Sesión extraordinaria

CONSEJO PERMANENTE DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL

1 DE JULIO DE 2021

Nómina de los miembros que asistieron a la sesión

En la ciudad de Washington, D.C., a las nueve y treinta y dos minutos de la mañana del jueves 1 de julio de 2021, celebró sesión extraordinaria el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos con el objetivo de recibir la Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Su Excelencia Marta Lucía Ramírez. Presidió la sesión el Embajador Washington Abdala, Representante Permanente del Uruguay y Vicepresidente del Consejo Permanente. Asistieron los siguientes miembros:

Embajadora Rita Claverie Díaz de Sciolli, Representante Permanente de Guatemala

Embajador Alejandro Ordóñez Maldonado, Representante Permanente de Colombia

Embajador Carlos Alberto Játiva Naranjo, Representante Permanente del Ecuador

Embajadora Yolande Yvonne Smith, Representante Permanente de Grenada

Embajador Gustavo Tarre, Representante Permanente de Venezuela

Embajadora Luz Elena Baños Rivas, Representante Permanente de México

Embajador Hugh Adsett, Representante Permanente del Canadá

Embajador Josué Antinoe Fiallo, Representante Permanente de la República Dominicana

Embajador Luis Fernando Cordero Montoya, Representante Permanente de Honduras

Embajador Carlos Alberto Raimundi, Representante Permanente de la Argentina

Embajadora Alejandra Solano, Representante Permanente de Costa Rica

Embajador Hugo De Zela, Representante Permanente del Perú

Embajador Issa Kort, Representante Permanente de Chile

Embajador Luis Alvarado, Representante Interino de Nicaragua

Segunda Secretaria Tracee Dorestant, Representante Alterna del Commonwealth de las Bahamas

Embajador Edmond Bocchit, Representante Interino de Haití

Señor Bradley A. Freden, Representante Interino de los Estados Unidos

Segunda Secretaria Juanita Cleopatra Lont, Representante Interina de Suriname

Segunda Secretaria Juana de Dios Mudarra de Morales, Representante Alterna de Panamá

Ministro Consejero Raúl Mariano Martínez Villalba, Representante Alterno del Paraguay

Señora Judith-Anne Rolle, Representante Alterna del Commonwealth de Dominica

Ministro Consejero Omari S. Williams, Representante Alterno de San Vicente y las Granadinas

Señora Kemoy Liburd Chow, Representante Alterna de Saint Kitts y Nevis

Consejera Gillian Ingrid Joseph, Representante Alterna de Antigua y Barbuda

Segunda Secretaria Zauditu I. Lessey-Perreira, Representante Alterna de Trinidad y Tobago

Ministra Consejera Lesley Alice Dowridge-Collins, Representante Alterna de Guyana

Ministra Consejera Juliet Mallet Phillip, Representante Alterna de Santa Lucía

Ministro Deon L. Williams, Representante Alterno de Jamaica

Ministro Fernando Gustavo Sotelo Vitelio, Representante Alterno del Uruguay

Ministro Consejero Kennedy Obed Reyes Lazo, Representante Alterno de El Salvador

Consejero Michael Mena, Representante Alterno de Belize

Consejero Pedro DA Silveira Montenegro, Representante Alterno del Brasil

Estuvieron también presentes el Secretario General, señor Luis Almagro Lemes, y el Secretario General Adjunto, Embajador Nestor Mendez, Secretario del Consejo Permanente.

Aprobación del orden del día

El PRESIDENTE: Buenos días a todos. Su Excelencia Marta Lucía Ramírez, Vicepresidenta, Ministra de Relaciones Exteriores de la República de Colombia, un gusto tenerte aquí; señoras y señores embajadores, representantes permanentes y alternos de los Estados Miembros; señor Secretario General, Luis Almagro; Embajador Nestor Mendez, Secretario General Adjunto; señoras y señores representantes observadores permanentes; funcionarios de la Secretaría General.

Declaro abierta la presente sesión extraordinaria virtual del Consejo Permanente que ha sido convocada por solicitud de la Misión Permanente de Colombia de acuerdo con el documento CP/INF. 9003/21, con el propósito de recibir a Su Excelencia Marta Lucía Ramírez, Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores que sabemos está con el tiempo acotado, así que le agradecemos gentilmente su buena voluntad.

[El proyecto de orden del día contiene los siguientes puntos:

1. Aprobación del orden del día (CP/OD-2327/21)

2. Presentacion de Su Excelencia Martha Lucía Ramírez, Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores de la República de Colombia]

En este sentido, y no de existir observaciones, vamos a dar por aprobado el proyecto de orden de esta sesión extraordinaria del Consejo Permanente, documento CP/OD-2327/21.

No hay observaciones, se considera aprobado.

Aprobado.

Presentacion de Su Excelencia Martha Lucía Ramírez, Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores de la República de Colombia

El PRESIDENTE: Permítanme un breve racconto para introducir a la Vicepresidenta y Canciller. Tiene una hoja vitae, un currículum vitae maravilloso. Marta Lucía Ramírez tiene una experiencia en el campo de desarrollo empresarial, en comercio, en negociaciones internacionales, en seguridad, en democracia, en gobernabilidad, en desarrollo regional. Es completa, absolutamente transversal y completa, y es un orgullo contar con ella aquí. Hoy Ministra de Comercio, ha trabajado en los temas del combate a la corrupción, en los temas que nos son afines y de los que tenemos que seguir aprendiendo. Ha trabajado en la materia de seguridad, en creación de empleos, en competitividad y algo sustantivo para estas épocas y estos tiempos. Desde el 7 de agosto de 2018 se convirtió en la primera mujer en ocupar el cargo de Vicepresidenta en la historia de Colombia. En estos tiempos de cambio, eso no es una señal menor.

