones, los silencios que se guardaron sin ganancia— y voluntad genuina de corregir el rumbo. La NSS estadounidense llega en un momento en que RD tiene menos margen de error del que habría tenido hace una década. Eso no cambia la naturaleza del desafío, pero eleva dramáticamente las apuestas: seguir haciendo lo mismo esperando resultados distintos ya no es cautela; es negligencia estratégica.

3.3 El desafío comercial: DR-CAFTA y la encrucijada arrocera

La dimensión comercial de esta coyuntura tiene un nombre propio: Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-CAFTA). El Tratado estructura la relación económica bilateral desde hace dos décadas. Fue concebido con períodos de transición para sectores sensibles; el más simbólico de todos para RD es el arroz.

Durante años, la producción arrocera dominicana —que sustenta a decenas de miles de familias en 22 provincias, entre ellas Duarte, La Vega, Sánchez Ramírez, Espaillat y Monte Plata— operó bajo un esquema que permitía una apertura gradual, planificar y amortiguar el impacto de la competencia extranjera. Ese período de gracia, sin embargo, ya no es una amenaza futura: venció con la desgravación total prevista para el 1 de enero de 2025. A partir de esa fecha, el calendario original del DR-CAFTA dejaba prácticamente desnudos a los productores dominicanos frente al arroz estadounidense, producido bajo estructuras de apoyo agrícola y economías de escala incomparables.

La respuesta anticipada del gobierno fue el Decreto 693-24, emitido en diciembre de 2024, que introduce un nuevo esquema arancelario para “salvaguardar” la producción nacional. En términos sencillos, el decreto reimpone una protección elevada al arroz importado y solo abre una cuota limitada y preferencial para una fracción del arroz originario de Estados Unidos, manteniendo aranceles muy altos para el resto. Jurídicamente se apoya en márgenes compatibles con la OMC, aunque el multilateralismo comercial esté hoy debilitado y su capacidad de ejecución sea limitada; políticamente, es un mensaje al campo: el Estado no piensa dejarlo caer sin pelear.

La coincidencia temporal es inquietante. Justo cuando RD debe demostrar su valor como aliado confiable bajo la nueva doctrina hemisférica, se ve obligada a tomar una decisión unilateral para evitar que uno de sus sectores agrícolas más sensibles sea arrasado por el libre comercio. La tentación de Washington será leer el decreto como una señal de resistencia a la apertura y exigir, más temprano que tarde, que el DR-CAFTA se aplique en toda su extensión como prueba de compromiso con el tratado y con la relación bilateral. La tentación de Santo Domingo será aferrarse a soluciones de emergencia —decretos, salvaguardias, reinterpretaciones— sin convertirlas en una estrategia negociada de largo plazo. En este contexto, el foro decisivo no será Ginebra: será Washington y el propio andamiaje del DR-CAFTA, donde la política pesa tanto como la letra.

En este nuevo clima, conviene anticipar que el comercio dejará de ser un capítulo técnico y se convertirá en pedagogía política: premios y castigos según cercanía estratégica. La lógica no es nueva, pero ahora se verbaliza con menos pudor: aranceles como arma de política exterior, trato preferencial como recompensa, y restricciones como señal disciplinaria. Eso reconfigura el DR-CAFTA no solo como marco jurídico, sino como palanca de conducta: lo agrícola puede usarse para hablar de China; lo digital puede usarse para hablar de migración; un visado o un programa de facilitación puede usarse para forzar decisiones sobre puertos, energía o telecomunicaciones. La consecuencia para la estrategia dominicana es clara: cada negociación comercial tiene que incorporar, desde el inicio, el mapa de presiones geopolíticas que hoy viaja escondido dentro de la palabra “trade”.

Un gobierno que simplemente capitula ante la presión comercial sin negociar compensaciones —acceso preferencial para otros productos, inversión seria en reconversión agrícola, programas de modernización rural— habrá demostrado alineamiento, pero a costa de destruir tejido productivo y generar resentimiento social. Un gobierno que se limita a levantar muros arancelarios invocando soberanía alimentaria, sin abrir un canal de negociación franca con Estados Unidos, puede encontrarse con represalias en otros frentes. La salida inteligente está en el medio: aceptar el marco general del tratado, reconocer que el reloj del DR-CAFTA no puede borrarse con un decreto, pero usar ese mismo decreto —apoyado en una base técnica compatible con la OMC— como punto de partida para una conversación seria que preserve el espíritu del acuerdo sin demoler capacidades productivas que luego serán irrecuperables.

En esa negociación, RD no solo debería hablar de aranceles, sino de financiamiento para la transición. Si Estados Unidos está dispuesto a movilizar instrumentos como la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC) para apoyar proyectos estratégicos —como se plantea en el terreno digital y del 5G—, resulta razonable exigir que la misma lógica se aplique a la reconversión de sectores rurales expuestos al DR-CAFTA. No se trata de pedir excepciones eternas, sino de plantear con claridad que un socio que asume costos de apertura necesita también recursos para gestionar esos costos sin romper su tejido social. En el fondo, se trata del mismo dilema que plantea el 5G: se nos pide alinearnos con estándares y prioridades estratégicas de Washington, pero no existe aún un “Plan Marshall” estadounidense que haga financieramente viable ese alineamiento. Un hedging responsable exige, precisamente, que RD no diga que sí a todo sin exigir que los costos compartidos se traduzcan también en inversiones compartidas.

