Anfitriones del vacío

“El sistema internacional es un entorno donde la lógica de las consecuencias predomina sobre la lógica de lo apropiado.” — Stephen D. Krasner, Soberanía: hipocresía organizada

Esa lógica explica la suspensión de la X Cumbre de las Américas en Punta Cana: se evitó una cita sin masa crítica, con un texto fracturado y un anfitrión cuya neutralidad — condición sine qua non de toda mediación exitosa — se había erosionado.

Tres factores convergieron en el desenlace: la brecha estructural entre ambición temática y capacidad de consenso que el hemisferio arrastra desde 1994; la fragmentación en bloques fluidos donde las mayorías se formaban y disolvían por párrafo; y el peso determinante de Estados Unidos en la definición de invitaciones, agendas y redacciones, cuyas prioridades internas y cálculos bilaterales condicionaron el tono de la negociación, los incentivos de participación y los costos políticos de disentir.

Si lo que pesa son las consecuencias, toca recuperar el rol mediador, simplificar el formato, medir riesgos y ejercer una autocrítica que devuelva credibilidad. Con base en mi experiencia en el proceso de Cumbres, examino la anatomía del traspiés y propongo una arquitectura para reconducir el diálogo hemisférico.

Desde el inicio, la coreografía hacia Punta Cana cargó una tensión: ambición sin anclaje en consensos. Las negociaciones dejaron ver cómo el sistema respira a través del desacuerdo y cómo ese aire se espesa cuando faltan prioridades, puentes semánticos y mecanismos de cierre.

En gobernanza democrática, la apertura dejó un consenso inequívoco: combatir todas las formas de corrupción porque erosionan la democracia, minan la confianza y golpean la estabilidad y el crecimiento. Quedó en consultas el párrafo adicional propuesto por Uruguay, Chile, Guatemala y Brasil — con respaldo de Bolivia — para reafirmar la libertad de expresión, el periodismo de investigación y el combate a la desinformación deliberada, a solicitud de Jamaica, Estados Unidos, Canadá y Argentina. La ausencia de República Dominicana entre los patrocinadores debilitó un liderazgo regional que suele exhibirse en materia de prensa libre.

En seguridad ciudadana se acordó institucionalizar y fortalecer los marcos jurídicos para prevenir, combatir y erradicar el terrorismo — incluida su financiación — y profundizar la cooperación con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), el Grupo Egmont y AMERIPOL (Comunidad de Policías de América). También se robustecería la cooperación hemisférica para gestionar datos confiables, desagregados y basados en evidencia sobre seguridad y justicia, con pleno respeto de los derechos humanos y de las leyes de protección de datos aplicables, a fin de diseñar políticas eficaces en territorio.

Se buscaba reafirmar, además, un espacio público no discriminatorio con prevención y sanción de la violencia y protección igualitaria para todas las personas, especialmente para quienes viven en situación de vulnerabilidad. En paralelo, una mayoría impulsó párrafos sobre reforma policial, seguridad humana y rendición de cuentas; Canadá y Uruguay subrayaron perspectiva de género y evaluación empírica. En ese marco, faltó una voz más nítida de República Dominicana en la defensa de los derechos de mujeres y niñas.

La migración mostró el filo político de las palabras. El intento de introducir “migración ilegal” reabrió heridas. Chile, Brasil, México, Guatemala, Uruguay, Honduras y Ecuador defendieron hablar de migración irregular y de sus causas estructurales, con cooperación y políticas basadas en evidencia. Quedó asentado que la seguridad humana — que incluye la gestión de la movilidad — debe anclarse en derechos humanos y debido proceso.

El campo semántico de “desarrollo sostenible” operó como espejo de modelos. Estados Unidos propuso eliminar el término; Argentina sugirió “desarrollo tridimensional” y Paraguay, “desarrollo integral”. Una mayoría amplia defendió mantenerlo: no era una coma, sino el modelo de desarrollo en disputa.

En el tema agroalimentario, Estados Unidos intentó suprimir la referencia al empoderamiento de las mujeres rurales y recibió el rechazo de una coalición — Bolivia, Colombia, Brasil, Uruguay, Chile, Canadá, México, República Dominicana y Panamá — que defendió su permanencia por coherencia e impacto.

Junto a ello, se consolidaron acuerdos: intercambio de buenas prácticas en protección social ligada a seguridad alimentaria y el valor de la alimentación escolar; gestión pesquera y acuícola responsable, crucial para países sin litoral, PEID (Pequeños Estados Insulares en Desarrollo) y comunidades costeras; y el papel de asociatividad y cooperativismo para el desarrollo rural sostenible, con marcos que garanticen financiamiento asequible y trabajo colaborativo.