Quiero también expresarle, además, a nuestra amiga toda la solidaridad posible que me sale del alma ante el atentado que existió para con el Presidente Iván Duque, que sufriera hace unos pocos días. No tenemos palabras para colofonar y para explicar y para sentir lo que hemos sentido en torno a ese episodio.

Así que excelentísima señora Marta Lucía Ramírez, bienvenida y tiene usted el uso de la palabra.

Adelante.

La VICEPRESIDENTA Y CANCILLER DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA: Muchísimas gracias al señor Vicepresidente del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el Embajador Washington Abdala, Representante Permanente del Uruguay. Muchas gracias por estas palabras, como siempre cálidas, expresivas, sinceras, solidarias y afectuosas hacia Colombia. Muchas gracias también por la solidaridad y por el rechazo a este atentado vil del que fuera objeto el Presidente de la República y algunos de nuestros ministros justamente hoy hace una semana.

Saludo también a nuestro querido Secretario General de la OEA, el señor Luis Almagro; a todos los directivos de la Organización, este equipo extraordinario que acompañan al Secretario General; a los embajadores, a los representantes permanentes de los países miembros de la OEA. También saludo muy afectuosamente a nuestro Embajador, al doctor Alejandro Ordóñez Maldonado, Representante Permanente de Colombia ante la OEA; a todas las personas que nos están acompañando hoy, con un gran afecto les envió nuestros saludos.

Para mí es un honor como Vicepresidenta de Colombia, como Ministra ahora también de Relaciones Exteriores en representación del Gobierno del Presidente Iván Duque, pero, sobre todo, en representación de toda la nación colombiana; expresar este saludo cordial y fraterno a todas las familias que a lo largo y a lo ancho de todo el Hemisferio, durante este año largo, durante este año y tres meses, han perdido a sus seres queridos como consecuencia de esta crisis sanitaria.

Lamentablemente son ya millones de familias en el mundo que tienen hoy un lugar vacío en la mesa para siempre como consecuencia de una pandemia para la cual no nos preparamos porque nadie imaginó que vendría, pero sí nos está anunciando esta pandemia lo que puede suceder en el futuro; los desastres que pueden llegar a la humanidad tanto por razón de nuevas pandemias, nuevos virus, nuevas cepas, como también los desastres que pueden llegar a la humanidad como consecuencia del cambio climático. Por esa razón, de verdad creo que es muy importante este momento de recogimiento pensando en tantas familias que han perdido seres queridos, pero también este momento de reflexión de una gran responsabilidad sobre el trabajo solidario que tenemos que hacer todos unidos en el Hemisferio para evitar nuevas muertes como consecuencia de este tipo de eventos.

Colombia ha solicitado la realización de esta sesión extraordinaria del Consejo Permanente para reiterar nuestro compromiso con la OEA como una Organización y un sistema absolutamente fundamental, tanto para la democracia como, sobre todo, para la promoción, la garantía, el respeto de los derechos humanos en nuestro Hemisferio en esta coyuntura tan particularmente difícil –como dije ya– para la región entera, para el mundo entero.

La OEA tiene, como todos sabemos, una gran responsabilidad; este compromiso firme y renovado de todos los Estados Miembros que debe servir también para encauzar esta Organización para que, de manera cada vez más eficiente, más oportuna sobre todo, realmente atienda las preocupaciones, las esperanzas, las necesidades, los anhelos de tantos ciudadanos en nuestros países que realmente merecen unas mejores condiciones de vida porque es esa la condición necesaria para una vida en concordia, para una vida en paz; máxime ahora cuando desafortunadamente estamos transitando por esta realidad tan compleja en donde, en el mundo entero, la incertidumbre ante lo que va a terminar finalmente sucediendo con esta pandemia: ¿Cuánto tiempo más va a durar? ¿Cuántas vidas más va a cobrar? ¿Cuántos empleos más vamos a perder? ¿Cuánta riqueza más se va a destruir?

Y ante esa incertidumbre, claro, hay pesimismo; hay temor en muchos países y, sobre todo, en nuestra América Latina. El caso de Colombia es bien particular; como muchos de nuestros países, venía transitando por una realidad difícil obviamente y enfrentado realmente ese desafío de tener un mayor crecimiento económico, pero, sobre todo, un crecimiento que de verdad generara una disminución de la pobreza. Y ese ha sido el principal objetivo de Colombia durante las últimas dos décadas. Habíamos logrado avances económicos y sociales muy importantes; los niveles de consumo del sector privado, el auge de las inversiones privadas venían realmente impulsando la economía colombiana y, por eso, las proyecciones de crecimiento y de generación de empleo, que para nosotros es lo más importante, realmente se vislumbraban bastante positivas. Sin embargo, la llegada de esta pandemia nos cambió todos los pronósticos. Gracias a las políticas macroeconómicas que realmente se han conseguido con un crecimiento sostenido pudimos responder a esta crisis de manera audaz y oportuna.