Un DR-CAFTA aplicado como dogma, sin amortiguadores, puede darle a Washington una victoria doctrinal a costa de abrir en el país una grieta social que nadie podrá cerrar con discursos. Un DR-CAFTA administrado a golpe de decretos defensivos, sin estrategia de reconversión ni diplomacia económica robusta, puede minar la confianza en la seriedad de RD como socio comercial. El sector privado, las asociaciones de productores y los gremios empresariales tienen aquí un rol crucial. No se trata de hacer cabildeo para evadir compromisos, sino de construir argumentos técnicos que demuestren a congresistas y agencias estadounidenses que una transición ordenada conviene a ambas partes. Un campo dominicano arrasado no produce consumidores para productos de Estados Unidos; produce migración, inestabilidad y resentimiento. Ese argumento, bien articulado, puede encontrar oídos receptivos incluso en un Washington ideológicamente comprometido con el libre comercio.

3.4 La frontera olvidada: Haití en el silencio estratégico

Haití aparece poco en la NSS de 2025, pero la frontera dominicana es un punto de presión permanente. Lo que Estados Unidos a veces trata como “problema externo”, para nosotros es entorno inmediato. En este contexto, la política hacia Haití no puede limitarse a defensas reactivas: requiere una diplomacia propositiva que conecte seguridad, empleo y gobernabilidad, porque en la práctica esos tres elementos son el mismo problema con nombres distintos.

Dicho de otro modo: si la NSS eleva la lucha contra migración masiva y crimen transnacional como prioridad, entonces Haití no es un apéndice, sino un multiplicador de riesgos hemisféricos. Por eso sorprende el vacío: el documento reconoce el hemisferio como teatro principal, pero deja a Haití en los márgenes del texto, como si la mayor fuente de inestabilidad del Caribe pudiera gestionarse sin un instrumento económico sostenido y verificable.

Desde hace quince años, el sector privado dominicano ha invertido en zonas francas y parques industriales del lado haitiano, apoyándose en las leyes HOPE (Haitian Hemispheric Opportunity Through Partnership for Encouragement) y HELP (Haiti Economic Lift Program), que permitían a Haití exportar confecciones al mercado estadounidense con trato preferencial. Sobre esa base se construyó una integración productiva singular: hilados y telas cruzan la frontera para convertirse en prendas que luego entran a Estados Unidos bajo preferencias. En este cuadro, CODEVI (Compañía de Desarrollo Industrial), en Ouanaminthe/Dajabón, no es solo una empresa: ha funcionado como amortiguador social, sosteniendo empleo formal haitiano y una cadena de suministro que también genera actividad del lado dominicano.

No obstante, esa arquitectura ya venía golpeada por la inseguridad y la paralización recurrente de actividades en Haití. Y entonces llegó el choque mayor por vía legislativa: las preferencias HOPE/HELP vencieron a finales de septiembre de 2025[3] y su renovación quedó atrapada en la dinámica del Congreso estadounidense. La paradoja es brutal: Estados Unidos exige estabilidad hemisférica, pero deja en suspenso el incentivo económico más directo para sostener empleo formal en uno de los pocos bolsillos productivos que todavía resisten. Ese “silencio económico” no es neutro: enfría compras, reduce compromisos de inversión, y acelera el cierre o la contracción de operaciones que ya operaban bajo amenaza.

En consecuencia, el riesgo no es solo para Haití: es para la frontera y para la propia seguridad dominicana. Cuando el empleo formal se contrae, el vacío no lo llena la economía informal; lo llena la migración, la presión sobre servicios públicos y, en el peor escenario, el reclutamiento criminal. Por eso esta sección no puede terminar en diagnóstico: debe traducirse en exigencia diplomática concreta. Si Washington quiere menos migración y menos violencia, debe sostener —con instrumentos económicos— la creación de empleo formal en Haití. Y si esos instrumentos ya existieron (HOPE/HELP), entonces lo razonable es pedir su extensión con condiciones claras: trazabilidad laboral, seguridad mínima del corredor productivo y compromisos verificables. Dicho de otro modo: la estabilidad hemisférica no se decreta; se financia. Y, para RD, ese financiamiento no es favor: es una pieza esencial del orden que la propia NSS dice querer construir. Esa es la conversación que debe llevar Santo Domingo a Washington: menos eslóganes, más instrumentos.

3.5 El rol del sector privado: agencia más allá del Estado

Hasta aquí, el análisis se ha centrado en la esfera estatal: lo que puede hacer o dejar de hacer la Cancillería, el Ejecutivo, la diplomacia formal. Pero en un escenario donde la presión para el alineamiento gubernamental será intensa, el espacio para la flexibilidad, la diversificación y la creatividad se traslada, en buena medida, a otro actor: el sector privado.

No se trata de que el empresariado haga política exterior en la sombra, sino de que entienda una realidad incómoda: el Estado, por sí solo, no podrá proteger a todos los sectores si la lógica hemisférica se vuelve más transaccional y más condicional. Históricamente, buena parte del empresariado dominicano ha operado de forma reactiva, esperando del Estado protección, acceso y amortiguadores. Ese reflejo puede ser fatal en esta etapa. Dicho de otro modo: si el sector privado no aprende a construir opciones, el país negocia con menos fuerza y la economía queda más expuesta.

