Yo También Estaría Preocupado: La X Cumbre de las Américas y el Arte de Negociar con la Complejidad

Treinta y ocho días antes de la Cumbre de Presidentes en Punta Cana (4 y 5 de diciembre), el proceso preparatorio enfrenta una realidad que las ciencias diplomáticas conocen bien. La Cumbre estará precedida por el Foro de la Sociedad Civil (1 y 2 de diciembre en La Romana), la Cumbre de CEO (3 y 4 de diciembre), el Diálogo Multisectorial (3 de diciembre) y la II Reunión Ministerial del SIRG (3 de diciembre en Punta Cana). Esta coreografía intrincada de reuniones enfrenta una tensión irreconciliable: la brecha entre la ambición temática y el consenso operativo que ha caracterizado las negociaciones hemisféricas desde 1994.

El Precedente Histórico: Fragmentaciones Estructurales No Excepcionales

La historia de las cumbres anteriores ofrece una lección metodológica fundamental. Mar del Plata (2005) concluyó sin declaración final, atrapada entre visiones incompatibles sobre el ALCA. Puerto España (2009) produjo una “Declaración de Compromiso” adoptada técnicamente por consenso, pero con reservas explícitas de algunos países que se negaron a firmarla, interpretando el documento como insuficiente para abordar la crisis económica y la exclusión de Cuba. Cartagena (2012) fue la tercera cumbre consecutiva sin declaración final, fracturada por los temas de Cuba y las Malvinas.

La presencia de Dilma Rousseff en Cartagena 2012 es particularmente instructiva para comprender el presente. La presidenta brasileña no solo declaró que debía ser “la última cumbre sin Cuba”, sino que canceló su reunión bilateral con Juan Manuel Santos y se retiró prematuramente del evento como manifestación de descontento político. No fue una decisión retórica: representó la evaluación de que el valor añadido de la participación presidencial era negativo frente a las limitaciones de un acuerdo que no reflejaba sus prioridades.

Este contexto histórico es relevante porque advierte: las fragmentaciones que observamos en la última versión de la Declaración de Punta Cana (octubre de 2025) no son anomalías, sino expresiones de tensiones estructurales del multilateralismo hemisférico.

La Última Versión de la Declaración: Anatomía de Complejidades Negociadoras

El “Proyecto de Declaración de Punta Cana”, presentado al SIRG III el 17 de octubre en su sexta versión, presenta corchetes en al menos cuatro dimensiones críticas:

1. Batalla semántica sobre la “sostenibilidad”: Lo que comenzó como un avance en las negociaciones se deterioró cuando actores clave buscaron omitir “equidad”, “desarrollo sostenible” y “cambio climático” del texto previamente acordado. Este cambio representa más que una preferencia editorial: marca una ruptura fundamental en la dinámica de negociación. Algunas delegaciones piden eliminar completamente esos términos; otras defienden el “desarrollo sostenible”; otras proponen “desarrollo integral”. Para los Estados del Caribe, cuya existencia misma depende de la acción climática, la posible eliminación de lenguaje previamente acordado sobre equidad y cambio climático constituye una forma de borrado existencial. Cada concepto ancla compromisos posteriores sobre transición justa, responsabilidades diferenciadas y financiamiento climático. La ironía se profundiza: mientras los negociadores debaten terminología, las islas caribeñas enfrentan mares crecientes que no reconocen corchetes.
2. Seguridad y soberanía hídrica: Brasil, con su robusta Estrategia Nacional de Recursos Hídricos 2022–2040 y experiencia en diplomacia del agua, ha solicitado la reformulación o supresión del capítulo. No es obstruccionismo: es protección de soberanía sobre recursos transfronterizos. Guatemala expresa preocupaciones similares sobre esquemas supranacionales. La ironía es palpable: 166 millones carecen de agua potable, pero no hay consenso sobre la cooperación básica; sin embargo, ello no debe oscurecer la legitimidad de las preocupaciones sobre autoridad supranacional.
3. Migración como categoría conceptual: Estados Unidos propone “ilegal”; múltiples delegaciones lo rechazan y sugieren “irregular y riesgosa”. Nuevamente, la disputa trasciende las palabras: cada término genera consecuencias jurídicas diferenciadas para los 8 a 18 millones de personas en movimiento en la región. El párrafo sobre el sargazo — que cuesta al Caribe 120 millones de dólares anuales en limpieza y requiere acción coordinada — ha estado al borde de quedar inconcluso: aunque el documento refleja la intención de articular un financiamiento conjunto, las divergencias sobre mecanismos han dejado la redacción sin acuerdo definitivo.
4. Articulación institucional: Brasil cuestionó la posible duplicación entre la “Plataforma Hemisférica de Acción para la Seguridad Ciudadana” y estructuras existentes. La Comisión de Seguridad Hemisférica de la OEA opera desde 2003. La MISPA VIII se celebró en julio de 2025. Esta preocupación, señalada ya en abril, no es pedantería organizacional, sino racionalidad institucional y presupuestaria. El objetivo es evitar nuevos fondos dispersos en canales duplicados cuando ya existen marcos operativos.