El Presidente Iván Duque, con un gran liderazgo y sobre todo con un sentido de urgencia, adoptó con nuestro Ministro de Hacienda muchas medidas de carácter social que nos permitieron dar una respuesta inmediata a tanta gente que tuvo que confinarse en ese aislamiento forzado. Mucha gente, que por su condición precaria de vida o la informalidad en que viven, no tenían ningún ingreso y, por esa razón, fue muy importante la reacción inmediata para generar unos ingresos que permitieran aliviar la situación de las familias. En estas últimas décadas, Colombia realmente había logrado avances muy importantes en la reducción de la pobreza extrema y de la pobreza multidimensional.

En diciembre de 2019, la pobreza extrema y la pobreza multidimensional habían bajado de manera significativa; la extrema estaba alrededor del 9,6% y por esa razón nosotros dijimos, si estamos tan comprometidos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, vamos a apostar a que el año 2030 signifique acabar la pobreza extrema. Este 9,6% sigue siendo muy alto y, por esa razón, porque eran prácticamente cuatro millones y medio de habitantes, tenemos que lograr acabar la pobreza extrema y estábamos trabajando en ese objetivo.

Los porcentajes de afiliación al Sistema General de Seguridad Social han venido aumentando en nuestro país; hoy tenemos una cobertura universal prácticamente del 95,2% de la población colombiana; distintos avances también en materia de educación que en este momento han sido muchísimo mayores porque este gobierno ha asignado el presupuesto más alto de la historia al sector de la educación convirtiendo la educación en la prioridad nacional. También se han hecho avances en materia de protección y de garantía a los derechos humanos que están muy ligados a estos elementos que acabo de mencionar.

Sin educación, sin empleo, es difícil hablar realmente de una verdadera garantía y de una promoción de los derechos humanos. Tenemos que trabajar todos por lograr una vida digna para nuestros ciudadanos y, por esa razón, este compromiso de Colombia en materia de protección y de los derechos humanos tiene que ver no solamente con la reducción de muertes que hemos tenido de verdad durante estos últimos tres años, la tasa más baja de homicidios que ha tenido Colombia en los últimos cuarenta y seis años; la tasa de secuestros más baja, un esfuerzo enorme para seguir reduciendo el área sembrada en coca.

Ustedes saben muy bien, ese fue justamente uno de los reclamos de quienes hoy estamos en el gobierno cuando durante el proceso de paz acompañábamos la paz, acompañábamos el proceso pero hacíamos reclamos porque ese acuerdo tuviera medidas mucho más contundentes, efectivas, exigentes, para lograr la terminación del negocio de las drogas en Colombia porque allí está un factor generador de violencia y de permanente agresión a los derechos humanos, pero también un factor que acaba la economía, que destruye la base social de nuestro país, que afecta la democracia y, por esa razón, en todos los indicadores donde veíamos una mejora, teníamos esta preocupación de cómo lograr una mayor contundencia frente al narcotráfico en donde, sin duda, hemos tenido avances gracias a este trabajo permanente en erradicar el cultivo.

Por eso, es muy importante para nuestro Gobierno colombiano que se conozca este contexto por el cual está transitando Colombia, obviamente estas circunstancias que hemos vivido recientemente porque sin duda son circunstancias que muchos de nuestros países comparten en una mayor o menor medida con diferencias de matices. Pero quiero reiterar que para Colombia es fundamental que al hablar nosotros de derechos humanos, también tengamos un compromiso permanente con lograr también ese enfoque multidimensional de los derechos humanos que están relacionados con el sostenimiento, profundización y defensa permanente de la democracia con un enfoque también permanente en la seguridad y la protección de la vida de los ciudadanos y también, obviamente, con todo lo relacionado con el desarrollo integral que a través del empleo nos permita dignificar sus condiciones de vida.

Para Colombia es fundamental esa Carta Democrática Interamericana; es el instrumento clave realmente para fortalecer también la institucionalidad democrática y fortalecer nuestra institución en este Hemisferio. Por esa razón, quiero decirles que nosotros hemos enfrentado retos enormes de gente que quiere ver fracasar la democracia colombiana y, por eso, en esta coyuntura nosotros, como siempre, pero más que nunca tenemos de verdad ese compromiso con un fortalecimiento institucional, pero requerimos también, como siempre y más que nunca, esta solidaridad, esta cooperación de todas las naciones del Hemisferio, de todas las instituciones para que realmente avancemos todos dentro de lo que significa el responder a las amenazas que el Estado de derecho ha venido sufriendo. Todas estas amenazas que se ciernen sobre nuestro sistema democrático porque no podemos permitir que en momentos como estos, donde hay tanto dolor, desconcierto ciudadano –por las razones que hemos anotado– se utilicen por parte de algunos que están buscando su interés político, sus escenarios políticos, que se utilicen estas circunstancias para afectar el Estado de derecho, la fortaleza institucional.

Nuestro país es un país que ha trabajado muchísimo por lograr fortalecer esa democracia, esa división y ese equilibrio de los poderes, ese respeto y la garantía de los derechos inalienables de las personas. Y por esa razón el principio democrático, las normas de participación política que están en nuestra Carta Democrática Interamericana, que obligan a todos los estados a la celebración de elecciones periódicas, libres, justas, basadas en el sufragio universal, es algo que en Colombia jamás permitiremos que se vulnere. Democracia de las naciones de nuestro Hemisferio es fundamental; todas las democracias de este Hemisferio se requieren justamente para que haya un progreso de todos y de una capacidad realmente de integrarnos mejor, de lograr ese fortalecimiento en la integración hemisférica, pero sobre todo en la integración latinoamericana.