Otra pista que dejan los análisis externos es que el giro no es solo hemisférico: es también conceptual. En regiones periféricas en la NSS, el mensaje se resume en “menos ayuda, más comercio e inversión”, con foco en cadenas de suministro, acceso a mercados y acuerdos con Estados “capaces y confiables”. Esa lógica es trasladable al Caribe, aunque con otro vocabulario. Washington escucha mejor un portafolio de negocios que un pliego de solicitudes. Por eso, el sector privado —y el Estado con él— debe aprender a presentar propuestas como paquetes de inversión con retorno: modernización portuaria con trazabilidad, cadenas de suministro con cumplimiento, infraestructura digital y energética alineada con estándares occidentales, y empleo local como beneficio visible. En un orden transaccional, el argumento no es “ayúdanos porque somos amigos”; es “invierte porque te conviene, y porque tu doctrina necesita casos de éxito”.

El nearshoring deja de ser un concepto de moda y se vuelve programa. Estados Unidos quiere que parte de la producción que hoy está en China, en el sudeste asiático o incluso en la región, se acerque a su territorio. RD, con su red consolidada de zonas francas, su experiencia en manufactura ligera, su proximidad geográfica y su estabilidad relativa, puede presentar una oferta creíble. Pero esa oferta no se materializa sola: requiere que el empresariado invierta en estándares, trazabilidad, certificaciones, formación técnica y cumplimiento, porque el nuevo filtro no será solo precio; será riesgo, reputación y seguridad de cadena.

En el terreno de la infraestructura crítica, la insistencia de Washington en saber quién controla puertos, redes eléctricas, cables submarinos y centros de datos puede vivirse como una intromisión, o puede transformarse en una negociación inteligente: “si quieres que tu cadena de suministro pase por mi territorio y no por el de un rival, invirtamos juntos en modernizar mis puertos, mis carreteras, mis redes; con capital tuyo y mío, pero bajo reglas que respeten mi soberanía”. Sin empresarios capaces de estructurar asociaciones público–privadas serias, con gobernanza transparente y equilibrio sensato entre participación extranjera y control nacional, el riesgo es que la modernización se haga para Estados Unidos, pero sin RD: empresas y mano de obra importadas, dejando poco valor agregado en el país.

En consecuencia, el desafío del sector privado es también un desafío de método: pasar de la defensa corporativa a la incidencia estratégica; de la demanda de protección a la propuesta de soluciones; de la reacción al diseño. Y, hacia adentro, asumir además un rol de amortiguador frente a excesos: si la ansiedad por complacer a Washington conduce a decisiones apresuradas —vetos indiscriminados a proveedores, ruptura brusca de vínculos económicos útiles, aceptación sin debate de condiciones lesivas—, los actores económicos deben levantar la voz con responsabilidad, no para sabotear la alianza, sino para hacerla sostenible. Si esa evolución no ocurre, no habrá “Estado salvador” capaz de compensar, por sí solo, la dureza de la nueva etapa hemisférica: un país que dinamita su tejido productivo en nombre de la geopolítica termina siendo, al final, un aliado débil, y a los propios estadounidenses no les conviene un Caribe lleno de economías frágiles y resentimientos silenciosos.

3.5b La diáspora como activo estratégico

En este contexto, la diáspora dominicana en Estados Unidos no es un apéndice sentimental: es infraestructura política. Empresarios y profesionales dominicanos en Nueva York, Nueva Jersey, Florida, Massachusetts y otros estados no solo envían remesas; también votan, financian causas, influyen en medios locales y conocen el ecosistema congresual desde adentro. Esa combinación —comunidad, capital y cercanía institucional— es una palanca que pocos países del Caribe pueden igualar con la misma densidad.

Dicho de otro modo, el activo más subutilizado no es económico, sino electoral. La comunidad de origen dominicano ronda 2.4 millones de personas[4] y se concentra en estados y distritos donde el margen político suele ser estrecho. Un cabildeo moderno no se limita a pedir favores: traduce intereses dominicanos en costos políticos internos para el decisor estadounidense. La narrativa, si se formula con sobriedad, es simple y defendible: “dañar a República Dominicana daña a comunidades estadounidenses que votan”.

Pero sería un error infantil reducirlo a “votar”. En la práctica, el poder se mueve con organización y con dinero político bien dirigido. Eso significa entender la mecánica real: apoyar campañas en distritos bisagra (swing districts) y en carreras donde mil votos cambian un escaño; contribuir de manera legal y estratégica a través de PAC (Political Action Committee — Comité de Acción Política) cuando corresponda; crear redes de donantes que “empaqueten” aportes pequeños pero masivos; y concentrar esfuerzos en comités y legisladores con capacidad de decisión en comercio, tecnología, seguridad fronteriza y asignaciones presupuestarias. Florida y Pennsylvania son ejemplos obvios de terrenos competitivos, pero el punto no es geografía: es precisión. No se trata de alinearse a un partido, sino de construir una relación bipartidista basada en intereses concretos del distrito: empleo, comercio, estabilidad del Caribe, control de drogas, y continuidad de cadenas de suministro. Para que eso funcione, la diáspora necesita disciplina: cumplimiento de reglas de la FEC (Federal Election Commission — Comisión Federal de Elecciones), mensajes consistentes y una agenda de dos o tres demandas verificables, repetidas con paciencia hasta que se conviertan en sentido común en Washington.

En consecuencia, la diáspora no debe operar como reacción emocional ni como lobby improvisado. Debe institucionalizarse como capacidad permanente del Estado y de la sociedad: una agenda breve, bipartidista y verificable; un sistema de mapeo de distritos y comités; voceros entrenados; y una coordinación constante entre sector privado, asociaciones cívicas y misiones diplomáticas. Lo decisivo no es “hacerse notar”, sino volverse útil: demostrar, con datos y con disciplina política, que la estabilidad y prosperidad dominicanas reducen costos para Estados Unidos. En la era Monroe, esa es una forma moderna de soberanía: convertir presencia demográfica en influencia organizada.