Un giro analítico: de las limitaciones a las posibilidades

Sin embargo, mantener solo el diagnóstico crítico sería incompleto. Existen avances significativos en varios consensos:

Seguridad alimentaria: El capítulo muestra progresos reales en acceso a dietas saludables, cooperativismo, manejo pesquero, programas escolares y apoyo a la Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza. No es perfecto — la biotecnología agrícola enfrenta resistencia legítima de defensores de la agricultura tradicional — , pero se han alcanzado iteraciones cercanas al acuerdo. Es significativo en un contexto donde 43 millones de personas padecen hambre en América Latina.

Trabajo técnico especializado: La MISPA VIII (julio de 2025) logró avances documentados en ciberseguridad y reforma policial. Demuestra que en los niveles técnicos, donde los actores no son presidentes con calendarios políticos competitivos, la convergencia es posible. La experiencia sugiere que las arquitecturas sectoriales pueden producir consensos que escapan a los foros políticos generales.

Participación multisectorial: La arquitectura de la Cumbre (Foro de Sociedad Civil 1–2 de diciembre en La Romana; Cumbre Empresarial 3–4 de diciembre; Diálogo Multisectorial 3 de diciembre) representa aprendizaje institucional de experiencias previas sobre inclusividad y legitimidad política. No resuelve los desacuerdos fundamentales, pero amplía la base de actores que pueden contribuir a la implementación.

Ausencias Presidenciales: Complejidad Antes que Fracaso

Esto requiere análisis matizado, no simplificación:

México: La presidenta Claudia Sheinbaum anunció en su conferencia semanal que no asistirá a la próxima Cumbre de las Américas. Expresó su desacuerdo con la exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela, y señaló que, debido a la emergencia causada por intensas lluvias que han dejado decenas de muertos en el centro del país, su prioridad es atender esos asuntos nacionales. Indicó también que evaluará si alguien de la Cancillería asistirá en representación de México.

Colombia: El presidente Gustavo Petro anunció el 15 de octubre que no asistiría a la Cumbre, declarando en X: “No asistiré a la Cumbre de las Américas en República Dominicana. El diálogo no comienza con exclusiones.” Petro reveló que había propuesto sin éxito a Estados Unidos una reunión con la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) “para estudiar la integración económica de una América mayor.” Su afirmación de que “no hubo respuesta y lo que tenemos es una agresión en el Caribe que se había constituido como una zona de paz” vincula directamente su ausencia tanto a las exclusiones como a la presencia militar estadounidense en aguas del Caribe. Esta retirada calculada convierte la no asistencia en una doble protesta: contra la arquitectura excluyente de la Cumbre y contra lo que percibe como una militarización de los enfoques de seguridad regional.

Chile: El presidente Gabriel Boric enfrenta un escenario particularmente complejo al entrar Chile en su ciclo electoral presidencial, con primera vuelta el 16 de noviembre y eventual segunda el 14 de diciembre. Su coalición enfrenta una oposición fortalecida por años de críticas en seguridad y migración. Aunque Boric podría usar la Cumbre para respaldar la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU, la superposición con un período electoral crítico hace probable que su prioridad esté en reforzar su posición interna.