La deriva antidemocrática del Gobierno de Venezuela desafortunadamente, con el objetivo de perpetuarse en el poder, ha impactado a muchos países, pero particularmente a Colombia que, con gran solidaridad, con gran compromiso, ha recibido, de manera masiva, recibimos todos los días esa migración venezolana que se encuentra en un momento absolutamente crítico, en donde todos los derechos humanos han sido vulnerados. Hay factores de desestabilización y violencia y riesgos para la seguridad; también el crimen transnacional, el narcotráfico, precisamente porque los grupos armados, organizados que han establecido un enclave permanente en el territorio del país hermano, en particular en las zonas de frontera, genera realmente un gran riesgo no solamente para Colombia, sino para todos los países de la región.

Cualquier amenaza a la seguridad de la población de nuestros países es una amenaza a todos y, en el caso de Colombia, son amenazas en donde buena parte de estos miembros desmovilizados de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), de los grupos terroristas y del narcotráfico son precisamente los causantes de la muerte de muchos líderes y defensores de derechos humanos en varias regiones del país y, sobre todo, en esas regiones cercanas a la frontera o en las regiones en donde se ha concentrado y se ha consolidado la producción del narcotráfico.

Nuestro Gobierno tiene el reto de combatir y de enfrentar a todos estos grupos ilegales, pero también, como es de público conocimiento, este hecho de la semana pasada realmente es no sólo es un atentado terrorista, sino es un atentado de la mano del narcotráfico en donde la criminalidad organizada realmente pretende amedrentar a una democracia que es fundamental; no sólo para los colombianos, es fundamental para todo el Hemisferio. Por eso necesitamos –como les dije– toda la solidaridad, el apoyo y el acompañamiento de todos los países que hacen parte de esta Organización.

Recordemos que este atentado al Presidente había sido precedido el 15 de junio de otro atentado en la misma Brigada del Ejército donde afortunadamente no hubo víctimas, pero es un mismo perfil; todas las circunstancias muy parecidas. Por eso, yo quiero reiterar que todos los miembros de esta Organización debemos exigir que se cumplan las obligaciones universales de la lucha contra el terrorismo que están contenidas en la resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU): “Ningún país, en ningún lugar del mundo debe dar albergue ni facilitar el financiamiento del terrorismo”.

Para nosotros es muy importante en este momento seguir adelantando esfuerzos para implementar todas las estrategias que nos permitan contrarrestar los efectos del narcotráfico, pero, sobre todo, realmente avanzar en mucha más cooperación regional. Este principio de corresponsabilidad frente a la amenaza del narcotráfico y las economías ilícitas es también algo fundamental porque no basta con que el narcotráfico se vaya de Colombia. Es un imperativo legal, moral, pensando en todos nuestros jóvenes, impedir también que se vaya hacia el sur, que se vaya hacia el norte, que se vaya hacia Centroamérica, hacia el Caribe porque sabemos realmente el daño irreparable que hace el narcotráfico.

En nuestro país hemos venido trabajando permanentemente por fortalecer también la calidad de nuestras instituciones armadas, las Fuerzas Militares de Colombia, la Policía Nacional, precisamente para que su trabajo velando por la seguridad de los colombianos se haga siempre dentro del más absoluto respeto a los derechos humanos, y ese esfuerzo lo seguiremos haciendo porque sabemos también que la vigencia y la permanencia de la democracia depende fundamentalmente de la credibilidad y de la legitimidad que tengan estas instituciones. Por eso, exigiremos siempre –como lo ha dicho el Presidente– que actúen permanentemente en prevención de los delitos, en disuasión y persuasión, pero siempre en una reacción contundente, oportuna y respetuosa de los derechos humanos.

Dentro de ese marco tiene que moverse la Fuerza Pública en Colombia. En esa área, los avances realmente son significativos también en la medida en que todos los organismos de control: Defensoría del Pueblo, Procuraduría, Fiscalía vienen trabajando de la mano –cada uno dentro de su individualidad– para garantizar que cualquier acción individual de un miembro de la Fuerza Pública realmente tenga la investigación necesaria dentro de la justicia ordinaria cada vez que competa y, por supuesto, las sanciones del caso cada vez que se compruebe algún tipo de abuso de autoridad o violación de los derechos humanos por parte de un miembro de nuestra Fuerza Pública. Saben ustedes que esta migración que hemos vivido es una migración sin precedentes y esto significa entonces que tenemos un doble desafío: lograr nosotros que la respuesta del Estado colombiano frente a esta población venezolana sea también oportuna y eficiente.

Les quiero agradecer a todos los miembros de la Organización que nos han acompañado en la mesa de donantes el pasado 17 de junio. Sabemos que los recursos que llegan para la migración venezolana siguen estando muy por debajo de lo que necesita cada uno de ellos, muy por debajo de los recursos que la cooperación internacional ha brindado, por ejemplo, a la migración Siria. Nosotros en Colombia seguimos trabajando todos los días para que cada venezolano que está en nuestro país goce de todos los derechos exactamente igual que lo hacen los colombianos. También los tenemos por supuesto incluidos en todos nuestros programas de vacunación porque nuestro compromiso es que tengan en nuestro país las condiciones para proteger su vida, su salud y desarrollar una vida digna. El compromiso de Colombia en materia de derechos humanos es absolutamente incuestionable.