3.6 La vulnerabilidad silenciosa: Turismo y Reputación

Si el arroz es un tema de sensibilidad social, el 5G de seguridad nacional y la energía de autonomía, el turismo es riesgo sistémico puro. Más de diez millones de visitantes al año,[5] casi la mitad de ellos procedentes directa o indirectamente de Estados Unidos, sostienen un sector que aporta del orden de 15 % del producto interno bruto (PIB)[6] y cientos de miles de empleos. Bajo la lógica de la NSS de 2025, obsesionada con fronteras seguras y control de flujos, la estabilidad del modelo turístico dominicano depende críticamente de que Washington no perciba —ni presente— nuestro territorio como inseguro o descontrolado.

El riesgo aquí no es un tratado comercial ni una sanción formal, sino una simple notificación administrativa: una degradación en los avisos de viaje (Travel Advisories) del Departamento de Estado por preocupaciones sobre seguridad fronteriza, criminalidad percibida o “desbordes” vinculados a Haití opera, en la práctica, como una prohibición efectiva. No es un arancel, pero puede producir el mismo efecto que un cierre parcial del mercado: desviar flujos hacia otros destinos del Caribe, enfriar la inversión hotelera, encarecer el financiamiento y recortar el crecimiento del PIB en cuestión de meses. La dependencia del turismo es tan profunda que la vulnerabilidad reputacional debería ser tratada como un asunto de seguridad nacional de primer orden.

Frente a esto, la diplomacia dominicana no puede limitarse a campañas de imagen o ferias turísticas. Necesita articular una verdadera política de blindaje del sector, basada en transparencia verificable. No basta con afirmar que los resorts y los polos turísticos son seguros; hay que demostrarlo con estándares que resulten creíbles para los reguladores y aseguradores norteamericanos. Eso implica, por ejemplo, abrir espacio a auditorías periódicas de terceros de confianza —firmas de seguridad, certificadoras internacionales— sobre los protocolos en aeropuertos, puertos y zonas turísticas clave, y compartir esos resultados de forma proactiva con la Embajada de Estados Unidos y con el propio Departamento de Estado. Implica también establecer canales de comunicación directos y estables con el Servicio de Seguridad Diplomática y las agencias pertinentes, de modo que incidentes aislados puedan discutirse y gestionarse antes de que escalen a un cambio de nivel en los advisories.

Al mismo tiempo, la narrativa diplomática tiene que trabajar sin descanso en una tarea ingrata pero vital: disociar, ante los ojos del público norteamericano y de sus autoridades, la crisis haitiana de la experiencia turística dominicana. No se trata de ocultar el problema —eso sería imposible y contraproducente—, sino de explicar con claridad que los esfuerzos de vigilancia y control fronterizo buscan precisamente evitar que el país entero se vea arrastrado al caos del vecino y garantizar que los polos turísticos sigan siendo espacios de estabilidad y normalidad. En otras palabras: mostrar que la firmeza en la frontera es una función de seguridad que protege, también, los intereses de Estados Unidos en un Caribe ordenado.

La dimensión geopolítica de este asunto es fácil de subestimar. Si se permite que el motor económico dominicano sea dañado por una alerta de viaje, el resultado puede ser exactamente el contrario de lo que la propia Estrategia dice buscar. Un colapso significativo del turismo convertiría a RD en un segundo foco de inestabilidad masiva junto a Haití: más migración irregular —dominicana y haitiana—, más presión sobre los recursos estadounidenses, más necesidad de desplegar ayuda y activos de seguridad en un momento en que la NSS exige concentrarse en la competencia con China y Rusia. Un socio económico quebrado no puede servir como ancla regional del nearshoring ni como plataforma confiable para la seguridad hemisférica.

En este tablero, la seguridad turística es la primera línea de defensa económica de RD, pero también una de las contribuciones más valiosas que el país puede hacer a la propia estabilidad de Estados Unidos en el Caribe. Un hedging inteligente consiste en algo más que pedir; consiste en cobrar, con serenidad y argumentos, el valor de ese servicio.

3.7 Transición energética: dependencia en otra clave

La transición energética dominicana ha avanzado. De hecho, las fuentes renovables representan el 23.32 % de la capacidad de generación nacional,[7] pero sigue descansando sobre vulnerabilidades estructurales: dependencia de combustibles importados, exposición a shocks de precio y una infraestructura crítica que, en un mundo más inseguro, se convierte en objetivo y en palanca. En este contexto, energía no es solo un tema sectorial; es un componente de seguridad nacional en el sentido más práctico: define competitividad, estabilidad social y margen fiscal.

Dicho de otro modo: una economía que paga caro la energía, o que la paga con volatilidad, negocia peor. Y cuando la NSS de 2025 coloca la seguridad económica como eje, el mapa energético de los aliados deja de ser un asunto doméstico. Se vuelve parte del “orden” hemisférico que Washington dice querer proteger, porque cada interrupción energética en el Caribe produce efectos en migración, crimen, inflación y gobernabilidad; es decir, exactamente los flujos que la NSS intenta contener.