Brasil: El presidente Luis Ignacio Lula Da Silva enfrenta un dilema temporal genuino. La COP30 en Belém (con 40,000 delegados y miles de millones en financiamiento verde) compite directamente con la agenda hemisférica. No es distracción retórica, sino reordenamiento estratégico de prioridades climáticas globales. Lula está decidido a entregar una COP sustantiva con resultados tangibles, especialmente tras una COP29 en Bakú decepcionante. El precedente de Dilma Rousseff en 2012 sugiere que Brasil usa presencia y ausencia en cumbres como señales normativas en su diplomacia.

Honduras: La presidenta Xiomara Castro enfrenta elecciones presidenciales el 30 de noviembre, proceso históricamente marcado por desafíos logísticos y cuestionamientos sobre integridad. Aunque el contexto económico es de estabilidad moderada, su gobierno está centrado en garantizar elecciones ordenadas. En esas circunstancias, es muy poco probable que abandone el país en ese momento crítico.

Ecuador: Dadas las condiciones actuales, el presidente Daniel Noboa probablemente no viajará a Punta Cana. Enfrenta simultáneamente un referendo constitucional el 16 de noviembre, tasas de violencia alarmantes (52 homicidios por cada 100,000 habitantes, 29% más que en 2024) y una crisis social e indígena que exigió intervención militar. Con movimientos sociales movilizados y observación internacional activa, su prioridad será la estabilidad interna.

Bolivia: El país atraviesa una transición presidencial tras la elección de Rodrigo Paz el 19 de octubre, en medio de crisis política, incertidumbre económica y tensiones sociales. Este contexto obliga al nuevo gobierno a concentrarse casi exclusivamente en estabilización interna, dificultando viajes o compromisos externos.

Perú: El recién inaugurado presidente José Jerí enfrenta una de las crisis políticas y de seguridad más graves del continente. Declaró estado de emergencia en Lima y Callao por el avance del crimen organizado y la presión social. Una ola de homicidios sin precedentes y protestas sectoriales mantienen la capital en tensión. Su sucesión siguió a la destitución de Dina Boluarte tras fallas en seguridad. Con derechos suspendidos y Fuerzas Armadas patrullando las calles, es improbable que el Congreso autorice su salida del país.

Estas ausencias no son deserciones de la X Cumbre, sino expresiones de que los calendarios políticos nacionales tienen su propia lógica interna. Más productivo que preguntar “¿por qué faltan presidentes?” es analizar cómo las cumbres hemisféricas pueden mantener relevancia incluso en medio de competencia política interna. El presidente José Raúl Mulino de Panamá ya ha confirmado su asistencia, y existen fuertes expectativas de que otros líderes — como Rodrigo Chaves de Costa Rica, Bernardo Arévalo de Guatemala, Santiago Peña de Paraguay y Yamandú Orsi de Uruguay — también participen. Se espera asimismo la presencia de varios primeros ministros y jefes de Estado del Caribe, incluidos los de Guyana, Antigua y Barbuda, Jamaica, las Bahamas y Trinidad y Tobago, lo que refuerza la importancia de la Cumbre como plataforma para el diálogo y la cooperación regional.

Sin embargo, la posible asistencia de Javier Milei (Argentina), Mark Carney (Canadá) y Nayib Bukele (El Salvador) sigue incierta, especialmente en el caso de Canadá, cuyo primer ministro enfrenta tensiones con Estados Unidos por aranceles y suspensión de negociaciones comerciales, aumentando la volatilidad diplomática.

La unidad fracturada de CARICOM: de Los Ángeles a Punta Cana

La Comunidad del Caribe (CARICOM) llega a Punta Cana con heridas recientes de discordia interna y con el peso de promesas incumplidas desde Los Ángeles 2022. Semanas antes de la Cumbre, la primera ministra Kamla Persad-Bissessar, de Trinidad y Tobago, rompió la frágil unidad de CARICOM al exigir públicamente que los demás miembros absorbieran a los migrantes venezolanos y declarar que “no le importaba” si los Estados retiraban su apoyo a las aspiraciones de política exterior de Trinidad. Esto ocurrió apenas cuatro días después de que los jefes de Estado de CARICOM reafirmaran al Caribe como una Zona de Paz, en medio de acciones militares unilaterales de Estados Unidos contra presuntos narcotraficantes frente a las costas de Venezuela y Colombia.