Hemos vivido este tiempo de tanta dificultad, de tanta incertidumbre, de tanto desasosiego ciudadano que entendemos y que por supuesto respaldamos porque este es un desasosiego que se vive en todas las familias; esto no hace diferencia de estratos sociales. El temor, la pérdida de empleo, la pérdida de las empresas, la destrucción de las riquezas a todos nos afecta por igual. Y por eso, entendemos ese deseo y esa participación legítima de tantos jóvenes, de tantos ciudadanos en unas protestas que, como Estado, siempre respetaremos porque eso hace parte de nuestra convicción democrática. Pero también entender siempre que esas protestas tienen que hacerse de manera pacífica como lo exigen todos los instrumentos internacionales y por supuesto también los instrumentos de nuestro sistema hemisférico.

Desde el 28 de abril, como todos ustedes conocen, Colombia ha venido sufriendo una situación totalmente atípica, completamente desconocida para nosotros porque de la mano de esas protestas, desafortunadamente, se han desarrollado una serie de actividades violentas, de vandalismo, no solamente dedicado a escribir grafitis, a dañar las paredes, mucho menos cosas menores, sino en una actividad absolutamente violenta de unos grupos minoritarios que han utilizado las protestas para destruir, para incitar a la violencia, para salir armados a la mitad de las violencias, para poner las famosas líneas invisibles de cables de acero muy delgados atravesando una vía, como lo más reciente que sucedió hace dos días, donde un muchacho, estudiante desprevenido, venía en su motocicleta a su casa y pasa sobre el cable que desafortunadamente termina desnucándolo y muere este muchacho.

Entonces, quiero decirles que hemos tenido durante este tiempo catorce mil cincuenta y cinco manifestaciones, de las cuales doce mil cuatrocientos dieciséis han sido pacíficas. Lamentablemente, ha habido unas menores que han tenido violencia, cerca de mil seiscientas –tal vez no recuerdo mal– han tenido violencia, han tenido este vandalismo, y ésas solamente son las que han requerido la intervención de la Fuerza Pública colombiana, estas mil seiscientas y pico. Eso quiere decir cerca del 10% han generado intervención de la Fuerza Pública. Entonces, que no se diga que en Colombia se desconoce la protesta pacífica porque la Policía está interviniendo en las protestas, no es cierto.

Solamente en un 10% porque se han dado estos actos criminales, vandálicos, inaceptables en cualquier país, en todos los de ustedes queridos embajadores, en cualquier país de Europa, del Asia cualquier acto de violencia de esta naturaleza requiere la inmediata intervención de la Fuerza Pública.

Pero acá también hemos visto una situación sin precedentes de destrucción del patrimonio de los colombianos, la infraestructura, los sistemas de transporte público destruidos a gran escala. Entonces, realmente el modus operandi que nos llama la atención es algo que debemos tener en cuenta; acá una situación muy parecida que vivieron en Chile en 2019, en el Ecuador también en 2019, y mañana puede suceder en cualquiera de nuestros países.

Acá tenemos que cooperarnos, cooperar con la experiencia vivida, cooperar sobre las mejores prácticas para prevenir; cooperar también sobre las mejores prácticas sobre cómo dialogar; cómo escuchar mejor esta voz ciudadana, este clamor; cómo seguir tomando medidas de política pública en materia de desarrollo económico que sean más efectivas, más oportunas, pero lo que le ha sucedido a Colombia le puede suceder mañana a cualquiera de los países del Hemisferio.

Y es por eso por lo que tenemos que insistir: la manifestación pacífica es un derecho en nuestra Convención Americana sobre Derechos Humanos, del Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, pero también sabemos que estos instrumentos dicen que el Estado tiene que actuar cuando se trata de la defensa y seguridad nacional cuando se trata de la defensa del orden público y cuando se trata de la defensa de los derechos de los demás ciudadanos. Una protesta infiltrada por grupos minoritarios, violentos para destruir, para amenazar, armados, en estas protestas en Colombia. La Policía ha incautado más de cuarenta y un mil armas, pistolas, revólveres e inclusive armas de largo alcance y también obviamente armas cortopunzantes.

Entonces, hay que separar los dos fenómenos porque tenemos que permitir que las autoridades actúen contundentemente cuando no hay una protesta pacífica porque el Estado, en general, todos nuestros estados tienen la obligación de proteger los derechos de todas las personas, de los que protestan, pero también de los que no protestan. Es en esa ponderación de derechos y en ese equilibrio en donde podemos nosotros realmente transitar hacia un mayor bienestar, hacia un fortalecimiento de las democracias; no podemos jamás hacer rogatorios los derechos de los manifestantes, pero tampoco los de los demás ciudadanos. De tal manera que es una función permanente de la Fuerza Pública intervenir, restablecer el orden y garantizar el desarrollo adecuado.

En Colombia, la Policía Nacional es un cuerpo civil que tiene un marco normativo exigente que se ha venido adecuando permanentemente. Yo fui Ministra de Defensa hace ya dieciocho años y es impresionante como permanentemente se está ajustando todo ese marco normativo de acuerdo con estándares internacionales, en particular, sobre el uso de la fuerza cuándo procede qué tipo de acción se pueda hacer. Recuerden que, en Colombia, por ejemplo, la Policía es multitarea. Acá tenemos nosotros la protección de la juventud y de la niñez, la protección del medio ambiente, la seguridad ciudadana en las calles y también obviamente la lucha contra el narcotráfico. Por eso, tiene protocolos de actuación, cada uno especializado y todos ellos con ese elemento transversal: el respeto a los derechos humanos siempre como un requisito sine qua non de la Policía Nacional.

