9-1-1: el reto de la organización vial.
Josué Fiallo
Necesidades colectivas no satisfechas por el Estado dominicano han provocado la proliferación de soluciones individuales e ineficientes. Miramos a nuestro alrededor y palpamos que abundan situaciones donde quienes pueden pagar han resuelto sus servicios básicos de: transporte, agua potable, electricidad, correo, seguridad, y otras.
Hoy pretendo compartir reflexiones acerca de una necesidad que no puede ser suplida de manera individual y es básica para que muchos servicios funcionen de manera eficiente, me refiero a una nomenclatura sistematizada de las calles y avenidas y la correspondiente codificación de edificaciones/predios.
La cantidad de predios existentes (casas, edificios, fincas, solares, etc) desborda nuestra capacidad para conocer y recordar su ubicación exacta y las vías para llegar a ellos. Por esto se han desarrollado sistemas estandarizados que permiten ubicarles de manera consistente y precisa utilizando algún código alfanumérico asociado.
Estos sistemas han evolucionado por cientos de años, pero han adquirido especial trascendencia a raíz de la expansión del sistema capitalista. Por un lado le es esencial ubicar a los domicilios para poder notificar y cobrar deudas, así como para informar a los consumidores y transportar mercancías. Por otro lado, la organización de las vías y los inmuebles es consustancial al establecimiento de sistemas confiables de correo, seguridad pública, emergencias, estadísticas, censal, catastral, entre otros.
Saber cómo llegar a cualquier lugar de manera precisa es fundamental para las personas. Nuestro país no tiene un mecanismo sistemático que permita de manera objetiva y consistente lograr este objetivo elemental. Tenemos un gran caos, donde los patrones y la organización sólo parecen ser evidentes para quienes están involucrados cotidianamente en él. Este desorden resulta inaceptable, porque es ininteligible.
En nuestras ciudades, encontramos que existen calles distintas con los mismos nombres, otras sin nombre o con varios según tramos; edificaciones contiguas sin numeración secuencial, números repetidos, otras sin numerar, o numeradas según el capricho de los ocupantes; y no menos preocupante es que los límites de las demarcaciones intraurbanas y su jerarquía no es de dominio público y parecen depender de tradiciones orales.
Ahora, invito a que hagamos este ejercicio: preguntemos a varias personas cuál es la dirección de su lugar de residencia. La mayoría recurrirá a dar referencias geoespaciales para “poder llegar”. Inquiramos si conocen el sector o barrio donde reside, si conocen un mapa oficial de la zona, y si saben cuál es su código postal. Si no tiene problemas obteniendo respuestas, no están en República Dominicana.
Las direcciones que tenemos hoy funcionan muy mal porque no son confiables, el modelo teórico que las sustenta adolece de sistematización e integridad.
Estas reflexiones vienen a propósito de la promesa del Presidente Danilo Medina de tener en funcionamiento para diciembre de este año un sistema integrado de emergencias y seguridad (denominado “9-1-1).
¿Puede el Estado dominicano asegurar respuesta pronta a urgencias de seguridad o de salud si no puede ubicar a las personas e inmuebles de manera precisa y confiable, y peor aún, si las personas no son capaces de ubicarse a sí mismas de manera consistente y sistemática con relación a los demás? La respuesta es que en el estado actual no puede hacerlo para la mayoría de la población en un tiempo prudente (5 minutos o menos). La promesa del Presidente tendrá muchas consecuencias positivas no anticipadas, una de ellas será iniciar la discusión de esta gran problemática.
El problema no es exclusivo del sector público, el sector privado incurre en gastos considerables por esta precariedad. De singular preocupación este caos para el sector turístico por el persistente interés de los turistas de desplazarse libremente, explorar, conocer y recorrer nuestro territorio de forma autónoma.
Según las empresas de transporte privado una de cada tres solicitudes resulta prima facie en direcciones no identificables que demandan intervención sucesiva para su ubicación. No contamos con estadísticas oficiales para conocer el desempeño en cuanto a porcentaje de domicilios encontrados de forma exitosa por servicios públicos como la policía, bomberos o ambulancias. Las inferencias que se desprenden de todo lo anterior indican que hace falta un gran esfuerzo para elevar establecer estándares y perfeccionarlos.
La plasticidad del sector público en este aspecto ha sido desconcertante. Instituciones que han podido crear parámetros y estándares han hecho poco para facilitar la ubicación de domicilios y propiedades. Según la ley, son los ayuntamientos los competentes para resolver esta problemática. Resulta que, hoy hay más de 150 en todo el país y cada uno puede adoptar el sistema que entienda sin consultar a los demás, por lo que en caso de elecciones disímiles se generarían grandes dificultades.
Urge que la República Dominicana desarrolle y adopte como política pública nacional un sistema único estandarizado para la nomenclatura vial y la identificación de los domicilios e inmuebles en general.
Necesitamos códigos numéricos o alfanuméricos que permitan de manera objetiva, predecible y secuencial ubicar calles, avenidas y domicilios y en consecuencia a las personas y las propiedades. Podrá sonar fácil a algunos, pero es un trabajo complejo que requerirá miles de horas hombre y decenas de millones de pesos por un período de varios años para materializarlo no sólo en las calles si no en la mente de los y las dominicanas. Debemos comenzar ya porque con esto ahorraremos tiempo y dinero, y tanto el sector público como el privado podrán organizar y planificar asuntos esenciales para el desarrollo.
La ambiciosa promesa del Presidente Medina pondrá a prueba la capacidad de articulación política entre el gobierno central y los ayuntamientos, la coordinación y las sinergias a lo interno del ejecutivo, y la capacidad de integrar a todos los ciudadanos a la instauración de un nuevo modelo de organización vial y de gestión de emergencias.
22 Septiembre 2013.