El episodio revela fisuras más profundas: en Los Ángeles 2022, los Estados de CARICOM llegaron con demandas unificadas de financiamiento climático, alivio de la deuda y compensaciones por pérdidas y daños, solo para recibir reconocimiento retórico sin compromisos sustantivos. Estados Unidos prometió 28 millones de dólares para asistencia en seguridad alimentaria a través del Plan Caribe Hambre Cero — dirigido a una crisis que afecta al 67,5% de la población caribeña que sufre inseguridad alimentaria moderada o severa — , pero no ofreció mecanismos concretos para el financiamiento climático tan urgentemente necesario. Esta cifra palidece frente a los 140 mil millones de dólares en daños climáticos que el Caribe enfrentará para 2050.

Ahora, en Punta Cana, CARICOM enfrenta una triple atadura: divisiones internas entre cooperación en seguridad y soberanía; presión externa para alinearse con potencias hemisféricas en competencia; y la urgencia existencial de la reparación climática que ni Washington ni otros grandes emisores han abordado adecuadamente. El llamado de los pequeños Estados insulares en desarrollo a una trayectoria de 1.5 grados y a un tratamiento diferenciado en el financiamiento climático sigue atrapado entre la preferencia estadounidense por los mecanismos de mercado y las demandas latinoamericanas de responsabilidad histórica. Esta fragmentación dentro de la fragmentación — las tensiones internas de CARICOM anidadas dentro de divisiones hemisféricas más amplias — ejemplifica por qué alcanzar un consenso en Punta Cana requiere reconocer no solo los desacuerdos bilaterales, sino las complejidades multinivel de los bloques subregionales que luchan por mantener su cohesión mientras negocian su supervivencia.

La competencia por la atención presidencial: de los foros multilaterales a los espectáculos globales

El sistema internacional contemporáneo presencia una competencia inédita por el recurso más escaso de la política global: el tiempo y la atención presidencial. Donde antes las cumbres diplomáticas monopolizaban las agendas de los jefes de Estado, hoy compiten con plataformas alternativas de proyección de poder blando — megaeventos deportivos, cumbres digitales, asociaciones bilaterales estratégicas y espectáculos mediáticos — que ofrecen dividendos políticos inmediatos sin la fricción de la negociación multilateral.

Esta transformación estructural se manifiesta con claridad en el dilema de agenda del presidente Donald Trump. Anunció (21 de agosto) que el sorteo del Mundial 2026 se realizará el 5 de diciembre al mediodía en el Kennedy Center de Washington, transmitido a más de mil millones de espectadores. En la Oficina Oval describió el sorteo como “probablemente el evento deportivo más grande” y comparó sus 104 partidos con “104 Super Bowls”.

Preguntarse si asistirá a Punta Cana (4–5 de diciembre) es legítimo, pero debe contextualizarse institucionalmente: no es una anomalía, sino un síntoma estructural. La competencia entre eventos deportivos y cumbres hemisféricas por cobertura mediática y decisiones presidenciales refleja cómo se construye el poder blando en el siglo XXI.

El sorteo tiene lógica programática: el Mundial 2026 generará un impacto económico estimado de 15 mil millones de dólares, con 104 partidos, 48 naciones y 16 sedes (11 estadounidenses, 3 mexicanas, 2 canadienses). Para un líder estadounidense, representa proyección global sin controversias diplomáticas ante 1,200 millones de espectadores. La Cumbre, en cambio, ofrece negociaciones complejas ante una audiencia hemisférica. La comparación de valor no es irracional.

El presidente dominicano ha reiterado formalmente la invitación en varias ocasiones: en el funeral del Papa Francisco (abril), en la 80ª Asamblea General de la ONU (septiembre) y mediante comunicaciones diplomáticas continuas. Su canciller ha señalado que “si el presidente Trump decide venir, será irresistible para otros líderes no hacerlo”. Que no haya confirmado formalmente a 38 días no es escándalo, sino dato. Las confirmaciones suelen llegar 15 a 20 días antes del evento.