Estos eventos –repito– en donde se requiere la actuación de la Fuerza Pública serán siempre eventos en donde cada uno de los miembros de la institución tiene claro cómo proceder por esos protocolos, pero también tiene claro que responderá en tal caso de que incumpla con alguno de sus protocolos o en el caso de que actúe dolosamente, abusivamente contra un ciudadano o por supuesto violentando los derechos humanos. No obstante, dentro de todo este proceso de mejoramiento institucional, el Presidente el año pasado lideró una reforma en la Policía que se presentó al Congreso de Colombia en noviembre del año pasado; se encuentra en la mitad de su trámite. Recientemente el Presidente anunció otra serie de reformas para seguir avanzando en la profesionalización de la Policía.

Crearemos un observatorio de derechos humanos al interior de la Policía Nacional, y también les quiero señalar algo que es muy importante y es que, en Colombia, la Policía está ubicada institucionalmente dentro del Ministerio de Defensa, pero toda su doctrina, toda su organización es civil y obviamente tiene su formación totalmente independiente de la escuela de formación de nuestros militares.

Yo quiero referirme a algo que también es posible que en algún momento suceda en cualquiera de sus países: al interior de una protesta es posible, claro, que se produzca la interrupción del tráfico, que se produzca en un momento determinadas limitaciones a la movilidad, pero otra cosa distinta son los bloqueos que se producen inclusive con el objeto de amenazar la vida de los ciudadanos.

Colombia ha sufrido bloqueos que se diseñaron perfectamente para bloquear no solamente algunas ciudades, sino para afectar la vida y la salud de los colombianos. Se bloqueó, por ejemplo, la salida de la fábrica de oxígeno con los tanques de oxígeno que deberían llegar a los hospitales y a las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) en el momento más alto de esta pandemia para Colombia. Se bloquearon ciudades enteras a las que se impidió llegar alimentos y medicamentos, y eso entonces es algo distinto. Eso no es simplemente una obstrucción en la movilidad, ese es un acto que en el Código Penal Colombiano, en el artículo 353 de nuestro Código, se define como un delito porque atenta contra la vida humana, contra la salud pública y, por supuesto, contra el derecho de todos los ciudadanos.

Aquí seguiremos nosotros siempre defendiendo esos derechos de los colombianos, también la propiedad de los colombianos, la infraestructura y hacerlo siempre dentro de ese núcleo esencial de la libertad y de los derechos humanos de todos los ciudadanos porque cualquier vulneración de esa cláusula convencional sobre la correlación entre derechos y deberes que están en el artículo 32 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el cual los derechos de cada persona se limitan justamente por los derechos de los demás, pues cualquier vulneración a este principio significaría el desconocimiento de lo que es la esencia de los derechos humanos y también la esencia de una democracia.

Como les mencioné, hemos tenido un mínimo de actividades violentas al interior de todas estas ya catorce mil manifestaciones, protestas, etcétera, pero también una cantidad significativa de bloqueos; tres mil quinientos los que han afectado los derechos a la vida, a la integridad personal de los colombianos. Como les decía, la incautación de una gran cantidad de armas, inclusive cuando se suman todas las armas cortopunzantes llegamos a cerca de setenta mil armas incautadas. Entonces, esto nos muestra realmente que sí ha habido acá una infiltración dedicada justamente a afectar toda la institucionalidad, la tranquilidad ciudadana, la vida de los colombianos, pero, sobre todo, afectar totalmente la estabilidad de nuestro país.

Hemos tenido una gran cantidad de personas heridas, tanto personas de la población civil, como uniformados; cerca de mil cien personas civiles, mil cuatrocientas personas uniformadas también con heridas graves. Todo esto lo está investigando hoy la Fiscalía Nacional para proceder contundentemente y aplicar la justicia y las sanciones que correspondan a los responsables.

El impacto económico, ustedes no se imaginan de qué tamaño es. Ustedes saben que aquí se iba a hacer una reforma tributaria que fue la gota de agua que desbordó esta copa. Esa reforma tributaria estaba dirigida a generar unos ingresos de veinticuatro billones de pesos colombianos necesarios para poder asumir todos estos costos sociales de la pandemia. Pues les quiero decir que a partir del 28 de abril se ha destruido en Colombia más del 50% de lo que íbamos a generar con esa reforma tributaria.

Doce billones de pesos colombianos ha perdido Colombia, esto es 4.000 millones de dólares estadounidenses; mil setecientos bienes privados perdidos; dos mil doscientos bienes públicos en una gran destrucción de la infraestructura del sistema de transporte público, tantas cosas como les mencioné ya antes. De tal manera que yo quiero, queridos embajadores, enfatizar ese compromiso nuestro con el respeto al derecho a la protesta, pero señalar que hay jornadas de protestas que se utilizan por minorías que tienen un clarísimo propósito que es generar desconcierto, caos, destrucción, debilitar la institucionalidad, afectar la gobernabilidad, en fin, desestabilizar a nuestras sociedades.

El Gobierno colombiano seguirá trabajando en distintas reivindicaciones para los colombianos; aquí hemos hecho realmente muchas reformas durante estos tres años de gobierno. Hay algunas que se han acelerado recientemente; una de ellas garantizar la matrícula gratuita para los estudiantes de educación superior en los estratos uno, dos y tres. Esto es algo realmente muy importante que lo queríamos hacer desde antes; íbamos en un 50% de jóvenes, hoy se ha decidido la cobertura al 100% con una nueva reforma tributaria que habrá que presentar de todas maneras sin aumentar impuestos de la clase media, sin nada de ese estilo, pero nos va a tocar hacer una reforma justamente para cumplir con este propósito de la educación.