El nudo fino fueron las semillas. Una corriente — Argentina, Ecuador, Estados Unidos, Perú, República Dominicana, El Salvador y Paraguay — priorizó bancos de semillas para preservar variedades adaptadas a condiciones locales y a la sequía; México buscó añadir “protección de semillas locales” sin apoyo de Washington. Otra — Canadá, México, Chile — amplió a conservación in situ por agricultores y bancos comunitarios, e introdujo material genético vegetal con énfasis en territorios vulnerables.

La seguridad hídrica condensó el dilema central. Estados Unidos pidió eliminar “derecho humano” y reemplazarlo por “necesidad crítica”; Costa Rica, Ecuador y Guatemala propusieron un puente como “derecho fundamental”. Una mayoría abrumadora — México, Bahamas, Brasil, Bolivia, Chile, Barbados, Colombia, Guatemala, Honduras, Jamaica, Uruguay, Canadá, República Dominicana, Ecuador, Trinidad y Tobago, Santa Lucía, Antigua y Barbuda — defendió mantener “derecho humano”. Resultado provisional: acceso al agua y saneamiento reconocido como base de salud y subsistencia, “de conformidad con las legislaciones nacionales”. No es semántica: define si el agua es bien público con obligaciones comunes o recurso estratégico de administración interna.

En seguridad energética se fijó un ancla social nítida: cobertura superior al 90% para 2040, cooperación hemisférica, participación de bancos multilaterales y capital privado, y financiamiento asequible o concesional, en particular para países en desarrollo. Se acordaba impulsar microrredes inteligentes y se destacó el papel de puertos e infraestructura crítica para energía, combustibles y minerales críticos.

Quedaron en consultas los párrafos sobre financiación climática y de desarrollo con instrumentos innovadores acordes al riesgo, tras objeción de Estados Unidos y reservas de Perú, Argentina y Paraguay. También permaneció abierto el vocabulario de generación — “renovables y tecnologías sin emisión” frente a “renovables y de baja emisión”, con hidrógeno y nuclear — y la mención a trazabilidad, estándares sostenibles y emisiones en minerales críticos.

Los vectores subregionales ordenaron preferencias: Andes priorizó trazabilidad y sostenibilidad de minerales críticos; el Cono Sur, bioeconomía y transición ordenada; Norteamérica, cadenas de suministro robustas; Centroamérica, interoperabilidad sanitaria y fitosanitaria; el Caribe, financiamiento concesional, microrredes y resiliencia. Todo ello sobre un tablero atravesado por la competencia Estados Unidos–China en tecnología (5G/6G, IA y ciberseguridad), finanzas y cadenas de suministro, que exige a la región cooperar con ambos polos sin hipotecar soberanías ni estándares.

La autocrítica no es un adorno; es la bisagra entre tropiezo y aprendizaje.

Nos faltó un tablero de 360 grados con métricas — temperatura del proceso, mapa de reservas por capítulo, proyección de asistencia — y “cuartos verdes” con facilitación mandatada para destrabar sin perturbar la mesa general.

En casa faltaron referentes sectoriales de mayor calibre: al liderazgo político debió acompañarlo liderazgo temático con autoridad técnica y memoria institucional. Como en el béisbol, una Serie Mundial no se juega con promesas ni con improvisaciones; no se sube a peloteros de Doble A ni se convoca a glorias retiradas cuando el partido se decide. Se llama a quienes sostienen promedio y defensa, a los que producen con corredores en posición de anotar y conservan el pulso para cerrar el noveno con el estadio en vilo. Eso se echó de menos: especialistas dominicanos capaces de convertir principios en párrafos defendibles, traducir prioridades en cláusulas operativas y tejer cada línea con la serenidad de quien conoce el diamante y no pierde de vista el marcador.

La salida responsable empieza por mirar hacia adentro.

No para buscar culpables, sino para reconstruir la secuencia real: cuándo se perdió tracción, qué alertas no sonaron, qué señales se ignoraron, cómo se comunicaron los giros y en qué punto el texto dejó de ser gobernable por el volumen de reservas. Cronología de hitos, mapa de sensibilidades por párrafo, registro de gestiones y criterios de priorización: ese inventario es el antídoto contra la repetición.

Luego, reorganizar equipos deja de ser consigna y se vuelve arquitectura: duplas política–técnica por eje, un sherpa que hable el idioma del Caribe y enlaces subregionales con mandato para tender puentes. Un pequeño war room en la Secretaría de Cumbres, sincronizado con el GTCC y el SISCA (Sistema de Seguimiento de Cumbres de las Américas), puede abrir carriles discretos cuando la mesa grande se trabe y reducir la distancia entre intención y ejecución.

