La causa justa no santifica el instrumento

El argumento circula con fuerza creciente: el orden internacional no protegió a las víctimas. Fallaron las elecciones, fallaron las negociaciones, fallaron los mecanismos multilaterales, fallaron las investigaciones de la Corte Penal Internacional. Ante ese fracaso acumulado, se pregunta con razón moral, con el peso de vidas destruidas, ¿por qué ese mismo orden debe ser invocado ahora para frenar acciones que debilitan al opresor?

La pregunta golpea porque nace de la experiencia real del abuso. Nace de cárceles, de torturas, de exilios forzados, de elecciones robadas a plena luz. Escuchar ese dolor no es el problema. Acompañarlo sin reservas cuando propone instrumentos que erosionan los principios que dice defender, sí lo es. El dilema no está en el reclamo, legítimo, urgente, humano, sino en los medios que se sugieren para alcanzarlo y en las consecuencias que esos medios arrastran mucho más allá del caso venezolano.

Aceptar la lógica del fracaso como licencia abre un terreno peligroso. Porque transforma la impotencia del sistema en justificación para suspenderlo selectivamente. Y cuando ese principio se acepta, el debate deja de ser sobre Venezuela y pasa a ser sobre quién decide cuándo el derecho deja de aplicar.

Ese es el punto de quiebre.

Si el derecho internacional vale cuando protege a quienes simpatizamos y deja de valer cuando estorba a nuestros objetivos, entonces no es derecho. Es herramienta. Y las herramientas no tienen dueño fijo: pasan de mano en mano según quien tenga fuerza para empuñarlas. En ese momento, el sufrimiento se convierte en licencia política. Y la licencia, una vez concedida, no se queda en manos de las víctimas: pasa rápidamente a manos de quienes tienen poder para administrarla.

La primera consecuencia es la selectividad moral. No todo dolor activa el mismo umbral de urgencia. No toda dictadura merece el mismo atajo. La simpatía, la cercanía ideológica y el interés estratégico empiezan a decidir qué tragedias autorizan excepciones y cuáles deben seguir esperando comunicados e informes. ¿Por qué Venezuela sí y Myanmar no? ¿Por qué Maduro merece la suspensión del derecho y otros tiranos apenas una condena retórica? La respuesta honesta nunca es principista: es geográfica, económica, estratégica.

La segunda consecuencia es la normalización del poder como juez. Si la legitimidad de una acción ya no depende de reglas compartidas sino del relato moral que la acompaña, el actor más fuerte siempre tendrá ventaja. Las grandes potencias no necesitan demostrar consistencia jurídica; les basta con construir una narrativa convincente apoyada en abusos reales. Irak 2003 se justificó con armas inexistentes y un tirano auténtico. Libia 2011 invocó la responsabilidad de proteger y dejó un Estado fallido que una década después sigue sin reconstruirse. Ese camino no protege a los pueblos. Protege a quienes controlan la fuerza, los recursos y el relato.

La tercera consecuencia es la más profunda, porque afecta directamente al objetivo que se dice perseguir: la democracia. Cuando se legitiman instrumentos de excepción para derrotar al autoritarismo, se instala una lógica incompatible con la construcción democrática posterior. La democracia no nace solo de la caída del tirano; nace de reglas, límites, previsibilidad y control del poder. Si el camino hacia la "liberación" debilita esos elementos, el resultado más probable no es la libertad, sino una estabilidad sin derechos: un orden donde hay calles seguras pero no prensa libre, donde hay elecciones pero no alternancia posible.

El Salvador de Bukele ofrece hoy el modelo más visible de esa tentación: seguridad a cambio de garantías, orden a cambio de debido proceso. Chile tardó décadas en desmontar los enclaves autoritarios que Pinochet dejó incrustados en la Constitución. Haití ha recibido múltiples intervenciones que prometían estabilidad; ninguna dejó instituciones más fuertes que las que encontró. La lección es clara: donde la salida del dictador no se ancla en instituciones legítimas, la promesa democrática queda subordinada al orden, a la economía o a la seguridad. Y quienes más sufren esa subordinación son los mismos que sufrieron bajo el régimen anterior.

Para los Estados pequeños, el riesgo es aún mayor. El debilitamiento de las normas no ocurre en un mundo plano, sino en un mundo radicalmente desigual.

Cuando se relativiza la prohibición del uso unilateral de la fuerza, cuando se estira el concepto de "acción policial" extraterritorial, cuando la soberanía se vuelve condicional según la calidad moral del gobierno de turno, los países con menor capacidad de disuasión quedan expuestos. Hoy el argumento se aplica contra un régimen repudiable; mañana puede aplicarse contra cualquier gobierno incómodo o prescindible.

El Caribe conoce ese patrón. Lo vivió en 1965, cuando los marines desembarcaron en Santo Domingo para evitar "otra Cuba". Lo vivió en Granada en 1983, en Panamá en 1989, en Haití en 1994 y en 2004. Cada intervención tuvo su narrativa moral. Ninguna dejó instituciones más fuertes. Algunas dejaron ruinas que todavía humean.

La pregunta que debe hacerse cualquier Estado pequeño ante los instrumentos que hoy se proponen para Venezuela no es si Maduro merecía caer. Es si el precedente que se establece al tolerarlos protegerá o expondrá a quienes no tienen portaaviones, ni veto en el Consejo de Seguridad, ni capacidad de definir cuándo las reglas aplican y cuándo no.

Nada de esto implica negar el fracaso del sistema internacional ni minimizar la brutalidad del régimen venezolano. Fingir que las normas han funcionado como prometían sería deshonesto. El sistema falló en proteger a los votantes del 28 de julio, en hacer cumplir las sentencias de la Corte Interamericana, en traducir los informes en consecuencias reales para los perpetradores.

Pero reconocer ese fracaso no obliga a aceptar cualquier sustituto. Denunciar la impotencia del derecho no equivale a autorizar su demolición. La respuesta al mal funcionamiento de un hospital no es incendiarlo; es exigir que funcione, reformarlo, dotarlo de recursos y responsabilizar a quienes lo administran mal.

La responsabilidad de quienes observan desde fuera es doble. Acompañar los reclamos legítimos de libertad, elecciones verificables y liberación de presos políticos. Y resistir la tentación de avalar métodos que conviertan el dolor en precedente y la excepción en regla.

Eso exige recordar algo elemental: la democracia no se hereda del acto que derroca al tirano. Se construye con límites al vencedor. Si el vencedor llega sin límites, convencido de que su causa justa lo autoriza a gobernar sin controles porque sufrió sin protección, el ciclo no se rompe. Solo cambia de protagonistas.

El reclamo nacido del sufrimiento merece respeto. Pero los instrumentos que se proponen deben ser examinados sin romanticismo. Porque en política internacional, cuando el derecho se vuelve opcional, el poder no se vuelve compasivo. Se vuelve más libre para decidir sobre otros.

La línea que separa la solidaridad responsable del acompañamiento imprudente es fina, pero decisiva. Cruzarla puede producir una victoria momentánea. Respetarla es lo único que permite aspirar a una justicia que no se evapore cuando cambien los vientos.

Porque en política internacional, la memoria de los principios traicionados dura más que la gratitud de los liberados.