No obstante, el riesgo no se limita al petróleo. La transición puede crear nuevas dependencias si no se administra con cuidado. Un ejemplo es el GNL (Gas Natural Licuado), que puede estabilizar generación y reducir emisiones frente a combustibles más intensivos, pero también aumenta la exposición a mercados internacionales, cadenas logísticas y, sobre todo, a la política del suministro. En un mundo de competencia por cadenas de suministro, energía es geopolítica. Por eso, el debate dominicano debe moverse de “qué fuente es más barata hoy” a “qué combinación es más resistente mañana”.

Aquí conviene introducir un concepto técnico que ayuda a pensar con disciplina: LCOE (Levelized Cost of Energy — costo nivelado de la energía). El LCOE sirve para comparar tecnologías en el largo plazo, pero no captura por sí solo el costo de la fragilidad. En este contexto, el costo real de la energía incluye resiliencia: redundancia, mantenimiento, ciberseguridad, protección física, capacidad de recuperación tras eventos extremos y calidad regulatoria. Dicho de otro modo: la energía más barata en papel puede ser la más cara en la práctica si un huracán, un ciberataque o una disrupción logística detienen la economía.

A partir de ahí aparece un segundo riesgo, más sutil: la reetiquetación de tecnologías como amenazas. Hoy se discute 5G, mañana puede discutirse el software de redes eléctricas, los sistemas de control industrial, los sensores urbanos, las plataformas de pago asociadas a movilidad, los componentes de baterías, incluso los equipos de medición inteligente. Bastará con instalar una sospecha —“puede espiar”, “puede sabotear”, “puede interrumpir”— para que un mercado entero quede condicionado. Esto no significa que la amenaza sea imaginaria; significa que, en esta etapa, el lenguaje de seguridad será usado también como argumento comercial y como instrumento de alineamiento.

En consecuencia, la agenda dominicana debe plantearse como una agenda de resiliencia estratégica, no solo de transición tecnológica. Eso implica cuatro líneas de acción que pueden sostenerse con sobriedad: primero, diversificar proveedores y evitar concentraciones en componentes críticos (energía y datos comparten esta lógica); segundo, fortalecer auditorías técnicas y certificaciones independientes de infraestructura crítica, para que la defensa de “seguridad” no dependa de narrativas sino de evidencia; tercero, diseñar un plan de inversión en redes y almacenamiento que priorice continuidad de servicio y recuperación rápida, no solo nueva capacidad instalada; y cuarto, integrar la resiliencia climática a la conversación con Estados Unidos como un interés compartido, no como demanda moral.

Dicho de otro modo: resiliencia climática es el seguro que el hemisferio necesita comprar si quiere estabilidad. Y si Washington espera un Caribe más ordenado —menos migración, menos crimen transnacional, más continuidad económica—, debe aceptar que la robustez energética de sus aliados no es un lujo, sino un pilar del orden que la propia NSS promete defender.

IV. Tres escenarios, una constante

Conviene mirar la NSS con realismo. Estos documentos rara vez se cumplen al detalle. El de 2025 fijará un horizonte, pero en medio estarán el Congreso, los tribunales, los aliados, los mercados, la improvisación y las crisis inesperadas. Habrá momentos en que el texto se use como catecismo doctrinario y otros en que sea simple telón de fondo.

A ese realismo hay que añadir otro lente: el documento puede ser, en buena medida, un producto de facciones internas más que un plan único. La tensión entre una visión de repliegue doméstico —obsesionada con fronteras, migración y drogas— y otra visión más clásica —interesada en influencia global y competencia con potencias— atraviesa a la propia administración. Eso explica por qué algunas regiones aparecen como “teatro central” en el papel y como “teatro inevitable” en la práctica; por qué se promete disciplina estratégica y luego se cae en impulsos; por qué se proclama restricción y, simultáneamente, se abren misiones ambiciosas. Para RD, esta lectura tiene un valor operativo: no basta con leer el texto; hay que leer quién lo interpreta, quién lo ejecuta y qué instrumento usa cada facción para imponer su línea. En ese ambiente, la estabilidad no vendrá de la coherencia de Washington, sino de la claridad de Santo Domingo.

Además, hay una lectura crítica que conviene incorporar para blindar esto: la tesis de que no estamos ante una ruptura, sino ante una continuidad cruda de la primacía estadounidense, una reescritura en lenguaje más directo de viejos impulsos estratégicos. Según esa mirada, el “retiro” sería más retórico que real: el gasto militar, la red de alianzas, la presión sobre Europa y la arquitectura de contención en Asia no desaparecen; se reorganizan y se financian de otro modo. No hace falta abrazar esa interpretación para reconocer su utilidad: nos obliga a evitar el autoengaño de creer que, porque la NSS empieza por el hemisferio, el mundo deja de importarle a Washington. Para RD, lo decisivo es que ambas lecturas —ruptura o continuidad— producen el mismo efecto práctico: más condicionalidad, más control de activos, más presión por alineamientos visibles, y menos paciencia para la ambigüedad estratégica de países pequeños.

Por eso, antes de especular sobre escenarios, conviene adoptar un criterio duro: seguir el presupuesto y seguir los contratos. Una estrategia sin recursos termina siendo un letrero; una estrategia con recursos se convierte en rutina administrativa, y la rutina es la forma más eficaz de poder. Si el plan exige modernización nuclear, una defensa antimisiles tipo Golden Dome y superioridad espacial, pero el financiamiento queda atrapado entre el Congreso y las prioridades fiscales, la consecuencia inevitable será la selectividad: no todo se podrá hacer a la vez, y entonces sabremos qué es realmente “vital” y qué era, más bien, una consigna. Para RD, esto es práctico: el grado de presión, la intensidad de la condicionalidad y la velocidad del alineamiento dependerán menos de la prosa del documento y más de lo que efectivamente se paga y se compra.