Con el equipo ordenado, fijar metas acotadas y medibles es la bisagra entre discurso y resultados, por ejemplo: alertas hídricas transfronterizas con protocolos compartidos; reducción verificable de pérdidas y desperdicios de alimentos con trazabilidad; higiene digital y protección de infraestructuras críticas; y un paquete de microrredes para PEID y zonas remotas.

En seguridad ciudadana, estos proyectos pueden traducir los acuerdos de MISPA (Reunión de Ministros en Materia de Seguridad Pública de las Américas) en hojas de ruta: prevención comunitaria y reintegración social; reforma policial con enfoque de derechos humanos y rendición de cuentas; fortalecimiento de la justicia penal; datos desagregados con salvaguardas de privacidad; protección de víctimas y testigos; y cooperación contra flujos ilícitos (armas y municiones, trata, lavado y delitos asociados). A la luz de una mayoría abrumadora, debe quedar anclado que la seguridad humana — que abarca la seguridad ciudadana y la migración — se evalúa en clave de derechos humanos y debido proceso.

Todo lo anterior debe nacer financiable, con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe), el IICA (Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura) y la OPS (Organización Panamericana de la Salud) sentados desde el diseño para asegurar caja, métricas y auditoría.

El método para destrabar la política es la geometría variable.

No todos los países marcharán al mismo ritmo ni con el mismo vocabulario, y empeñarse en uniformarlos es invitar a la parálisis. De ahí la utilidad de módulos voluntarios con opt-in/opt-out, párrafos espejo cuando el bloqueo sea semántico, pilotos subregionales que prueben soluciones antes de escalarlas, cronogramas escalonados que permitan converger sin obligar y cláusulas de compatibilidad con las legislaciones nacionales para blindar soberanías. Se me ocurre: un Caribe liderando resiliencia energética y respuesta al sargazo; un eje andino ordenando la trazabilidad de minerales críticos; una Mesoamérica interoperabilizando controles sanitarios y zoosanitarios; un Cono Sur avanzando en bioeconomía: coaliciones de afinidad que sumen resultados al acervo común y reduzcan la ansiedad por unanimidades imposibles.

Nada de lo anterior tendrá credibilidad si el proceso queda suspendido en un limbo. Fijar fecha pronto es señal de respeto y evita la percepción de abandono. Una ministerial del GRIC con calendario de entregables (30–60–90 días) devolverá dirección, disciplinará agendas y cerrará el vacío que otros foros podrían ocupar. La Cumbre no se canceló: se corrige el método para llegar con acuerdos reales, medibles y sostenibles. Y eso empieza cuando decimos con claridad cuándo volvemos a la mesa.

El 2026 no concede tregua: Asamblea General de la OEA (bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá), Cumbre del G20 en Estados Unidos, Juegos Olímpicos de Invierno, Copa Mundial de Fútbol en Estados Unidos–Canadá–México y un proceso que perfila a la próxima persona titular de la Secretaría General de la ONU pondrán a prueba la consistencia de todos.

Propongo un cierre que no ordena: invita.

Este es un llamado a la humildad para reconocer lo que falló, corregir sin dramatismo y recalibrar expectativas; a bajar el volumen de la promesa y elevar el estándar del cumplimiento; a fijar metas cortas, medibles y verificables, con una fecha próxima y una hoja de ruta pública que devuelva dirección.

A los tomadores de decisión les toca hacerse la pregunta que define el futuro: ¿queremos ser puente o muro?

Si optamos por puente, habrá que ordenar prioridades, acotar objetivos, rendir cuentas y cultivar una ecuanimidad que no se subaste en coyunturas bilaterales ni ignore que el eje de gravedad se desplaza; si elegimos muro, vendrán la incomunicación y el desgaste de un liderazgo que se mide por resultados, no por gestos, y — seamos francos — equivaldrá a relegar el multilateralismo y a renunciar en los hechos al orden internacional basado en reglas; en ese caso, quizá nunca debimos siquiera proponernos organizar este evento.

Y si nadie asume responsabilidad, si preferimos dejarlo al vaivén de las circunstancias o al simple paso del tiempo, cometeremos otro gran error: creer que lo hicimos todo bien.

La dignidad se sostiene con consistencia — menos anuncios, más entregables; menos épica, más método — .

Así se recupera la confianza y se ajusta el rumbo sin renunciar a la ambición, pero poniéndola a la altura de lo posible.