Se ha generado un subsidio al empleo para contratar jóvenes. Este subsidio va a tener el 25% del salario mínimo justamente para garantizar que las empresas que los contraten les garanticen la seguridad social sin que signifique un costo para la empresa. Se han generado beneficios adicionales en subsidios para la vivienda a los jóvenes, créditos para nuevos emprendimientos sobre todo en zonas rurales y también en zonas urbanas para la gente joven; se viene trabajando en unas mesas de diálogo para lograr sacar adelante un Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) de la Juventud. CONPES es el que toma directrices de corto, mediano y largo plazo y va a ser realmente una agenda para los jóvenes en Colombia, por lo menos para los próximos treinta años y va a generar una serie de decisiones que se van a tomar desde este gobierno.

Hemos tenido una mesa del paro que desafortunadamente también se utilizó como una manera de presionar políticamente al gobierno. El Gobierno del Presidente Duque seguirá en el proceso de tratar realmente de dialogar con ellos, lamentablemente algunos de ellos promovieron también buena parte de todos estos paros que tanto daño le han hecho al país. Lo más importante es que seguiremos trabajando con toda nuestra capacidad en un plan de vacunación masiva, de reactivación económica segura. Nosotros esperamos, Dios quiera, tener vacunadas 35 millones de personas en la segunda quincena de septiembre.

Parte del desasosiego que se generó y lo que supuestamente motivó parte de las protestas es que hubo muchísima desinformación en las redes sociales y este también es un tema para prevenirlo, que en cualquier país puede suceder. Las redes sociales diciendo: el gobierno no compró vacunas, no van a poder vacunar a tiempo, la vacunación se va a demorar tres años. Y todo esto exacerbó realmente los ánimos, pero nuestro Gobierno había comprado las vacunas desde comienzo de este año para que el 70% de la población, que son 35 millones de ciudadanos, estuvieran vacunados en diciembre de este año.

Sin embargo, también gracias a la cooperación internacional, yo en este instante estoy, como mencionábamos, con un poquito también de afán de salir a acompañar al Presidente. Nos está llegando esta donación de los Estados Unidos de 2,5 millones de vacunas. Algunos nos han ayudado a acelerar la vacunación y en la segunda semana de septiembre esperamos tener estos 35 millones de colombianos vacunados para seguir acelerando esa vacunación en nuestro país, también para seguir apoyando la vacunación de otros países. Ustedes saben que recientemente hemos apoyado con un millón para la vacunación de los países del Caribe porque sabemos también la situación que están viviendo varios de ellos.

Yo quiero simplemente terminar recordando que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estuvo en Colombia. Cuando visité Washington, yo misma en una visita con el Embajador Alejandro Ordóñez Maldonado, les dije: bienvenidos a Colombia, pero sigamos la secuencia lógica en esto, ustedes pidieron una información a la Procuraduría y a la Fiscalía en Colombia, reciban esa información, analícenla antes y de inmediato, entonces ustedes van a poder analizarla y después van a la visita a Colombia. Ellos tenían en ese momento citada una audiencia pública sobre la situación de Colombia para el 28 de junio y yo les propuse, entonces, hagan la visita a Colombia después de recibir la información y después de la audiencia pública; es decir, 29 y 30 de junio, cuando quisieran.

Posteriormente, la Comisión tomó la decisión de suspender la audiencia pública del 29 de junio y por esa razón pudimos anticipar esa visita que se hizo en el mes de junio; se hizo el 7, 8 y 9 del mes de junio. Fue muy importante esa reunión con el Presidente de la República, con todos los jefes de los organismos de control como son: el Fiscal General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, los distintos ministerios relevantes en esta materia y el Consejero Presidencial para la Implementación del Acuerdo de Paz en Colombia sobre lo cual ustedes saben; este Acuerdo se ha implementado inclusive con unos resultados muy superiores a lo que estaba también programado en el momento mismo en que se empezó a aplicar el Acuerdo. De tal manera que nadie puede decir que no hay compromiso de este gobierno con implementar todo lo que significa un Acuerdo que está incluido, además, en la Constitución colombiana.

La Comisión también se reunió con la Consejera de Derechos Humanos y, lo más importante, la Comisión comprobó que en Colombia hay un marco normativo, que hay institucionalidad democrática, sólida, participativa, exigente, pluralista, garantista de los derechos humanos y que aquí el respeto a los derechos humanos no es una coyuntura, no es un gobierno, es algo en lo que venimos trabajando también hace muchos años. De hecho, por eso hemos tenido un liderazgo que modestamente quiero recordar: Colombia ha tenido un gran liderazgo en la OEA justamente en estos temas de derechos humanos.

A mí, por ejemplo, me correspondió como Ministra de Defensa. Hace dieciocho años yo monté la primera Escuela de Derechos Humanos al interior del Ejército y de las Fuerzas Militares de Colombia. Entonces, esto es un continuo, esto es una política de Estado en la medida en que todos nosotros sabemos que la amenaza a los derechos humano tiene multiplicidad de factores y no es solamente el Estado el que puede en un momento determinado convertirse en una amenaza; sí, es el más responsable; sí, es el más obligado y precisamente también es el obligado a evitar que haya otras amenazas a los derechos humanos que provengan de otros actores.