Podemos imaginar tres escenarios.

En el primero, de aplicación rígida, Washington intenta ejecutar cada línea: presiones máximas contra China, uso constante de la condicionalidad en ayuda y comercio, retórica civilizatoria desplegada sin matices. En ese escenario, RD necesitaría acelerar su adaptación, recortar sin rodeos ciertas exposiciones y reforzar su perfil de socio confiable, aun a costa de sacrificar relaciones económicas útiles. Será incómodo, pero administrable si se planifica con anticipación.

En este escenario, el Decreto 693-24 sobre el arroz sería leído como prueba de indisciplina comercial y podría disparar represalias rápidas o presión acelerada para aplicar el DR-CAFTA sin amortiguadores. En paralelo, cualquier ambigüedad en 5G se convertiría en sospecha, y el riesgo reputacional sobre turismo aumentaría porque el “orden fronterizo” pasaría a ser condición de confianza.

En un segundo escenario, de aplicación selectiva, Estados Unidos se muestra implacable en temas que considera de “alta prioridad” —tecnologías críticas, narcotráfico, migración hacia sus fronteras, control de activos estratégicos—, pero flexible en el resto. La letra dura permanece, pero la práctica se llena de matices y excepciones. Es el contexto más probable por precedentes históricos y por las limitaciones institucionales del aparato estadounidense. En él, RD y su sector privado podrán negociar plazos, transiciones graduales, caminos intermedios, siempre que ofrezcan a cambio proyectos que demuestren con claridad por qué conviene apostar por Santo Domingo.

En este escenario, habría margen para negociar plazos: transición tecnológica con financiamiento, reconversión arrocera con apoyo y, en Haití, cooperación securitaria condicionada a un componente económico que sostenga empleo formal. Dicho de otro modo, el país ganaría espacio si llega a Washington con paquetes de soluciones y no solo con objeciones.

En un tercer escenario, de aplicación retórica, la Estrategia se convierte sobre todo en referencia discursiva. Se cita para movilizar a la base política interna, para golpear verbalmente a Europa, a China o a la burocracia multilateral, pero la capacidad de ejecución real es limitada por falta de cuadros competentes, por conflictos internos, por resistencia de aliados. En este caso, el peligro no será tanto una aplicación coherente, como decisiones impulsivas, anuncios estridentes seguidos de correcciones improvisadas. La respuesta dominicana tendrá que ser, sobre todo, sangre fría: distinguir entre ruido y norma, entre discurso y decreto, entre el tuit y la ley.

Aquí el peligro sería la volatilidad: anuncios que suben y bajan, amenazas que no se sostienen, pero que dejan daños reputacionales reales. El turismo es el sector más vulnerable a ese péndulo: basta una señal administrativa o mediática para enfriar flujos y financiamiento, aunque luego haya rectificación.

En cualquiera de estos escenarios, la constante es la misma: seguir siendo un aliado cercano de Estados Unidos sin convertirse en satélite. Tomar en serio la Estrategia, pero no asumirla como destino inexorable. Conservar la alianza, pero también la dignidad. Mantener una política exterior que crea en la democracia, los derechos humanos y el multilateralismo, aun sabiendo que esos valores hoy pesan menos en la brújula de Washington que la migración, la droga o el 5G.

En la jerga de las relaciones internacionales, a esa combinación de proximidad y prudencia se le llama hedging: cubrirse, diversificar riesgos, reducir la vulnerabilidad frente a un solo centro de poder sin romper con él. No es neutralidad ni equidistancia; es la decisión deliberada de no apostarlo todo a la continuidad de un único proveedor de seguridad, mercado o respaldo político. Para Europa o Asia, el hedging puede significar construir capacidades militares propias, sistemas de mando y control autónomos, incluso abrir el debate —impensable hace unos años— sobre disuasiones nucleares regionales. Para RD, inevitablemente, se parecerá a otra cosa: menos tanques y misiles, más diversificación económica, más anclaje multilateral, más coherencia ética en los foros y menos gestos gratuitos de alineamiento adelantado.

En nuestro caso, hacer hedging implica tres movimientos simples de describir y difíciles de ejecutar: no romper con Estados Unidos —sería suicida—, no quemar los puentes con el resto del mundo en nombre de esa alianza, y dejar de entregar por adelantado, sin contrapartida, fichas políticas y diplomáticas que podrían servir para negociar mejores términos en esta nueva etapa de la Doctrina Monroe.

Ese hedging no se juega solo en cancillerías: pasa también por cómo protegemos nuestro turismo frente a percepciones de riesgo, por cómo pactamos nuestra transición energética y por cómo movilizamos a una diáspora que pesa tanto en remesas como en votos allí donde se deciden buena parte de las políticas que nos afectan.

V. La partida está abierta

La defensa de la soberanía, en este clima, no puede ser consigna abstracta. Se convierte en una combinación concreta de cintura económica, densidad diplomática y tejido institucional interno. Un país que depende de manera tan concentrada del mercado, los créditos y la seguridad que le presta una sola potencia está siempre a una crisis de distancia de la asfixia. Por eso una RD inteligente necesita seguir explotando a fondo su cercanía y su alianza con Estados Unidos, pero sin renunciar a diversificar exportaciones, vínculos financieros y cooperación en otras direcciones: Europa, América del Sur, el Caribe anglófono, Asia en sectores no sensibles.