La verdadera pregunta es: ¿qué revela del sistema que los líderes calculen que los eventos deportivos compiten legítimamente con las cumbres hemisféricas por su tiempo? Sugiere que el multilateralismo hemisférico debe clarificar su propuesta de valor frente a otros usos del tiempo presidencial.

Un contexto más amplio: resiliencia del sistema

A pesar de las fragmentaciones, el sistema de cumbres sigue siendo un espacio donde los actores dialogan sin que eso implique convergencia total. Mar del Plata, Puerto España y Cartagena no fueron fracasos catastróficos del multilateralismo, sino momentos en que el sistema mostró sus límites y se reajustó. Ahora Punta Cana enfrenta una elección arquitectónica similar: ¿forzar una declaración que ningún país suscriba (como en Cartagena 2012)? ¿O diseñar una arquitectura de resultados parciales pero auténticos, con mecanismos claros de continuidad?

La segunda opción es más modesta, pero también más honesta y potencialmente más duradera.

La complejidad como oportunidad

Mi serie de artículos — desde De la visión a la acción (septiembre de 2024), que documentó consultas diplomáticas confidenciales, pasando por Negociando el futuro de las Américas (septiembre de 2024), que relató la experiencia de Los Ángeles 2022, hasta RD presenta visión (abril de 2025), que detalló el posicionamiento dominicano en el SIRG — ha registrado la construcción diplomática meticulosa que precedió a Punta Cana.

El desafío de noviembre de 2025 es traducir esa construcción en acuerdos menos ambiciosos en alcance, pero más operativos en mecanismos.

Esto requiere madurez analítica: reconocer que la fragmentación en los documentos de negociación no es fracaso, sino expresión de que la democracia multilateral tiene costos reales. Cuando 32 países con intereses divergentes, calendarios electorales competitivos y prioridades nacionales distintas negocian en tiempo real, las convergencias completas son raras en la historia del multilateralismo.

La arquitectura de la esperanza: más allá de la madurez institucional

La pregunta para Punta Cana no es si alcanzaremos la perfección diplomática, sino si tendremos el valor de reconocer que dentro de la fragmentación misma está la semilla de una nueva forma de cooperación hemisférica. Una que no pretenda uniformidad imposible, sino que construya puentes a partir del reconocimiento de nuestras diferencias.

Los 600 millones de habitantes de las Américas no esperan declaraciones grandilocuentes. Esperan mecanismos que funcionen, compromisos verificables, instituciones que respondan a sus urgencias cotidianas: la madre en Guatemala que busca agua limpia para sus hijos, el agricultor en Haití que enfrenta la devastación climática, el emprendedor en Jamaica que lidia con el impacto económico del sargazo, la familia en México que huye de la violencia.

Lo que surja de Punta Cana quizá no sea un monumento al consenso diplomático, pero puede convertirse en algo más valioso: un plano de cooperación funcional en una era de complejidad. No la arquitectura de la convergencia total, sino la arquitectura de lo posible: pragmática, verificable, construida sobre cimientos firmes de respeto mutuo y entendimiento de que nuestros destinos, aunque diversos, permanecen inexorablemente entrelazados.

La madurez institucional que propongo no es resignación. Es sabiduría: reconocer que el verdadero progreso se mide no en consensos forzados, sino en la capacidad de mantener diálogo productivo incluso en el desacuerdo. Es entender que los acuerdos parciales fielmente implementados superan declaraciones totales nunca ejecutadas. Es aceptar que, en un hemisferio donde la democracia significa pluralismo genuino, lo perfecto no puede ser enemigo de lo bueno.

La historia recordará la X Cumbre de las Américas no por sus declaraciones finales, sino por si inauguró una nueva gramática de cooperación adaptada a las realidades del siglo XXI. Una gramática que hable no en subjuntivo de lo que debería ser, sino en indicativo de lo que puede lograrse. Una gramática que reemplace la retórica del triunfo unánime por las métricas del progreso incremental.

Esto no es fracaso. Es evolución. Es el hemisferio aprendiendo, por fin, a bailar con su propia complejidad.