La nueva misión de la ONU en Haití: esperanza, riesgos y las lecciones de la historia

Hoy, 30 de septiembre, el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó la Resolución 2793, autorizando la transformación de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MMAS) en una Fuerza de Represión de Pandillas (FRP) de 5,550 efectivos con mandato bajo el Capítulo VII, además de crear una Oficina de Apoyo de la ONU para brindar respaldo logístico. Fue un momento de unidad: 12 votos a favor, ninguno en contra y solo tres abstenciones. Haití y el Caribe en su conjunto recibieron la decisión como prueba de que la comunidad internacional no ha dado la espalda.
Este resultado merece reconocimiento. En un escenario de crisis globales superpuestas, el Consejo demostró capacidad para actuar frente a una situación que se deterioraba rápidamente. Si cuenta con recursos suficientes y buena coordinación, la FRP puede ayudar a estabilizar áreas críticas, apoyar a la Policía Nacional de Haití y generar condiciones mínimas para la recuperación política y económica.
Sin embargo, también se requiere honestidad. Los cálculos y la historia son claros: mandatos ambiciosos sin financiamiento sostenible, sin desarme, desmovilización y reintegración (DDR), y sin mecanismos sólidos de rendición de cuentas tienden a fracasar en Haití.
Si los recursos llegan, la FRP podría debilitar el control de las pandillas fuertemente armadas, asegurar infraestructuras vitales y dar un respiro a las comunidades. Si se articula con actores humanitarios y socios regionales, la nueva Oficina de Apoyo puede ser una plataforma de coordinación que aproveche la experiencia logística, médica y de comunicaciones del sistema de la ONU. Y si los actores políticos haitianos aprovechan la oportunidad, esta cobertura de seguridad podría abrir espacio hacia una gobernanza más creíble y, eventualmente, hacia elecciones.
Para la República Dominicana y los vecinos caribeños, el éxito se traduciría en beneficios concretos: menor presión fronteriza, reducción de flujos de desplazados y menor riesgo de que redes criminales se extiendan a sus territorios.
El desafío financiero es enorme. Misiones pasadas se marchitaron al agotarse las contribuciones voluntarias. Una fuerza de 5,550 efectivos podría costar más de 3,000 millones de dólares al año. Sin compromisos plurianuales y obligatorios, el riesgo de desfinanciamiento es alto.
El DDR vuelve a estar ausente. Arrestos y operativos, sin reintegración de combatientes — especialmente de los muchos menores reclutados — , generan ciclos de represión en lugar de paz duradera.
La claridad legal también es débil. Las reglas de enfrentamiento en barrios densamente poblados, el destino de los detenidos en un sistema judicial colapsado y la necesidad de una supervisión creíble para prevenir abusos siguen siendo temas pendientes. Los haitianos recuerdan bien las consecuencias cuando esas garantías no existieron.
Persiste la presión para organizar elecciones en 2025 o 2026. Pero con 1.3 millones de desplazados, padrones destruidos y distritos completos bajo control de pandillas, apresurar urnas en este contexto equivale a legitimar el poder criminal. La advertencia de la Comisión de Venecia es clara: no puede haber elecciones creíbles sin un umbral mínimo de seguridad. Haití está aún lejos de alcanzarlo.
La República Dominicana ha sido una voz fuerte en el Consejo de Seguridad, insistiendo en la urgencia de actuar. Ahora esa visibilidad debe traducirse en socios confiables y propuestas prácticas: facilitar corredores humanitarios, ofrecer plataformas logísticas, preparar planes de contingencia para flujos migratorios o emergencias sanitarias. Complementar la diplomacia con aportes concretos permitiría a Santo Domingo consolidarse como un socio estratégico y no solo como un vecino en alarma permanente.
Si “los planetas se alinean” — con financiamiento adecuado, una estrategia de DDR real, marcos legales claros y voluntad política dentro de Haití — la Resolución 2793 podría marcar el inicio de una etapa más estable. Si no, la historia sugiere un desenlace conocido: una misión que empieza con esperanza y termina con decepción.
El Consejo ha dado un paso necesario. La tarea ahora es transformar palabras en recursos, mandatos en acciones e intenciones en resultados sostenibles. Para Haití, para sus vecinos y para la credibilidad del sistema multilateral, las apuestas no podrían ser más altas.