En este punto conviene decirlo con serenidad: el “estado vasallo” no es una opción respetable para una RD que aspire a durar. La cercanía con Estados Unidos es central —por historia, geografía, diáspora y economía—, pero la cercanía sin límites explícitos termina siendo obediencia preventiva, y la obediencia preventiva suele pagarse con desprecio. La alternativa no es desafiar, ni pontificar, ni coquetear con aventuras: la alternativa es construir una diversificación sobria con países que creen en comercio previsible, Estado de derecho y cooperación práctica, y usar esa red como amortiguador cuando el centro pretenda convertir la lealtad en exclusividad.

En un mundo de transacciones duras, el único escudo real de un país pequeño es una mezcla de dignidad bien administrada, consistencia y capacidad de decir “sí” con precio, y “no” con argumentos.

Hay un costo que los Estados Unidos parece subestimar cuando explicita su enfoque transaccional: la erosión de legitimidad. Durante décadas, la fuerza estadounidense no funcionó solo por músculo, sino por coaliciones, credibilidad, y la idea —a veces sincera, a veces instrumental— de un orden compartido. Cuando un documento estratégico se permite hablar de castigos, de disciplina de aliados, de presión política interna en democracias amigas, el poder se vuelve más caro: obliga a pagar más coerción para lograr el mismo resultado. Esa pérdida de legitimidad abre un espacio para países medianos y pequeños que preserven un mínimo de coherencia, reglas y previsibilidad. Para RD, esto sugiere una jugada fina: sostener la alianza con Estados Unidos, sí, pero proteger nuestra propia legitimidad multilateral como activo; mantener un lenguaje de Estado, no de facción; y construir reputación de socio confiable precisamente porque no actuamos como eco.

En tiempos de tormenta, la credibilidad no es adorno: es capacidad de negociación.

La integración regional —Centroamérica, el Caribe, la Alianza para el Desarrollo en Democracia con Costa Rica, Ecuador y Panamá— no es sustituto de Estados Unidos, pero sí amortiguador. En momentos de presión, es muy distinto negociar acompañado que negociar solo. Y, sobre todo, hace falta construir una trama interna —Estado responsable, Cancillería hábil, empresariado consciente, sociedad informada— capaz de resistir los vaivenes de la política estadounidense sin romperse.

Ese esfuerzo no puede ser abstracto. En el plano digital, una coalición de países de Centroamérica y el Caribe que lleve a Washington una propuesta conjunta —financiar redes 5G seguras, con estándares occidentales, a cambio de compromisos claros en materia de gobernanza y seguridad— tendría más posibilidades de éxito que peticiones dispersas. En el terreno comercial, la salvaguardia arrocera basada en la OMC debería convertirse en la palanca de una negociación que no solo evite daños, sino que obligue a pensar en un verdadero plan de reconversión financiado, parcial o conjuntamente, con recursos de desarrollo de Estados Unidos. Y frente a Haití, RD tendrá que abandonar el papel de receptor pasivo de decisiones ajenas y apostar por una diplomacia de co-creación: si va a ser plataforma de esfuerzos de seguridad regional, debe estar sentada en la mesa donde se definen objetivos, reglas y responsabilidades, no esperando a que le informen después de cada decisión.

Recuperar el standing perdido será parte del trabajo. No se puede negociar con inteligencia desde una posición de debilidad percibida. La suspensión de la cumbre, las concesiones cuyas contrapartidas no quedaron claras ante la opinión pública, las tensiones fronterizas cuya calibración sigue siendo objeto de debate, han dejado una factura que habrá que pagar con años de diplomacia consistente y profesional. Pero ese pasivo no es una sentencia: es punto de partida para una corrección de rumbo que, si se ejecuta bien, puede convertir la adversidad en aprendizaje.

La tentación —comprensible, pero peligrosa— será confiar en que, al final, Estados Unidos “hará lo correcto” con sus aliados, como tantas veces en el pasado. Es una esperanza legítima, pero ya no puede ser una estrategia. El propio comportamiento de Washington en la última década, con virajes bruscos entre administraciones y con un ala política abiertamente hostil al multilateralismo, obliga a asumir que la alianza con Estados Unidos seguirá siendo central, pero no necesariamente estable ni predecible. El hedging dominicano, por modesto que sea, consiste en aceptar ese dato de la realidad y dejar de basar nuestro futuro en una fe ciega en la rectificación ajena, en lugar de hacerlo en decisiones propias.

Las líneas rojas dominicanas

Para ejecutar este hedging con éxito, RD debe trazar sus líneas rojas con tinta indeleble antes de sentarse a negociar. No se trata de retórica patriótica, sino de supervivencia: quien no define límites termina aceptando el límite que otros le asignen.

La primera línea roja es no convertirse —bajo ningún eufemismo— en “Tercer País Seguro”. RD no puede aceptar ser centro de procesamiento o depósito humano para deportaciones haitianas provenientes de Estados Unidos. La inviabilidad demográfica y social de esa figura es existencial: rompería el equilibrio interno, detonaría tensiones comunitarias y haría inmanejable la frontera.

