Mecanismo Residual Internacional de los Tribunales Penales

Nos complace dar la bienvenida a los ponentes de hoy, el Magistrado Agius y al Fiscal Brammertz, a quienes agradecemos los informes tan completos que nos han rendido.

Mi segunda observación se refiere al compromiso del Mecanismo con Rwanda y los Estados de la ex-Yugoslavia. Encomiamos sus constantes esfuerzos para fomentar una relación más estrecha con los Gobiernos y los pueblos de Rwanda y los Estados de la ex-Yugoslavia, incluidos los grupos de víctimas. En ese sentido, instamos al Mecanismo a continuar con sus importantes actividades de prestación de asistencia eficaz a las autoridades nacionales de Rwanda y los Estados de la ex-Yugoslavia, y a asumir su responsabilidad de supervisar los casos que se remitan a los tribunales nacionales. Habida cuenta de que los Estados tienen la responsabilidad primordial de poner fin a la impunidad y de llevar ante la justicia a los responsables de los delitos más graves según el derecho internacional, es importante prestar asesoramiento, asistencia y apoyo a las autoridades judiciales nacionales.

La existencia de órganos como el Mecanismo Residual Internacional de los Tribunales Penales es trascendental para lograr sociedades libres de impunidad. La labor que desempeña este Mecanismo reafirma el compromiso de las Naciones Unidas con la protección de los derechos humanos y la anhelada paz mundial. Aplaudimos los avances que el Mecanismo ha tenido en los casos de Turinabo et al., Stanišić y Simatović, y Karadžić y Mladić. Esperamos, optimistas, la conclusión de los casos pendientes en 2020, como ha predicho el Presidente Agius en su informe de mayo de este año (S/2019/417, anexo I). Igualmente, reconocemos el trabajo que realiza este órgano judicial en la protección y el apoyo a los aproximadamente 3.150 testigos.

Esto me lleva al último punto, que es el relativo a la cooperación por parte de los Estados. Deseamos recordar al Consejo que los Estados deben cooperar con el Mecanismo, incluso cumpliendo las órdenes y las solicitudes de asistencia relacionadas con las causas que tiene ante sí. Tomamos nota de las solicitudes del Fiscal relativas a la detención y entrega del resto de los prófugos. Por lo tanto, deseamos hacer un llamamiento a los Estados, en particular a aquellos en los que se sospecha que hay prófugos, para que intensifiquen su cooperación La República Dominicana reitera su soporte al trabajo del Presidente, a quien externamos nuestro apoyo, en especial a su dedicación a la tarea de unificación y armonización de criterios, métodos de trabajo y procesos de las Salas que conforman el Mecanismo, a los fines de incrementar la productividad y la concordancia, con miras a lograr su meta de trabajo para 2020. De igual manera, apoyamos el llamado del Magistrado Agius a la comunidad internacional para que aúne esfuerzos, tanto a nivel bilateral como multilateral, para cooperar con la reubicación de las personas liberadas o que han cumplido condena. Estos individuos tienen derecho a que les sean entregados sus documentos y a que puedan reintegrarse en la sociedad conforme lo establece la normativa internacional correspondiente.

Adicionalmente, los miembros del Consejo de Seguridad tenemos un compromiso especial de colaboración con los órganos u oficinas creados por mandato del Consejo. Por tanto, consideramos imperante apoyar el presupuesto del Mecanismo en el escenario correspondiente dentro de las Naciones Unidas. A pesar de los recortes y ajustes administrativos realizados por el Presidente, no hay duda de que la correcta asignación de fondos es imprescindible para el éxito del Mecanismo.

En otro orden de ideas, felicitamos a la Oficina del Fiscal por los avances realizados en la persecución de fugitivos, conforme a su más reciente informe (S/2019/888, anexo II). Instamos a la cooperación solidaria de la comunidad internacional en la identificación, investigación y captura de los individuos buscados por el Mecanismo. Además, queremos referirnos a la orden de liberación temprana de los condenados. Expresamos nuestra preocupación por que dichas órdenes aún no estén reguladas por un régimen específico de condiciones, a pesar de lo convenido en el párrafo 10 de la resolución 2422 (2018). Entendemos fundamental la creación de un régimen para la puesta en libertad anticipada, donde se incluya la necesidad de participación de las víctimas y los Estados o comunidades afectados.

Finalmente, quisiéramos aprovechar esta ocasión para expresar nuestro agradecimiento al Perú, Presidente saliente del Grupo de Trabajo Oficioso sobre los Tribunales Internacionales, por el excelente trabajo realizado durante sus dos años al frente del Grupo.