La delincuencia organizada transnacional en el mar como amenaza a la paz y la seguridad internacionales

Deseo expresar mi gratitud al Director Ejecutivo de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Sr. Yury Fedotov, por su esclarecedor informe al Consejo en el día de hoy, así como a la Secretaria Ejecutiva de la Comisión del Golfo de Guinea, Excma. Sra. Florentina Adenike Ukonga. De igual modo, quiero agradecer a Guinea Ecuatorial, a través de su persona, Sr. Ministro, por coordinar este debate, sobre una problemática que la República Dominicana también considera particularmente importante.

El crimen organizado transnacional en el mar continúa siendo una de las principales amenazas a la seguridad internacional y a la estabilidad económica mundial. Ello es evidente, considerando que el mar, que ocupa dos terceras partes del planeta, es un espacio esencial para el continuo desarrollo de la humanidad. Corresponde a todos los Estados, independientemente de su naturaleza geográfica, velar por este indispensable bien común. La piratería, el robo a mano armada, el tráfico de armas y drogas, el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas, como bien se ha dicho anteriormente, son algunos de los flagelos asociados a la delincuencia organizada que opera en nuestros mares y océanos, y cuyas modalidades cambian de manera constante. Ello demanda acciones adecuadas, y aquí la disponibilidad de recursos y la cooperación entre los Estados son esenciales.

Entre los males mencionados, uno de los más perniciosos es el narcotráfico transnacional, que afecta virtualmente todas las regiones, y nuestro país no es inmune a este flagelo. Indistintamente de dónde, en el espectro de acción de estas organizaciones criminales, figuren nuestros países, si en la producción, el tráfico o el consumo, sus severos impactos negativos laceran nuestras sociedades y economías.

Las cifras disponibles en torno a esta problemática son desgarradoras y alarmantes. El tráfico de cocaína y heroína cede espacio al narcotráfico por vía marítima de sustancias más letales, que han adquirido el calificativo de “epidemias”. Me refiero al tráfico de opioides, que en 2018 representó cerca del 90% de las incautaciones globales solo en los países de África del Norte, Central y Occidental, y que en los Estados Unidos se cobró la vida de unas 48.000 personas en 2017, cifra equivalente al 68% del total de sobredosis.

Al ser testigos de esta realidad, podemos entender que, más allá de los riesgos que representa para la salud pública, el narcotráfico transnacional es un obstáculo para la economía y una amenaza a la seguridad nacional de nuestros países, que debilita el estado de derecho y erosiona la confianza pública, acentuando las debilidades de nuestras regiones y limitando nuestro desarrollo. información de inteligencia, infraestructura, equipamiento y entrenamiento óptimos y sistemas judiciales y de fuerzas del orden —incluidas las aduanas, las agencias antinarcóticos, la guardia costera, entre otros— son cónsonos con los instrumentos internacionales relevantes para la protección de nuestro espacio marítimo. Todo ello se da a la par de las amenazas que enfrentamos y la capacidad de cada Estado, pues resulta en ocasiones desproporcionada la carga de responsabilidad que algunos Estados de tránsito, como el nuestro, tienen frente a otros, que son el destino o mercado final.

Esta valoración resulta relevante toda vez que sirve de contención a un problema global que impacta diferenciadamente a los Estados y tiende a drenar recursos vitales para el desarrollo de políticas sociales fundamentales. Debemos preguntarnos si esta estrategia resulta beneficiosa para todos y de qué manera los mecanismos de cooperación pueden hacer una mejor distribución de la carga de las responsabilidades.

Finalmente, no podemos dejar de abordar las causas fundamentales que alimentan la participación de jóvenes en el crimen organizado transnacional, incluidas las limitadas oportunidades de desarrollo, como estrategia de política preventiva.