Creo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pudo comprobar toda esa fortaleza institucional, pero algo muy importante, la apertura de Colombia a esta observación, a este acompañamiento internacional. Nuestra participación en el sistema interamericano la conocen ustedes, nuestro cumplimiento a todos los compromisos internacionales que también lo reconocieron los comisionados acá en las distintas reuniones privadas que tuvieron.

Quiero recordarles que, en el marco de estas protestas, pero desde tiempo atrás, entre otras, fue la implementación del Acuerdo de Paz. Tenemos en Colombia veinte agencias de las Naciones Unidas, la oficina también de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos con sede en Colombia con ese acompañamiento, con ese monitoreo permanente de la situación de derechos humanos en nuestro país.

De tal manera que toda esta presencia institucional, ese acompañamiento de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, sus informes trimestrales al Consejo de Seguridad de la ONU y la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de los Estados Americanos, (MAPP-OEA) que ha sido tan valiosa, tan constructiva para Colombia, pues tiene que darle a ustedes la más absoluta garantía no sólo del compromiso institucional del Estado, del país, de este gobierno, sino de la apertura que tuvimos con la Comisión porque ese también es un deber ético y es el compromiso que tenemos nosotros para generar más confianza y más credibilidad en las instituciones colombianas porque de ellas depende –repito– la sostenibilidad de esta democracia porque no queremos jamás que la democracia colombiana tenga la amenaza que vemos lamentablemente en otras democracias, ni el deterioro y la fractura que sufre hoy lamentablemente Venezuela.

Finalmente, yo quiero reiterar que tenemos enormes retos con la firme determinación de escuchar a la población, de trabajar honestamente, de buscar un Estado cada vez más eficiente y transparente y esta conciencia que debemos tener todos de los más vulnerables. Para mí, es una obsesión trabajar todos los días por la inclusión, por lograr que las mujeres, que la población informal, las personas más vulnerables de verdad sean un objetivo explícito de las distintas políticas públicas para generarles empleo que los dignifique a ellos en sus condiciones de vida; para que los programas sociales asistencialistas se limiten solamente a las personas mayores, a los más pobres, pero a los demás tenemos que generarles empleos, emprendimientos rentables, escalables porque eso es lo que dignifica su vida, pero nada, no hay nada que pueda servir para que nadie justifique que haya grupos minoritarios que pretendan destruir lo que hemos construido con tanto esfuerzo en Colombia y en cada uno de nuestros países a lo largo de tantos años.

Yo quiero agradecer a todos la oportunidad de comentar estos asuntos relevantes a la situación de Colombia. Agradezco muy especialmente, como ya lo dije, el acompañamiento de la OEA, del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos (SIDH), en particular de la MAPP-OEA. Agradecemos también la visita que nos hizo Héctor Schamis en representación del Secretario General Luis Almagro. Estamos también pendientes de su informe. Agradecer todo el apoyo que hemos tenido los distintos países donantes en esta decisión de seguir asumiendo generosamente, integralmente esa migración venezolana porque creemos que también es una manera de construir paz y ese es el camino para establecer condiciones de desarrollo que beneficien a todos los ciudadanos con solidaridad, con crecimiento y, sobre todo, con una verdadera toma de conciencia sobre esta oportunidad maravillosa que nos ha dado la vida a los que estamos vivos; sobre esta solidaridad que debemos tener para con las familias que han perdido seres queridos y, sobre todo, con este trabajo permanente, solidario, complementario de acompañamiento que tenemos que hacernos los unos a los otros dentro del Hemisferio para prevenir que tanto la pandemia, los problemas en materia de salud, como cualquier riesgo en materia de cambio climático, genere muertes en esta dimensión absurda que hemos sufrido durante el último año y medio.

Muchas gracias Secretario General; muchísimas gracias especialmente a nuestro buen amigo, el Vicepresidente del Consejo Permanente, Washington Abdala; a nuestro Embajador Alejandro Ordóñez Maldonado; a todos ustedes queridos embajadores por esta oportunidad que me han dado y también al Secretario General Adjunto, Embajador Nestor Mendez; a nuestra Viceministra, también, de Relaciones Exteriores, la doctora Adriana Mejía, muy conocida de esta Casa, gran trabajadora siempre en todos estos temas de derechos humanos; a la doctora Mirza Gnecco, nuestra Directora de Derechos Humanos en la Cancillería; a Juanita López, nuestra exviceministra de Justicia acá en Colombia, que han estado todos muy atentos hacia todo este seguimiento desde el 28 de abril en Colombia. Como se darán cuenta acá está el ruido del avión, de verdad muy difícil porque está cruzando y está aterrizando con esas vacunas.

Mil gracias, yo me despido y espero ojalá que tengamos una oportunidad próxima de vernos allá en vivo en Washington. Un abrazo muy grande.

Gracias por esta oportunidad.

El PRESIDENTE: Gracias a ti, gracias a ti. Aguantame un segundo, querida Excelencia por compartir con este Consejo Permanente la información tan oportuna y valiosa que nos has brindado, por supuesto que el Embajador Alejandro Ordóñez Maldonado acá es una maravilla y tenés un Representante Permanente espléndido, a quien todos admiramos.

En nombre del Consejo Permanente te quiero agradecer el tiempo que nos has dispensado y recordarles a las distinguidas delegaciones que esta sesión va a constar en acta y, básicamente, estás liberada de amarras porque sabemos que estás con la agenda muy acotada. Okay, un abrazo gigantesco.

Y si no tenemos nada se levanta la sesión.

[Se levanta la sesión a las 10:20 a.m.]

ISBN 978-0-8270-7446-0