Conviene decirlo sin autoengaños: mantener esa línea roja puede tener un costo inmediato. En una lógica de presión transaccional, Washington podría intentar forzarla mediante amenazas arancelarias, restricciones de visado, demoras regulatorias o condicionamientos en cooperación y financiamiento, como ya ha ocurrido en otras negociaciones hemisféricas cuando la Casa Blanca decide convertir un objetivo migratorio en prioridad doméstica. Decir “no” implica estar dispuesto a absorber una fase de castigo y a administrarla políticamente. Por eso la línea roja no puede ser solo declaración: exige preparación previa —diversificación de mercados, amortiguadores fiscales, diplomacia congresual y movilización de la diáspora— para que la defensa del límite sea sostenible y no termine revertida por asfixia económica.

La segunda línea roja es no desmontar capacidades productivas sin compensación real. No se puede sacrificar soberanía alimentaria o soberanía digital a cambio de buena voluntad abstracta. Si se exige excluir proveedores o abrir sectores sensibles, el país debe exigir fondos de transición —y no simbólicos— mediante instrumentos como la DFC o el Eximbank. Sin pago del sobrecosto, el alineamiento se convierte en empobrecimiento.

La tercera línea roja es no entregar, por adelantado, la política multilateral como cheque en blanco. La coincidencia con Estados Unidos debe ser frecuente por cercanía estratégica, pero la divergencia razonada en temas no esenciales es la prueba de que somos socios y no subordinados. No obstante, esa divergencia debe ser rara, explicada y estratégica; nunca caprichosa. Esa es la diferencia entre autonomía y teatralidad.

Estas líneas rojas no son un portazo: son el precio mínimo de una alianza sostenible.

Cuando una gran potencia cambia de idea sobre sí misma, todo el mapa se mueve. Pero el mapa no determina el destino de quienes lo habitan. RD puede emerger de esta coyuntura como nodo estratégico o como periferia prescindible, como socio con voz propia o como eco que simplemente repite. La diferencia no la decidirá Washington. La decidirán las decisiones —o las omisiones— que se tomen en Santo Domingo en los próximos meses y años.

La Estrategia de Seguridad Nacional de Trump fija el tablero. La partida, sin embargo, se gana obligando al centro a pagar el costo real de la lealtad que exige. Esa es la tarea dominicana: de la Cancillería, del empresariado, de la dirigencia política y de una ciudadanía que entienda que la soberanía ya no es un discurso para fechas patrias, sino una práctica diaria de lucidez en tiempos de tormenta.

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[1] National Security Strategy of the United States of America. November 2025: https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2025/12/2025-National-Security-Strategy.pdf

[2] Anne Neuberger, “China Is Still Winning the Battle for 5G—and 6G: America Must Do More to Compete With Huawei,” Foreign Affairs, 1 de mayo de 2025, https://www.foreignaffairs.com/united-states/china-still-winning-battle-5g-and-6g (consultado el 13 de diciembre de 2025). Para estimaciones públicas del sobrecosto asociado a excluir a Huawei y ZTE de despliegues 5G: “Huawei 5G ban could lead to 30 % higher costs in Australia,” iTWire, 2018, https://itwire.com/government-tech-news/government-tech-policy/huawei-5g-ban-could-lead-to-30-higher-costs-in-australia.html (consultado el 13 de diciembre de 2025); “Federal Register, Volume 85 Issue 2 (Friday, January 3, 2020),” U.S. Government Publishing Office (govinfo), https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2020-01-03/html/2019-27610.htm (consultado el 13 de diciembre de 2025).

[3] Washington International Trade Association (WITA — The International Trade Membership Association), “The Haitian Hemispheric Opportunity through Partnership Encouragement Act (HOPE),” (compilación de referencias sobre HOPE/HELP), https://www.wita.org/the-haitian-hemispheric-opportunity-through-partnership-encouragement-act/ (consultado el 13 de diciembre de 2025). Complemento oficial: International Trade Administration (ITA — Administración de Comercio Internacional), U.S. Department of Commerce (Departamento de Comercio de Estados Unidos), “Trade Preference Programs for Haitian Textiles and Apparel” (HOPE/HOPE II/HELP y expiración), https://www.trade.gov/index.php/haiti-trade-preference (consultado el 13 de diciembre de 2025).

[4] Mohamad Moslimani, Luis Noé-Bustamante y Sono Shah, “Facts on Hispanics of Dominican origin in the United States, 2021,” Pew Research Center, 16 de agosto de 2023 (análisis con American Community Survey del U.S. Census Bureau), https://www.pewresearch.org/race-and-ethnicity/fact-sheet/us-hispanics-facts-on-dominican-origin-latinos/ (consultado el 13 de diciembre de 2025).

[5] Banco Central de la República Dominicana (BCRD), “Sector turismo” (tableros y series históricas de flujo turístico, gasto turístico, ocupación e indicadores de turismo), https://www.bancentral.gov.do/a/CustomView/2537-sector-turismo (consultado el 13 de diciembre de 2025).

[6] Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC — World Travel & Tourism Council), estimaciones de contribución del turismo al PIB dominicano (cifras reportadas en prensa económica dominicana con base en proyecciones del WTTC y Oxford Economics), Diario Libre, 27 de junio de 2025, “2025: El turismo generará US$21,100 MM en República Dominicana,” https://www.diariolibre.com/economia/turismo/2025/06/27/2025-el-turismo-generara-us21100-mm-en-republica-dominicana/3163997 (consultado el 13 de diciembre de 2025).

[7] Presidencia de la República Dominicana, “Energía y Minas: Fuentes renovables representan el 23.32 % de la capacidad de generación nacional,” https://www.presidencia.gob.do/noticias/energia-y-minas-fuentes-renovables-representan-el-2332-de-la-capacidad-generacion-nacional (consultado el 13 de diciembre de 2025).